La Pelusa

 

Como un arma cargada apuntando a la recaudación estatal, el amparo presentado por la Sociedad Rural Argentina (SRA) contra el cobro de retenciones a la exportación de productos agropecuarios –desde del 1° de enero– avanza a través de sucesivas resoluciones en el Juzgado Federal 1 de Córdoba, bajo el control estricto del juez Ricardo Bustos Fierro.

El magistrado, de 87 años cumplidos el 8 de mayo, rechazó la queja de la AFIP y confirmó a la SRA como actora como entidad con “legitimación” para representar a las y los productores e integrantes de la cadena productiva de todo el país interesados en dejar de pagar el impuesto. En ese marco, se conoció esta semana una investigación de la publicación cordobesa Revista El Sur que podría cambiar el curso de la causa: el periodista Adolfo Ruiz revela que el juez no se excusó del proceso a pesar de que su hijo, Manuel Bustos Fierro, es productor rural en el departamento Río Primero.

 

 

Ni la AFIP, en su carácter de querellante, ni el fiscal Maximiliano Hairabedian, reclamaron el apartamiento del juez hasta el momento, atento a que cualquier determinación que tome sobre el amparo –sea hacerlo efectivo o rechazarlo–, afectará de manera directa el negocio de Manuel. El hijo del juez figura en la edición del 5 de mayo del Boletín Oficial de Córdoba como socio de la explotación La Pelusa S.A.S. (Sociedad por Acciones Simplificada) y administrador titular de la firma.

El propio magistrado debió excusarse por motus propio porque el caso encaja claramente en los causales de excusación del artículo 30, en base al artículo 17, inciso 2 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que prefigura como causal “tener el juez o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior, interés en el pleito o en otro semejante”.

Consultado para este informe, el ex juez federal cordobés Miguel Julio Rodríguez Villafañe no tiene dudas: “Si la relación de consanguineidad es directa, y el interés del hijo sobre la decisión del padre también es objetivo, el juez le estaría dando un beneficio directo a su hijo al decidir en favor del amparo o perjudicándolo al rechazarlo, por lo que parece evidente el apartamiento”.

Según relata Ruiz, en el acta de constitución de La Pelusa se detallan 15 diferentes actividades: la quinta está destinada a “realizar la explotación directa por sí o por terceros en establecimiento rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales”.

Paralelamente, Manuel Bustos Fierro registra en AFIP actividades dirigidas al cultivo de soja, maíz, trigo y cereales en general. Ruiz facilitó el comprobante a El Cohete a la Luna para publicarlo.

 

 

 

 

A su vez, según el sistema de informes comerciales Nosis, Bustos Fierro hijo tiene establecida su dirección fiscal en el country El Fortín del Pozo, ubicado en avenida O’Higgins 5390 en la zona sur de Córdoba Capital. Es el mismo domicilio que acusa su padre, el magistrado que pretende resolver sobre las retenciones a las exportaciones agropecuarias. La Pelusa ostenta el mismo domicilio en el Boletín Oficial. Todo coincide.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El amparo

El argumento jurídico de la SRA para presentar un amparo que pretende paralizar el cobro de las retenciones se basa en que el 31 de diciembre de 2021 venció el plazo fijado en el artículo 52 de la Ley de Emergencia Pública 27.514 (2019), que permite al Presidente de la Nación fijar los derechos de exportación. En el frustrado proyecto de ley de Presupuesto Nacional de 2022, el gobierno incluyó una prórroga por dos años de esa facultad. Por lo tanto, sostiene la SRA, la potestad del Ejecutivo a fijar retenciones habría concluido.

La Sociedad Rural entiende que “el decreto 851/21, dictado el 15 de diciembre de 2021, es nulo también en cuanto fija alícuotas del derecho de exportación para determinadas mercaderías a partir del 1° de enero de 2022”. Como el gobierno nacional descartó el planteo y el Ministerio de Economía informó en febrero que “las retenciones siguen vigentes hasta que se derogan, y eso no ha sucedido”, los ruralistas apuntaron a Bustos Fierro para que el cobro se detenga. La Sociedad Rural de Jesús María acompaña el planteo.

Otro juez federal de Córdoba, Carlos Ochoa, del juzgado de Río Cuarto, había rechazado la pretensión de la Sociedad Rural de esa ciudad de avanzar con un planteo igual, ya que en un fallo consideró que la entidad “no cumple los requisitos de legitimación activa” para tramitar el caso como proceso colectivo, dado que “no expresa intereses homogéneos individuales” para sustentar el reclamo judicial. Bustos Fierro sí lo consiente y por eso bloqueó el incidente planteado por AFIP el martes pasado.

Contrariamente, y en línea a lo resuelto por Ochoa, Rodríguez Villafañe sostiene que –en general– los jueces no avalan amparos presentados por entidades de segundo grado, estamento en el cual la Ley de Asociaciones Civiles ubica a las cámaras empresariales y federaciones. “La SRA no necesariamente tiene un perjuicio directo en la aplicación de retenciones a la exportación, pero su hijo sí lo tendría, lo cual fundamenta más aun un apartamiento”, sentencia el ex juez federal, que renunció al juzgado en 1991, en repudio a los indultos de Carlos Menem a los genocidas condenados en los '80.

 

  

Juego de tronos

A pesar de haber superado largamente el plazo para jubilarse, Bustos Fierro continúa frente al Juzgado Federal 1 desde 1994, donde radica la estratégica competencia electoral en Córdoba.

Por su escritorio pasaron causas judiciales icónicas de los '90, como el famoso rebalanceo de Telecom y el contrabando de autos –por el cual, después de una década, sobreseyó al empresario Manuel Antelo– o la re-reelección de Menem, que lo terminó sentando en un jury de enjuiciamiento en el que fue declarado inocente y repuesto en su cargo por Eduardo Moliné O’Connor, ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El año pasado, Bustos Fierro dio vía libre a la aplicación de un amparo que bloqueó la resolución del ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones), suspendiendo el decreto que declaró servicios públicos a las telecomunicaciones. El fallo se produjo en paralelo a lo dispuesto en el mismo sentido por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal en beneficio de Telecom.

La resolución 521/2017 del Ministerio de Justicia fija que, alcanzada la edad límite de los 75 años que establece la Constitución Nacional, si el Ejecutivo no tramitó, renovó o pidió al Congreso el mantenimiento del cargo o si el Senado no dio el acuerdo para ratificarlo, las y los magistrados cesan en sus funciones y automáticamente hay que cubrir el cargo. El juez cordobés fue el primero en recibir dicho mandato a partir de la propuesta del ex Presidente Mauricio Macri, y así lo expresó en la audiencia de la Comisión de Acuerdos del Senado del 20 de septiembre de 2017 (ver minuto 13.25):

 

 

 

 

 

A fin de año se vence la extensión del mandato, y Bustos Fierro tiene intenciones de pedir otra prórroga para continuar en su cargo. La Revista El Sur especula que la causa por el amparo funciona en manos de Bustos Fierro como prenda de cambio, para que el Ejecutivo que preside Alberto Fernández confirme una vez más al juez en su trono judicial. Resta saber qué decidirá al respecto el Ministerio de Justicia.

 

 

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí