La oruga y la mariposa

 

 

Estos hechos colmaron una semana política intensa y sobre todo, preanunciaron el giro de 180° que, tema por tema e institución por institución del Estado, se verificará a partir del martes, cuando se instale el nuevo gobierno:

• • el lunes en Comodoro Py, Cristina firmó la partida de defunción de la farsa judicial montada para criminalizar la política;
  • el martes, las nuevas autoridades de la Cámara de Diputados y de los distintos bloques mostraron la unidad alcanzada, con Sergio Massa como presidente del cuerpo y Máximo Kirchner al frente del FdT;

 

 

 

• el miércoles se presentó el bloque mayoritario de Senadores también unificado, bajo la conducción de José Luis Mayans y Anabel Fernández Sagasti, con la ex gobernadora santiagueña Claudia Ledesma Abdala como presidente provisional del Senado; el cordobés Carlos Caserio aleccionado por Alberto y Cristina sobre las ventajas de pensar antes de hablar, y hasta el riojano Carlos Menem y el puntano Adolfo Rodríguez Saa disciplinados en sus bancas, todos convencidos de que el adversario es el neoliberalismo, que podría volver si se dispersan;
• el jueves, Macrì enlatado en su ensoñación de despedida del país que le hubiera gustado dejar. Cuando se le pasó la sedación para ese tape, insultó como traidores a tres diputados de partidos aliados que formaron un interbloque. El único dato cierto de toda su perorata es que normalizó el INDEC, vandalizado por Guillermo Moreno, lo cual permite medir con exactitud el agujero negro económico-social que dejaron sus cuatro años de experimentos sobre seres vivos. Ni siquiera la magia comunicacional le funcionó: el Observatorio Social de la PUCA había anunciado hace un mes que el 5 de diciembre daría su informe 2019 y Macrì eligió el mismo día para su performance. El 40,8% de pobreza fue lapidario para quien había pedido ser juzgado por su promesa de reducirla a cero. Nada de lo que dijera importaría de ahí en más. Él le llama cimientos sólidos a la fosa en la que sepultó la industria, el comercio, la educación y el empleo. Como cantó María Elena Walsh: no es lo mismo ser profundo, que haberse venido abajo.
• El viernes, primer encuentro del Presidente electo con el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tiene su sede el gobierno nacional. Allí Horacio Rodríguez Larreta profundizó su diferenciación de Macrì y, como jefe de la oposición, abrió un diálogo terso con su vecino de la otra cuadra. Se ofreció a quitar las rejas que instaló Patricia Bullrich en la Plaza de Mayo y demandó atención financiera para terminar obras en marcha;
• Alberto en la presentación oficial de su gabinete el mismo viernes, con el rol predominante de su persona de mayor confianza, Cecilia Todesca, como vicejefa de gabinete, y el asistente argentino de Joseph Stiglitz, Martín Guzman, en el Ministerio de Economía. Mezclando cargos de distinta jerarquía mostró un equipo con 27% de mujeres. Eso incluye desde íntimas conocidas, como su ex pareja Vilma Ibarra, hasta su reciente descubrimiento, Eli Gómez Alcorta, cuyas últimas exposiciones públicas lo deslumbraron. Con planes de reforma de la Justicia que oscilan entre la reasignación de funciones entre jueces federales y nacionales, cuya jurisdicción se prorrogaría más allá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la aceleración de la puesta en práctica de la reforma procesal penal, que pone la investigación en manos de los fiscales y reduce a los magistrados a jueces de garantías. En Seguridad y Defensa, Sabina Frederic y Agustín Rossi deberán cortar con nitidez pero sin estrépito los lazos con que Patricia Bullrich y Oscar Aguad ataron al país a los designios y las concepciones del Comando Sur, la DEA, la CIA y el Departamento de Estado. No será una tarea simple. Según el Security Assistance Monitor, una organización ciudadana que releva la asistencia estadounidense en Seguridad y Defensa a todo el mundo, en los años del gobierno de Macrì (2016-2019) el total mundial se redujo, de 19.053 a 18.805 millones de dólares. En cambio la porción argentina creció 21 veces, de 584.000 dólares en el primer año de Cambiemos, a 12,3 millones este año. En 2020, ya sin Macrì, volverá a 600.000 dólares.
• el amenazante núcleo duro del antiperonismo salió a las calles de la Ciudad Autónoma el sábado, un día después de que Horacio Rodríguez Larreta visitara al Presidente electo en sus oficinas. Ahí se perfila el conflicto interno del PRO, entre HRL cuyo temor es que la política del odio abra el camino a un Bolsonaro argentino, y Macrì quien se jacta: —Esse Bolsonaro argentino serei eu.

