LA PROPIEDAD DE LA DEMOCRACIA

 

El martes próximo está previsto el tratamiento en la Cámara de Diputados del Proyecto de Ley de Aporte Solidario Extraordinario de las Grandes Fortunas con el que se espera recaudar el 1,1% del PBI y se aplicaría sobre 9298 personas, cuyas fortunas superen los 200 millones de pesos, calculados de acuerdo a los criterios definidos por los organismos fiscales. El aporte determinado así, aunque obligatorio, asumió esa denominación por la resistencia de los potenciales contribuyentes a asumirlo como un impuesto. El debate llevó largos meses con la resistencia de las organizaciones del empresariado concentrado, apoyada por las siguientes (sin)razones:

• que lesionaba el derecho de propiedad;
• que se sumaba a una insoportable presión fiscal ya vigente;
• en indefendibles argumentos técnicos de doble imposición;
• en que constituía un desestímulo a la inversión privada, presunto factor dinámico de la reactivación post pandemia.

(Sin)razones a las que debe sumarse la construcción mediática permanente de la condición que la aplicación sería por única vez.

 

 

La supremacía del derecho de propiedad

El empresariado concentrado consustanciado con el pregón neoliberal ha introducido un atraso cultural de más de dos siglos en la vida de la Humanidad. Su concepto de propiedad privada absoluta es pre-democrático y proviene de un rústico enfoque liberal. Jorge Gaggero en La progresividad tributaria. Su origen, apogeo y extravío (dt 23, 2008, CEFID-AR) expone la propuesta jacobina, que ya en 1793 supera “la visión meramente 'republicana' de la tributación establecida en 1791, e introduce la noción de progresividad, ligándola de modo directo a la limitación del derecho de propiedad”. Decía el artículo de la Convención Constituyente de 1793 fundador de ese concepto que: “Los ciudadanos cuyas rentas no excedan lo necesario de su subsistencia deben ser dispensados de contribuir a los gastos públicos. Los otros deben soportarlos progresivamente según la magnitud de su fortuna”. Los convencionales liderados por Robespierre creaban, así, la base doctrinaria que permitiría un siglo más tarde el establecimiento del impuesto a la renta y el despliegue de los tributos sobre el patrimonio y la herencia.

Cuatro artículos de los convencionales jacobinos cita Gaggero en esa investigación de imperdible consulta actual, que constituyen la doctrina abolicionista de la concepción absoluta de la propiedad privada:

1. "La propiedad es el derecho de cada ciudadano a gozar y disponer de la porción de bienes que le sea garantizada por ley”.
2. “El derecho de propiedad está limitado, como todos los otros, por la obligación de respetar los derechos ajenos”.
3. “No puede perjudicar a la seguridad, libertad ni existencia de nuestros semejantes”.
4.  “Toda posesión o tráfico que viole este principio es ilícito e inmoral”

El artículo fundador de la progresividad tributaria deslegitima la idea de la proporcionalidad contributiva y dispone el carácter redistributivo de los impuestos. El tercer artículo de limitación del derecho de propiedad privada, antepone a la misma otros derechos básicos que hacen a la existencia humana. Refuta con 217 años de anticipación a quienes hoy realizan banderazos esgrimiendo el derecho a hacer funcionar sus establecimientos privados a riesgo de expandir la pandemia poniendo en peligro la salud comunitaria.

Jaques Roux, autor del Manifiesto de los rabiosos, proclama que “la libertad no es sino un fantasma vacío cuando una clase de hombres puede reducir al hambre a la otra. La libertad no es sino un fantasma vacío cuando, gracias al monopolio, el rico ejerce el derecho de vida y muerte sobre sus semejantes”. Roux transmitía la desilusión y frustración de los sans-culottes parisinos, los pobres que participaron de la Revolución Francesa y que poco tiempo después tuvieron que padecer un aumento de precios, la carestía y el hambre. Los sans-culottes se encaminan así a luchar por la igualdad efectiva que supere la simple igualdad ante la Ley. Una felicidad colectiva que termine con el despilfarro de una minoría y la indigencia de los más. Reclaman la igualdad de medios, una repartición equitativa de la riqueza y de la propiedad (ref. Angelo Papacchini, Filosofía y Derechos Humanos, Univ. Del Valle, 2003). Conceptos que invitan a su consideración a la hora de reflexionar sobre la firmeza de la actitud a tener frente a los ricos y el FMI cuando se defienda la amplitud del gasto social (que en el marco actual del estado de la pandemia requeriría repensar la decisión de discontinuar el IFE).

