La paz imposible

 

La desaparición de una adolescente siempre conmueve a una comunidad pero el impacto es aún más grande cuando esa chica desaparece en un pueblo de 3.000 habitantes, con calles de tierra y en el cual los propios vecinxs aseguran que allí todxs se conocen y todo se sabe. Delia Gerónimo Polijo tenía 14 años cuando desapareció en La Paz, una localidad de Traslasierra, provincia de Córdoba, en 2018. Fue vista por última vez cuando caminaba por la ruta –en las afueras del pueblo– de regreso a su casa. Una trama oscura sobrevuela su desaparición que, según denuncian sus allegados, involucra a varixs vecinxs, la municipalidad y a la justicia cordobesa.

Aquel 18 de septiembre de 2018, Delia salió a las 16 de la escuela IPEM 137 de La Paz. Las autoridades habían decidido terminar la jornada dos horas antes por los festejos de la semana del estudiante. Como no tenía celular, no pudo comunicarse con sus padres para que la buscaran y decidió caminar hasta su hogar, ubicado a 6 kilómetros del pueblo, en un paraje rural sobre la ruta llamado “La Guarida”. Nunca llegó a su casa y desde entonces sus papás y hermanos, organizaciones de derechos humanos, feministas y gran parte del pueblo de La Paz se preguntan dónde está.

Los papás de Delia, Mario y Modesta, son inmigrantes bolivianos. Trabajan en unos hornos de ladrillo a pocos kilómetros del pueblo cordobés. En aquel paraje se instaló una comunidad boliviana, la fábrica, y se construyeron viviendas precarias para que se establecieran los obreros con sus familias. En una de ellas vivía Delia con sus padres y sus cinco hermanxs. Mario recuerda que su hija “amaba el deporte y se la pasaba jugando al fútbol con sus hermanxs y primas”. También le gustaban las flores rosas que cubrían las sierras en cada primavera. La adolescente soñaba con poder ayudar a su familia a comprar un terreno en el pueblo y construir allí una casa. “Era una chica buena, ayudaba a su mamá y además era creyente. Ninguno de nosotros oramos y ella oraba antes de comer y a la noche. Pedía que Dios la ayude con el estudio y que tengamos una casa propia”, dijo su papá en diálogo con El Cohete a la Luna.

El anhelo familiar se truncó con la desaparición de Delia. Los Gerónimo Polijo no volvieron a ser los mismos. La vida para ellxs se transformó en una eterna y dolorosa espera. Los días de búsqueda se convirtieron en tres años, y el único deseo pasó a ser que las autoridades locales y la Justicia encuentren a su hija o al menos les revelen qué pasó con ella. Dicen que cuando eso pase se van a marchar del pueblo para siempre.

Cada mediodía, Mario llevaba a Delia en su moto a la escuela pública en el centro de La Paz y luego la recogía a la tarde. El día que desapareció le tocó ir a su hermano Cristian, que tenía 17 años. Cuando llegó, a las 18, el colegio estaba cerrado. Hasta hoy el joven siente responsabilidad por lo que le pasó a su hermana. Las huellas que quedaron en él desde entonces se manifiestan en problemas psicológicos.

Por la noche, la familia hizo la denuncia en la Comisaría de La Paz. Las últimas imágenes de Delia fueron captadas por una estación de servicio a la vera del camino cerca de las 16.30. Según la reconstrucción que hizo la familia en base a testimonios de personas que se cruzaron con la adolescente, ella salió del pueblo y atravesó la zona rural, llena de descampados, hasta que se perdió su rastro cerca de “la curva del hipódromo”, unos 500 metros antes de su casa. En ese camino vivía un hombre llamado Mario Martínez, que era parte de una familia local vecina de los obreros de los hornos y que fue acusado de violar y asesinar a Delia.

La desaparición de la adolescente generó un levantamiento popular y las calles de La Paz comenzaron a ser a diario espectadoras de multitudinarias marchas, encabezadas por la familia de Delia.

 

Irregularidades en la causa

En su inicio, la investigación quedó a cargo del fiscal de Villa Dolores, Raúl Castro, hoy promovido a juez de la Cámara Penal. La búsqueda comenzó al día siguiente de la desaparición. El abogado Germán Romero Marcón, quien representa a Mario y Modesta y es miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Traslasierra, dijo a este medio que la recolección de pruebas, las pericias y la búsqueda de la chica “fue desprolija y falló desde un primer momento”. Sostiene que no se consideró lo fundamental que son las primeras 72 horas en la búsqueda de una persona y denuncia que la fiscalía no pidió que se active el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), que tiene por objeto coordinar la cooperación con todos los organismos nacionales y provinciales que intervengan en la búsqueda de personas en todo el territorio. El sistema se activó un mes más tarde, cuando por recomendación de una vecina los papás pidieron que se cumpla con tal derecho. Pese a eso, durante dos meses no se consiguió una sola pista del paradero de la adolescente.

El 24 diciembre de 2018 la causa dio un giro inesperado y apareció por primera vez vinculado a la investigación el nombre de Mario Martínez. La pareja de Martínez se presentó en la Comisaría de La Paz para denunciarlo por violencia de género. Contó que le pidió explicaciones a su marido sobre una ropa ensangrentada que encontró en la vivienda de ambos y él le contestó: “Cállate que te va a pasar lo mismo que a la boliviana. Te voy a descuartizar y tirar en un pozo”. Al día siguiente, cuando la policía fue a detener a Martínez, lo encontró ahorcado. “Los fiscales nunca siguieron la pista de Martínez: no sabemos si se trató de un suicidio o pasó algo más. No hicieron una autopsia, ni una pericia caligráfica de la carta que dejó. Tampoco decidieron juntar la causa de su muerte con la de la desaparición de Delia”, aseguró el letrado.

Con Martínez muerto, toda la causa pasó a girar en torno a él. Fue el único imputado por la desaparición. Existen varios testimonios de amigos de Martínez que aseguran que él la secuestró, la llevó a la casa de uno de sus cuñados –hermanos de su mujer– y que allí la ataron y la violaron en grupo. Habría participado inclusive un funcionario de la municipalidad, donde Martínez trabajaba. “Los testimonios son muy claros. El problema es que luego se desdicen. Los amigos dicen que circuló una foto de la nena atada en una casa que se usaba para prostituir menores y que Martínez se jactaba de que la había tirado a los jabalíes para que se la comieran”, afirmó Romero Marcón.

El allanamiento de la casa del cuñado de Martínez se hizo recién un año más tarde, en diciembre de 2019, luego de que tomara la causa una nueva fiscal, Lucrecia Zambrana. En el lugar se encontraron rastros de pelos de Delia. A las personas que estaban ese día con Martínez no las detuvieron. Ni siquiera fueron citadas a testificar en sede judicial. La querella sostiene que hay un encubrimiento y todo apuntaría a que está vinculado con la municipalidad. Además, el abogado mencionó la participación de otro hombre llamado Pascual Vieira, que falleció ahorcado en las mismas circunstancias que Martínez pero unos meses antes. Cree que ambos eran amigos y solicitó que el hecho esté incluido en la causa de la adolescente desaparecida, pero no se lo concedieron.

En diciembre del 2020, un especialista en rastro criminal y búsqueda de personas y restos humanos mediante rastrillaje de canes llegó a La Paz para buscar a Delia. Su informe aseguraría que Delia estuvo en la casa del cuñado de Martínez, habría algunos rastros que así lo indicarían. Sin embargo, tanto la familia de Delia como su abogado creen que la intención de la fiscal es cerrar la causa con Martínez como único culpable.

“Todos los que estamos acompañando a la familia consideramos que Martínez no fue la única persona que actuó en esa situación”, afirma María Lina Leguizamón, psicóloga y coordinadora del área de género de la municipalidad de La Paz. “No fue él solo, creemos que hay otras personas que participaron de ese hecho y no queremos que la Justicia se quede con la respuesta más fácil. Queremos que se siga investigando”, destaca.

 

Todxs saben todo

En el último aniversario de la desaparición de Delia hubo una gran movilización con epicentro en la plaza principal de La Paz. Su mamá Modesta, junto a un cartel que reclamaba por su aparición con vida, contó en diálogo con El Resaltador el infierno que padecen: “Estos tres años nosotros la hemos pasado muy mal, muy mal. No sabemos dónde está. Están mal mis hijos, nosotros, todos. No sabemos nada, y me preguntan mis hijos: ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué es lo que sabés? No hay qué responder”.

El abogado asegura que La Paz “es un pueblo tan chiquito que todos saben lo que pasó”. Todxs apuntan a Martínez y a sus allegados desde el primer momento. Al parecer, existía una disputa entre las personas de la comunidad boliviana que vivían en el paraje y la familia de los Martínez, pero el pleito, que incluiría peleas con cuchillazos, nunca había sido judicializado. Los propios padres de Martínez habrían reconocido a sus más cercanos que él había sido el responsable de la muerte de Delia.

Todxs saben menos la Justicia, que mira para otro lado. Pese a las 25 nuevas medidas que solicitó el letrado en el último año –tales como peritajes e indagatorias–, la fiscal Zambrana continúa sin considerar nuevas imputaciones. Además, en marzo la fiscal rechazó el pedido de la Mesa de trabajo por los Derechos Humanos de Traslasierra y la agrupación “Mujeres que Abrazan” para constituirse como querellantes en la causa. Las organizaciones argumentan que la violencia contra las mujeres no sólo vulnera el derecho de las víctimas directas sino que afecta a toda la comunidad, y señalaron la vulneración del derecho a la información de los padres de Delia.

Roxana Bonafont, del colectivo “Mujeres que Abrazan” y quien acompañó desde el comienzo a Modesta y Mario, asegura que “después de casi tres años estamos haciéndonos las mismas preguntas que el primer día: ¿Dónde está Delia? ¿Qué le pasó? ¿Quiénes fueron los culpables? ¿Son varios? ¿Quiénes? ¿Son del pueblo? Me aterra esa idea porque somos madres, vecinas. Tenemos que llegar a la verdad porque el pueblo se llama La Paz y desde que Delia desapareció no hay paz. No se puede hacer un duelo porque no se sabe qué es lo que pasó y eso es responsabilidad de la Justicia”.

La conmoción por la desaparición de Delia unió a los pueblos de Traslasierra. Existían otras mujeres desaparecidas como Silvia Gloria Gallardo, Marisol Rearte y su hija Luz Morena Oliva pero el reclamo por cada una de ellas estaba circunscripto a su pueblo, a sus familias. Con la búsqueda de Delia la lucha se masificó y se visibilizó una problemática que lleva años en Córdoba y en todo el país: la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes. Resta que la Justicia comience a dar respuestas.

 

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí