La protección judicial a Lewis, firme

 

Por segunda vez en menos de un año, el Poder Judicial porteño protegió a la firma del magnate Joseph Charles Lewis, que impide el libre acceso al Lago Escondido en Río Negro y rechazó su intervención judicial y liquidación, como lo reclama el organismo público nacional que regula y monitorea el funcionamiento de las sociedades en el país. Diego Manuel Paz Saravia, titular del Juzgado Nacional de primera instancia en lo Comercial N°16 de la Capital Federal, rechazó este mes por segunda vez la intervención judicial a Hidden Lake SA (HL), firma que no cumple la sentencia judicial firme que la obliga a permitir el libre acceso por tierras de su propiedad a las costas y al espejo de agua del Lago Escondido, que es la responsable de ejercer violencia contra manifestantes con patotas al menos en dos oportunidades en un año, así como de haber sido anfitriona de un encuentro VIP de jueces, funcionarios públicos y operadores del grupo Clarín en octubre del año pasado.

 

 

 

 

 

 

Lewis, fundador del grupo Tavistock, con domicilio en Florida (Estados Unidos), se desprendió de las propiedades rurales en Río Negro que tenía sobre la costa atlántica bajo el control de Bahía Dorada SAU y liquidó esa firma. En cambio, al menos hasta fines del año pasado mantenía el control total del paquete accionario de HL, de acuerdo a lo que informó Nicolás Bernardo van Ditmar, apoderado de la firma, a la Inspección General de Justicia (IGJ). El organismo nacional insistirá ante el juzgado porteño argumentando el interés público que representa el “ilegal e irregular funcionamiento” de la firma.

 

 

El 1 de febrero pasado, una patota a caballo y a cara descubierta agredió física y verbalmente a manifestantes que participaban de la VII Marcha por la soberanía de Lago Escondido que exige la apertura del camino público Tacuifí. Hasta el 4 hubo reclamos en accesos por los parajes El Manso y El Foyel, próximos a la ruta nacional 40, ya que hubo heridos y el ataque a una trabajadora de prensa que cubría el evento. Exactamente un año antes, una patota de 50 personas a caballo y con el rostro cubierto, conducida por van Ditmar, atacó a 21 manifestantes en la costa del lago Soberanía, en tierras fiscales bajo jurisdicción rionegrina. La agresión impidió que el grupo continuara hasta el Lago Escondido, hecho impune que se repitió agravado este año.

 

 

 

La IGJ investigó las empresas de Lewis en la Argentina a partir de la agresión del año pasado y en abril solicitó la nulidad de la sociedad anónima HL y, consecuentemente, su disolución y liquidación. En mayo, Paz Saravia lo rechazó entendiendo que “no pareciera que el incumplimiento de las sentencias judiciales provinciales en sí mismo conlleve una violación del orden público que justifique la intervención de la IGJ, pues en todo caso los efectos de tales decisiones son inter partes y serán ellas quienes deberán, en su caso, instar su cumplimiento. El ordenamiento jurídico cuenta con recursos específicos para que los fallos sean cumplidos y, de corresponder, cabrán las responsabilidades civiles y/o penales pertinentes en el supuesto de que el incumplimiento persista”. Ese fue el planteo respecto al litigio por el acceso al lago que tiene 17 años. En julio, la Cámara en lo Comercial integrada por Héctor Osvaldo Chomer y Elsa Uzal confirmó la decisión a favor de los intereses empresarios.

En octubre irrumpieron en el escenario del conflicto “Los huemules”, tal como se bautizaron a sí mismo los integrantes de la reunión cumbre en la mansión privada que pretendió encubrir su presencia como un tour de pesca con mosca fuera de temporada. Concejalas de El Bolsón y Bariloche denunciaron la reunión de la que participaron jueces federales que participan de la protección institucional a la operación de compra-venta original de las tierras de Lago Escondido. Después se desató el festival de chats que permitió hacer ingresar a la agenda política porteña el caso “Lewis”.

El huemul es un ciervo nativo, especie protegida en riesgo. No parece ser el caso del grupo de élite criolla.

