La pequeña lavandería oriental

 

Cuatro argentinos sonríen, parlotean y se agolpan en torno al Presidente Luis Lacalle; alguno hasta lo palmea, confianzudo. El espléndido sol del puerto de Punta del Este acompaña el optimismo: “Queremos que sea nuestro Presidente”, le dicen, y la cámara de Canal 10 registra, prolija. Están contentos, y Lacalle también. Más contentos están los de la Cámara Inmobiliaria de la zona, porque su reclamo de años ha sido tenido en cuenta. Su aspiración ante el gobierno nuevo se hizo realidad en un artículo en particular de la ley ómnibus –llamada LUC, o Ley de Urgente Consideración, con 476 artículos que en verdad demandarían más de 30 leyes– con el que este gobierno está imponiendo su idea de “libertad financiera”. Sin rubor, así se llama el artículo 221 que multiplica por 22, a 120.000 dólares, la cantidad de efectivo de que se puede disponer libremente. Y con ese efectivo, compran o alquilan inmuebles sin problema, para beneplácito de los intermediarios. La aduana uruguaya autoriza el ingreso de hasta 10.000 dólares, pero incomprensiblemente estos turistas o nuevos residentes logran superar la cifra que ingresan al Uruguay. Ese artículo y otros 134 buscan ser anulados en un referéndum que se realiza hoy.

El problema es peor de lo que habilita ese artículo, anticipa el economista Martín Vallcorva, quien durante diez de los quince años del gobierno del Frente Amplio fue coordinador del Programa de Inclusión Financiera. Ese programa fue parte de la estructura jurídica e institucional que creó el gobierno anterior para sacar al país de la zona de cuestionamientos por favorecer el lavado de activos que hacían organismos internacionales como OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).

Uruguay había favorecido el lavado de dinero ya en 1948, cuando se abrió a los capitales argentinos que huían del peronismo y les creó las SAFI (Sociedad Anónima Financiera), comúnmente llamadas sociedades off shore. Las SAFI se multiplicaron y mucho a partir del gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-95), padre del actual Presidente, a través del estudio jurídico de su ministro de Economía, Ignacio de Posadas, a quien el mandatario nombraba como su “primera espada”. El Frente Amplio limpió la grisura del lavado con legislación y acción, y obtuvo dos informes positivos, en 2011 y 2019. Se verá qué dice el próximo.

Vallcorva considera que la situación es peor aún que la gran puerta que abre ese artículo de la LUC “porque ahora se permite aplicar de manera ficta mecanismos de supervisión cuando los fondos provienen de una entidad financiera. Esto es, si yo empleo fondos que vienen de una entidad financiera, la ley, por defecto, sugiere a partir de la LUC procedimientos simplificados. En realidad, la legislación anterior habilitaba el procedimiento simplificado pero no era automático: había que justificar por qué era una operación de bajo riesgo. La LUC presume automáticamente el bajo riesgo. Atado a la otra medida, genera la posibilidad de perforar el sistema de manera muy importante. Ejemplo: vendo una casa en 120.000 dólares en efectivo y los deposito en un banco con el respaldo de una escritura. Luego voy a más bancos, y repito la operación con la misma escritura y con dinero que supuestamente proviene de la venta de la casa, pero que potencialmente puede ser dinero a lavar”.

Hay indicios al respecto. En 2021 se reactivaron notoriamente los negocios inmobiliarios, según la información oficial, y la rama de GAFI dedicada al continente, GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica), observó que operadores como abogados, escribanos y contadores reportaban menos negocios sospechosos de lavado que los esperables por las dimensiones de la economía uruguaya.

Las operaciones de lavado se originan en el narcotráfico, en la evasión tributaria y en otras operaciones del crimen organizado, incluyendo trata de personas, financiamento del terrorismo (del que no se sabe de casos), corrupción, tráfico de personas y de órganos, y estafas. El narcotráfico, en sus distintas modalidades, es un componente cada vez más importante en las operaciones de lavado, pero no hay noticia de que se haya estudiado el tema, cuánto dinero se lava en Uruguay ni cuánto específicamente proveniente de drogas. “Lo cierto es –afirma Vallcorva– que hoy hemos retrocedido, y es más fácil lavar dinero en Uruguay de lo que era dos años atrás”.

Hay registro de que la requisa de cocaína ha ido en aumento, de 88 kilos en 2005 a 12 toneladas en 2019, y se da como un hecho que Uruguay es un país de paso de la droga por tener un mercado interno chico. La creciente presencia en el mercado local de un subproducto de la cocaína como la pasta base abre conjeturas sobre si se la utiliza como moneda de pago por servicios al tráfico mayor. El aumento de las requisas de drogas tiene un aspecto bueno y también trae una noticia negativa. El desarrollo de un cuerpo policial dedicado y tecnificado por el ex jefe de la Brigada Antidrogas de la policía y desde 2010 jefe de la Policía Nacional, Julio Guarteche, permitió aumentar la eficacia represiva. Esa estructura policial fue desarmada por el actual gobierno y todavía no hay una evaluación de la situación de tráfico de estupefacientes a que eso dio lugar.

La negativa es que la experiencia mundial de la represión al tráfico de drogas indica que por cada kilo requisado, nueve pasan bajo el radar. El aumento de droga requisada puede en consecuencia entenderse como síntoma de la multiplicación geométrica del tráfico y parte de un costo que solo encarece el producto final ante un consumidor narcodependiente.

La otra cara del tráfico, señala Diego Olivera, quien fue secretario de la Junta Nacional de Drogas los últimos cinco años de gobierno del Frente Amplio, es que “si no se persiguen los bienes, las estructuras materiales sobre las cuales los narcotraficantes hacen su actividad, ellos pueden seguir gobernando a sus organizaciones desde la cárcel, y a su liberación retomar sus actividades desde esa base. La persecución de las cuentas bancarias, del dinero en efectivo, inmuebles, terrenos, vehículos, joyas, de los bienes de lujo, se transforma en una tarea fundamental para desactivar o debilitar a esas organizaciones del crimen”. La normativa para eso está desde 2010 y “permite que la película no se termine cuando el delincuente entra en la cárcel sino que se pueda desarmar su organización. Y por eso es tan importante el relevamiento de actividades sospechosas”.

La ley ómnibus, que contiene este artículo 221, es entendida por muchas razones como el primer paso de una concepción política e ideológica neoliberal dura que se impone. Pero la posibilidad de que se desarmen otros ingredientes legales e institucionales que dificultaban el lavado de activos en nombre de la “libertad financiera” es “dudosa” para Olivera. “Eliminar una ley o una dependencia sería muy grosero y un escándalo político; pero sí (pueden) debilitarla y que no tenga la suficiente actividad. O no reaccionar ante señales negativas de la realidad. Este tema del sub-reporte de operaciones sospechosas sugiere que el mecanismo no tiene la prioridad necesaria”.

 

 

 

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