La protesta policial

 

La imagen de la residencia presidencial visitada por cientos de policías uniformados disparó esta semana una ráfaga de inquietudes. Tantos efectivos armados solo podían significar una amenaza al orden institucional. Un agente haciendo choripanes, otra golpeando un bombo, uno haciendo malabares con una bandera, son imágenes que contrastan con la de un coup de force. Más allá de los usos políticos de la protesta policial, entrevistamos a Mariana Sirimarco y Tomás Bover, antropólogxs estudiosxs de la Policía, para responder las preguntas que vuelven cada tanto: ¿lxs policías son trabajadorxs? ¿Por qué no tienen sindicatos?

El petitorio de la protesta incluyó fundamentalmente mejoras laborales. ¿Qué instancias tienen lxs policías hoy para formular necesidades y reclamos salariales o condiciones laborales? ¿Hay represalias para quienes reclaman?

Tomás Bover: En muchos casos las policías prevén que las denuncias y los reclamos sigan la misma línea con la que se ejerce la conducción operativa. Esto trae varios problemas. En primer lugar, es una dificultad cuando el malestar involucra a un superior, y por obvias razones. Por ejemplo, no tendría sentido quejarse por la recarga de horas laborales ante quien lo decide. Pero además, porque hay subalternxs, oficiales jóvenes y suboficiales, que dicen no sentirse representadxs por su superioridad. La falta de legitimidad de lxs superiores para esa representación está dada por los distintos estilos de vida, por una brecha generacional que lxs separa, porque ya no están en destinos operativos y se alejan de la labor diaria, o simplemente porque no elevan reclamos a sus superiores. Un policía me cuenta: “Hay un dicho que dice que lxs suboficiales ponen el pecho (a las balas) y lxs oficiales hacen carrera. Ahí es cuando lxs jefes, por miedo a no ascender o quedar marginados, le mienten al poder político". Según lo que expresa, hay diferencias asociadas al riesgo de vida en el trabajo y una dificultad para transmitir a la conducción política los malestares: “Después saltan estos quilombos y es tarde para solucionarlos”, agrega hablando de las protestas recientes. Lo que sabemos también, volviendo a la pregunta, es el malestar que genera a muchxs superiores que se usen las líneas de denuncia ministeriales. Incluso hay situaciones de sanciones a quienes lo hacen, por el hecho de eludir la vía jerárquica. Todo esto nos lleva a pensar que hay de hecho necesidad de pensar otras formas de representación y escucha, sin eludir la obligación de regular, controlar y sancionar como parte del ejercicio de conducción. Sobre la cuestión de las represalias se habló mucho estos días. En situaciones de protesta anteriores se iniciaron sumarios administrativos y causas judiciales, porque no olvidemos que no está permitido protestar —para las propias instituciones, que lo consideran una falta, y para el Poder Judicial, que lo considera un delito—. Lo que está sujeto a discusión es la conveniencia política o no de reavivar las protestas por aplicar sanciones o la obligación de hacerlo sin evaluar las consecuencias. Aún no sabemos qué sucederá en la Provincia de Buenos Aires y eso abre todo un debate sobre la sanción como herramienta de conducción institucional y política.

Mariana Sirimarco: Tomás señala las trabas internas para la canalización de demandas y reclamos, y me parece importante sumar un comentario sobre las particularidades específicas que adquieren las condiciones laborales de muchas mujeres dentro de la institución y las particularidades que adquieren, por ende, sus denuncias. Me refiero a las desigualdades laborales producto de la condición misma de mujeres o madres: dificultades para el ascenso, para la asistencia a cursos, recargas horarias, destinos, etcétera. De hecho, las mujeres policías vienen nucleándose desde 2019 en redes a lo largo del país y trabajando para construir una reglamentación con perspectiva de género. No sólo para actualizar normativas añejas que estuvieron pensadas originalmente para hombres sino también para poder contar con canales sensibles a estas demandas de género. Y acá no hablo solamente de cuestiones ligadas a lo administrativo u organizacional, sino a casos que ponen sobre el tapete la violencia que sufren muchas a manos de jefes y compañeros: amenazas, golpes, abusos, violaciones, femicidios. Y que evidencian no sólo la situación de vulneración en las que están inmersas, sino —sobre todo— la incapacidad formal para la denuncia, porque se trata justamente de denunciar a policías ante la policía. De hecho, una encuesta realizada a principios de 2019 por una de estas redes señala que el 60 por ciento de las mujeres había sufrido algún tipo de violencia o abuso en el ámbito institucional y nunca había realizado formalmente la denuncia. Y que cuando lo había hecho, la sanción al agresor había alcanzado sólo al 4 por ciento de los casos. Es interesante contrastar estos números con lo que le pasó, en cambio, a las mujeres denunciantes. Un 21 por ciento tuvo que buscar un nuevo destino. Un 17 por ciento fue trasladada a otros sectores dentro de la misma repartición. Al 15 por ciento le abrieron carpeta psiquiátrica. Al 8 por ciento, un sumario administrativo. Y más del 5 por ciento fue dada de baja. O sea: los hombres denunciados son encubiertos; las mujeres denunciantes, castigadas. Así que queda claro que la denuncia —cuando sucede, y al menos en estos casos— no hace más que ampliar la vulneración de derechos de las mujeres.