 

 

¿Podremos relajarnos el domingo?

El martes 10, Día Internacional de los Derechos humanos, asumirán Alberto y Cristina en medio de una fiesta popular. Los detalles de su gobierno se irán viendo cada día, pero los lineamientos centrales son claros:

• medidas de emergencia contra el hambre;
• privilegio de la producción sobre la financiarización;
• rápida recuperación de los salarios y asignaciones que más perdieron en los cuatro años de la hecatombe;
• aumento de impuestos allí donde hubo superganancias y existe capacidad contributiva ociosa;
• remonetización de la economía;
• control de precios para que bolsillo no mate corazón y la carrera del IPC no lime en uno o dos meses los acuerdos que se alcancen en la próxima semana;
• postergación de pagos de la deuda externa;
• desdolarización de tarifas de servicios hoy impagables;
• provisión de bienes sociales que son salario indirecto.

 

 

Preguntas

Cristina definió en los tribunales las prácticas que deberían ser desterradas, demolió las acusaciones en su contra y concluyó con una sentencia tomada de la historia y otra que hará historia. Parafraseando a Fidel Castro mas con la potencia arrasadora de su recién descubierto feminismo, dijo que sabe que su condena está escrita pero la historia ya la absolvió y en cambio condenará a sus ejecutores judiciales. Después remató:

—¿Preguntas? Ustedes van a tener que contestar preguntas.

Se dirigió así a los jueces del Tribunal Oral Federal 2, a raíz de una intervención del fiscal Diego Luciani, quien debe haber sentido alivio al escuchar esa respuesta. Después de las elecciones primarias de agosto, Luciani habló con un juez de San Isidro, donde empezó su carrera. Se declaró angustiado porque no tenía pruebas contra la ex Presidente pero igual estaba obligado a acusarla y pidió que le hiciera llegar ese mensaje bochornoso, a través de una persona de la familia del juez, de acceso frecuente a Cristina.

Por esa ausencia de pruebas, agregó Luciani, sólo podría conjeturar que ella no podía desconocer los presuntos delitos cometidos por otros funcionarios y calificarla como jefa de una asociación ilícita (la figura que se usó contra sindicalistas y anarquistas hace un siglo y contra guerrilleros hace medio, porque permite detener y dictar la prisión preventiva aunque sea imposible demostrar algún delito). Acusada de la jefatura de cuatro distintas asociaciones ilícitas, indagada por Glock en ocho causas en un mismo día, relumbra el propósito de estigmatizar a Cristina y antes que ella a Néstor Kirchner, como los jefes de una banda que llegó al gobierno para saquear al país. Esto ni siquiera coincide con el tipo penal de la Asociación Ilícita, que requiere formar parte de una banda de al menos tres personas para cometer una cantidad indeterminada de delitos, no quedarse con plata de un solo origen.

 

 

 

 

 

Delincuentes idiotas

En las causas por el alquiler de los hoteles a Lázaro Báez, que, para querellantes, fiscales y jueces, sería el pago de una coima por la asignación de obras viales, Cristina ironizó: “Se realizaron obras por 16.000 millones de pesos, y alquilamos el Hotel Calafate durante cinco años por 20 millones de pesos, el 0,1%. Como delincuentes, la verdad que somos idiotas. ¿Qué querían, que se lo diéramos gratis al hotel?” Los contratos están en regla, las transferencias fueron bancarizadas, los precios son los de mercado.

