La peligrosidad es política

 

En la línea C del subte, una mujer le cuenta a otra sobre una vecina que tiene en su propia casa a un hijo encerrado para que no consuma. El relato es demoledor. La pasajera ahonda en detalles cada vez más sórdidos: “Fue poniendo rejas porque no lo podía tener”. Nunca dicen qué es lo que el hijo quiere consumir, pero nadie que lea esto o escuche ese diálogo pensará en alcohol o en psicofármacos. Pensamos en droga. Y a partir de allí, se desprenden algunas ideas.

Aparece, sin dudas, la presencia del dolor. Ninguna mujer que tenga preso a su hijo puede ser libre, con lo cual estamos hablando de dos personas encerradas, a distintos lados de una misma reja. A su vez, es cierto que si acompañar a una persona en rehabilitación o con abstinencia es desafiante –incluso para profesionales idóneos, que no tienen un lazo emocional con sus pacientes–, podemos tratar de dimensionar lo complejo que será para una mujer que no está capacitada y que, además, tiene una implicancia afectiva total. ¿Pero qué lleva a una situación de estas características?

 

 

 

Diferenciar consumo de consumo problemático

El caso mencionado existe, pero no por eso habilita a suponer que sea representativo de una mayoría. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), droga es “toda sustancia que, introducida en un organismo vivo, pueda modificar una o varias de sus funciones”. Existen las drogas ilegales y las legales. Dentro de estas últimas, podemos encontrar los fármacos, el tabaco y el alcohol. Si hablamos de adicciones, la legalidad o ilegalidad de una sustancia no va en línea con lo adictiva o mortal que pueda llegar a ser. De hecho, una persona puede morir por sobredosis de alcohol (coma etílico), pero no se conocen casos de muerte por sobredosis de cannabis. En cuanto a las escalas de toxicidad, hay que decir también que en el caso de las drogas ilícitas se torna difícil establecerlas con exactitud, ya que las mismas suelen estar adulteradas con productos que pueden ser más tóxicos que la propia sustancia.

Algo interesante a destacar con relación a los fármacos es que, si bien tienen una función terapéutica, también pueden convertirse en drogas de abuso. Es decir, primero generan tolerancia, luego dependencia y finalmente síndrome de abstinencia. La morfina, la metadona o el fentanilo son ejemplos claros de drogas legales que pueden generar adicción. Sin embargo, cuando se piensa en consumo problemático, se lo asocia mayoritariamente a drogas ilícitas. Esta asociación es cultural. En términos objetivos, es posible tener una relación adictiva con drogas legales, así como es posible tener un consumo no adictivo de drogas prohibidas, y viceversa.

En referencia a los consumos problemáticos y la legalidad de las drogas, Emilio Ruchansky señala: “Es una cuestión cultural. Muchas veces se habla de alcohol y drogas, como si el alcohol no fuera una droga. Pero en la Argentina la droga más consumida es el alcohol, después está el tabaco y después está el cannabis. Tenemos un problema bastante grande y es que siendo el alcohol el primer factor epidemiológico en drogas, sigue teniendo publicidad, sigue teniendo promoción y sigue teniendo patrocinio. Las pocas veces que se intentó limitar esto, lo bloqueó el lobby del alcohol, que es muy fuerte. La legislación que tenemos para el tabaco, deberíamos tenerla para el alcohol. En el tabaco no hay publicidad ni patrocinio y los envases te dicen lo que realmente causa el cigarrillo. Con el alcohol no pasa eso: si vos agarrás una botella, no dice que el alcohol es potencialmente letal. Debería decirlo. La clasificación de la peligrosidad de las sustancias es política, no es científica”.

 

 

 

No todo consumo busca la evasión

En el imaginario colectivo existe un supuesto según el cual la gente se droga siempre para escapar de algo, siempre para huir de un problema. Esto no es así. Y acá entran dos conceptos, que son la libertad y el placer. Una persona puede estar bien, tener una vida plena, o más o menos plena, y elegir libremente consumir determinada droga para acceder a cierta experiencia o estado. Este sería, por ejemplo, el caso de alguien que sale de trabajar y se toma una cerveza.

El problema surge cuando la criminalización de una conducta anula la posibilidad de contenerla para que no se transforme en problemática. Como el alcohol es legal, existen espacios en los que una persona alcohólica puede buscar contención; pero cuando la sustancia consumida es ilegal, acercarse a un hospital a pedir ayuda puede dejar de ser una opción, por miedo o incluso por falta de información. Al respecto, Ruchansky agrega: “Si no se despenaliza, no hay acceso a la salud. Una persona que está penalizada no va a ir a un hospital ni a un centro de salud si tiene un problema, porque ya está siendo estigmatizada y, en cierto punto, hasta puede correr riesgo su libertad”.