 

-- A lo largo del país crecen oficinas de bienestar policial, ¿qué implica este tipo de política en relación a otras posibles? ¿A qué responde esta emergencia?

TB: Creo que es necesario jerarquizar las áreas de bienestar institucional de los ministerios que, en algunos casos, como en el nacional, en pocos años pasaron de ser direcciones a secretarías. Esto, además de una jerarquización institucional, indica una mayor preocupación política por las condiciones de vida de lxs efectivxs y permite pensar otras dimensiones además de lo operativo. En estas dependencias se trabajan desde cuestiones vinculadas a prestaciones de salud, cuestiones previsionales y de retiro, hasta diversas medidas de protección de derechos por cuestiones de trabajo. De todos modos, retomando la pregunta anterior y pensado en clave de representación o sindicalización, ésta es una medida ministerial, o sea de la conducción. Hará falta tiempo para conocer cuál es la valoración y apropiación que lxs efectivxs hacen sobre eso, pero no podemos pensar en esa jerarquización por fuera de la atención a las protestas que fueron surgiendo a lo largo de los años.

MS: Acuerdo con lo que dijo Tomás, acerca de la necesidad de recuperar todos estos reclamos, largamente desoídos, y darles cauce desde lo ministerial. No tengo mucho más para añadir, salvo una observación que se desliga de este terreno de injerencia puntual y tiene que ver con una preocupación acerca de la sobre-explotación del paradigma del bienestar como política pública. O mejor dicho: con sus derivas, cuando este lenguaje del bienestar y del “cuidado” se desliza por fuera de sus ámbitos más claros de incumbencia, que tienen que ver, como bien dijo Tomas, con algo puntual e indiscutible como combatir desigualdades o asegurar derechos al interior de las instituciones policiales. Pienso, por ejemplo, en el respaldo de la entonces ministra de seguridad nacional, Patricia Bullrich, a Chocobar, en 2018: “Vamos a cuidar a los que nos cuidan”. Y pienso también en su frase reversionada de 2019, en el contexto de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado: “No voy a tirar a un gendarme por la ventana”. Y más acá en el tiempo, a comienzos de este año, pienso en la intencionalidad de proponer a las fuerzas policiales como “cuidadoras”. Pienso, en síntesis, en ese corrimiento y ese pegote de sentidos: “cuidar a la policía”, “la policía que te cuida”. Y los pienso, sobre todo, en función de una pregunta y un contexto: ¿cómo conviven, estos sentidos, con la cara violenta de las fuerzas de seguridad que viene desplegándose en este marco de aislamiento?

 

--Hubo diversos focos de resistencia ante estos reclamos: sectores políticos, sindicales, otrxs trabajadores. Como si hubiera una resistencia a considerarlxs trabajadorxs. ¿Por qué? ¿Cuáles serían las consecuencias de pensarlxs como otros trabajadores del Estado?