A los empresarios de la AEA, a los políticos de Juntos por el Cambio, les parece que el aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas atenta al buen respeto del derecho de propiedad. Así, Macri, Rodríguez Larreta, Negri, Morales y demás dan testimonio junto a Magnetto, Rocca, Pagani, Galperín, Campos y Cía. de su adhesión a Hayek y Friedman. Ellos son los teólogos seguidos de una pléyade de intelectuales del capital concentrado, dispuestos a sacrificar la democracia en el altar del liberalismo, tal como reza el artículo 5 de la Constitución chilena actual, cuyo sostenimiento es un tributo del establishment político trasandino al pinochetismo: “La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes". (La cursiva me corresponde.) Derechos esenciales por encima de la soberanía popular, es la forma encubridora con que se escribe la supremacía del derecho de propiedad respecto de la voluntad popular. Una Constitución liberal divorciada de la democracia. El formateo de los empresarios poderosos del país y de los referentes de la UCR y el PRO responde al modelo chileno hoy desprestigiado y en quiebra.

 

 

 

El compromiso social

Gaggero describe en su trabajo citado cómo la progresividad tributaria, que el industrialista Alejandro Bunge propulsó y el peronismo construyó como sistema, fue derrumbada a partir del Rodrigazo y terminada de destruir por la dictadura hasta llevar el impuesto a las ganancias a un promedio del 1% sobre el PBI para el período 1975-1990. En 2001, el sistema tributario argentino mostraba un contraste patético respecto al que rigió entre 1945 y 1960. El período de destrucción de la progresividad tributaria coincidió con el cuarto de siglo final del milenio concluido, en el que el producto per cápita disminuyó en el país, la economía se desindustrializó y se liquidó al Estado como empresario. Como se ve, no hay sino evidencia en contrario que pruebe que la progresividad tributaria erosione la potencialidad de la economía, como tampoco que la actividad empresarial estatal desplace a la actividad privada.

Tilly, citado por Gaggero, afirma que “los esfuerzos para hacerse con los recursos para la guerra crearon estructuras de Estado que nadie había pensado formar”. La secuencia adoptada por las naciones durante la modernidad planteaba conflictos bélicos que se debían financiar con recursos de los ricos, que se justificaban como la contraparte necesaria del aporte de los pobres que ponían sus cuerpos para combatir. Es la legitimidad con que nació el impuesto a las ganancias, mientras se pensaba que finalizada la contienda todo volvería a la normalidad. La tributación era aceptada como extraordinaria, pero no lo fue así porque el desarrollo del devenir mundial produjo, después de la Primera y Segunda Guerra, procesos de democratización y de sindicalización que demandaron mayores recursos públicos.

La pandemia ofrece un escenario comparable. En nuestro país, por ejemplo, el raudo despliegue de la enfermedad provino de la gran cantidad de argentinos de sectores sociales pudientes que regresaron del exterior. Por eso la peste se expandió al principio en CABA y la Zona Norte del Gran Buenos Aires, donde ellos residen. Sin embargo, la alta contagiosidad del coronavirus hizo que se propagara a todo el territorio nacional, siendo siempre los sectores de menores recursos quienes peor la llevan ya que, por ejemplo, no tienen las mismas posibilidades de sostener las condiciones de aislamiento que los argentinos que han regresado de recorridos por otros lugares del mundo. El aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas no es más que un símil de las prácticas que se llevaron a cabo durante y luego de las tragedias bélicas. La Argentina proviene, además, del empobrecimiento provocado por los años de neoliberalismo, en los cuales se enriquecieron los sectores concentrados, mediante los procedimientos de valorización financiera de la dinámica deuda-fuga. Los ricos deben financiar la calamidad de la peste y la depredación de los años de estancamiento, acumulación financiera y raudo endeudamiento con el FMI.

Después de las guerras mundiales las clases dominantes cedieron derechos adquiridos que consideraban hasta ese momento como de carácter absoluto. En Occidente se construyó una lógica de compromiso social, claro que en un mundo bipolar en el que se vivía el “peligro de la amenaza comunista”. Ese fue el clima internacional en que avanzaron los esquemas de imposición directa.

Hace un año, el pueblo argentino votó a un gobierno popular para que lleve adelante un proyecto de mayor igualdad y desarrollo económico. El aporte por única vez es un acto de mezquindad menos uno. Las condiciones de los menos de 10.000 muy ricos que van a erogar esa tributación merece su continuidad posterior en el marco de una reforma tributaria, que reinstale al impuesto a las ganancias como centro del esquema tributario, acompañado por una mayor densidad contributiva del tributo a los bienes personales y la implementación de un significativo impuesto a la herencia.

El poder concentrado mediático opera por medio de comunicadores que repiten graves inexactitudes o directamente falsedades. Por ejemplo, afirman que la Argentina tiene una presión tributaria insoportable. No es ni insoportable, ni excesiva. Parte de la reforma debe apuntar a subir la presión tributaria. La discusión es otra, es porqué los guarismos indican que los que más impuestos pagan no son los que más pueden. Estos hoy aprovechan las guaridas fiscales y el asesoramiento de los facilitadores para pagar menos. El peso de los impuestos a las transacciones debe disminuir, tanto el IVA, como el de ingresos brutos, el de los débitos, etc. A la vez que debería intensificarse su diferenciación por productos (gravando más los suntuarios y menos los esenciales) con el consiguiente control sobre los precios que impida que las mejoras sean absorbidas por eslabones de la cadena y garantice su percepción por el consumidor final. Los impuestos directos deben mudar hacia estructuras decididamente progresivas. La presión tributaria debe ser mayor porque el gasto social también debe crecer, en lugar de descender como pretende el discurso del mainstream. Un gran plan de viviendas, la mejora de las condiciones de salud, el aumento de los salarios reales del sector público y de las jubilaciones así lo requieren. Estas condiciones preceden cualquier acuerdo con el FMI respecto de la deuda originada en el pésimo manejo como organismo de crédito multilateral que tuvo en la concesión de crédito a Argentina.

 

 

El Estado en la economía

El gasto autónomo deberá crecer en el próximo período para lograr una reactivación de la actividad productiva. La inversión pública constituye una herramienta fundamental para llevar a cabo ese crecimiento. Esa inversión podrá volcarse a través de la modernización de la infraestructura pero también mediante emprendimientos empresarios que desarrollen nuevos sectores que promuevan el surgimiento de articulaciones con pymes cuyo crecimiento en número e importancia permitirán el aumento del empleo y la mejora de las condiciones de vida de la población.

Es imprescindible la actividad pública en el comercio exterior, en su regulación, control, estímulo y participación. No deben repetirse el despliegue de condiciones especulativas sobre las reservas que debiliten los grados de libertad para hacer política económica por parte de los gobiernos populares. Se debe tomar debida nota respecto de la débil reacción de los grandes exportadores frente a una baja de retenciones coincidente con una suba del precio internacional de los productos exportables. No merece prestarse atención al reclamo de AEA de prescindencia del Estado en la actividad económica y menos en el comercio exterior.

Fabian Amico dice en La Política Fiscal en Havelmo y Kalecki (dt 51, 2013, CEFID-AR) que no resulta tan obvio que la ideología prevaleciente rechace sólo la política de déficit fiscal, también rechazaría la suba del gasto financiado con impuestos. Los grandes empresarios no quieren que el Estado influya sobre el nivel de actividad y empleo –y menos que tenga empresas propias— porque esta influencia socava el poder del sector privado para definir el estado del ciclo económico. “Sin dudas, estas razones no confesadas, están detrás de las ácidas críticas al 'populismo' fiscal, al gasto 'excesivo' y al peso 'insoportable' de la carga tributaria".

Esta coerción económica resulta del privilegio del poder concentrado. Es la reconformación —con otra formalida— de lo que fueran las condiciones del privilegio político, no sólo ejercidas en forma directa por los grandes empresarios en la disposición de sus medios de producción sino, y principalmente, a través del mercado. La consecuencia es el chantaje que viven los gobiernos populares por parte del poder económico, que hoy se hace sentir en la Argentina, y es la expresión de un explosivo malestar entre la democracia y el liberalismo. La concentración económica y la dinámica de la financiarización encuentran en la esfera económica sustraída de la decisión popular el espacio para el vaciamiento de la democracia. Los chilenos han llegado al colmo de escribir un texto constitucional que legaliza este atropello, texto que hoy se derrumba por la movilización popular. En la Argentina asoma la necesidad de fortalecer un bloque democrático que frene los constantes atropellos del liberalismo neo.

 

 

 

 

 

 

 

 

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