LA PUERTA ESTÁ ABIERTA

 

Lo dijo Oscar Parrilli y también el sanjuanino Ernesto Martínez. El Senado no pudo garantizar los dos tercios para discutir sin fracaso el pliego de Daniel Rafecas a Procurador de la Nación. Lo mismo ocurrió en 2018 con el gobierno anterior. Eso estableció un mecanismo anormal que dejó la conducción del ministerio público en cabeza de un interino sin estabilidad, dijo Parrilli, sin acuerdo del Senado y sujeto a las presiones del poder político y económico de todo tipo. Y ahora priva al gobierno de uno de los instrumentos de la Constitución Nacional. En ese contexto, Parrilli comenzó el debate contra reloj de la última reunión del calendario de sesiones ordinarias de la Comisión de Justicia, tres horas más tarde obtuvo dictamen de mayoría que modifica la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. Y abre la puerta para la elección del nuevo procurador con mandato reducido a cinco años renovable por otros cinco y el acuerdo central que altera la mayoría especial imposible de dos tercios, por mayoría simple de 37 votos de la cámara alta.

“A ver, este es el piso”, dijo María de los Angeles Sacnun. “No significa que nosotros no construyamos consensos porque me encantaría que sea elegido por unanimidad y vayamos hacia ese acuerdo político. Pero me parece que ese énfasis hay que ponerlo en el control que tendrá el nuevo funcionario en el Congreso de la Nación”.

Daniel Rafecas el viernes publicaba un artículo sobre los 75 años del juicio de Nüremberg en la revista del Centro Cultural Haroldo Conti. Cuatro días antes había escrito su último posteo en Instagram. Una foto de la Constitución Nacional, el artículo destinado al procurador, subrayado de su autonomía. Y el compromiso que mantiene con el Presidente. “La Constitución Nacional siempre es un buen comienzo”, escribió. “Seguimos preparándonos para la audiencia pública y, ojalá, para asumir el cargo de Procurador General de la Nación, cuyo pliego, a propuesta del Presidente @alferdezok ingresó al H. Senado de la Nación en marzo, tras recibir 700 apoyos (incluyendo la UBA y todos los organismos de DDHH) y solo 3 impugnaciones”.

El futuro de su designación como Procurador queda ahora encapsulado en la intimidad de su relación con el Presidente. Todo dictamen necesita siete días de vuelo antes de ser tratado en el pleno del Senado. El tiempo se acaba. Debe hacerlo antes del final de las sesiones ordinarias previsto para el lunes de 30 de noviembre. Los y las senadoras esperan hacerlo el viernes 27, y tener chance de un día más. Después comienza el tiempo de Diputados. Si las ordinarias terminan el 30, lo que sigue es la agenda de extraordinarias que toma sólo los temas enviados por el Ejecutivo. Alberto dice hasta el cansancio que Rafecas es su candidato. Todos saben que Rafecas dijo que no iba a aceptar el cargo con cambio de mayorías. Pero también decidió llamarse al silencio. Clarín dijo que espera que Alberto lo vete, él dice que nunca lo dijo. Si Alberto incluye el dictamen en las extraordinarias, tal vez signifique que él haya cambiado. O no.

 

 

 

 

 

El dictamen

El dictamen incluyó un dato clave: traba la puerta de salida. Así como la abre de manera más amplia, traba la remoción porque no cambia el requisito de dos tercios del Senado actualmente prevista por la Ley 27.148 de Ministerios Públicos. Eso le garantiza las espaldas.

También le devuelve autarquía financiera eliminada por Mauricio Macri. Limita el mandato a la edad de 75 años. Crea mecanismos de control en el Parlamento. Agrega un párrafo en el artículo 68 de la Ley 27.148 que impide requerir tareas o funciones de investigación criminal o como auxiliar de la justicia a cualquier agente de inteligencia, en línea con el mandato presidencial de barrer los sótanos de la democracia. Y una señal de época que busca dejar una huella sobre el pasado reciente. Refuerza equidad de género con rediseño de fiscalías generales, hoy conducidas en 80 por ciento por varones. Diseña procuradurías especializadas de Seguridad Social, Violencia de Género y una unidad especial sobre Apropiación de niños y niñas en dictadura, de manera complementaria a la Proculesa y señalada como cuenta pendiente. Y un mecanismo de remoción por mal desempeño con trámite de inicio en el Ejecutivo, que deberá obtener dos tercios en Diputados para proteger las garantías constitucionales de defensa.