MS: Sin duda las explicaciones a estas resistencias no son mono-causales. Dependerán de contextos, sectores y actores. En todo caso, me parece importante comenzar resaltando dos cuestiones muy sencillas. La primera, que estas resistencias y tensiones responden a construcciones históricas y procesuales. Quiero decir: no se dan en el vacío donde se “cree” o se “descree” de estas instituciones, o se “apoya” o “rechaza” sus prácticas por completo al margen de luchas y eventos políticos concretos. Y la segunda, que estas tensiones y resistencias no son unilaterales. Recuerdo un ejemplo que no hace foco en los reclamos laborales pero ilustra resistencias y fronteras. En el último Encuentro Nacional de Mujeres de La Plata, sectores de la organización no permitieron —eso circuló sotto voce— la participación activa de grupos de mujeres policías que querían denunciar la violencia de género que sufren dentro de la institución. De hecho, algunos de los comentarios que cruzaron las redes dejaron expuestas estas resistencias y límites de los que hablaba, de uno y otro lado: que estas mujeres “son policías y se merecen lo peor”. Que “mientras las mujeres policías sigan trabajando para defender los intereses del Estado opresor no serán nunca parte del feminismo”. Y, si no recuerdo mal, había un cuadernillo de Correpi que rezaba, desde el título: “Con la yuta no hay sororidad”. Seguro que muchxs recordamos también aquel famoso posteo de Facebook de una mujer policía que se preparaba, ante el Encuentro en La Plata, para “lidiar” contra las “feminazis” que “van a romper todo”. O esos otros comentarios que sostenían que era un “tupé hablar de feminismo en Argentina cuando los femicidios que sufren las mujeres policías no están incluidos en sus luchas”. O que era increíble la “falta de empatía de las que se dicen feministas con las mujeres policías que no pueden conseguir otro trabajo para parar la olla”. Para sintetizar: me parece que todas estas demandas policiales que irrumpen ahora con fuerza en la agenda pública —salario, salud, condiciones de trabajo, violencia de género— nos obligan a un desafío bien interesante, que es pensar cuán lejos va a llevarnos, en contextos complejos como los que estamos viviendo, seguir pensando en términos de rigideces y polarizaciones.

TB: Sí, también creo como Mariana que es entendible y que existen motivos históricos por los que trabajadorxs organizadxs los rechazan. En estos días de protestas policiales circularon imágenes que señalaban la dificultad de muchas organizaciones políticas y sindicales de reconocer la legitimidad de los reclamos y presentarse solidarios ante ellos. Imagino la dificultad de unx docente de acompañar un reclamo frente a la foto que circuló hace algunos años de un policía con un cartel que decía a la ex gobernadora: “Vidal, mandanos a las maestras. Te las devolvemos con vocación de servicio”. O de militantes que vivieron situaciones de persecución, violencia policial o incluso el terrorismo de Estado. Sin embargo, creo que tenemos que pensar que la noción de trabajadorx no es sólo una categoría moral, sino que implica que lxs policías tienen ciertas condiciones objetivas como asalariadxs del Estado y que, como cualquier otro sector, esas condiciones deben ser atendidas. Creo que pensar a lxs policías como trabajadorxs es, en parte, pensar qué lugar damos a esta institución en la vida democrática y, en términos políticos, ofrecer una afiliación (no digo política ni sindical sino identitaria) a una categoría con una fuerte carga simbólica en nuestra sociedad. Por dar un ejemplo, hoy me hicieron una invitación en una agrupación política para discutir sobre las protestas policiales y quien me invita me cuenta que otra integrante del grupo propuso sumar a una policía y varixs integrantes se negaron. Ese mismo grupo emitió, como muchos, un comunicado aludiendo al peligro sobre el orden institucional que representaban las protestas y tuvo como respuesta que se fuera un policía retirado que era parte del grupo sin haber dado cuenta de su trayectoria laboral (como muchxs). La policía que quería ingresar y el que se retiró deseaban formar parte de un grupo con el que se sentían contenidos ideológicamente, pero no se toleró que fueran policías. También recuerdo situaciones donde estudiantes universitarixs pedían que policías no cursaran con ellxs. Lo que me pregunto es, ¿dónde creemos que van los policías que no sostenemos como trabajadores, militantes o estudiantes universitarios? ¿Nuestra expectativa es que los puedan afiliar donde corresponde, o sea por derecha?

 

-- Existen experiencias de sindicalización policial en otros países. ¿Cuáles serían sus pros y contras en la Policía de la Provincia de Buenos Aires? ¿Qué alternativas hay a la sindicalización o una sindicalización de qué modo? ¿Qué condiciones podemos imaginar que tendrían para protestar? Me refiero al uso de las armas, de los patrulleros. ¿Cuáles son las consecuencias de que no puedan organizarse para presentar sus posiciones ante las autoridades?

