La policía en el banquillo

 

En la provincia de Río Negro, como en otras, se constituyeron enclaves de poder con prácticas y fracciones locales enquistadas, con notable capacidad de reconstituirse y permanecer en las estructuras de la burocracia estatal. La impunidad de prácticas antidemocráticas –sean o no ilegales— resulta fundamental para garantizar(se) la continuidad de proyectos políticos y económicos dominantes en el territorio de las provincias.

Este planteo general puede servir para entender lo que se juega en los fallos judiciales que se conocerán  en San Carlos de Bariloche, por crímenes cometidos por la cúpula de la policía provincial del gobierno de Miguel Saiz (UCR), cuyo mandato terminó en diciembre de 2011. En la juridicción andina, el Poder Judicial recibe y resuelve sobre casos que remiten a ejes centrales del conflicto regional: recuperación y/o despojo del territorio ancestral mapuche-tehuelche y de tierras de pobladores criollos pobres; el renovado avance del capital privado sobre los bienes de la naturaleza; y la violación sistemática de los derechos humanos por parte de la policía provincial. Los casos que la justicia tramita y juzga en forma aislada son un entramado sutil y profundo en la experiencia social y política, que excepcionalmente el martes 4 de noviembre, en la sala de audiencias del poder judicial provincial en Bariloche, se reunirán en maratón.

 

Los casos, los jueces, los vínculos

Primero, a partir de las 10, se leerá el fallo por los crímenes perpetrados el 17 de junio de 2010 cuando fueron asesinados Nino Carrasco (16 años) y Sergio Cárdenas (29 años, obrero gastronómico), los dos vecinos del mismo barrio popular de la zona conocida como “El Alto”. Los delitos incluyen heridas graves a dos personas y leves a otras once, siete de ellas con munición de plomo policial y otros con postas de goma, granadas y golpes, todos vecinos del barrio arrasado durante el dispositivo represivo a la protesta popular desatada por la ejecución de un adolescente de 15 años la madrugada del mismo día.

Por primera vez es juzgada la cúpula en pleno. El falló resolverá sobre la responsabilidad penal de Víctor Cufré, policía, secretario de Seguridad al momento de los hechos; Jorge Villanova, titular de la Jefatura provincial; Segundo Hermosa, jefe de la Regional III con asiento en Bariloche; Fidel Veroíza, segundo jefe de la Regional; y Jorge Carrizo, comisario de la unidad 28, cuyo personal cometió el primer homicidio de la madrugada y luego fue epicentro del dispositivo represivo que se extendió desde el jueves 17 a la madrugada del sábado 19 inclusive. El tribunal resolverá también sobre la responsabilidad de tres escopeteros como presuntos autores materiales del homicidio de Cárdenas.

Siete meses después, siempre bajo el gobierno de Saiz y la hegemonía de Cufré, murió Guillermo “Coco” Garrido (24 años) en la comisaría 12 de El Bolsón, cuando había sido detenido por conducir en estado de ebriedad. La historia oficial del ministerio público fiscal fue de suicidio y, por tanto, sólo negligencia policial. La querella se acopló a esa versión hasta que en pleno debate oral y público una perito forzó, a pesar de la propia fiscalía, a considerar la hipótesis del homicidio que los familiares y organizaciones sostuvieron desde el primer momento.

En ambos casos existen no sólo vasos comunicantes al interior de la policía, sino al interior del Poder Judicial, que ayudan a explicar las dilaciones, las marchas atrás, las verdades a medias que favorecen el encubrimiento y hasta la impunidad. Tal vez el ministerio público fiscal es poco agresivo en las calificaciones de los tipos penales y los consiguientes pedidos de penas porque sus hombres tuvieron directa participaron en los orígenes de los casos o en su desarrollo –en cargos anteriores— con un desempeño en el que faltó trabajo a fondo, hubo desprolijidades severas, falta de apertura de casos de hechos graves de violación a los derechos humanos y aletargamiento de otros casos, de lo que pueden dar testimonio los familiares de muchas víctimas y las organizaciones de base de la región que exigieron verdad y justicia desde el primer momento.

El desarrollo de los juicios orales y públicos (con audiencias en octubre y noviembre) probaron a cualquier asistente que algunas pruebas estuvieron por años sin ser analizadas a fondo; de otro modo no se entienden algunos razonamientos y omisiones en las preguntas a los peritos y testigos. De la solidez de los alegatos depende buena parte de la decisión de los tribunales, aunque desde ya que los jueces tienen autonomía y capacidad para superar esas limitaciones de origen.

Fallarán contra los ocho policías por los crímenes del 17 de junio de 2010 Marcelo Barrutia (presidente), Emilio Riat y Juan Lagomarsino. Barrutia integró el tribunal que juzgó y condenó al cabo Andrés Colombil por el crimen de Diego Bonefoi de un solo balazo en la cabeza. Ese fallo fue de 2011, con Saiz y Cufré todavía en el gobierno y sin la perspectiva de la militarización de la ciudad desplegada desde entonces. Lagomarsino viene del fuero laboral, una cámara que en general sostiene una perspectiva de defensa de los derechos de los trabajadores y de los derechos humanos; por momentos se lo vio afectado por los relatos crudos de la violencia, lo que nada sugiere sobre su análisis sobre las responsabilidades institucionales sobre la violencia ejercida desde el estado. Finalmente, Riat tiene un profundo y respetado trabajo que sentó jurisprudencia en el plano de los derechos de los pueblos originarios al territorio tradicional, sólido y de perfil bajo; pero enfrentar el monopolio estatal de la violencia es otra cosa, que se verá en el fallo.

Sandro Gastón Martin, Gastón Pierroni y Gustavo Quelín integran el tribunal del caso Garrido. Ninguno de los dos tribunales puede ignorar el contexto en que emitirán sus decisiones. El gobierno provincial se encargó esta misma semana de acentuar el contorno del escenario cuando puso a disposición del juzgado federal el cuerpo especial COER y las fuerzas regulares para reprimir la marcha de reclamo por el crimen impune de Rafael Nahuel, hace un año por personal del grupo Albatros, en el territorio en conflicto de la lof Lafken Winkul Mapu.

 

Las fotos son de José Luis Zamora

 

 

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