La posverdad al palo

 

Desde la crisis de 2015 en la Argentina distintas subjetividades –intelectuales, periodistas, políticos, representantes de movimientos sociales, presos políticos– están señalando con insistencia que la categoría reflexiva “mafia” tiene que ser incluida en la teoría del Estado del gobierno de la Alianza Cambiemos para entender cabalmente sus formas políticas, sus lógicas y sus maneras destructivas para la vida en común.

Esas insistencias o denuncias fueron desestimadas por medio de una operación implementada por una de las mediaciones más representativas del imperialismo en la Argentina: el diario La Nación. El 15 de noviembre de 2018 publicó “‘Ndrangheta, la multinacional del crimen”. Ese texto antológico, en referencia a Sudamérica, decía: “Hay decenas de hombres de la organización que viven allí de manera estable. Se han casado y tienen familias en Colombia, en Bolivia y en Perú, y de ahí hacen llegar a Europa toneladas de cocaína”. En otro pasaje: “Los controles en Colombia han obligado a los proveedores de la ‘Ndrangheta a transportar la coca en camiones por la selva amazónica, llegar a Brasil y embarcarla en el puerto de Santos (en el Estado de São Paulo, el más grande de Sudamérica)”. El artículo, sin explicitarlo, muestra que los circuitos mafiosos latinoamericanos pasan por Colombia, Brasil, Bolivia, Perú. La Argentina: ¡bien, gracias! La Nación quiso convencernos de que en el país no hay nada de mafia, no aparece ninguna de sus formas, que la Argentina está despojada de sus manifestaciones.

Ese texto responde a la lógica de la negación o el ocultamiento. Lógica que se manifiesta cada vez que la mafia es identificada como tal. Una película profundamente dramática del cine italiano –I cento passi (2000), de Marco Tullio Giordana–, ambientada en Sicilia, en Cinisi, uno de los lugares con mayor densidad mafiosa de la isla y de Italia, habla de las tensiones entre un militante comunista (que venía de una familia mafiosa), Peppino Impastato, y el poderosísimo boss del lugar, Tano Badalamenti. Zzu Tano asesina antes al padre de Peppino, su primo –Luigi Impastato– y poco después al propio Peppino, escenificando un “acto terrorista”. Luego de asesinar a Luigi, Zzu Tano visita a Peppino y a su hermano en la pizzería que regenteaba el padre. Se prepara un café, se sienta en la mesa de los hermanos y con ademanes “corteses” amenaza a ambos. Le recuerda a Peppino las palabras que este había usado frecuentemente para denunciarlo. Se las recita de a una: “Tano Sentado, cara pálida, profesional en represión y contrabando de heroína”. Tano sigue: “Y entonces me pregunto: toda la droga que pasa por Punta Raisi, ¿la contrabandea Tano? Entonces, todas las refinerías que están escondidas entre las matas son de Tano? ¡Pero entonces Tano es un monstruo! Tano es el diablo, Tano es la maldad en persona, Tano es tintu. ¿Pero quién dice estas cosas? ¿Y sobre todo, cómo puede decirlas? ¿Lo vio a Tano hacer estas cosas? ¡No, no lo vio! ¿Lo vio a Tano comprar la droga? ¡No lo vio! Que la refinaba, que se la metía en el bolsillo, que la llevaba a América, ¿lo vio? ¡No lo vio! No lo vio, pero estas cosas las dice igual”. Aquí hay una enseñanza que Tano quiere inculcarle a Peppino y a Giovanni: lo que no se ve, no existe y se ocupó personalmente de ir a negar su identidad frente a Peppino que venía denunciándolo enfáticamente en la calle, en actos militantes, en la radio Aut. Tano formula una posverdad: soy un mafioso pero puesto que no me viste, no lo soy.

 

 

La lógica de la negación y el ocultamiento no es de incumbencia exclusiva ni de Tano ni de La Nación. En la Argentina post crisis de 2015 es de incumbencia también del propio Presidente de la República. En 2018, con motivo de la toma de juramento de Jorge Faurie, el Presidente señaló a Héctor Recalde como el líder de una mafia. Lo mismo dijo de algunos sindicalistas. No soy yo, son los otros: una forma parecida a la de Zzu Tano. En el discurso de inicio del 137° período de sesiones ordinarias en el Congreso el señor Presidente volvió a insistir: “Hoy hay un equipo que gobierna pensando en el largo plazo. Un estado que combate las mafias y previene la corrupción”. Afirmación complementada por un lapsus antológico de la historia política nacional: “También estamos frenando la entrada de las bandas por nuestras fronteras, como la frontera norte, que ahora con el apoyo del narcotráfico, del, del Ejército, fortalecemos la lucha contra el narcotráfico”. Otro ejemplo de la misma lógica.

Para entender cabalmente estas emergencias (intervenciones y lapsus), es necesario situarlas en el contexto del affaire D’Alessio/Stornelli investigado por una forma nacional de la ética, que tiene nombre del Juez Alejo Ramos Padilla. Sus investigaciones le han demostrado al país el vínculo entre crimen organizado, corrupción, administración pública, ilegalidad y funcionarios del gobierno. Su intervención en el Congreso de la Nación ha demostrado cabalmente la penetración mafiosa en los distintos ámbitos de la vida política nacional. Ámbitos de diálogo entre la política, el empresariado, la “justicia”, las instituciones y la sociedad civil. Su investigación está demostrando los hilos reticulados de una organización criminal cuyos integrantes forman parte de un aparato estatal y paraestatal, que vinculan paradójicamente la justicia y la injusticia, que extorsionan, que llevan a cabo tareas de inteligencia, y que tienen vínculos con el Ministerio de Seguridad y con la propia Presidencia de la Nación.

La lógica de la negación y el ocultamiento en las últimas semanas ha sido denunciada también por distintas formas políticas de la ética. Esta se manifestó por medio del diputado Leopoldo Moreau, que refiriéndose a las investigaciones de Ramos Padilla, dijo: “Si no somos capaces de impedir que el Poder Ejecutivo lleve adelante un atropello de esta naturaleza, es porque estamos aceptando que se terminó el Estado de Derecho y hemos pasado a un Estado de excepción conducido por una mafia”. No se trató de una voz aislada en el desierto. Desde otra tradición política se pronunció al respecto también el diputado marxista Nicolás del Caño: “Los intentos desesperados del gobierno de Macri por desplazar el Juez Ramos Padilla son una muestra clara de que no quieren que se revelen más datos sobre el espionaje ilegal y de todo el entramado mafioso que involucra a servicios, jueces, fiscales y miembros de la coalición de gobierno”.

El Ejecutivo responde a estas denuncias enfatizando una vez más la lógica de la negación y el ocultamiento. "El presidente Mauricio Macri inaugurará este lunes el Seminario Antimafia Ítalo-Argentino, un encuentro bilateral para compartir las experiencias en el combate contra el crimen organizado". Lo impulsó el diputado cívico-libertador Fernando Iglesias, presidente del Grupo Parlamentario de Amistad con Italia. El acto de apertura será en la Cúpula del CCK, a las 16. El Seminario Anti Mafia Ítalo-Argentino se llevará a cabo entre el 25 y 28 de marzo y participarán también la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; la Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Laura Alonso; la Vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti; el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz (https://cijur.mpba.gov.ar/files/articles/964/Seminario_Antimafia___Programa_DEF.pdf). Hay otros participantes, por cierto: el Embajador italiano en la Argentina, Giuseppe Manzo, quien revocó un auspicio institucional –una forma de censura a la libertad de expresión– a la Jornada “Nuevas Perspectivas de la Investigación Social sobre Italia en la Argentina”. Con una carta del 4 de octubre de 2018 se le notificó a la organización de ese evento científico-académico la decisión de declinar la intervención diplomática porque “los contenidos de la iniciativa, tal como se encuentran detallados en el borrador del programa [...] no presentan, en forma alguna, las condiciones ni los requisitos necesarios para una participación por parte de esta Embajada ni de ninguna otra Agencia o Ente italiano presente en la Argentina” (no. de protocolo: 2248).

Puesto que hoy es el 24 de marzo, día por la Memoria, por la Verdad y la Justicia, una iniciativa indeclinable –del campo popular y de las fuerzas sociales y políticas que asumen esa representación y sus formas militantes– debe ser fundar una Comisión Parlamentaria Antimafia que encarne una oposición a las mafias de manera sistemática, que pueda reafirmar la presencia del Estado y el principio de legalidad que la Alianza Cambiemos ha destruido junto con el Estado de Derecho.

 

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