La palabra judicial bajo sospecha

“El sistema no castiga a sus hombres: los premia. No encarcela a sus verdugos: los mantiene”
“Quién mató a Rosendo”. Rodolfo Walsh.

 

Estoy en Washington invitada por la AmCham Argentina. Recorremos sitios claves de la ciudad. Los anfitriones nos cuentan muchas cosas. Cuando los escucho pienso en la distancia que existe entre lo que nos dicen y lo que vivimos en nuestro país en materia de seguridad jurídica, transparencia y cambio de reglas de juego. No estoy haciendo apología de los EE.UU., sino que remarco el contraste que, al menos en el plano del discurso, se palpa cuando se habla de las instituciones, de sus roles, de sus fines y de sus lógicas de funcionamiento. En el caso argentino la debilidad se huele, aquí la fortaleza se siente.

En nuestro país para la Justicia todos los tiempos son complejos. Pero hoy más que nunca, porque la campaña electoral aterrizó con toda su fuerza en los tribunales de Comodoro Py. El candidato presidencial por el "Frente de Todos" Alberto Fernández fue citado por el juez Claudio Bonadío para que preste una declaración testimonial. Hasta ahí nada que objetar.

Pero a medida que desagregamos el hecho se torna muy difícil de explicar. El juez lo citó para interrogarlo sobre sus declaraciones públicas cuando se firmó el Memorándum con Irán, hace ya demasiados años.

Concretamente, el 26 de febrero de 2015 Fernández le dijo al colega Nelson Castro que el tratado era deplorable. Además, la ex Presidenta Cristina Kirchner fue procesada en ese caso por el delito de encubrimiento y espera fecha de juicio oral en el Tribunal Oral Federal n° 8. Entonces, ¿por qué cito Bonadío a Fernández? La razón procesal es que existe un legajo “remanente” y que hubo un pedido del abogado Tomás Farini Duggan.

Sin embargo, la lectura política que hacen algunas fuentes consultadas que conocen los pasillos de Comodoro Py es diferente. Afirman que podría haber un uso electoral del expediente para que Alberto Fernández hable mal de su compañera de fórmula a pocos días de las elecciones. Esto significa que hay una tensión entre la “razón procesal” y la “razón política”.

No me interesa y no es mi función develar cómo funciona esa tensión. Pero lo que tengo claro es que es un sueño pensar en una seguridad jurídica razonable cuando la Justicia se autocoloca en un lugar de sospecha.

Desde febrero de 2015 hasta ahora hubo demasiado tiempo como para escuchar a Alberto Fernández. El solo hecho de hacerlo el 10 de julio de 2019 llama la atención. Un teórico del derecho penal decía que cuando la política entra por la puerta a los tribunales, la justicia sale por la ventana.

El miércoles pasado, mientras se celebraba una audiencia más en el juicio “la ruta del dinero K”, el abogado del procesado Federico Elaskar, José Manuel Ubeira, deslizó frente a los jueces una sospecha vinculada a una intimación que sufrió de parte de la Unidad de Información Financiera.

El organismo le pidió al letrado que explique cómo percibe sus honorarios. El pedido aparentemente se enmarca en una política global de la UIF, implementada respecto a abogados que ejercen su ministerio en causas de lavado de dinero y no solamente para Ubeira. El letrado señaló que el pedido pone en tela de juicio la relación de confidencialidad que lo protege con su cliente. Por esa razón, fuentes judiciales dicen que el Colegio Público de Abogados podría tomar cartas en el asunto.

Independientemente de los argumentos a favor y en contra de la medida, es evidente que contribuye a alimentar el clima de sospecha que envuelve a la administración de justicia. Sobre todo porque Ubeira es querellante en el caso D'Alessio, ya que el fiscal Carlos Stornelli —que aún no se presentó ante los reiterados llamados del juez Ramos Padilla— habría diseñado hacerle una cámara oculta.

Este clima de sospecha probablemente se proyecta sobre gran parte de las decisiones que toman los jueces y fiscales. Abarca desde los procesos seguidos a los ex funcionarios “K”, a la propia Cristina Kirchner  y también al expediente del Soterramiento del Sarmiento justo cuando el fiscal Franco Picardi recibió valiosa información del Principado de Andorra. La misma podría arrojar luz sobre una parte de la ruta del dinero y afectaría al primo presidencial, Ángelo Calcaterra.

Este es un ejemplo. Hay muchos más. Lo que intento destacar es la ausencia de una estrategia real de recomposición de la credibilidad de los jueces y fiscales. Mientras tanto, ambos lados de la grieta ven lo que quieren ver; es decir, conspiraciones recíprocas. Todo el mundo reivindica el derecho a sospechar. Pero cada que vez que insisten en sus perspectivas, alimentan las sospechas.

La seguridad jurídica, en esas condiciones, se vuelve un sueño imposible porque la palabra judicial no puede convivir con sospechas que, fundadas o no, están siempre presentes por el sesgo de los actores.

 

 

* Publicado en #DosJusticias

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