LA PREPOTENCIA DE LOS FRACASADOS

 

El gobierno está sometido a un conjunto muy variado de presiones, que tienen en común el efecto de debilitarlo, de inmovilizarlo, de agobiar a sus dirigentes, y que apuntan a vaciarlo de contenido popular para finalmente separarlo de su base social.

Son conocidas las innumerables acciones políticas opositoras en ese sentido, pero también deben computarse en el mismo sentido las acciones económicas que desgastan al gobierno, como si un variado conglomerado de saboteadores se hubiera organizado para que vivamos constantemente en crisis.

Las actividades en el mercado cambiario deben computarse en ese contexto, así como la vociferación del ejército de economistas neoliberales proponiendo, como solución, el recorte del gasto público (incluidos IFE, Jubilaciones, AUH y ATP) y una devaluación adicional de la moneda. Es una visión ampliamente difundida en la derecha, que no solamente ha perdido toda capacidad de análisis económico serio, sino que extravió toda conexión con la realidad social en la que habita.

El público fanatizado de ese sector ha adquirido una dinámica propia, expresando abiertamente el pensamiento de sus mentores mediáticos. Luego del programa en el que Jorge Lanata interrogó a Carlos Melconián sobre las perspectivas económicas actuales, pudieron leerse en las redes palabras furiosas contra el economista porque él no consideró probable una hiperinflación en los próximos tiempos. Según los fanáticos antigobierno, traicionó al no vaticinar una hecatombe.

Pareciera que la necesidad de que al gobierno le vaya mal es una prioridad central, establecida por factores de poder muy importantes. Para ese poder fáctico, el fracaso del gobierno del Frente de Todos es mucho más relevante que el país pueda verse envuelto en una espiral de pobreza y degradación institucional. Temen que el Frente de Todos extienda sus apoyaturas sociales a través de una eficaz acción gubernamental. Todos los esfuerzos opositores apuntan a impedirla.

 

 

Devaluar al país

La actual presión cambiaria debe ser entendida dentro de ese contexto. El ministro Guzmán pensó que el acuerdo con los bonistas externos sería un factor que tranquilizaría a “los mercados”. Además, la negociación en curso con el FMI va a establecer, indefectiblemente, un próximo período sin pagos a esa institución. Y además hay importante superávit comercial… ¿Y entonces?

A los escasos actores locales que operan sobre las diversas cotizaciones del dólar no oficial, el marco estructural no les importa. Tampoco entienden la racionalidad a la que apuestan el Ministro y el Presidente.

El juego es otro, mucho más mezquino. Descubrieron que en la reducida piletita que son las Reservas del Banco Central hay poca agua, y empezaron el juego que mejor saben hacer. Para que esa piletita estuviera tan reducida –gracias al infausto legado macrista—, a lo largo del año hubo un llamativo nivel de importaciones y de pagos de deudas empresarias al exterior, que drenaron dólares, mientras presenciamos la consabida reticencia de los exportadores a liquidar dólares, una vez que creyeron en la posibilidad de una devaluación.

Sería completamente incorrecto, tanto desde el punto de vista conceptual como político, meter a lxs argentinxs que compran dólares, tanto para ahorrar, como para ganarse unos pesos revendiendo en el mercado negro, en la bolsa de los grandes especuladores. Ese tipo de confusiones ya se hicieron cuando se lanzó la Resolución Nº125, al no separar a los pequeños de los grandes jugadores, y se volvieron a repetir cuando se lanzaron las restricciones cambiarias a fines de 2011, tratando a todos los demandantes de dólares por igual.

Es un error: no son lo mismo, y están animados por lógicas de comportamiento completamente distintas. No hay que empujar a lxs argentinxs que pretenden realizar actividades económicas normales al campo ideológico de los especuladores y los delincuentes económicos. Claro, cuando se arriba al estadío de piletita, hasta sacar un baldecito de agua afecta. No habría que llegar hasta allí.

 

En la presión actual sobre el dólar confluyen tres pulsiones básicas del poder económico:

1. La pulsión especulativa tradicional. “Hacerse unos pesitos” sacándole dólares baratos al Banco Central, sin ninguna otra intención que un rebusque a costa del Estado bobo.
2. La pulsión devaluatoria, en la que coinciden todos los exportadores argentinos, como también todos los tenedores de activos dolarizados y dólares. Otro gran negocio desvinculado de la producción, que se presenta cada tanto.
3. La pulsión desestabilizadora, de una parte muy politizada del poder económico, que no tolera la mera existencia de un gobierno que no esté completamente subordinado a sus dictados. Creen que no tendría costos para ellos.

Lo cierto es que mientras el juego se desarrolle en la piletita —dónde sólo juega el Banco Central—, tienen posibilidades de hacerle daño al gobierno, y a todxs los argentinxs.

Testean si el gobierno está atado y limitado por sus propios límites conceptuales y por lo tanto dispuesto a respetar las “reglas del juego” establecidas a favor del poder económico, o si es capaz de impulsar una respuesta propia y original frente al desafío.

El gobierno comprende la enorme importancia política de quebrar las expectativas devaluatorias. Esperemos que se disponga a jugar con todos los instrumentos que tiene a su disposición.

 

 

¿Modelo exportador?

Algunos actores económicos y sociales parecen apostar a la devaluación como una salida a los problemas argentinos. Es el caso de la declaración firmada por la Asociación Empresarial Argentina y la cúpula de la CGT, en el mes de julio. Allí se habla de “Políticas públicas destinadas a movilizar la capacidad productiva y las exportaciones de bienes y servicios”. Se sabe que cuando la elite empresaria local habla de políticas públicas, no se refiere al desarrollo de Ciencia y Tecnología nacionales para fortalecer el entramado productivo nacional, ni a apoyar la innovación empresaria para conquistar mercados interesantes. Siempre desemboca en las propuestas más mediocres y subdesarrollantes que puedan concebirse: la devaluación, las quitas impositivas, el recorte del gasto público, y la degradación salarial. No hay palabras para calificar que un documento así pueda ser refrendado por la CGT.

En términos realistas, una devaluación no tendría capacidad de agregar demasiados dólares a la balanza comercial argentina, además de que seguiría pendiente el problema de la piletita: ¿le venderán los dólares al Banco Central o no? ¿Tendrán ganas?

En alguna época, algunos economistas heterodoxos tendían a pensar que con una sola variable, por ejemplo, un tipo de cambio alto, se tenía la clave para incrementar las exportaciones.

Hace ya mucho tiempo se demostró que con esa variable sola no alcanza, por diversas razones. Para exportar más tiene que haber países que quieran importar –cosa que depende de momento histórico de la economía mundial y no de la voluntad individual—, y capacidad exportadora, que a veces no existe, como ocurrió más de una vez con la muy rentable cuota Hilton de carnes seleccionadas para la Unión Europea.

Además, porque salir al mundo en los mercados de bienes estandarizados, donde se  compite exclusivamente vía precios, implica lidiar con los países con los salarios más bajos ¡y tratar de ganarles!

Ese argumento basado en un modelo fantasioso de exportaciones imaginarias le viene como anillo al dedo a quienes quieren bajar salarios, reducir impuestos y todo tipo de costos que afecten la rentabilidad empresaria. Se supone que para tener más “competitividad externa”.

Pero resulta que una política exportadora integral moderna requiere un conjunto amplio de medidas para encontrar mercados, eludir proteccionismos, garantizar cantidad y calidad de los productos, contar con buenos sistemas logísticos, proveer financiamiento adecuado, etc., etc., etc. Como los adalides del supuesto modelo exportador no reclaman nada de todo eso –porque implicaría un Estado más fuerte, inteligente y estratégico— cabe deducir que lo que piden es sólo para provocar transferencias internas a su favor.

Pero además, sorprende el desconocimiento de la realidad internacional de los promotores del modelo “exportador”. Hoy el mundo está atravesando una durísima crisis producto de la pandemia, que en realidad tapó los síntomas previos de crisis de la globalización neoliberal. Aún no tiene correlatos en el campo social y político, pero que sin duda alguna no conduce a “los felices '90”, como en su momento se burló Joseph Stiglitz de las fantasías que se generaron en relación a una globalización neoliberal de crecimiento indefinido.

Lo que viene, con o sin Trump, son políticas más proteccionistas, no mercados abiertos a quien quiera vender. Por lo tanto, se requerirá un comercio exterior con un enorme peso de los acuerdos políticos. No libre mercado, sino intercambios compensados.

La devaluación a secas es sólo una forma de degradar los ingresos de las mayorías, no para exportar más, sino para ganar más a costa de otros actores sociales. Si detrás de esto hubiera algún modelo de acumulación, alguien, en nombre del puro crecimiento económico, podría entusiasmarse. Pero en la Argentina, donde la cúpula empresarial no invirtió ni cuando gobernó junto al incompetente de Macri, suena ridículo esperar un modelo de crecimiento exportador, ya que finalmente requiere inversión productiva.

 

 

Leyes progresistas para evitar la depredación privada

Afortunadamente, parece estar aflorando una nueva consciencia en el campo oficialista, desmarcada de la mirada autocomplaciente en una elite que sigue militando en el bando del fracaso nacional. Macri y sus amigos en el empresariado siguen pensando que hicieron las cosas muy bien, y que es sólo la existencia de otros sujetos en la sociedad la que daña sus sabios planes.

Nuevos proyectos legislativos dan cuenta de que se puede abandonar definitivamente la resignación social a tener un Estado bobo, funcional a los delincuentes privados.

El salvajismo social que expresa la quema intencional de bosques, pastizales y otros entornos naturales a favor del avance de negocios particulares, hasta ahora venía pasando inadvertido por el mundo legislativo. Un grupo diverso de diputados, encabezado por Máximo Kirchner, presentó un proyecto de ley de protección de ecosistemas, para evitar la especulación financiera e inmobiliaria con las tierras: se prohibirá por décadas realizar modificaciones del uso que tenían previo a los incendios —provocados o accidentales— en áreas naturales protegidas, humedales y zonas agrícolas afectadas por estos desastres.

También se está tratando una ley impulsada por la diputada Fernanda Vallejos que prohíbe la ayuda estatal a empresas y personas con activos en guaridas fiscales. Se evitará así que el Estado transfiera subsidios, otorgue garantías, promueva exenciones impositivas y/o beneficios fiscales a personas y sociedades con activos offshore, vinculadas o ubicadas en guaridas fiscales y evasores de obligaciones fiscales. Si alguien llega a decir públicamente que esta ley genera “temor” o “desconfianza” en los mercados, o que “desalienta” las inversiones, seguramente representa a algún tipo de delincuencia económica.

El país empieza a poner algunos límites a un comportamiento depredador, que sólo puede darse en el marco de un Estado que fue despojado de sus capacidades para controlar y sancionar, y que fue habitado por un personal político abúlico o cómplice.

 

 

 

Un 17 de Octubre para Alberto

El gobierno nacional está sometido a un asedio que parece no tener fin. El proceso es muy desgastante, y apunta a desequilibrar a las principales autoridades, a hacerlas trastabillar. La perversión de la situación se refuerza por el resultado lamentable del gobierno macrista, que obliga a que todo ese bloque político social apueste fervorosamente a que la actual gestión tenga un desempeño aún peor, para demostrar la bondad de lo vivido entre 2016-2019.

El cerco no es sólo material, político, comunicacional. Apunta también a las emociones, y a debilitar la voluntad de construir un país mejor. El macrismo y sus apoyos empresariales, mediáticos y judiciales quiere demostrar que no hay país mejor que la ruina que dejó luego de su pésima gestión. Necesita poner un techo a las posibilidades de que la Argentina despegue y sea otra.

El gobierno debe evitar el peligro de que le tomen el tiempo, que los acuerdos sean vaciados por hechos consumados como lo ocurrido con los exportadores. Que la voluntad de diálogo sea bastardeada, transformándose en intercambios inconducentes. Que lo destraten públicamente al Presidente, como hicieron los empresarios de IDEA mientras les dirigía la palabra planteando puentes de colaboración productiva.

El Presidente de la Nación Argentina no es un primus inter pares de CEOs, por más importantes que se crean en su micromundo. La Nación es mucho más importante que sus minorías enriquecidas.

Alberto Fernández es el Presidente de la Nación Argentina. Puede ser que eso al poder económico le diga poco y nada porque la anomia de las prácticas sociales llegó también a la de las ideas y las representaciones imaginarias. Creen que se puede hacer cualquier cosa.

Pero no debería ser así para el gobierno nacional y su coalición política. Urge que se comporten como gobernantes del país, no como consultantes, ni como mendicantes ante un poder económico que sólo reclama más desastres, y que interpreta la buena voluntad como debilidad.

Frente al espacio del desaliento conservador, hay una fuente inagotable de energía esperando para emerger, para dar vitalidad y estímulo a un gobierno al que otros intentan deteriorar.

Esa energía popular, para desatarse como en un lejano 17 de octubre, no necesita resignación, sino esperanzas y acciones reparadoras.

 

 

 

 

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