El 11% de la obra vial que el Presupuesto nacional votado por el Congreso asignó a Santa Cruz es proporcional a su superficie, del 10% del territorio nacional. A nadie se le ocurrió citar a los diputados y senadores que lo aprobaron. Baez ganó las 51 obras que realizó por licitación, sin que sus competidores lo impugnaran, pero perdió las más grandes, como las represas Kirchner y Cepernic, para las que se había asociado con Angelo Calcaterra, el primo de Macrì que manejaba las empresas familiares. Cristina pidió que se peritaran todas las obras realizadas en el país, para que la comparación hablara, pero se lo negaron. Apenas se ordenó un peritaje de 5 de las 51 obras incriminadas, a cargo del ingeniero Eloy Pablo Bona. CFK lo recusó, por la catarata de declaraciones públicas que suscribió, insultantes hacia ella, sus hijos y hasta su nieto Néstor Iván, de 6 años. Pero el tribunal lo confirmó. Según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos humanos, la persona imputada tiene derecho a una comunicación previa y detallada de la acusación, para preparar su defensa. Debe ser completa, expresar con claridad las razones y los delitos por los cuales se pretende atribuirle responsabilidad. En este caso se violó ese derecho al segmentar la prueba, ya que sólo se realizó un muestreo parcial de un porcentaje mínimo de las obras ejecutadas. El colaborador de Cristina Juan Martín Mena comentó: “Te acusan de diez homicidios pero se ordena una sola autopsia. Se comprueba que murió de muerte natural. Después aparecen vivos los otros nueve”. Fernández sentenció: “Si plantea esas cosas en un examen, lo repruebo”.

 

 

Dos en mil millones

Nueve de diez causas que se le siguen a CFK fueron asignadas al doctor Glock en presuntos sorteos. El resto recayeron en el juzgado de Julián Ercolini, el discípulo del que Alberto Fernández reniega. Según el matemático Adrián Paenza, la probabilidad de que esto ocurra de verdad es de dos veces cada mil millones de sorteos. Algunos abogados de políticos querellantes, como la Elisa Carrió de cabotaje, Margarita Stolbizer, dicen que no todas fueron por sorteo, que algunas llegaron por conexidad. Es el viejo truco, que Glock y Ercolini manejan con puntería, de la causa gemela dormida que se despierta en el momento oportuno para apoderarse de la que está molestando.

Es lo que ocurrió a partir del 2 de agosto de 2016, cuando el fiscal Eduardo Taiano pidió información sobre a qué empresas se ordenó pagar sí o sí. La respuesta incluyó en el sexto lugar a Construcciones Austral, de Lázaro Báez (de quien Cristina dijo que nunca fue amiga) y en octavo a IECSA, de la familia Macrì. Taiano es un hombre apocado pero quiso hacer bien su trabajo y también pidió el listado de lo percibido por cada empresa en todo el país entre 2003 y 2015. Esto incluía a IECSA, Austral y las 30 principales contratistas, y señaló que a esa altura no había personas imputadas de delitos. Bastó esa comunicación del fiscal para que se desempolvara una denuncia idéntica presentada en 2008 por Carrió.

Ercolini la usó como imán para atraer a la otra. Bastaron 48 horas para que el fiscal Gerardo Pollicita, a quien se le adosó como ad hoc Ignacio Mahiques, solicitara la conexidad, que Ercolini declaró de inmediato, desplazó a Taiano y les delegó la instrucción a estos dos “fiscales a la carta”, según la frase de Cristina. Apenas una semana después, el 12 de agosto. Pollicita y Mahiques pidieron el procesamiento de Cristina, Báez, Julio De Vido y otras 27 personas.

 

 

 

 

“Por la velocidad, Macrì debería haber enviado a la Corte a Pollicita y Mahiques, en vez de a Rosenkrantz y Rosatti”, agregó la Vicepresidente electa. A pedido de estos “corsarios judiciales” y con “estrépito mediático”, Ercolini la citó a declaración indagatoria y en diciembre de 2016 le trabó un embargo por 10.000 millones de pesos, una cifra extravagante y desproporcionada a su patrimonio, tal como consta en su declaración jurada. Sólo se hubiera podido llegar a esa suma si Austral Construcciones no hubiera hecho un solo metro de ruta.