Todo el dictamen tiene lenguaje inclusivo. “Artículo 4, dice: Sustitúyase el artículo 11 de la Ley 27.148 y sus modificatorias, por el siguiente: Artículo 11. Procurador/a General de la Nación. Designación. El/la Procurador/a General de la Nación es el/la jefe/a del Ministerio Público Fiscal de la Nación y es el/la responsable de su buen funcionamiento. Su autoridad se extiende a todo el territorio nacional. El/la Procurador/a General de la Nación será designado/a por el Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo del Senado por mayoría absoluta de sus miembros”. Y sigue.

Duración en el cargo: dura en sus funciones cinco (5) años, pudiendo ser nuevamente designado/a en forma consecutiva por un único período a propuesta del Poder Ejecutivo Nacional y con nuevo acuerdo del Senado. El/la Procurador/a General de la Nación al momento de su designación no podrá superar los 75 años de edad.

La iniciativa se trabajó contra reloj pero no es nueva. Ni causa sorpresas. Para garantizar legitimidad, la Comisión tomó y subrayó que tomó proyectos similares de la oposición. Uno de 2018, con cambio en las mayorías. Y tres de 2020 con reducción de mandato, uno de Martín Lousteau. El senador que siguió la sesión de Zoom sin imagen, en un estacionamiento y adentro de un auto se quejó porque abre, pero traba la salida, lo que le pareció esquizofrénico. Sacnun respondió. Él retrucó. Habló de República. Poco después, una discusión a teléfono abierto y la palabra boludo se metió directo a la sesión. El senador hablaba con otra persona, zoom abierto. "¡Y después me habla de república y de institucionalidad!", dijo Sacnun.

 

 

 

 

El último argumento

Finalmente el dictamen tomó las recomendaciones del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público creado por Decreto 635 del 29 de julio de 2020, concluido el 18 de noviembre. Por 10 de 11 votos recomendó terminar con el cargo vitalicio, o de perpetuidad con resabios monárquicos, como lo llamó Sacnun, y acotarlo. Y por seis a cinco votos, recomendó el cambio de mayorías del Senado: absoluta para la designación, 2/3 para la remoción.

Al pronunciarse casi por unanimidad en favor de la temporalidad de los mandatos, dijeron los expertos, sería incongruente mantener el actual sistema de mayorías porque un interino puede terminar desempeñándose por un plazo igual o superior al que se establece para el titular. “De tal manera, se caería en la paradoja –dijeron— de que por una declamada defensa del sistema democrático termine impidiendo que los titulares de los Ministerios Públicos sean designados de conformidad con el procedimiento que vote el Congreso”. Por lo demás, “19 provincias han optado por un régimen de mayoría simple, razón por la cual el estándar aquí propiciado supera el que ellas mismas han regulado en la esfera local”.

Anabel Fernández Sagasti sumó a la sesión un argumento que discute su inconstitucionalidad. “En realidad enmascaran algo que no pueden decir”, les dijo a Lousteau y a Martínez. Y agregó: "Si estamos de acuerdo que el ministerio público fiscal no puede tener cargos vitalicios, va de suyo que no necesita, entonces, dos tercios de los acuerdos porque ese es el mandato constitucional para cargos sin límite de tiempo, como la Corte Suprema". Y agregó: "Eso no significa que no busquemos mayores consensos".

 

 

El Informe escondido

El Consejo Consultivo cerró el informe el miércoles 18 como estaba previsto. Pero no es cierto que lo hayan entregado. Lo adjuntaron a un mail. Pero hay tensión en la interpretación del tramo final. La Rosada recibió formalmente sólo una carta firmada por el secretario del Consejo. Decía que el trabajo había terminado, pero esperaban indicaciones del Presidente para entregarlo.

