LA POLÍTICA DEL TIKI-TAKA

 

Desde el viernes 30 de octubre varios pabellones de distintas unidades en la Provincia de Buenos Aires fueron tomados por los presos. Una protesta que se extendió rápidamente por toda la provincia: unidades 31 de Florencio Varela, 48 de San Martín, 37 de Barker, 1 de Olmos, 9 de La Plata, 40 de Campana, 44 de Batán. El objeto de la protesta son las visitas y las libertades correspondientes a la progresividad de la pena. Ahí entran reclamos por la asistida, la condicional, la transitoria, la conmutación de penas (3x1), la situación de madres con hijxs, personas mayores y de riesgo por Covid-19. El telón de fondo es la pandemia pero también los problemas de siempre exacerbados por la pandemia: sobrepoblación y hacinamiento. La respuesta del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) fue una represión urgente, contundente y feroz. Según distintos organismos de derechos humanos, hacía mucho tiempo no se veía semejante ensañamiento.

Hay muchas imágenes que circularon por las redes sociales y los medios nacionales. Van a tener que pasar muchas semanas para hacer un diagnóstico y saber el tamaño de la represión que incluye no sólo balas de goma a los internos y a lxs familiares que se habían acercado hasta las unidades para solidarizarse sino también palazos, puñaladas, quemas de centros de estudiantes universitarios y la rotación de presos que angustia a lxs familiares ya que durante días o semanas no sabrán nada de ellos.

 

 

La visita, los afectos y libertades

La visita fue el detonante de la protesta y la primera reivindicación de lxs internxs en las mesas de diálogo que se pudieron abrir. Para entender lo que se juega en esa reivindicación hay que tener en cuenta lo que representa la visita. La visita no sólo es la que provee alimentos, abrigo y enseres personales que no aporta el SPB sino también los afectos. El encierro, hecho soledades y mucho tiempo muerto, se tramita con afectos y amistades que fueron interrumpidos con la pandemia. Los celulares funcionaron como paliativos. Una lucha de muchos años que encontró en esta suerte de cuarentena dentro de la cuarentena la oportunidad de concretarse, lo que permitió a lxs detenidxs y sus familiares sostener una comunicación fluida durante estos meses de aislamiento sin visitas. Pero los celulares no alcanzan para transitar el encierro. Los afectos, el cariño y los artículos materiales que garantiza la visita no se reemplazan con la virtualidad.

La visita es parte fundamental de la comunidad carcelaria. Por eso, en un contexto de mucha incertidumbre, fue la gota que rebalsó el vaso. La promesa de que volvería la visita y su posterior suspensión en varias oportunidades (por ejemplo para el Día de la Madre) detonó otros conflictos latentes que se venían pateando para delante, por ejemplo la tramitación de las transitorias y la liberación por cumplimiento de condena.

 

 

Motines, violencia y umbrales de tolerancia

Los motines, batucadas y huelgas de hambre en las cárceles no son una consecuencia directa de las condiciones de encierro. Si fuera así, hace rato que las cárceles hubiesen volado por los aires. Sin dudas la sobrepoblación, el hacinamiento y el tratamiento agresivo de lxs penitenciarixs vuelve cada vez más insoportable la vida cotidiana, pero hay otros factores que se deben tener en cuenta para comprender las violencias carcelarias. Por un lado, la incapacidad del Estado para tomar y canalizar las demandas de lxs privadxs de la libertad, es decir para agregar y procesar políticamente hablando las circunstancias que ellxs referencian como problemáticas e injustas. Y por el otro la rabia que genera experimentar la indolencia de las autoridades. Entre las inacciones y vaivenes de lxs funcionarixs y las vivencias de lxs presxs hay una correspondencia que merece ser explorada.

En efecto, cuando lxs funcionarixs tienen dificultades o se niegan a abordar y trabajar los reclamos de lxs presxs, pero sobre todo cuando lxs jueces siguen trabajando en cámara lenta, mirando en muchos casos para otro lado, la violencia suele ser un recurso tentador al alcance de la mano de lxs internxs para manifestar esa rabia contenida y exponer la indiferencia de aquellxs funcionarixs. Los motines entonces se transforman en una caja de resonancia para hacer ver los problemas que el Poder Judicial no quiere ver o se niega a tramitar, un modo de manifestar un reclamo que lxs dirigentxs de turno eligen no escuchar porque están más preocupados en llevarse bien con sus audiencias electorales que poco o nada quieren saber de la vida al interior de la cárcel. Se trata entonces de ubicarse como interlocutorxs urgentes. Son problemas que se sabe que existen y nadie se hace cargo. Por eso se necesita hacer mucho ruido para llamar la atención.

