Cuando Patricia Bullrich al frente del ministerio de Seguridad modificó a través de la resolución 956/2018 la reglamentación, ampliando la definición de “peligro inminente” que habilitaba el uso letal de armas por parte de los integrantes de las fuerzas de seguridad, existieron críticas de organismos de derechos humanos y también amparos judiciales como el presentado por “Linqueños por los Derechos Humanos”. Este fue rechazado por el juez federal de Junín Héctor Pedro Plou, que determinó que la asociación de derechos humanos debía pagar los honorarios del abogado de Bullrich, fijados en 100.000 pesos. La Sala II de la Cámara Federal de La Plata declaró el 10 de marzo abstracta la cuestión debatida, porque la ministra de Seguridad Sabina Frederic derogó la resolución de Bullrich. La Cámara determinó que las costas las debe pagar el Ministerio de Seguridad, pero la organización de derechos humanos con su representante legal —Gabriel Ganón—, están evaluando ejecutar las costas contra Patricia Bullrich, como lo explica el abogado en diálogo con El Cohete a la Luna.
“El fallo del juez Plou sale en todos los medios”, dice Alberto Ghiorzi, presidente de “Linqueños por los Derechos Humanos”, quien evalúa el fallo del Juez Federal de Junín como un intento de congraciarse con el Ministerio de Seguridad de Bullrich. La solidaridad con la organización vino de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y de la Comisión Bonaerense por la Memoria.
Parte y Juez
El padre del juez Plou tuvo una activa participación durante la dictadura cívico militar en Junín. “Era un teniente coronel que estuvo a cargo el operativo en el que detuvieron al cura Santamarina, en la madrugada del 25 de mayo de 1976. En el mismo operativo se llevaron de la casa de sus padres, a la vuelta del colegio Marianista, a mi esposo que nunca más apareció”, expresa Susana Boguey, esposa de Hugo Ramón Torreta, muerto en la tortura. Susana fue detenida y desaparecida y estuvo trece meses en cárceles federales como presa política. En la causa por juicios de lesa humanidad que se llevó adelante en la ciudad de Junín en 2015, uno de los imputados, el comisario de inteligencia Julio Manzanares, sostuvo que la primera declaración que recibe el juez Héctor Pedro Plou es la del cura Bernardo Santamaría del colegio Marianista, quien relata detalles de su detención y manifestó como instigador de su detención al coronel Plou. El juez actuó como si la acusación no hubiese existido y dirigió la actuación de la causa hacia la comisaría de Junín.
Susana Boguey refiere que no tuvo contacto inmediato con Julio Santamaría, porque ella fue detenida-desaparecida primero y luego presa política. Cuando recuperó su libertad, “el padre Julio ya no estaba en Junín. Pero sí otros alumnos de la institución. Alguno muy amigo que me acompañó al juicio cuando brindé declaración y otros religiosos de la institución, todos daban fe que frente a ese operativo estuvo el teniente coronel Pedro Plou, dato que nadie desmintió ni dentro ni fuera del juicio”. Santamaría murió, el padre del juez Plou también. La oscuridad sobre su accionar judicial sigue en pie.
Lo de Manzanares podría leerse como un imputado con evidente responsabilidad que se quería sacar el lazo de encima e intentaba acusar al juez de sentar en el banquillo a ex policías y no a todos los responsables del Ejército, para salvar a su padre. Pero lo que expresaba Manzanares también era compartido por las víctimas directas, como Susana Boguey: “El testimonio final de Manzanares, si no fuera porque uno estaba del otro lado del tribunal, era realmente para aplaudir”. Los testigos intentaron también recusar al juez Plou, pero la recomendación de la defensa fue no hacerlo para que el juicio continuase en Junín.
Manzanares refirió que el juez Plou formaba parte de los operativos. Que no solamente buscó salvar a su padre, sino a él mismo. Susana Boguey cuenta que el colegio Marianista no le permitió que fuesen parte de la institución a los nietos del teniente coronel, los hijos del Juez, porque la institución se había sentido agredida en la detención del cura Julio Bernardo Santamaría.
Pedro Plou demostró no solamente alineamiento con el deseo de Bullrich de que las fuerzas de seguridad pudieran hacer uso ampliamente de las armas en forma letal, rechazando el amparo de la asociación de derechos humanos de Lincoln, sino que también demostró ser un buen alumno de Cambiemos en la supresión de derechos cuando dictó en 2016 una cautelar para dejar sin efecto un paro docente universitario.
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