La OEA y Venezuela

 

Una docena de países del hemisferio –entre ellos, los Estados Unidos y la Argentina– aprobaron el jueves 11 de septiembre la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), también conocido como Tratado de Río. Por medio de la Resolución del Consejo Permanente de la OEA N° 1137 (2245/19), el organismo incorporó la amenaza de la intervención militar a una batería de medidas que, hasta ese momento, se había concentrado en la presión política sobre los asuntos domésticos venezolanos y en la imposición de sanciones económicas.

La decisión, que evoca la peor tradición del intervencionismo estadounidense en los asuntos latinoamericanos, contempla –según lo prescrito por el artículo 8 del Tratado– el siguiente abanico de posibles medidas: “El retiro de los jefes de misión, la ruptura de las relaciones diplomáticas, la ruptura de las relaciones consulares, la interrupción parcial o total de las relaciones económicas, o de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, telefónicas, radiotelefónicas o radiotelegráficas y el empleo de la fuerza armada”.

Por otra parte, el eventual recurso a la carta militar en Venezuela desmonta los análisis simplistas que, sólo un día antes, interpretaron el despido de John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, como un deslizamiento estadounidense hacia la moderación. En este sentido, Mark Feierstein, ex director de asuntos hemisféricos del Consejo de Seguridad Nacional durante el gobierno de Barack Obama, se apresuró a señalar que Bolton “era más militarista que Trump y creo que Trump se sentía incómodo con eso”. Debe recordarse que el funcionario despedido, halcón neoconservador y ex representante de George W. Bush ante la ONU, fue el primero en sugerir –en el mes de enero– una intervención militar de Washington sobre Venezuela. El propio Trump despistó a los analistas el mismo miércoles en una conferencia de prensa en la Casa Blanca: “Yo estaba en desacuerdo con John Bolton en sus actitudes sobre Venezuela. Creo que se pasó de la raya y que he demostrado tener razón”. Algunas horas después, para sorpresa de muchos, la sesión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA respaldaba la “línea Bolton”.

 

 

Tan extemporánea resultó la decisión de la instancia hemisférica que hasta el gobierno peruano de Martín Vizcarra, uno de los más firmes impulsores del acorralamiento de Nicolás Maduro en el marco del “Grupo de Lima”, planteó sus reparos y se abstuvo. Según lo expresado en un comunicado por la representación de Lima ante la OEA: “El texto de la resolución no define claramente las condiciones que afectan la integridad territorial de Venezuela ni el alcance de las medidas a adoptar en línea con el texto del TIAR, por lo que Perú no está en condiciones de sumarse a la convocatoria del órgano consultivo”.

En este marco, conviene repasar algunos antecedentes. En el centro de los desaguisados del organismo interamericano, corresponde ubicar el desenvolvimiento de su secretario general, el uruguayo Luis Almagro. Debe recordarse que el 18 de noviembre de 2015, el ex Presidente Pepe Mujica le dirigió una carta a su compatriota y ex canciller, en la que le objetaba su conducta frente a la crisis venezolana. Según Pepe, la actitud de Almagro contribuyó a entorpecer el diálogo entre el gobierno y la oposición: “Sabes que siempre te apoyé y promoví. Sabes que tácitamente respaldé tu candidatura para la OEA. Lamento que los hechos reiteradamente me demuestren que estaba equivocado (…) Venezuela nos necesita como albañiles y no como jueces, la presión exterior solo crea paranoia y esto no colabora hacia condiciones internas en esa sociedad”.

A esta altura, nadie niega que la situación en Venezuela resulta preocupante. Como señaló la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en un reporte que actualiza un informe previo del 4 de julio, el país caribeño ha atravesado con Maduro una crisis que incluye “posibles ejecuciones extrajudiciales”. En este sentido, la funcionaria de la ONU recomendó la disolución de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, por encontrarse sus miembros comprometidos en estas posibles violaciones a los derechos humanos. Al mismo tiempo, la chilena advirtió sobre la frágil situación económica del país y condenó el duro bloqueo impuesto por los Estados Unidos, que contribuye a agudizar la situación humanitaria del país. En la Argentina, el candidato presidencial Alberto Fernández señaló que “a pesar de su legitimidad de origen, el gobierno venezolano ha incurrido en abusos que han comprometido la institucionalidad, la que debe ser recompuesta”. Sin embargo, como bien advierte Fernández, la solución “no es correr detrás de Trump y llenar de marines Venezuela”.