“No sabía de dónde salía esa cifra. Pero al día siguiente, Macrì anunció un plan de obras públicas… por 10.000 millones de pesos y entendí todo. Obran de mala fe. La gente no tiene tiempo para pensar. Si un peronista tiene plata debe ser corrupto, a los otros se les presume honestidad, aunque se hayan hecho millonarios con la deuda externa. Los medios dicen que el sol sale por el Oeste y terminan por creérselo. Y los fiscales y los jueces firman cualquier cosa si coincide con el relato de los medios”.

 

 

El mutante                                                                                                             

Cristina bautizó El Mutante, a Ercolini. El mismo juez que en 2016 la procesó y le dictó el embargo, en 2011 se había declarado incompetente para investigar la misma denuncia por sobreprecios en la pavimentación de rutas provinciales. Cinco años antes de su mutación adujo que los recursos nacionales habían ingresado a la administración provincial, que realizó tanto las licitaciones, como las adjudicaciones y el control de las obras, a través de Vialidad Provincial, del Tribunal de Cuentas, de la Fiscalía de Estado y de la Cámara de Diputados, por lo que invocando jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia remitió la causa a la justicia de Río Gallegos.

Pollicita apeló la incompetencia, pero el fiscal general Germán Moldes no sostuvo su recurso y la decisión quedó firme.

La Justicia de Santa Cruz desestimó la denuncia y la archivó en 2012. Pero en 2013, luego de un show del Infotainer Jorge Lanata, la achichincle de Carrió, Mariana Zuvic, presentó una denuncia por Asociación Ilícita en el juzgado federal de Río Gallegos contra los responsables de custodiar el patrimonio provincial. En 2014, la jueza federal de Río Gallegos, Andrea Askenazi, también se consideró incompetente y remitió todo a la Justicia provincial de Santa Cruz, que en 2015 sobreseyó a los Baez por fraude.

A las demás violaciones al debido proceso se suma esta negación de un principio general del derecho como el nec bis in ídem¸ por el que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Ercolini retomó la causa sobreseída, procesó a Cristina y la remitió al Tribunal Oral, que no apreció que fueran idénticas. El lunes sus integrantes debieron escuchar la catilinaria de su perseguida: “Los jueces son el ariete del flagelo de identificar a los gobiernos populares con corrupción. ¿Por qué no son sinceros y dicen ‘no nos gustan los negros o los pobres’? Venían a hacer lo que hicieron. Ellos endeudaron al país por un PBI, con comisiones, Toto Caputo y Sturzenegger. Había que convencer que éramos chorros, para que fuera más fácil hacer lo que hicieron. No es la grieta, que se olviden de la grieta, son los intereses de los empresarios que perdieron sus empresas, de la gente que duerme en la calle. ¿Es tan difícil entenderlo? Había que condenar al gobierno que desendeudó el país, traer de nuevo al FMI. Convencer de que quien nos desendeudó era un chorro. Por eso estoy yo aquí”.

También dijo que no quería cargar las tintas sobre Glock y Ercolini, porque hay un sistema de alzada que tampoco defendió los derechos y garantías. Cuando el juez Sebastián Casanello decidió que no tenía pruebas para llamarla a indagatoria, la Cámara Federal presidida por Martín Irurzun le ordenó que lo hiciera. Casanello la citó, pero luego le dictó la falta de mérito porque no encontró delito a reprocharle. Tortuga Casanello lo bautizó un showman del Grupo Clarín. Buscar pruebas, no condenar sin ellas es de inadaptado a este tiempo de los ligeros.

 

 

Sin dominio del hecho

En derecho penal no existe la responsabilidad objetiva, que sí forma parte del Código Civil. Nadie puede ser considerado responsable de un delito penal, si no tiene dominio del hecho que lo provocó. De otro modo se sancionaría a alguien por quién es y no por aquello que hizo. En eso consiste el derecho penal del enemigo, calificación afín pero más asentada en la doctrina que la del lawfare, que se dice en inglés pero se practica en árabe, castellano, portugués, ucraniano, aymara y zawili.

