La política del hecho concentrado

 

Acaban de cumplirse tres años de la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), por la afectación a la libertad de expresión, de información y a la comunicación producido por los tres decretos del Poder Ejecutivo que modificaron la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Participaron de esa audiencia por el CELS su presidente Horacio Verbitsky, que además de realizar una introducción a la afectación de la norma ofició presentando al resto de los peticionantes, como el secretario de la comisión directiva del CELS y vicepresidente de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), Damián Loreti, quien se refirió a la incompatibilidad de las nuevas regulaciones con los estándares del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos; Martín Becerra, por la Universidad Nacional de Quilmes, se refirió a la concentración y sus daños; Daniel Badenes, también de la Universidad de Quilmes, representando a Redcom, integrada por 26 carreras de Comunicación de todo el país, expuso sobre la afectación específica que las medidas del Poder Ejecutivo tienen sobre el sector universitario; Néstor Busso, por el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), describió la afectación en las radios comunitarias, las cooperativas y pueblos originarios.

Ana Jaramillo, rectora de la Universidad Nacional de Lanús, se refirió al petitorio presentado ante la CIDH “para que intervenga y solicite al Estado medidas que impidan la consolidación de las regresiones, que evite nuevas vulneraciones y cumpla con los principios de protección de la libertad de expresión”. El petitorio solicitaba que la CIDH requiera al Estado argentino “el apego a los Principios Interamericanos de democratización de los medios: pluralismo, diversidad, no concentración, autonomía de los entes reguladores y reconocimiento de los tres sectores de la comunicación audiovisual, el sector público, el sector comercial y el sector sin fines de lucro”. Asimismo, requería “que repare los aspectos de la comunicación ya vulnerados, que acepte el asesoramiento técnico ofrecido por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la reciba en visita oficial”. Finalmente, que “garantice la transparencia, la participación plural y la representación sectorial en la elaboración de toda norma relativa al derecho a la comunicación, así como de los mecanismos de regulación y control”.

También expusieron sobre los efectos que las medidas transitorias tuvieron a favor de la concentración y en contra de la pluralidad y la diversidad el representante de las pequeñas y medianas empresas de comunicación, Osvaldo Francés, y por las cooperativas, Oscar Noceti.

 

 

Integraron la mesa de la delegación que envió el Gobierno en representación del Estado argentino el secretario de derechos humanos y pluralismo cultural de la Nación, Claudio Avruj, quien se limitó a un discurso político partidario sobre su parecer de lo que sucedía en el gobierno anterior; Miguel de Godoy, presidente por ese entonces del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), que realizó promesas; Santiago Cantón, secretario de derechos humanos de la provincia de Buenos Aires, ex relator de la CIDH para la libertad de expresión, quien asestó otro discurso político contra el gobierno anterior; Eduardo Bertoni, director nacional de protección de datos personales y ex relator de la CIDH para la libertad de expresión, quien refirió a la aplicación deficiente de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sin mayores argumentos. Lo mismo hizo al referirse a la Ley Argentina Digital.

Bertoni expuso que "impulsar una nueva normativa es una clara decisión de política pública del actual Gobierno”.

 

 

 

También en la mesa en representación del Estado estuvo la directora del ENACOM y ex presidente de la comisión de libertad de expresión de la Cámara de Diputados, Silvana Giudici. La comisión que envió el gobierno estuvo lejos de responder a los planteos que los peticionantes realizaron; prefirió realizar un discurso político partidario, enumerando desde su óptica la falta de libertad de expresión que vivía nuestro país antes de ellos.

La respuesta a las promesas por parte de los representantes del gobierno llegó al final, casi colándose, mientras el presidente de la CIDH James Cavallaro tomaba la palabra y se dirigía a los peticionantes para que dejen en claro cuál era su pedido. El presidente del CELS irrumpió lamentando "que la delegación del Estado argentino haya perdido sus preciosos minutos en hablar del pasado y no contestar una sola de nuestras observaciones del tremendo daño que está causando esta legislación transitoria, porque es transitoria, pero tiene efectos jurídicos que ya se están llevando a cabo”.