“En consecuencia, las consejeras y consejeros se encuentran en condiciones de proceder a la entrega del informe elaborado en el momento y el modo en el que el Presidente disponga”, señaló.

Alberto Fernández va a recibirlo cuando baje la ola. Y los títulos catástrofe de los diarios. Tal vez, esta misma semana. El Informe contiene unas mil páginas. Sólo se conocieron 65 con las recomendaciones. El resto contiene sumario, racconto del proceso y unas 800 páginas centrales de fundamentos entre las cuales están los dictámenes que proponen, por ejemplo, la ampliación de la Corte. No llegaron al capítulo de recomendaciones. No porque no lo sean, sino porque el Consejo discutió si el mandato del Presidente incluía ese pedido. Escuchó a Alberto decir que no lo pedía. Estudió interpretaciones alrededor del capítulo de la Corte que pedía opinión sobre su “integración”. Entendió que integrantes no era lo que parece obvio, el número. Y acotó opinión a paridad de género, perspectiva general y pluralismo político.

 

 

 

 

 

La cocina

Durante 90 días escucharon todo tipo de representantes. Eduardo Casal, que lloró cuando lo invitaron. A Stella Maris Martínez, la Cámara de Casación Penal, Asociaciones de magistrados, el CELS, abogados, organizaciones de la sociedad civil, Justicia Legítima, a los del otro lado y finalmente también a Estela Carlotto y Taty Almeida de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. No escucharon a la Corte. Iba a invitarla el Presidente como cabeza del Ejecutivo. El Consejo iba a ir al territorio Autónomo del Cuarto Piso. Pero todo cambió con los BBC. Y cuando eso terminó, quedaba sólo una semana de trabajo. La Rosada ahora analiza alternativas, como envío de copia del Informe final e invitación al análisis, pero nada está decidido.

El Ejecutivo pidió recomendaciones sobre Corte Suprema, Consejo de la Magistratura, Ministerio Público, Juicio por jurados y transferencia del fuero penal no federal a la Corte porteña. Obtuvo respuestas. No son vinculantes, muestran posiciones de mayoría y de minoría, técnicas y disímiles pero fundadas. Hubo transversalidad en áreas como paridad de género, perspectiva federal y pluralismo. Pero dificultad para alcanzar grandes consensos. El texto está fragmentado con interpretaciones individuales. Y una de las recomendaciones centrales como la creación de un Tribunal Intermedio que actúe como filtro ante la Corte tuvo un acuerdo mayoritario, pero los consejeros no pudieron consensuar un nombre común o sus alcances. Hubo acuerdo sobre el 280, del que exigen voto fundamentado de la Corte; recomendación de cambio de jurisdicción para la Dirección de Escuchas de la Corte; ampliación de 25 por ciento del número de integrantes del Consejo de la Magistratura para sumar a académicos no abogados y una cláusula que permita al sistema político rechazar candidaturas de aspirantes no democráticos.

Marisa Herrero y Ricardo Gil Domínguez redactaron el Informe. Omar Palermo escribió fundamentos sobre rediseño de la Corte. El Ejecutivo puede tomar todo, partes o nada. Pero es una paleta técnica que tendrá a disposición para conocer razonamientos de lo que elija. Hay quien piensa que es la base para formular cinco proyectos de ley distintos o integrados a tratarse el próximo año. Pero falta.

La Corte. María del Carmen Battaini, Marisa Herrera, Hilda Kogan, Claudia Sbdar, Inés Weinberg, León Arslanian, Carlos Beraldi, Andrés Gil Domínguez y Omar Palermo recomendaron nueva ley orgánica para la Corte Suprema que termine con la dispersión normativa y abarque rediseño en composición, organización, funcionamiento, jurisdicción y competencia. Recomendaron paridad de género; integración federal y pluralismo ideológico. También designación de jueces y juezas con más de una audiencia pública y en distintos puntos del país.