 

 

Combatir el narcotráfico no es perseguir usuarios

En la Cámara de Diputados podemos encontrar a la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico. Todo junto. Lo cierto es que el control del narcotráfico es un tema de seguridad. El narcotráfico, como cualquier crimen organizado, es un flagelo, mata, destruye a su paso y está emparentado con otros crímenes organizados que suceden en paralelo. En cambio, la prevención de adicciones o el acompañamiento de las mismas, cuando ya existen, son cuestiones de salud pública. Sobre todo, porque si hay un consumo problemático ahí sí seguramente el mismo está asociado a otros conflictos y se requiere un abordaje integral que entienda a ese ciudadano desde una perspectiva de derechos humanos, no como un criminal al que hay que encarcelar. Y como señala la Ley de Salud Mental, tampoco como un paciente al que necesariamente haya que encerrar.

En este sentido, Virginia Labiano, investigadora del CONICET, apunta que cuando un familiar se acerca al Estado con un caso grave de adicción, “un juez, no un médico, un juez emite una orden para encerrar a esa persona o forzarla a un tratamiento, digamos, de desintoxicación en alguna institución. A partir de acá hay procesos muy delicados que se atraviesan, ligados también al funcionamiento de estos centros de desintoxicación. Pero también hay que decir que existen usuarios que no precisan tratamiento. Yo no escuché nunca que a un alcohólico lo encierren, como sí lo escucho respecto a otras sustancias”.

 

 

Peligrosidad, moral y poder

David Nutt es director del Comité Científico Independiente sobre Drogas y creó una clasificación según la peligrosidad de las sustancias. Ponderó para ello lo que dio en llamar “daño combinado”, que es la mixtura entre el daño que el usuario se infringe a sí mismo y el daño social que potencialmente puede causar. Trabajó con 20 drogas y sustancias de abuso, observando 16 factores, 9 daños individuales y 7 daños sociales, entre los que se destacan: salud mental, daños físicos, daños familiares, adicción, costo a la economía y crimen, entre otros. Su investigación estipuló que el alcohol es tan peligroso como la heroína y el crack.

 

 

 

 

Entonces, si el alcohol es altamente peligroso, ¿a quién le conviene que las drogas ilícitas sean ilícitas? La ilegalidad de las drogas es terreno fértil para maniobras de todo tipo. Ruchansky sostiene que “otro gran problema es que cuando hablamos de narcotráfico pensamos en el transa, en la villa, pero al narcotráfico lo maneja la policía, no lo manejan los transas. Y están los jueces y los fiscales que encubren a la policía. Es muy conveniente montar shows, todo el tiempo lo veo en causas judiciales. [El Cohete ha publicado varias notas sobre el caso del fiscal Claudio Scapolan, recientemente suspendido.] Se roba mercadería, se planta droga, se roban drogas, se vuelven a vender, queman otras cosas que no son cocaína –ha pasado en el norte, que quemaron yeso en vez de quemar cocaína–. Las fuerzas todo el tiempo utilizan la droga para un montón de cosas, como por ejemplo, para ascender. Se utilizan los medios, testigos falsos, se cobran coimas. Pero el consumo no disminuyó por prohibir las drogas; de hecho, aumentó”.

Labiano también apuntaba que el juicio moral de lo que está bien y lo que está mal en la Argentina está ligado a una cuestión clasista. La lectura de Ruchansky sobre la villa como escenario donde ocurre el narcotráfico para el imaginario colectivo, refuerza la misma idea. Tiene sentido: una familia con posibilidades económicas y una hija o un hijo con una adicción severa no va a ponerse en manos de un juez, no permitirá la re-victimización. Seguramente accedan a clínicas privadas con otras opciones. Pero para nuestra vecina del subte C, la cosa está jodida. Porque o lo resuelve ella o lo resuelve el Estado. La Ley de Salud Mental ha traído avances cuánticos en materia de la solución que puede aportar el Estado, sin recurrir necesariamente al encierro. Asimismo, en días anteriores asistimos a un aumento en el presupuesto para salud mental que es promisorio, pero sigue siendo todo un paradigma el que hay que derribar. Concluye Labiano: “El problema, desde mi perspectiva, es que tenemos una ley que dice que si vos tenés sustancias o sos consumidor de sustancias, vas a la cárcel. Y si no querés ir a la cárcel, te vas a otra cárcel, que es el tratamiento por desintoxicación”.

El desafío de pensar soluciones para los pacientes adictos desde una perspectiva de derechos humanos refuerza la necesidad de separar salud de seguridad. Ruchansky lo sintetiza en estos términos: “Mucha gente tiene un problema y llama al 911, no al SAME. Entonces hay problemas de salud por los que primero llamamos a un policía y no a una ambulancia”. Parece que la confusión en Diputados permea al tejido social todo. Combatir al narcotráfico y desarrollar más y mejores políticas públicas para la contención de las adicciones son dos caminos que tienen un objetivo común. Pero son dos caminos, y distinguirlos pareciera ser parte de la solución.

 

 

 

 

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