TB: La sindicalización policial es un tema que surge con fuerza en estos contextos de reclamo y luego se interrumpe o merma en la agenda pública. Sabemos que los reclamos salariales están a la cabeza en las medidas de fuerza policiales, pero en los últimos años también tuvimos protestas de policías federales traspasados a la Ciudad descontentos con la medida. Sobre estos temas vienen trabajando Santiago Galar, Sabrina Calandrón, Mariana Lorenz y Mariana Galvani, que siguieron esos procesos, así que lo que yo digo es producto de leerlos. Las experiencias de sindicalización policial más cercanas son la Policía civil de Brasil o la Policía Nacional de Uruguay en 2006, pero también hay sindicatos policiales en Canadá, Estados Unidos, Inglaterra y en la Unión Europea. En muchos de esos países la policía es un servicio esencial y, como tal, tiene derecho a la representación, pero no a huelga ni a manifestación pública. Sin embargo es un tema a discutir, porque los sindicatos pueden ser cajas de resonancia para la defensa corporativa de situaciones de violencia institucional, como muestra la experiencia de Estados Unidos. No obstante, las condiciones de trabajo policial son un punto que requiere atención. Lo que pasó esta semana es sin dudas un problema: en el marco de una protesta policial, aún en la mayoría de los casos donde existen sindicatos, no se pueden realizar huelgas, ni mucho menos rodear la residencia presidencial o del gobernador, asistir armados o con los vehículos del Estado. Creo que hay que encontrar otras formas de representación que no involucren este tipo de medidas que, además, quitan legitimidad a los contenidos del reclamo. De todos modos, tenemos que pensar que la experiencia sindical existe en muchxs policías que pasaron por otros trabajos antes de ingresar a la institución, pero también en sus familiares y amigos. Volviendo a una pregunta anterior, creo que sindicalizarse es una manera de inscribirse en un relato social más amplio que involucra la conquista de derechos y el reconocimiento.

 

-- ¿El régimen de trabajo de los policías carece de los derechos laborales presentes en otras profesiones? Por ejemplo, traslados intempestivos, regímenes disciplinarios arbitrarios, horarios extendidos, condiciones edilicias precarias, exposición a riesgos no contemplados salarialmente, relaciones jerárquicas autoritarias.

TB: Sí, todas estas cuestiones son parte del trabajo policial, muchas veces están naturalizadas, junto con otro conjunto de situaciones. A veces se asocia el trabajo policial con un empleo seguro, estable y de carrera, pero es interesante ver que, finalmente, a pesar de una relativa previsibilidad y continuidad laboral, la incertidumbre con la que experimentan esa pertenencia es muy grande. Ahí aparecen dificultades para manejar el propio tiempo, para estar presentes en sus hogares o junto a sus afectos, producto de las jornadas extendidas, pero también no saber dónde van a vivir y trabajar con el paso de los años, o si van a ser sancionadxs por no cumplir con expectativas de cualquier tipo. No podemos dejar de lado que también se trata de realizar tareas que involucran mucha violencia, y que atravesar esas situaciones como parte del trabajo tiene efectos negativos para cualquiera. No se trata entonces de carecer de derechos laborales —porque los tienen—, sino que por esos derechos se paga, y se hace pagar a otrxs, un costo muy alto.

 

-- El Estado policial implica que deben estar armadxs e intervenir ante situaciones delictivas también cuando están fuera de servicio, ¿eso atenta contra la idea de trabajadorxs asalariados como otrxs?

MS: Es interesante esto porque me parece que apunta a discusiones mayores. Creo que debajo de todas estas tensiones y preguntas que ahora nos asaltan —acerca de los reclamos, pero sobre todo acerca de sus modos— hay un interrogante anterior, que no sé si está del todo presente. Mucho menos saldado. Y que tiene que ver con una discusión compleja pero que voy a formular en términos de pregunta tosca: ¿es, o no, la policía, un trabajo? Habrá acá, seguramente, posturas encontradas. Y conste que no hablo de “trabajo” en sentido literal de contratación y remuneración. La pregunta, en todo caso, es más sutil. ¿Qué derivas conlleva la consideración (o no) de la policía como trabajo? ¿Qué permite pensar u obturar cada uno de estos entendimientos? Pienso en funciones, tareas, derechos. ¿Qué sentidos institucionales alientan, y contra cuáles encallan, estas posturas? ¿En relación a qué otras concepciones o categorías —vocación, estado policial, fuerza civil armada— se sostienen? Y sobre todo: ¿Estamos pensando este interrogante desde lo potencial —si la policía debiera o no ser un trabajo— o más bien desde nuestro presente situado —si efectivamente, en términos de organización y actuación institucional, lo es o no lo es—? A mí, en lo personal, me cuesta conciliar la categoría de trabajo con ciertos marcos de sentido propuestos desde lo institucional. No estoy hablando acá de percepciones individuales y concretas de lxs policías acerca de su función, ni de normativas o reglamentaciones, sino de relatos institucionales empeñados en presentar el quehacer policial en términos más morales y “esencialistas” que laborales: la familia policial, la vocación, el servicio y, sobre todo. el estado policial vs. lo civil. ¿Hasta qué punto esos sentidos y esos relatos obturan, desde lo discursivo, la posibilidad de pensar y administrar lo policial como un trabajo?

TB: Adhiero a las inquietudes de Mariana sobre la posibilidad, o no, de pensar a la policía como un trabajo y me gusta cómo propone el interrogante, porque me corre de una definición en la que me encuentro bastante cómodo y probablemente sea menos reflexiva. Si bien conozco la discusión acerca de la policía como trabajo, como oficio o como profesión, que son las distintas maneras en las que se lo ha pensado, entiendo que la definición del quehacer policial en términos morales no obtura la posibilidad de pensarla como trabajo, que es como yo la concibo. Creo que esa carga moral es propia de muchas profesiones vocacionales en las que se entiende que la tarea diaria está atravesada por un fin que trasciende la rutina y que eso, si es lo que Mariana está queriendo decir por quehacer moral, no impide que pensemos ninguna de esas actividades como un trabajo. Pero cuando digo que mi posición puede pecar de irreflexiva es porque sé que allí también se cuela una aspiración o deseo personal, toda vez que creo que la categoría trabajador/a, en nuestro país, tiene una historia ligada a un ejercicio de ciudadanía democrática donde desearía que se lograra inscribir a las instituciones policiales de un modo perdurable. Es importante remarcar que el Estado policial es lo que genera la obligación de intervenir ante situaciones delictivas también cuando lxs policías están fuera de servicio, pero por modificaciones que tuvieron lugar en las últimas décadas esa intervención puede limitarse a dar asistencia, llamar al 911 o esperar la llegada de oficiales de servicio. Claramente no digo que ésta sea la forma habitual de intervenir, pero son opciones que cada policía evalúa frente a las situaciones que le toca enfrentar y que pueden no involucrar el arma ni la obligación de identificarse como policía.

 

-- ¿Qué implica el uso de las armas en una protesta? En un contexto como el de esta semana, ¿qué sentido tenían esas armas que lxs policías portaban? ¿Eran parte del uniforme o armas con poder de fuego?

TB: Para cualquier persona existe algún grado de familiaridad con los elementos que utiliza en su trabajo, y para lxs policías también. Evidentemente no nos pasa lo mismo a quienes no vemos un arma a diario y es importante también para lxs propixs policías, que lo remarcan durante la formación, que la propia presencia, el uniforme y la portación del arma implican un ejercicio de autoridad e intimidación. Esta no es una discusión ajena a lxs propixs policías. Llevar el arma ya no es una obligación ni parte del Estado policial desde hace mucho tiempo, alrededor de veinte años, pero hay quienes prefieren dejar el arma y cualquier tipo de identificación en sus casas para evitar ser reconocidxs como policías y tener un enfrentamiento armado en esas circunstancias. Otrxs dicen no ir sin armas a ninguna parte y sostienen que el arma es una herramienta indispensable de protección de sí y de terceros, tanto durante como fuera de su horario laboral. Éste no es un debate menor, sabemos que sumar policías a las filas de las distintas fuerzas es sumar armas en la calle, y que esto en ninguna situación implica una reducción de las violencias. Es importante señalar que una enorme proporción de femicidios tienen como victimarios a miembros de fuerzas armadas, de seguridad o policiales, e involucran el uso de sus armas reglamentarias. También que lxs policías mueren y matan mucho más estando fuera de servicio —en sus barrios, o yendo y viniendo de trabajar— que en el desarrollo de la tarea.

MS: Es interesante recordar que el poder intimidatorio de lo policial no descansa sólo en el uso (o potencialidad de uso) de este instrumento. En circunstancias distintas a las que estamos analizando, la capacidad de poner en marcha recursos estatales legitimados para el hostigamiento, la persecución y el castigo —armar causas, fraguar delitos, lograr encarcelaciones efectivas— añaden otros matices al ejercicio de ese poder policial. En el contexto de lo sucedido en Olivos, patrulleros con sirenas sonando y rodeando la residencia presidencial agregan, a ese conjunto de amenazas, nuevos sentidos y prácticas de intimidación.

 

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