Audiencias Públicas: Recomendaron su obligación para casos de trascendencia institucional o que lo requiera un porcentaje mínimo del padrón, organismos o provincias. Abogaron por plazos razonables; fundamentos en los rechazos y respuestas a planteos de la audiencia pública. Battaini, Kogan y Weinberg recomendaron supervisar cumplimento de sentencias.

Consultas no vinculantes. Herrera, Arslanian, Beraldi, Gil Domínguez y Palermo recomendaron un sistema de deliberación judicial abierta para casos de especial trascendencia y consultas no vinculantes a la Corte sobre constitucionalidad de proyectos, convenios, tratados, reglamentos o entes descentralizados. (NdR: La recomendación que busca zanjar planteos de inconstitucionalidad futura, aparece en otra ocasión pero tiene el problema de dotar a la Corte de mayor poder de arbitraje y dejar al Parlamento en manos de los supremos.)

Tribunal Intermedio. Seis votos recomendaron crear un tribunal intermedio ante la Corte. Herrera y Gil Domínguez hablan de Tribunal Federal de Sentencias Arbitrarias destinado a revisar fallos de Cámaras de Apelaciones Federales, de Casación Penal y de los STJ provinciales, dividido en salas (penal, civil, comercial, laboral, contencioso administrativo, tributario y seguridad social). Palermo propuso un Supremo Tribunal Federal como genuina casación penal y no penal y destinado a unificar jurisprudencia, y que garantice pluralismo. Arslanian propuso un Tribunal de Casación para la Justicia federal no penal, también dividido en salas e irrecurrible. En contra se pronunciaron Battaini, Kogan y Weinberg: rechazaron todo tribunal intermedio entre las Supremas Cortes Provinciales, de la Ciudad y la Corte como contrarios a la Constitución.

Técnicamente el Tribunal está pensado para descongestionar expedientes, acelerar respuestas y hasta jerarquizar a la Corte como tribunal de casos para estudios constitucionales y tratados de derechos humanos. Políticamente también es un freno a la vocación todista del máximo tribunal, autopercibido como tribunal de última instancia. Hubo críticas en la semana. Pero alguien en el ministerio de Justicia lo miraba con cierta chance. Recordaba que también fue reñido el comienzo de la Cámara de Casación penal donde hoy la oposición tiene un dique. El viernes obtuvo voto de la Sala IV para jalar un tramo de la causa de espionaje de Lomas a Comodoro Py. Y ahora defiende a capa y espada las declaraciones de los arrepentidos de Cuadernos que no fueron grabadas como exige la ley, con publicaciones que dale y dale en los diarios, van dirigidas a los integrantes de la Sala I, uno de cuyos integrantes, Diego Barroetaveña, terminó internado por apendicitis.

Cuando nacía esa Casación, Arslanian renunciaba al ministerio de Justicia de Carlos Menem espantado por los integrantes. Hoy es uno de los consejeros que propone el tribunal que recorte poderes todoterreno de la Corte.

 

 

 

 

El Leviatán

Martín Doñate es presidente de la Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Defensa y Fiscal. “Estamos cerrando un debate que lleva ya seis años en el Congreso”, dijo. Estuvo invitado en la sesión de la Comisión de Justicia del viernes. “Ya en marzo y abril de 2016 comenzaron a discutirse proyectos, todos de Cambiemos. Así que todas estas aseveraciones contra del dictamen de hoy deberían hacérsela al senador Pinedo, al ex senador Picheto, al ex senador Urtubey o al actual diputado Mario Negri que firmaron dictámenes en línea con proyectos muy similares”.

El jefe de un ministerio público fiscal que marcha hacia el sistema acusatorio, con el esquema legislativo actual aparece como dueño del diseño de la persecución penal total, capaz de detener a un Presidente o integrantes de Corte. El sistema político entiende que el límite de tiempo y los controles progresivos del Parlamento están pensados para detener a eso que piensan con la figura del Leviatán.

Sobre jueces que no funcionan, fiscales que no funcionan y la Corte habló Eugenio Zaffaroni en el cierre de un homenaje de Justicia Legítima a Julio Maier . Otra opinión, sabrosa pero no vinculante.

 

 

 

(A partir del 2:56 del video completo.)

 

 

 

 

 

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