Frente al gobierno de Maduro se erige el autoproclamado “Presidente encargado”, el diputado y presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, quien ya había planteado, a través de su representante en los Estados Unidos Carlos Vecchio, al jefe del Comando Sur, almirante Craig Faller, su “disposición para comenzar las conversaciones respectivas a la cooperación que ha sido ofrecida por [ese] Comando”. De este modo, el líder opositor había abierto las puertas en el mes de mayo a una eventual intervención militar norteamericana, siguiendo el criterio de lo sugerido por Bolton a principios de 2019.

Almagro, cuya reelección como secretario general es impulsada por los Estados Unidos, Colombia y Brasil y rechazada por su propio país, se ha convertido definitivamente en una “correa de transmisión” de los intereses estadounidenses. Esta postura no es novedosa para la historia del organismo, aunque la situación no deja de resultar paradójica por tratarse de un hombre que proviene del Frente Amplio, la coalición centroizquierdista que gobierna Uruguay. Tan emblemática como su opción por la presión externa –ahora devenida en impulso a una eventual intervención militar sobre Caracas– resulta su subordinación irrestricta a la política de Donald Trump hacia Cuba. Esta última ha revertido, uno a uno, los logros obtenidos por la política de apertura implementada por Barack Obama desde 2014.

La decisión de Almagro de “ser juez” en Venezuela parte de una premisa de sesgo imperial: aquella que sostiene que serán las presiones las que harán colapsar al gobierno de Maduro. La reciente resolución que resucita al TIAR convierte a la OEA en un gendarme de los intereses estadounidenses, lo que empeora la calificación injerencista utilizada por Mujica en su misiva de 2015.

Frente a esta mirada condescendiente con la arrogancia imperial, despuntan el “Mecanismo de Montevideo” y la “Iniciativa de Noruega”, dos alternativas promisorias centradas en el diálogo. La primera, liderada por Uruguay y México, constituye una propuesta de cuatro etapas que busca encontrar una solución "integral y duradera" al conflicto venezolano. La segunda, bajo el profesionalismo de Oslo en materia de resolución de conflictos, contempla las circunstancias reales y la necesidad de trabajar sobre ellas para modificarlas. Como sugiere Abraham Lowenthal, uno de los más conspicuos estudiosos del sistema interamericano: “Las soluciones para los conflictos duros son posibles (…) cuando los principales actores de ambos bandos están convencidos de que negociar un cambio (…) en términos mutuamente aceptables es preferible a un empate prolongado y destructivo, o a la potencial derrota del propio bando”.

 

 

La crisis política en Venezuela requiere que la comunidad internacional se comprometa activamente con una salida pacífica y democrática del conflicto, que parta del respeto a la voluntad popular. Al mismo tiempo, es necesario que el Estado venezolano garantice la protección de la vida, la plena vigencia de los derechos humanos y el derecho a la protesta, así como la investigación efectiva de las violaciones denunciadas por las Naciones Unidas. En paralelo, la intervención de los Estados Unidos a través de la OEA sobre la política regional, cristalizada en el colaboracionismo de un Almagro desesperado por su reelección, replica situaciones que América Latina ya atravesó con consecuencias trágicas en otros momentos de su historia. El vaciamiento deliberado de los organismos regionales como la UNASUR, la otra cara del alineamiento irrestricto a Washington, completa el panorama desolador. Es preocupante que el gobierno de Mauricio Macri haya avalado, uno tras otro, los embates pro-consulares de Washington que han convertido a la región en una caja de resonancia de las desmesuras de Donald Trump.

De la crisis venezolana se sale con negociación o no se sale. Y negociar es tarea de “albañiles” de la política, no de jueces ni gendarmes. Pepe Mujica tiene razón.

 

 

 

*Profesor de Relaciones Internacionales (UBA, UNSAM, UNQ, UTDT). Ex Director General de Planeamiento y Estrategia del Ministerio de Defensa (Argentina).

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