 

 

Pista(s)

Bahía Dorada se conformó en 2003 para comprar inmuebles rurales en la costa atlántica de Río Negro. La transformaron en una SAU, cuya liquidación fue pedida hace tiempo y demorada por la IGJ que le exigía documentación antes de aceptar ese paso. La objeción del organismo de contralor no fue un obstáculo para el avance en la estrategia de los grupos empresarios que operan con tierras rurales en el país, según nuestro análisis de la información pública disponible.

En marzo de 2020, Ignacio Petrocchi Massuh, abogado, operador de capitales de los Emiratos Árabes Unidos en Argentina, inscribió a su nombre al menos dos de las tres fracciones que eran de Bahía Dorada en el paraje Punta Colorada, próximo a Sierra Grande. La parcela de 4.000 hectáreas incluye la pista de aterrizaje de 2.200 metros de extensión. Recién el verano pasado el traspaso de propiedad se conoció a través de Enzo Tamburrini, intendente de esa localidad.

Hace unas pocas semanas, una columna de la Marcha por la Soberanía intentó ingresar al espacio de la pista de aterrizaje y encontró, junto a la tranquera cerrada con candado, un cartel que informa que ahora se llaman “Estancia Bellido” y “Aguada chica”. Bellido se llama un cerro que no supera los cien metros sobre el nivel, ubicado al sur de Punta Colorada, la zona donde se emplazará un área industrial para el hidrógeno verde y la exportación de petróleo de YPF, además de la producción de hierro del complejo en manos de capitales chinos.

El bloque de tierra cambió de manos y se amplió, sumando unas 30.000 hectáreas de acuerdo al relevamiento realizado con Javier Grosso, geógrafo y docente de la Universidad Nacional del Comahue. Ahora van Ditmar comparte la propiedad de una fracción de casi 5.000 hectáreas con gente de Chubut, la misma a la que Petrocchi Massuh compró otros dos campos hacia el sur, más próximos al paralelo 42. Nilda Arce de Antonena, de Trelew, ya fallecida, con sus tres hijos vendieron un campo de 10.000 hectáreas. y otro de 2.500, muy próximos uno de otro. El primero muy bien ubicado junto a la ruta nacional 3 y al troncal del interconectado de alta tensión de electricidad, ideal para la instalación de molinos para la generación de energía eólica vinculado al proyecto de hidrógeno verde que se impulsa en Río Negro con capitales radicados en Australia.

 

 

Causas y azares

Hasta hace dos años, el HL estaba vinculado societariamente con el Grupo HL SA, Bahía Dorada SAU y Lacland Cove LTD, según el primer dictamen de la IGJ. Ese entramado surge de un itinerario de 30 años que el organismo nacional analizó en dos dictámenes el año pasado. Pero ni el Poder Judicial ni buena parte de la dirigencia política está dispuesta a discutir los mecanismos y las estrategias financieras y económicas del acaparamiento. La patota gaucha, en ese sentido, pone un velo a la discusión al ofrecer la violencia como elemento sobresaliente.

Tampoco se discute a fondo la violencia paraestatal gaucha, sobre la que hemos alertado especialmente en el caso de El Bolsón en más de una ocasión. Las víctimas de Tacuifí identificaron como uno de los agresores a Víctor Puchy, uno de los linderos de Hidden Lake que defiende la propiedad privada cuando no se la discute, sino el libre acceso al lago. En 2011, en la plaza pública de Viedma ubicada frente a la Casa de Gobierno, Puchy agredió a Omar Lehner cuando van Ditmar hizo la apología de la violencia anunciando que defendería la propiedad privada con “el Winchester en la mano”. Entre los agresores, a cara descubierta y a caballo, estaba Andrés Saint Antonin, referente de la Sociedad Rural de Bariloche, encargado del personal de varios establecimientos ganaderos y del country Arelauquen, denunciado por la comunidad mapuche Kom Kiñe Mu como uno de los operadores de los emiratíes en el coto de caza de Rincón del Diablo, donde levantan alambrados ilegalmente en territorio comunitario.

La impunidad es la constante en la serie de sucesos desafortunados.

 

Fotos: Alejandra bartoliche/ Telam

 

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