La patota de Melazo

 

Una mega banda mixta dedicada al robo de casas y autos con protección policial y judicial. No sucedió en Rosario, la anomalía salvaje de la Argentina contemporánea al decir del periodista Juan Pablo Hudson. Ni tampoco en la zona norte del Conurbano bonaerense, que en los últimos tiempos se convirtió en el epicentro de un contubernio colosal entre grupos criminales, funcionarios judiciales y altos dirigentes políticos, con el caso del fiscal suspendido Claudio Scapolán como emblema y símbolo.

Sucedió en La Plata y alrededores: el ex juez de Garantías número 2 de La Plata, César Melazo, acaba de ser condenado a siete años y diez meses de prisión acusado de liderar una asociación ilícita integrada por policías, barrabravas, presos y otros funcionarios judiciales. Se la llamaba “La banda del juez”. Los jueces Santiago Paolini, Andrés Vitali y Silvia Hoerr, del Tribunal Oral en lo Criminal II, comprobaron que la organización criminal se dedicaba a robar casas y cometer estafas con autos falsificados, y a la venta de drogas, entre otros delitos. Además –sostuvieron los magistrados– contaba con zonas liberadas por jefes policiales y protección de la Justicia con la supervisión piramidal de Melazo, que fue penado también por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil condicional y encubrimiento.

Melazo, sin embargo, la sacó barata: la fiscalía había pedido una condena de 15 años de prisión. Los jueces, en efecto, lo favorecieron al considerarlo como “co-autor” y no como único jefe de la banda. Por el tiempo que lleva detenido –casi cinco años en prisión preventiva–, el ex magistrado de La Plata estaría en condiciones de alcanzar en los próximos meses los dos tercios de la pena impuesta y solicitar así la libertad condicional prevista en el artículo 13 del Código Penal. Una jugada perfecta que hasta lo llevó a victimizarse ante el tribunal para no estar en la lectura del veredicto: se excusó por la ola de calor imperante.

La mega banda había gozado de un extendido periodo de auge e impunidad. Según la investigación de la fiscal Betina Lacki, bajo el ala de Melazo los integrantes de la asociación ilícita cometían “robos bajo la modalidad de escruche, robo de autos, su posterior reducción; adulteración y venta, comercialización de estupefacientes, con un mismo modus operandi, con división y organización de tareas”. Además, “algunos de ellos, en su condición de efectivos policiales, aseguraban la zona, entregaban los trabajos y brindaban cobertura policial”, con el ex juez como principal protector desde los pasillos judiciales.

Una modalidad que, dadas las fatídicas disputas territoriales en zonas bonaerenses, ha crecido paulatinamente con “el Estado asociado a esquemas de mercados ilegales, ya no sólo patrocinándolos sino participando activamente y utilizando prácticas que son propias de esas empresas criminales como el sicariato”, según analiza Federico Schmeigel, director del Programa de Control de Corrupción e Inteligencia Ilegal de la Comisión Provincial de la Memoria. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 17 de abril: allí también se sabrá si Melazo será investigado por otros delitos conexos, como su supuesta calidad de “autor intelectual” en el crimen de Juan Farías, asesinado en un presunto ajuste de cuentas interno tras cometer un millonario robo.

El resto de las condenas fueron para el ex comisario Gustavo Burzstyn (siete años y diez meses), el ex policía Gustavo Mena (seis años de prisión), Adrián Manes (cuatro años), Carlos Bertoni (hermano del jugador de fútbol campeón del mundo en 1976, sentenciado a cuatro años de cárcel) y Enrique Petrullo (cuatro años de prisión por tráfico de influencias). Y se absolvió al ex policía bonaerense Carlos Barroso Luna y a los operadores judiciales Martín Fernández y Héctor Vega.

Un comando sofisticado y con ribetes narcos: robos a mano armada, bienes de mucho valor y reparto de grandes cantidades de dinero. “Los delincuentes sabían lo que iban a buscar, dónde encontrarlo, y que en el momento del golpe no se iban a encontrar con nadie. Las víctimas eran en general grandes comerciantes platenses, personas vinculadas al negocio del fútbol y testaferros”, se consideró en la sentencia.

Cuando fue detenido en su mansión del barrio de Gorina, en 2018, saltó a la vista la fortaleza material de Melazo. Los fiscales Mariano Sibuet y Victoria Huergo, en rigor, destacaron que su situación patrimonial “no se corresponde a los ingresos corrientes del Poder Judicial” y es un “indicio más” que avala su rol delictivo. César Melazo, sindicado como el “Oyarbide platense”, supo ser un juez que gozó de las mieles del poder. Gobernadores como Eduardo Duhalde lo ponderaban públicamente. Con un alto perfil mediático, se había hecho famoso por investigar las conexiones del juego clandestino en épocas de la “maldita policía”. Pero, con el correr de los años, las acusaciones se diluyeron y los presos fueron quedando libres. El tiempo demostró que Melazo, en realidad, se había convertido en lo que él mismo denunciaba de otros funcionarios: un experto en dar protección a bandas criminales y liberar zonas.

Con Melazo en prisión, se destapó una olla podrida que salpicó por entero a la Justicia platense. En septiembre de 2018 cayó el fiscal Tomás Morán, que hasta el momento había tenido cobertura por parte de otros integrantes de los tribunales bonaerenses. Tiempo más tarde fue el turno del ex juez Martín Ordoqui, miembro de la Sala V de Casación provincial y destituido de su cargo tras un juicio político realizado por un Jury de Enjuiciamiento.

Se espera que tanto Morán como Ordoqui estén sentados en el banquillo de acusados para el segundo juicio oral a la mega banda. Otros nombres que aparecen mencionados en audios y WhatsApp dentro de esta causa son los del fiscal Álvaro Garganta, los jueces de Garantías platenses Juan Pablo Masi y Guillermo Atencio, y el ex fiscal Fernando Castasegna, el mismo que había saltado a la notoriedad nacional a raíz de un show mediático en el que pretendió ubicarse como una especie de héroe amenazado por las mafias.

Fruto de su notable habilidad para gambetear las acusaciones en su contra, Melazo había renunciado a su cargo en 2017, cuando estaba apartado de su puesto al aparecer tres denuncias por mal desempeño y presuntas irregularidades en su juzgado. Frenó, de ese modo, un juicio político impulsado por el platense Juan Pablo Allan, senador bonaerense de Cambiemos e integrante del Consejo de la Magistratura provincial, quien lo acusó de anormalidades en el ejercicio de su función. Al año siguiente, cuando allanó su domicilio, la Policía Federal encontró un pequeño arsenal: más de 2.000 municiones y 15 armas, entre largas y de puño, una de ellas con pedido de secuestro. “Soy un coleccionista”, se defendió Melazo, que negó las acusaciones en su contra y dijo ser un “perseguido político”.

Tiempo después, el ex juez se creyó víctima, incluso, del mismo sistema que acusa a la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner de casos de corrupción. “La asociación ilícita la forman ellos, me refiero a los entonces funcionarios de la gobernación de (María Eugenia) Vidal”, dijo en una entrevista periodística desde la cárcel de Ezeiza. “Es fruto de su megalomanía y de su estrategia política. No tiene nada que ver con Cristina ni con Vidal”, opinó una fuente especializada del expediente.

En la instrucción judicial, la fiscal Betina Lacki había avanzado con dificultad sobre la causa. Pidió en reiteradas oportunidades el apoyo de fuerzas de seguridad federales por considerar que la Bonaerense estaba implicada y que, por lo tanto, no podía participar de la investigación. Debió esperar un largo tiempo. Finalmente logró que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la ex División de Homicidios de la Federal tomaran el control. De esa manera logró allanar un camino espinoso que reveló un sistema corrupto, plagado de influencias non sanctas. Un testimonio clave fue el de Nadia Mariscal, viuda de Juan Farías, un ladrón asesinado en La Plata –en lo que, se sospecha, fue un ajuste de cuentas por no compartir un robo con policías y barra bravas–, quien involucró directamente a Melazo con los delitos de la banda.

 

 

El juicio puso sobre la mesa los frondosos antecedentes de Melazo como juez y parte de siniestros procedimientos desde su estrado del poder, con irregularidades en la confección de actas judiciales, autorizaciones de escuchas telefónicas ilegales y allanamientos sin orden previa. Como el secuestro del hijo de Roberto Laffont, capitalista del juego investigado por Melazo, quien dejó al descubierto una coima millonaria propuesta por el ex juez para su posterior liberación. La llamada “patota de Melazo” era vox populi en los tribunales platenses. ¿Bastará una condena en su contra, mucho más leve que la esperada, para frenar su ambición de regreso? ¿O se espera que la pronta liberación de Melazo sea un mensaje de revancha de una banda mixta no del todo desactivada?

 

 

 

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