No es fácil llegar a un motín. Lxs presxs invierten mucha energía y toman demasiados riesgos. Su vida, ni más ni menos. Está visto que son los que más tienen que perder con los traslados forzados, los engomes, las balaceras y palizas durante la represión, los nuevos procesos o sanciones que estiran su condena, etcétera. De modo que lxs presxs siempre buscan otros canales de negociación. Si la protesta llegó hasta los techos de los pabellones es porque las puertas de la mediación no se abrieron o se abrieron y se cerraron.

De modo que cuando la situación de injusticia supera determinados umbrales de tolerancia –y está visto que los umbrales de lxs presxs son demasiados altos– puede derivar hacia otras formas de protestas. Si los juzgados no responden, lxs funcionarixs no escuchan, las mesas de diálogo no tienen consecuencias favorables, las autoridades de las unidades y sus trabajadores se manejan con la impunidad del verdugueo constante, entonces no queda otra que resistir poniendo el cuerpo a través de batucadas, huelgas de hambre o motines. Eso es lo que ha pasado en la última semana.

Estas protestas no siempre son pacíficas y les cuestan muy caro a lxs internxs, porque se exponen a represiones que quedan grabadas en el cuerpo y la subjetividad pero también en el expediente y la ficha de cada unx. Todo eso se sabe a la hora de encarar una medida como esta. Pero se decide continuar porque la pelea es más amplia. “Históricamente en la cárcel los derechos nos los ganamos nosotros, peleándola”, afirman.

Nos parece importante hacer la siguiente aclaración. Cuando usamos la palabra motín estamos corriéndonos de las connotaciones negativas con las que suele estar envuelta esa categoría, sobre todo cuando cae de la boca de muchos animadores y periodistas de la gran pantalla que asocian la palabra al desorden, el caos y la pura violencia. Acá motín es empleado para nombrar uno de los repertorios de acción colectiva que tienen lxs presxs a disposición en la cárcel. Un repertorio de larga duración que no es una respuesta espasmódica a una necesidad insatisfecha sino una acción concertada que encuentra en la tradición oral un marco y criterios que les permiten orientarse en un conflicto muy asimétrico. Recordemos que la palabra motín viene del francés anticuado mutin, que significa mover. El motín es lo que mueve las cosas de su lugar y muchas veces las cosas no se mueven, mal que nos pese a todxs, sin rabia, sin violencia. Una violencia expresiva, puesto que quiere llamarse la atención, comunicar algo.

La protesta social en las cárceles se vuelve violenta no sólo cuando se cierran los canales políticos y judiciales, sino cuando se sobrepasan determinados umbrales de tolerancia que resguardan las condiciones mínimas para la vida de los internos. Y que conste que esas condiciones mínimas suelen estar muy por debajo de las condiciones de vida de los sectores populares. Los agravios operan dentro de un consenso carcelario. Sólo cuando se superan los umbrales de tolerancia y se altera o rompe el difícil equilibrio, que hace que la vida en la cárcel se vuelve un atropello a los supuestos morales, sobreviene la ocasión para derivar hacia la acción colectiva directa y violenta. El objetivo de la protesta es reponer los límites de tolerancia, y si es posible mejorarlos también. Porque con cada reclamo más o menos exitoso se abre una ventana de oportunidades políticas que les permitirá a lxs presxs poner sobre la mesa otras quejas, actualizar viejas demandas que tampoco eran despachadas por lxs penitenciarixs, o siendo despachadas vía los organismos de derechos humanos o las universidades púbicas tampoco eran tomadas por operadorxs judiciales y muchas autoridades políticxs. Los reclamos canalizados a través de las tomas o motines, autolesiones (coserse los labios de la boca con alambre) y las huelgas protagonizadas por lxs presxs no son espontáneos, y tampoco operan en el vacío. Hay una memoria colectiva que atraviesa el imaginario de lxs presxs. No necesitan demasiada organización, sólo precisan un alto apoyo en sus pares y un modelo de acción heredado, con sus objetivos y restricciones, para presionar a lxs funcionarixs a que repongan los umbrales de tolerancia en torno al bienestar cotidiano.

 

 

Entre internas, desmanejo y delegación

Desde hace mucho tiempo los agentes del Estado vienen jugando al tiki-taka, pasándose la pelota entre ellos. Esto no empezó con este gobierno y tampoco con la pandemia. El Poder Ejecutivo carga la respuesta a la cuenta del Poder Judicial y el misterio público, y los operadores judiciales y el procurador con sus fiscales generales insisten que es son problemas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y su gobernador. Acaso este peloteo es otro factor que deberíamos tener presente a la hora de pensar las continuidades entre las distintas gestiones hechas, además de inercias burocráticas, de falta de imaginación y decisiones políticas oportunas. Continuidades que nos hablan del encarcelamiento masivo y las letalidades que vienen registrando distintos organismos de derechos humanos.

Pero la gestión está hecha de contingencias. Repasemos algunos factores que estuvieron operando detrás de la protesta. En primer lugar, el malestar entre lxs penitenciarixs. Hay un ala dura dentro del SPB, encabezado por Juan Vaccaro, actual subjefe, que hace rato está levantando la mano para ocupar el puesto del jefe Xavier Areses, quien viene de la gestión anterior y algunos penitenciarios quieren sacárselo de encima no sólo porque su turno ya pasó sino por diferencias de estilo en la conducción. Vaccaro es el Berni de los penitenciarios. Por eso se vio en algunas unidades a penitenciarios abriendo los patios para que los presos se suban a los techos (Barker) o prestándoles una escalera a los internos para que se trepen a los mismos (Unidad 31 de Varela). Con ello no pretendemos restarle legitimidad a la protesta sino dar cuenta de su complejidad. Primero te prestan una escalera y después te mandan al grupo de choque de “Requisa Especial”.

 

 

 

 

En segundo lugar, la política penitenciaria está muy desdibujada todavía. La subsecretaría de Políticas Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, encargada de la articulación del Ministerio con el SPB, sigue vacante desde que asumieron las nuevas autoridades. Algunos ofrecimientos a excelentes candidatos fueron rechazados, ciertas propuestas de profesionales con antecedentes cuestionables fueron objetadas por organismos de derechos humanos, a los que el ministro Julio Alax escucha con oído atento.

Y tercero, la ausencia absoluta del Ministerio Público Fiscal, no sólo de Julio Conte-Grand sino del resto de lxs fiscales generales. Ninguno de ellxs apareció por las unidades y participó de las negociaciones que se hicieron tras los motines. También brilló por su ausencia la Suprema Corte de Justicia de la provincia.

Por supuesto que no todo es política. Detrás de las presiones de algunos sectores del SPB hay otros intereses económicos. Todo se compra y se vende en la cárcel: los traslados, las visitas, las drogas, la asistencia sanitaria, el acceso a los estudios, etcétera. La cárcel, nos enseñó Pilar Calveiro en el libro Violencias de Estado, es un gran mercado y una excelente oportunidad para hacer muchos negocios. Por ejemplo, lxs penitenciarixs suelen inflar la cantidad de personas privadas de libertad para quedarse con el monto que demanda la vida de esos internos ficticios. De hecho el Ministerio de Justicia detectó 900 nombres que no tienen paradero, ni siquiera puede ubicárselos en la famosa “calesita”. Si cada preso le cuesta al Estado 45.000 pesos por mes, que el lector multiplique la plata que eso representa. También los motines pueden transformarse en otra oportunidad para hacer negocios: cuando se rompe la cárcel hay que arreglarla, es decir habrá que hacer muchas contrataciones de bienes y servicios.

Como se ve, el SPB tiene la capacidad de generar presiones y gestionar las ansiedades en los pabellones de muchas maneras: generando traslados, metiendo rumores, haciendo requisas, restringiendo la visita, suspendiendo las actividades recreativas, educativas o laborales al interior de las Unidades, provocando, verdugueando, extorsionando, etcétera. Es probable que el SPB haya habilitado la protesta para dar paso a la represión.

Pero también porque el SPB sabe que la gestión del castigo está en una zona gris donde se mezclan las competencias de los distintos poderes. Las cúpulas penitenciarias  utilizan esos vaivenes, el tiempo que le lleva a los poderes del Estado ponerse de acuerdo, si es que logran hacerlo. Los desmanejos y la incapacidad política persistente de una gestión a otra crean condiciones para que el SPB haga lo que quiera.

El actual contexto en las cárceles pone al gobierno en una situación difícil y suma angustia a lxs presxs y sus familiares. Demuestra la importancia de contar con una conducción política de las fuerzas penitencirias. Acá hay muchas tareas pendientes, que se vienen postergando desde hace muchas gestiones.

El pase de la pelota entre los poderes del Estado y el desgobierno están detrás de la protesta social carcelaria, que fue aprovechada por algunos sectores del SPB para hacer su juego también. La protesta tiene todavía un final abierto. Pero hay algo que queda claro en medio de la niebla y lo difuso de los hechos sucedidos en estos días: seguimos con la certeza de que el problema de las cárceles no puede seguir pateándose para adelante. Son muchas las continuidades que hay que desatar. Y encima se acerca la Navidad.

 

* Becaria de CONICET, docente de la UNLP, da clases en cárceles y es integrante del NESBA y del Colectivo Atrapamuros. Coautora de Derecho penal y penas ilícitas.

**Docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes. Director del LESyC y la revista Cuestiones Criminales. Autor entre otros libros de Vecinocracia: olfato social y linchamientos y Yuta: el verdugueo policial desde la perspectiva juvenil. Coautor de Derecho penal y penas ilícitas.

 

 

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