Desde hace medio siglo se discute la responsabilidad penal de las personas jurídicas y sus directorios por los hechos de sus dependientes. Al actuar, las empresas realizan actividades que ponen en riesgo bienes jurídicos supraindividuales como la seguridad pública o el medio ambiente. Para impedir la impunidad de los dirigentes empresarios por los hechos de sus empleados, el penalista alemán Claus Roxin tipificó la responsabilidad penal por infracción a los deberes específicos de cuidado, a la usanza de lo que pasa en el derecho civil. Pero eso sólo vale para delitos culposos, cuando a Cristina se le reprochan delitos dolosos, es decir, no por desatención o falta de cuidado sino intencionales. Ni la Constitución, ni el derecho administrativo establecen un deber jurídico presidencial en relación a las ejecuciones presupuestarias, que corren a cargo del Jefe de Gabinete. Su única responsabilidad es la promulgación de la ley de presupuesto.

El derecho administrativo es delegativo, porque si el Poder Ejecutivo fuera responsable de lo que sucede en la mesa de entradas de cada repartición pública sería imposible gobernar, dijo Cristina. En su caso, estaba a trece niveles jerárquicos de los hechos que se le imputan. En cambio, Paolo Rocca fue sobreseído porque no tenía por qué saber que su principal colaborador había tomado algunos millones de la caja de Techint para pagar coimas en Venezuela. Doble vara escandalosa.

 

 

La mordaza

La primera parte de la exposición flamígera de Cristina estuvo dedicada al sigilo con que los jueces quisieron amortiguar sus palabras, cuya transmisión en directo por TV prohibieron. Cuando se enoja es única. Enhebra en velocidad largas frases sin fallar un verbo o un adjetivo y alternando la ironía para ilustrar un concepto. Mejor estar lejos si se dirige a uno.

Tanto el sistema europeo como el interamericano de protección a los derechos humanos avalan su posición. Para el Tribunal Europeo, la publicidad de la audiencia pública en el proceso penal es obligatoria y las únicas excepciones son las previstas en el artículo 6.1 de la Convención Europea: para proteger los intereses de los menores o la vida privada de las partes, o si fuera estrictamente necesario para los intereses de la Justicia. Ninguno de esos supuestos se da en este caso.

La Convención Americana de Derechos Humanos consagra el derecho a la publicidad del proceso penal en su artículo 8.5. Para la Corte Interamericana, este es un elemento esencial de un Estado democrático y se garantiza en la etapa oral. "Tiene la función de proscribir la administración de Justicia secreta, someterla al escrutinio de las partes y del público. Se relaciona con la necesidad de transparencia e imparcialidad de las decisiones que se tomen” y “fomenta la confianza en los tribunales”, que es lo que falta en la Argentina. La pretensión del TOF 2 de que en un país de 45 millones de habitantes ese derecho se satisface con la presencia de los ciudadanos interesados en una sala con 64 asientos, es ridícula, pese a la jerga pomposa en que se afirmó. Una empleada del tribunal y el jefe de seguridad de Comodoro Py cortaron la transmisión en circuito cerrado a la sala de periodistas, para impedir que las señales de cable C5N y Crónica siguieran transmitiendo la audiencia. Ni ADEPA, ni FOPEA, ni AIR protestaron por esta flagrante violación a la libertad de prensa, solo porque la ordenaron tres jueces arbitrarios. Yo cumplo órdenes es la voz de mando de la mediocridad argenta.

La Asociación de Magistrados escandió su cacofónica solidaridad “con los magistrados que han resultado atacados” y que “han debido tolerar situaciones que desandan la cordialidad y respeto que, con reciprocidad, se deben jueces y partes”. Cordialidad rima con reciprocidad, pero no con Cristina, a quien la corporación judicial maltrató como sólo había hecho con Perón, pero nunca de cuerpo presente como a ella. La patética declaración fue impulsada por la Agrupación Compromiso Judicial, que integra el presidente del TOF 2, Jorge Gorini. Nada dijo la Asociación cuando en el juicio por el encubrimiento del atentado a la DAIA y la AMIA, el ex juez Juan Galeano y los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia trataron de corruptos kirchneristas a los querellantes y a los jueces y fiscales que sostuvieron la acusación. Presidía ese tribunal el mismo camarista Jorge Gorini, tan ofendido ahora. Más doble vara.

