La frontera entre justicia y política

La campaña electoral aumentó su intensidad y la Justicia juega un papel preponderante. Hay dos razones.

La primera es que, a pesar de la mala imagen que los ciudadanos tienen del Poder Judicial, brilla por su ausencia una discusión profunda sobre el tema. Ninguno de los candidatos, por ahora, explicó con claridad qué piensa hacer con el sistema judicial.

En la plataforma de las PASO de “Juntos por el Cambio” dice: “En la construcción de una democracia fuerte es indispensable un sistema judicial cercano a los ciudadanos, independiente, moderno y transparente, que sea eficaz en la lucha contra el delito, el cuidado de las víctimas y la resolución de conflictos. Valoramos las reformas recientes para avanzar en este proceso y, especialmente, la imparcialidad y el respeto mostrado desde el Poder Ejecutivo por la independencia de la Justicia, incluso en las grandes investigaciones por corrupción y cuando existieron decisiones contrarias a los intereses de funcionarios nacionales”.

En la de “Frente de Todos” hay un par de párrafos más pero va en la misma línea de generalidades: “El Poder Judicial debe contar con recursos suficientes para ejecutar su actividad e impartir justicia libre de condicionamientos y de afinidades políticas que determinen su decisión jurídica. Por otra parte, son de público conocimiento las circunstancias en la que los juzgados trabajan, sin insumos, edificios deteriorados, abarrotados de expedientes, escaso personal, cargos judiciales en espera y jueces subrogantes in eternum. Para garantizar el principio de independencia judicial, deben acatarse estrictamente los procesos transparentes y adecuados de selección y nombramiento de magistrados porque esto también determinará al resto de los poderes de Estado a respetar la autonomía de las y los jueces en sus procesos de deliberación, decisión y funcionamiento”.

En el “Frente de Izquierda y los Trabajadores” plantean: “Abajo la doctrina Chocobar y el gatillo fácil. No a la baja de la edad de imputabilidad. Abajo las reformas reaccionarias y represivas del Código Penal. No al espionaje y a la infiltración de las organizaciones populares. Libertad a los presos por luchar. Elección popular de fiscales y jueces con mandatos revocables. Eliminación de todos sus privilegios de casta. Juicios por jurados".

En Consenso Federal directamente se desconocen. Ante la consulta, no hubo respuestas hasta el momento del cierre.

La segunda de las razones es que la Justicia es parte de la campaña electoral. Dentro de los expedientes no se juegan solo pruebas y se discute sobre leyes. Muchas veces se usa el dispositivo judicial para conseguir fines que tienen poco que ver con la Justicia.

El caso D’Alessio, que reúne todas las condiciones para pensar reformas, tiene un tramo relacionado con el armado de causas. Esto no tiene que ver con lo que en la jerga judicial se conoce como “plantar” una prueba, sino con un dispositivo que se nutre de muchos medios y actores para crear pruebas y verosimilitud sobre elementos falsos.

Se trataría de causas que parecen creíbles pero que carecen de soporte legal. Pese ello, funcionan como tales y en base a ese funcionamiento real sobre pruebas ficticias se destruyen derechos humanos como el participar en los asuntos públicos, la libertad, la seguridad, etc.

Ese camino no va a ser fácil. Mientras el juez Alejo Ramos Padilla se detiene en casos como los del juez Luis Carzoglio, por ejemplo, debe lidiar con los embates de actores que hacen lo posible para correrlo. El oficialismo, mediante su poder de fuego en el Consejo de la Magistratura. La diputada Elisa Carrió y su recusación al juez Alejandro Slokar de la Casación federal, gracias a los buenos oficios del diputado Tonelli que con mucho timing desempolvó un pedido de juicio político destinado a fenecer.

Si despojamos todos estos movimientos de las biografías políticas de sus protagonistas, podemos calibrar la trascendencia de estos hechos. Concretamente, cómo se manipulan la ley y las instituciones para definir cuestiones particulares.

En ese camino parece que todo vale. Sin ir más lejos, en Comodoro Py avanzan tres causas en base a un insumo cuya legalidad se discute: las escuchas telefónicas sospechadas que alimentan procesos judiciales. Ni siquiera la palabra de los especialistas de la ONU ni de la Corte Suprema de Justicia, que realizó la ingrata tarea de recordarles a los jueces cuál es el significado de la constitución y la ley, es escuchada.

Probablemente quienes tengan en sus manos la capacidad de encarar una reforma judicial no deberían limitarse a pensar en las mejores leyes de procedimiento, en los mejores Códigos y en los mejores jueces. Ello no alcanza.

La cuestión nodal pasa por trazar una nueva frontera entre la política y la Justicia. Es decir, desarrollar mecanismos que le impidan a la política llevar sus asuntos a los jueces y que a los jueces les deje de gustar tanto ingresar y dirimir aspectos de la vida pública que no son casos judiciales. En esa bruma yace la gran fuente de problemas y no es un patrimonio exclusivo de los argentinos.

En Brasil hay fuertes sospechas en torno al Lava Jato. Nadie discute con seriedad que la corrupción existió. Sin embargo, tras las revelaciones de conversaciones entre el juez Moro y el fiscal se empezó a debatir el modo en que se desarrollaron las investigaciones. Sobre todo, las que llevaron a la prisión a Lula Da Silva.

Durante estos días, mientras el Consorcio de Periodistas de Investigación mostró un nuevo avance en sus investigaciones sobre los hechos que protagonizaron los funcionarios de Odebrecht con los gobiernos, relativos al pago de dinero a cambio de obras, los defensores de Julio De Vido requirieron a los jueces Marcelo Martínez Di Giorgi y Daniel Rafecas que reciban una declaración testimonial a Glenn Greenwald, el periodista que reveló las conservaciones del “Morogate”. Los defensores razonan que si efectivamente hubo un direccionamiento de las investigaciones en Brasil, ello impactará en la dimensión local del caso “Odebrecht”.

A esta altura nadie puede negar con cierta seriedad que la región en general y la Argentina en particular sufren el drama de la corrupción. Tampoco que gran parte de los hechos, sobre los que se discute mucho y se juzga menos, existieron. Pero esa premisa no justifica nunca que las investigaciones no se realicen correctamente.

Hacer las investigaciones mal y crear las condiciones para que parezcan correctas también es corrupción. Una corrupción que, por más que parezca legal, es corrupción al fin.