Poniendo foco a la actitud de los representantes del gobierno en desconocer los efectos adversos que ya impactaban con los decretos modificatorios de Macri, Verbitsky continuó: “Por un lado han hablado de un gobierno que hoy no existe, han hecho una serie de descargos de tipo político totalmente respetables pero impertinentes, y por otro lado han formulado una expresión de deseos... Están elaborando un proyecto que va a cumplir… Veamos si va a cumplir. Lo que han hecho hasta ahora no cumple... Respecto de la participación y del pluralismo, a las autoridades anteriores las sacaron con la policía antes de firmar el decreto que realizaba la intervención. Eso es lo que nosotros vemos ya producido, ojalá lo que están ofreciendo se produzca, pero hasta ahora no ha sido así”.

 

 

 

 

En el programa Habrá Consecuencias que se transmite de lunes a viernes de 7 a 10 por Radio El Destape, recordaron aquella audiencia y entrevistaron al mayor especialista en el tema, el doctor Damián Loreti, también redactor de la LSCA, quien expresó que “a tres años de la audiencia las cosas fueron tal cual planteó el conjunto de organizaciones que encabezó el CELS y hasta en algún sentido terminaron siendo peores”. Sobre la promesa de una nueva normativa por parte del Gobierno, “fueron los 17 puntos de lo que se llamaron las Comunicaciones Convergentes. Ese es el único documento que salió oficialmente del ENACOM”. Sobre esos 17 puntos indicó que “se podían compartir 2 que eran tan genéricos que era muy difícil decir que estaban mal. Los otros 15 eran perfectamente rebatibles, opinables y como política pública un desastre”. Agregó que “la discusión del proyecto de ley ya tuvo 5 prórrogas, por llamarlo de algún modo, porque nunca comenzó a correr el tiempo en serio de 180 días hábiles, por lo tanto hoy seguimos en prórroga de un proyecto que nunca se mostró”.

 

 

En la entrevista se lo consultó por la concentración de medios a tres años de la audiencia:. ¿se atenuó, se mantiene igual o se agravó? Loreti aseguró que “se agravó por arriba y por abajo. Porque al permitir la compra-venta de licencias y ampliar los techos de concentración para los medios abiertos; sacar al cable de la ley de comunicaciones para pasarla a la ley de telefonía y anexos, quitaron toda regla sobre concentración del negocio”, explicó, y dio como ejemplo la fusión de Telecom con Cablevisión. También indicó que varios medios “tamaño medio desaparecieron como también varios medios chicos”, y se refirió al rol de los medios públicos: “Inexistente, por los despidos y resoluciones atroces en términos de pluralismo como sacar a los periodistas en un contexto electoral del servicio informativo de canal 7, que es un canal público”, y como dato negativo señaló  “el desfinanciamiento de las universidades, que les quitó espacio para mantener buena programación en las radios y en los pocos canales que se hicieron”.

“No alcanza con reducir la concentración solamente, sino que se trata de cambiar el mecanismo de concentración y de crear espacios de pluralismo con visibilidad. Hay que discutir qué señales, dónde y cómo”, explicó y graficó con el ejemplo de Cablevisión Flow, "que desconoce el área de cobertura. La televisión web también desconoce la regla de área de cobertura", concluyó, dejando en claro que un futuro gobierno interesado en una nueva regulación deberá estudiar estos puntos.

Tres años después, las promesas realizadas ante la CIDH por parte de los representantes del Gobierno que en palabras de Bertoni era la “de impulsar una nueva normativa”, forman parte de la larga serie de promesas incumplidas del gobierno de Macri. Desde FARCO señalaron esta semana que ENACOM debe casi 1000 millones de pesos que corresponden al fomento de medios comunitarios, indígenas y de frontera. El último incumplimiento del organismo fue no anunciar en su última reunión del Directorio los proyectos ganadores de una línea de fondos del año 2017, como se había comprometido.

 

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