 

 

Tiene razón, pero marche presa

En cuanto asumió Macrì, su director de Vialidad, Javier Iguacel, ordenó una auditoría, sólo en la provincia de Santa Cruz, sobre las obras realizadas por Lázaro Báez. Sus conclusiones fueron categóricas: se realizó con buena calidad y en plazo todo lo pagado, y aún más; sólo faltaron 2 km en una ruta de 2200, es decir un ínfimo 0,09%.

Báez ganó las 51 obras que realizó por licitación, sin impugnaciones de sus competidores, pero perdió las más grandes, como las represas Kirchner y Cepernic, para las que se había asociado con Angelo Calcaterra, el cuñado de Macrì que manejaba las empresas familiares. Otro tanto se intentó con Gerardo Ferreyra, de Electroingenieria, que en asociación con una empresa china construía las represas de Santa Cruz que perdió Báez. Ambos terminaron en la cárcel, por el delito de kirchnerismo.

Cristina pidió que se peritaran todas las obras realizadas en el país, para que la comparación hablara, pero se lo negaron. Apenas se ordenó un peritaje de 5 de las 51 obras incriminadas, a cargo del ingeniero Eloy Pablo Bona. CFK lo recusó, por la catarata de declaraciones públicas que suscribió, insultantes hacia ella, sus hijos y hasta su nieto Néstor Iván, de 6 años. Pero el tribunal lo confirmó.

Es clara la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos humanos: la persona imputada tiene derecho a una comunicación previa y detallada de la acusación, para preparar su defensa. Debe ser completa, expresar con claridad las razones y los delitos por las cuales se pretende atribuirle responsabilidad. En este caso se violó ese derecho, al segmentar la prueba, ya que sólo se realizó un muestreo parcial de un porcentaje mínimo de las obras ejecutadas.

 

Pusilánimes y hedonistas

Nada de todo esto hubiera sido posible si la Corte Suprema de Justicia no hubiera sido un modelo de intrigas y pusilanimidad. Desplumado por los jueces de origen peronista, su presidente Carlos Fernando Rosenkrantz intenta ejercer facultades disciplinarias de las que carece en temas tan trascendentes como la persecución a su chofer, Guillermo Mercado, suspendido por una semana porque no rescató de un auto enviado a reparación objetos personales del Emperador. Rosenkrantz lo sancionó sin instruirle sumario, lo cual implicaría el derecho de defensa del acusado, quien alega que esa no era su responsabilidad. Mercado, de 60 años, tiene una pequeña unidad básica en la zona de Lugano. Como buen peronista decidió no soportar el atropello en silencio y lo hizo trascender. Entre los muchos asesores que Rosenkrantz contrató, no parece haber buenos consejeros en derecho administrativo. En dos años, designó a una docena y media de funcionarios con sueldos promedio de 300.000 pesos mensuales, lo que constituye una de las pocas pymes exitosas en estos años de malaria. Estos son sus integrantes, con sus cargos y remuneraciones mensuales, que van de 500.000 a 80.000 pesos:

 

 

La Secretaría de Desarrollo Institucional a cargo del hedonista  Thury Cornejo es el sueño de una noche de verano laboral: solo imprime un boletín por semana que retrata los salones del palacio de justicia y en el que se comentan series y películas de Netflix.

