La privatización educativa

 

Reducir el concepto de “privatización educativa” a la cantidad de estudiantes que concurren a las escuelas privadas es, como mínimo, una inconsistencia analítica que le quita validez, confiabilidad y rigurosidad a cualquier planteo o afirmación que se haga sobre el tema. Excepto que se tenga la intencionalidad lisa y llana de instalar una falacia más en el largo camino que el pensamiento de la derecha viene transitando desde hace mucho tiempo en contra de la educación pública y de las políticas de inclusión socio-educativas.

Este parece ser el caso de algunas notas periodísticas publicadas en la última semana, que sencillamente se dedican a renovar en la esfera mediática los ataques contra las organizaciones sindicales y/o los gobiernos nacionales y populares apelando a algún tema educativo. Dichos artículos forman parte del modus operandi que ha elegido la derecha a los efectos de mostrar al público su supuesto “interés” por la educación.

Desde la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), y en el marco de la campaña mundial en contra de la privatización educativa que lleva adelante la Internacional de la Educación, hemos investigado sistemáticamente este fenómeno. Observamos que las tendencias privatizadoras proliferaron y ganaron terreno a escala regional y mundial durante las últimas décadas, desplegándose de modos variados y combinando estrategias de muy diverso tipo. Por estos motivos, no es suficiente analizar este proceso haciendo una simple sumatoria sobre la cantidad de estudiantes y escuelas públicas o privadas, ya que existe una multiplicidad de actores e intereses en juego en el campo educativo que orientan la política y que se posicionan en la esfera pública, validando nuevos discursos y, en muchos casos, inhabilitando a los actores estatales. Es por ello que hablamos de estas tendencias haciendo referencia tanto a la privatización endógena (“en” la educación pública), como a la privatización exógena (“de” la educación pública).

En consecuencia, para comprender el fenómeno en toda su complejidad es necesario estudiar cómo se dio la apertura de los servicios de educación pública a la participación del sector privado (terciarización), como así también discernir cómo se fue dando el proceso de incorporación de ideas, métodos y prácticas del sector privado a fin de lograr que el sector público se asemeje cada vez más a una empresa. Entonces, el fenómeno de la privatización no es sólo la composición de la “matrícula”, sino que además tiene que ver con las políticas de transferencias de recursos del Estado hacia el sector privado (subsidio), las definiciones presupuestarias, los actores privados que juegan en el ámbito educativo, la subordinación de las políticas de formación a los requerimientos de las evaluaciones estandarizadas como PISA, la adopción de los valores del mercado para la gestión pública y el papel de las grandes corporaciones en los sistemas educativos nacionales, entre otras cuestiones.

Hecha la aclaración conceptual, nos detenemos en una de estas notas aparecidas en la semana, titulada con grandilocuencia: “La gran privatización kirchnerista”. El artículo presenta una serie de reflexiones que evidencian una llamativa falta de rigurosidad investigativa. En primer lugar, se refiere al kirchnerismo, pero toma como período analítico los años 2004-2020, como si en el medio no hubiese existido el macrismo. La nota expresa: “Dato: en la Argentina, entre 2004 y 2020, los alumnos de primaria de escuelas privadas crecieron un 22%. Hoy son 230.000 más. En cambio, los que estudian en estatales disminuyeron un 9,1%. De 3,9 millones que eran en 2004, presidencia de Néstor Kirchner, pasaron a 3,5 millones en 2020”. El “periodista” agrega: “En los años del tantas veces declamado Estado presente, la educación se privatizó como nunca”.

Al respecto, es necesario aclarar que la idea de Estado presente en educación en el período 2003-2015 se explica por hechos como el establecimiento de la educación como un derecho (ley 26.206, año 2006), que abolió la definición de educación como un servicio –tal como fue planteada en los años '90– y puso como objetivo central a la educación inclusiva de los sectores históricamente excluidos del sistema. El Estado presente también se evidencia en la Ley de Financiamiento Educativo (sancionada en 2005), que estableció el 6% del PBI como inversión del Estado para la educación. Además se visualiza en planes y programas de política educativa, como la obligatoriedad de la educación secundaria, el Conectar Igualdad, las Becas Progresar, el Plan FINES, los programas socio-educativos, el Programa de Formación Docente permanente, gratuito y en ejercicio, el reconocimiento legal de la Paritaria Nacional Docente, etc. El Estado presente se define por este tipo de políticas y no por el crecimiento de la matrícula en escuelas de educación privada, ya que sobre ese crecimiento también influyen una variedad de factores que van más allá de la intervención del Estado.

 

 

 

 

Pero vayamos a los números. Desde la década del '40 (7% de estudiantes en escuelas privadas) hasta la actualidad (25% de estudiantes en escuelas privadas), el crecimiento de la educación privada en la Argentina y en toda América Latina no ha parado de aumentar (a excepción de Bolivia, donde se da un proceso inverso). Es más, el único momento en el que se produce un estancamiento en dicho crecimiento es a partir de 2008. Y los condicionantes que explican el crecimiento de la matrícula privada son de distinta índole, como preferencias religiosas y/o ideológicas, oferta educativa más específica, mayor cantidad de escuelas privadas con jornada completa, falta de vacantes en la educación pública, capacidad económica de las familias, entre otros. Como acotación, hay que tener en cuenta que, tal como lo menciona un informe del Banco Mundial, “entre los años 2002 y 2012, la clase media en la Argentina se duplicó, destacándose además como el país latinoamericano con el mayor aumento de su clase media como porcentaje de la población total”. No lo menciona el Banco Mundial, pero este seguramente ha sido un fuerte condicionante en la decisión de muchas familias a la hora de elegir la escuela para sus hijos/as.

 

 

 

 

A estos diversos condicionantes descriptos por las investigaciones académicas existentes sobre la temática hay que complementarlos, en perspectiva analítica, con lo que ha significado el permanente ataque, denostación y menosprecio de lo público en general –y de la educación pública en particular–, sostenido sistemáticamente desde los sectores conservadores de la derecha. El objetivo es desprestigiar a la educación pública y, de esa manera, influir en la opinión pública y en la subjetividad de las familias a la hora de la elección de la escuela donde mandar a sus hijos. Este intento por desacreditar a la escuela pública no queda sólo en el terreno discursivo y en los ejercicios mediáticos, sino que objetivamente también se apoya en las políticas de ajuste que en los distintos períodos neoliberales han desfinanciado a la educación pública, han desmantelado todos los programas de inclusión socio-educativa y han achicado el presupuesto educativo, a excepción de los subsidios destinados al sector privado.

 

 

 

 

*El autor es secretario de Educación de CTERA.

 

 

 

 

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