La Patria es la casa del alma

 

El 12 de agosto de 1993, día en el que se cumplieron 187 años de la reconquista de Buenos Aires de la primera invasión inglesa, a instancias del por entonces ministro de economía Domingo Felipe Cavallo, se firmó lo que se conoció como el Pacto Fiscal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento. Ese pacto originó el dictado del Decreto 2609/93 por el cual se disminuyeron las contribuciones patronales, argumentando, obviamente, que dicha disminución generaría más empleo. 

La idea de que “disminuir los costos laborales” produce empleo considera que el empleador, al tener menos gastos por los empleados que tiene a cargo, se verá motivado a contratar nuevos trabajadores. Es una ficción absurda que nunca se corroboró en la realidad, por dos razones objetivas:

1. que el empleador contrata exactamente los trabajadores que necesita de acuerdo con lo que está en capacidad de producir y vender, ni más ni menos. Si los costos bajan, transfiere ese ingreso a ganancias – plusvalía -, y
2. una medida de esas características lo único que logra es profundizar el ajuste, disminuyendo la demanda, ya que el empleador orienta sus ganancias extras al ahorro o a la fuga, pero casi nunca en la Argentina a la reinversión, quitando  ese dinero del mercado y por ende generando recesión. 

Pero hay una razón mucho más profunda, que forma parte del ADN de un empleador: él busca un nicho que le permita vender lo que produce y para ello necesita que haya mercado, es decir, contar con clientes que le compren lo que produce. Así que el costo laboral le importa poco si tiene posibilidad de vender su producción a un precio razonable. Si no puede vender, por más que el costo laboral sea cero, no contratará a nadie, ¿para qué quiere empleados si no vende? ¡Hasta un esclavo es caro para una empresa que no produce o no vende!

La falta de ventas puede ocurrir porque lo que el productor ofrece no coincide con lo que la sociedad demanda, pero también puede darse que, si bien las personas están interesadas en lo que ofrece, no cuentan con dinero para poder comprarlo. Por lo tanto, lo que el productor necesita son clientes con poder adquisitivo y no bajar gastos. Para corroborar lo anterior, cabria preguntarse:

—¿Qué países tienen los costos laborales más altos? 

—Los países desarrollados;

—¿Qué países tienen los salarios más altos del planeta?

—Los países desarrollados;

—¿Dónde se instalan la mayoría de las empresas?

—En los países desarrollados.

—¿Y todo ello por qué?

—Simplemente porque en los países desarrollados es donde pueden vender lo que producen.

Para demostrar la mentira intrínseca de esta famosa teoría respecto que la disminución del costo laboral redunda en una mayor tasa de empleo, vale esta experiencia que fue patentizada por Henry Ford quien, en 1914 les dio a sus empleados un gran aumento de salarios, ¿cómo, sino, hubieran podido comprar sus autos? Porque solo con un buen ingreso de los trabajadores él podía vender sus automóviles.

Seguramente el lector está pensando que si es verdad lo dicho, ya que ha escuchado en reiteradas oportunidades a la mayoría de los empleadores abogar públicamente por la disminución de los “impuestos al trabajo” (así llamaron los neoliberales, a partir de la firma del pacto fiscal, lo que por generaciones se conoció como salario diferido), pero ello tiene que ver con razones de otra índole, en ocasiones de tipo “ideológicas y aspiracionales” ya que muchos creen que para “pertenecer” al mundo empresarial hay que ser liberal y egoísta, pero otras vinculadas a la la mezquindad propia del empresario, que lo único que busca es optimizar ganancias a cualquier costo.

Vale considerar, asimismo, el “efecto manada” producto de la colonización cultural de los empresarios más poderosos, que usan a los pequeños y medianos como ariete para luego negociar con la burocracia estatal en beneficio propio. Hay infinidad de instituciones corporativas de empleadores, que generalmente son cooptadas por las grandes empresas, donde se contratan consultores lobbistas que llenan de estudios técnicos a todos los adherentes, vendiendo la idea de que el Estado esquilma a los empleadores mientras desparrama planes sociales.

Esos mismos consultores caminan los pasillos de la televisión promoviendo la idea de que el gobierno gasta mucho y que eso es pagado por los productores. Paralelamente, los medios de comunicación dominantes han dejado de hacer periodismo para transformarse en lobbystas de las empresas que, a su vez, son dueñas de los medios. Esta semana que pasó tuvimos una clase práctica de esta metodología, con el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, más conocidos como ATP. De golpe descubrimos que la mayoría de las grandes empresas pagaron salarios (incluso de CEOs y directivos) con dinero del Estado, mientras la mayoría de los pequeños productores hacían trámites infructuosos recibiendo por respuesta un silencio doloroso.

Lenin decía que “el capitalismo nos va a vender la soga con la que los vamos a ahorcar”. Hoy pareciera que quienes van a hacer realidad la profecía de Lenin no son los comunistas revolucionarios sino los grandes empresarios que, en su desenfreno, les venden a los pequeños productores la idea de que cuanto más bajo es el salario mejor para los empresarios y no se dan cuenta que esa disminución salarial, directa o indirecta, es en realidad la soga con la que la financiarización de la economía ahorcará a los pequeños y medianos empresarios quienes son los mayores dadores de empleo, ya que en esa rueda loca de ajustar y ajustar van a quedarse sin clientes a quienes vender su producto.

 

 

La disminución de las contribuciones patronales 

En el Decreto 2609/93 que disminuye las contribuciones a cargo de los empleadores, se lee “Disminuir la incidencia impositiva y previsional sobre el costo laboral” todo ello con el objeto de mejorar el empleo. Ahora bien, veamos que ocurrió en la realidad: el desempleo que al momento de la ratificación del Pacto Fiscal estaba en 9,6% pasó en un año al 11,5%. Pero sorprendentemente, en 1995 se dictó el Decreto 372/95 mediante el cual se amplió la reducción de las contribuciones patronales a todas las actividades. La realidad volvió a destruir el argumento: la desocupación aumento al 17,5% en 1995, al 17,2% en 1996 y a 17,9% en 1997, batiendo los récords conocidos en nuestro país, solo superados en la crisis del 2002 en que llegó al 19,7%. No hay que ser muy sagaz para darse cuenta que disminuir las cargas patronales no solo no genera empleo, sino que profundiza la recesión económica, aumenta el desempleo y desfinancia los sistemas de protección social. 

 

 

Pero lo más importante es que la decisión de disminuir las contribuciones patronales no es aséptica ni gratuita, tiene un costo y es muy alto. Hoy ese costo alcanza al 2,92% del PBI, es decir alrededor de un billón de pesos o un tercio del gasto total en prestaciones de ANSES. Pero si tomamos el promedio de los últimos 16 años en que es posible recolectar datos confiables, alcanza al 2,99% del PBI por año. Si a ese número lo proyectamos en el período 1993 a 2019, la transferencia de recursos de los trabajadores a los empleadores es equivalente al 77,74% del PBI.

 

 

 

 

A riesgo de parecer reiterativos, si la disminución de las contribuciones patronales no generó empleo sino que justamente aumentó el desempleo. ¿Cuál fue y cuál es la utilidad social de esa medida? Ninguna. Entonces, ¿para qué mantenerla? Si esa medida fue instaurada en una de las peores noches del neoliberalismo, ¿cuál es la causa de que los gobiernos populares no den marcha atrás con esa medida? Y lo más importante de todo, cuando termine la pandemia, ¿no será momento de reponer el porcentaje de contribuciones que marca la ley? Si alguien piensa que reponerlas de golpe produciría algún cimbronazo económico, puede pensarse en recuperarlas de forma paulatina, pero conceptualmente, no tienen razón alguna para mantenerse la deducción a las cargas sociales decretadas por el neoliberalismo.

 

 

 

La plata del pueblo debe volver al pueblo

Las contribuciones patronales están determinadas por ley y forman parte del salario del trabajador. Durante lo que se dio en llamar “estado de bienestar”, se las consideraba salario diferido ya que la remuneración del trabajo comprendía el salario propiamente dicho más las contribuciones, donde el trabajador cobra el salario neto y las contribuciones pasan al erario del Estado, que las administra para proveer en el futuro cercano y no tan cercano prestaciones de servicios (salud)  o dinerarias (asignaciones familiares, jubilación, despempleo, etc.). En caso de presentarse una contingencia, en otros términos, el Estado reintegra al trabajador en forma de prestaciones lo que él y su empleador contribuyeron al sistema de seguridad social. En consecuencia, el dinero que se apropiaron los empleadores era del sistema de seguridad social, por lo que, si se repusieran las contribuciones patronales, ese dinero iría al sistema de seguridad social.

Si imaginamos que el ingreso básico universal debería, en una primera etapa, alcanzar el monto de una jubilación mínima, o sea $16.873,  la reposición de las contribuciones patronales alcanzaría para pagar a casi cinco millones de personas pobres. Sí, aunque parezca increíble, en 26 años de vigencia de la reducción de las contribuciones patronales 130 millones de prestaciones anuales de ingreso básico universal fueron a las manos de los empleadores, para acrecentar su riqueza.

 

 

Primero los que más necesitan

Si en verdad creemos que hay que hacer realidad la consigna de que la patria es el otro, lo primero que se requiere identificar es quienes, de los que nos rodean, son los “otros” que más necesitan de nosotros y tomar partido por ellos. La pandemia patentizó algo que todos sabemos pero que no terminamos de poner en el centro del debate: la pobreza. Hoy, en cierto modo afortunadamente, este tema es eje de toda discusión política, no solo en nuestro país sino en el mundo. El Presidente Alberto Fernández dijo en un reportaje una frase que grafica inmejorablemente lo que aquí queremos destacar: “Tenemos que volver a poner al hombre en el centro de la escena, para que nos resulte insoportable vivir en la desigualdad”. Ese es el sentido teleológico del Ingreso Básico Universal, romper las asimetrías sociales irreductibles y construir una sociedad mas justa e igualitaria.

El 25 de mayo por televisión rememoraron la fiesta por los dos siglos de la revolución de Mayo y, en medio de la impresionante celebración popular, le preguntaron a Charly García: ¿qué es la patria? Lo pensó un instante y dijo: “La casa del alma”. Un gran artista popular dio el concepto perfecto para definir algo tan abstracto como es la patria. Si en verdad la patria es la casa del alma, tenemos que poner todo para que esa casa sea lo mas bella, prolija e igualitaria posible y que sea la casa de todas las almas de los que tenemos el orgullo de vivir en suelo argentino. Vale la pena. 

 

 

 

 

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