Este despilfarro ostentoso alienta las expectativas del Obispo de Rafaela de recuperar la presidencia de la Corte, para lo cual ha hecho llegar un ofrecimiento de adhesión incondicional al Presidente electo, el mismo que formulara la década pasada a la presidente CFK. Alberto Fernández sabe que Lorenzetti no sólo faltó a esa promesa, sino que fue la fuerza impulsora de la acumulación de causas en contra de Cristina. Son públicos sus discursos ante una audiencia de jueces en contra de la corrupción; el video que compiló alegando que la muerte del fiscal general Natalio A. Nisman era un asesinato impune, lo cual marcó el camino que luego siguieron jueces y fiscales bajo su protección; su encuentro con el entonces juez y hoy ministro de Justicia de Brasil Sergio Moro y el juez argentino Claudio Bonadío; la designación sin sorteo del camarista Martín Irurzun para conducir la oficina de Escuchas y Filtraciones de la Corte Suprema.

 

 

El Presidente electo conoce que el Obispo reunió a los jueces federales con causas contra CFK y les prometió respaldarlos si avanzaban, porque uno de los asistentes se lo contó, y no sólo a él. Irina Hauser narra en su libro Rebelión en la Corte que la denominada doctrina Irurzun (que permitió mandar a la cárcel a docenas de ex funcionarios en cuanto los jueces Julián Ercolini y Glock los procesaron y antes de que la presunción de inocencia hubiera sido destruida por una condena) en realidad debería llamarse Doctrina Lorenzetti, porque fue él quien redactó la resolución que los demás jueces de la Corte Suprema se negaron a firmar. Ante ese rechazo, se la hizo llegar a Irurzun, un camarista cuya relación con los servicios de Inteligencia es de índole familiar.

Esta serie de agachadas culminó en abril y mayo de este año, cuando la Corte pidió al TOF 2 la remisión del expediente de la causa de Vialidad, antes de decidir sobre un recurso de la defensa de Cristina, y los de otros siete procesados, que señalaban las arbitrariedades y abusos en la instrucción que afectaban su derecho de defensa, y a los que se refirió CFK el lunes 2. Faltaban poco más de cien días para las elecciones primarias del 12 de agosto y la decisión de sentar a Cristina en el banco de los acusados era la cima del plan oficial de destrucción de su imagen pública. El gobierno se jugó en pro de su plan y montó una algarada de sus partidarios frente a la Corte, que retrocedió a una velocidad que ojalá tuvieran todos los actos judiciales. Devolvió el expediente y emitió un comunicado, que no es su medio habitual de expresión, cuyos artículos 7 y 8 sostuvieron que el pedido de autos no suspendía el juicio oral, que serían devueltos a la brevedad y que de ese modo “podrán satisfacerse simultáneamente por un lado la necesidad de que los procesos judiciales en temas tan delicados avancen, y por el otro, el respeto del derecho de defensa de los imputados”. La Corte Suprema terminará por declarar la nulidad de lo actuado, como consecuencia de las groseras violaciones al debido proceso acumuladas, una vez constatado el fracaso de la estrategia oficial y el respaldo popular a la ahora Vicepresidente electa a pesar del menoscabo al que fue sometida, ella y su familia. Mientras Cristina informaba en Comodoro Py que eran los jueces quienes deberían contestar preguntas, Rosenkrantz departía en la Casa de Gobierno con Marcos Peña Braun.

 

 

La cifra impar

Esta recapitulación necesaria describe el dilema que se le plantea al nuevo gobierno:

• Las promesas del burlador serial de Rafaela son increíbles;
• Alberto Fernández no confía en Horacio Rosatti, desde que renunció como ministro de Justicia de Kirchner, alegando que había detectado actos corruptos en una licitación para construir cárceles, pero ocultando que el Presidente y su jefe de gabinete le habían dicho que tenía las manos libres para anularla y convocar a otro concurso.
• Juan Carlos Maqueda prefiere mantener una vida reposada y no se interesa por presidir el cuerpo.

La única solución racional es incrementar el número de miembros de la Corte y diluir el poder de chantaje que pueden ejercer. Pero el inminente jefe del Poder Ejecutivo no ve con simpatía esa hipótesis. Este será uno de los nudos más arduos de desatar a partir del martes, cuando la fea oruga eche a volar como una bella mariposa pero en un país y un mundo pleno de acechanzas.

 

 

 

La música que escuché mientras escribía.

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí