La Policía, jueza y parte
Violencia e irregularidades en el modelo de Chubut
El Ministerio de la Defensa Pública de Chubut ordena desde 2004 la prueba de la violencia sistemática de la policía de Chubut, lo que se difunde en informes del Banco de Datos de Casos de Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes. Este año informó sobre la escalada de casos bajo las gestiones de Federico Massoni y Leonardo Das Neves como ministros de Seguridad. Esa violencia sistemática requiere y obtiene protección política tanto del propio Poder Ejecutivo como de una parte del Poder Judicial, lo que puede constatarse en algunos casos y deducirse en otros.
En mayo del año pasado, el comisario general César Ricardo Brandt llegó a titular de la jefatura provincial a pesar de haber cumplido una condena judicial por el delito de abuso de la autoridad como responsable de la ejecución de una orden de desalojo realizada en 2003 contra la comunidad mapuche-tehuelche Vuelta del Río en el noroeste de la provincia. En un contexto ordinario, esa condena le habría costado la carrera. De nada valieron los numerosos reclamos contra esa designación de los organismos de defensa de los derechos humanos, ni institucionales del Estado nacional.
La jefatura de Brandt recibió y protegió algunos de esos hechos de violencia que la Defensoría Pública documenta y denuncia. Antes de la represión masiva en Jujuy, la policía de Chubut estaba considerada entre las más violentas del país, de acuerdo a los informes públicos oficiales.
En las próximas semanas, tras la feria de invierno, se reanudará la disputa judicial por dos casos que revelan la cotidianeidad, amplitud y creatividad de trama de poder de la Policía durante el final del mandato de Mariano Arcioni.
Espíritu de cuerpo
El 22 de marzo del año pasado, un control vehicular en un puesto caminero en el noreste de Chubut derivó en la persecución judicial contra un defensor público en funciones en Rawson. Tres varones, adultos, ingresaban a la provincia en un viaje privado. Omar López, defensor oficial, viajaba en el asiento posterior de un vehículo. El chofer de la camioneta se identificó e identificó el vehículo en el puesto caminero Arroyo Verde. López se identificó verbalmente y no exhibió su DNI, considerando que no era necesario hacerlo en vigencia del Estado de derecho. La policía grabó el episodio con una cámara que se coloca en la solapa y dio aviso a sus superiores inmediatamente, entendiendo que el hombre se resistía a su autoridad.
El grupo reanudó el viaje. Poco después, una patrulla interceptó al vehículo en la ruta, en una maniobra de riesgo, según López. El comisario inspector Enrique Osvaldo Hess, segundo jefe de la Unidad Regional de Puerto Madryn, y la oficial subinspectora Samantha Canteriño realizaron el procedimiento sobre la ruta nacional n.º 3. Hicieron bajar a López del vehículo, retomaron el debate sobre derechos y obligaciones de los funcionarios públicos y de los ciudadanos en la Argentina sin insultos, de acuerdo a las grabaciones de la propia Policía que filtraron por las redes sociales en su momento.
En las próximas semanas se iniciará un nuevo proceso judicial por presunta desobediencia contra López, por negarse a exhibir su DNI en un puesto policial, aunque sí se identificó con sus datos personales. El Superior Tribunal de Justicia anuló la sentencia absolutoria de la jueza Carla Flores, quien en agosto del año pasado consideró que la acción de López de no exhibir su DNI no constituyó delito.
En cambio, alcanzó una actuación administrativa para que la Fiscalía archive la denuncia contra el procedimiento de Hess y Canteriño que realizó Lopez. Mauricio Baigorria, funcionario de la Fiscalía de Puerto Madryn, analizó y archivó esa denuncia. Al mismo tiempo, en julio del año pasado el Ejecutivo ascendió a lxs responsables del procedimiento en forma retroactiva a enero.
López es parte del equipo que conduce el defensor general Sebastián Daroca, el de los informes de la violencia policial sistemática.
Todos los fuegos
Juan Benigno García estuvo al frente de una comisaría en Rawson, la capital provincial que fue epicentro de las protestas masivas en varios momentos de la historia reciente. Es un hombre clave en el aparato represivo desplegado y pieza en la estrategia criminalizadora de la Fiscalía contra la protesta social. Fue uno de los testimonios que permitió la reciente condena del docente y delegado gremial Matías Schierloh por el incendio de la Legislatura de Chubut en septiembre de 2019 durante dos jornadas de protesta.
Gracias a Gladys Olavarría, su defensora particular, García dispone de más tiempo antes de afrontar el juicio oral y público por las torturas y vejámenes cometidos por el comisario y tres subordinados suyos contra cuatro manifestantes durante una manifestación contra la megaminería. Olavarría pidió la suspensión del juicio previsto para el 4 de julio, no lo logró y ese día, antes de empezar la audiencia, recusó a Karina Breckel, jueza penal de Rawson. No se hizo lugar al apartamiento, pero logró la suspensión del juicio que estaba fijado desde diciembre y no tiene nueva fecha de realización.
La sombra protectora del jefe
La familia Fermin es pilar de la comunidad Vuelta del Río, asentada tradicionalmente junto al río Chubut, unos kilómetros aguas abajo del lugar donde la Gendarmería nacional desalojó a la pu lof Resistencia Cushamen y provocó la muerte de Santiago Maldonado en 2017. El Poder Judicial resolvió en 2003 en favor del terrateniente José Vicente El Khazen, quien reclamaba como propia la tierra ocupada por Vuelta del Río. Durante tres días seguidos, entre el 15 y el 17 de marzo de 2003, Brandt estuvo al frente del dispositivo de desalojo de Fermin dispuesto por José Colabelli, juez que tuvo acciones públicas racistas y filo-nazis.
El tribunal integrado por Anabel Rodríguez, Ricardo Rolón y Martín O’Connor condenó en 2012 al comisario a seis meses de prisión en suspenso y una inhabilitación de un año por su responsabilidad penal a cargo del operativo policial que generó graves daños contra los bienes y personas. Dos años después, el fallo fue ratificado por el STJ.
Las organizaciones sociales y del pueblo mapuche-tehuelche rechazaron el ascenso de Brandt, detallando que implica una violación a la ley provincial de la policía local vigente, entre otras normas. Esta ley establece como requisito para el ingreso no reunir antecedentes judiciales desfavorables (artículo 39). Además establece que no pueden ingresar a la fuerza quienes tengan una condena por parte de la justicia provincial (artículo 41). Estos dos artículos en conjunto definen un estándar de idoneidad para ser funcionario policial que con mayor razón aún debe trasladarse al momento de evaluar a aquellos funcionarios que pueden ser designados como jefes de la institución policial. Sumado a ello, la ley establece que serán privados del empleo, de los deberes y derechos del estado policial los policías sobre los que recaiga una sentencia judicial firme con pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial (artículo 14).
La Cámara Criminal del Noroeste del Chubut impuso las costas del proceso en un 30 % al condenado y un 70 % a cargo del Estado. Pero la gestión Arcioni diferencia Estado de gobierno, así es que parece atender al detalle.
Mantiene plena vigencia el planteo documentado por el CELS y otras voces por la jefatura de Brandt.
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