La normalidad argentina en disputa

 

Desde la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía, parece haberse frenado la corrida cambiaria en relación a los dólares marginales. Sin embargo, la brecha entre el tipo de cambio oficial y los dólares marginales se mantiene muy alta, lo que continúa generando todo tipo de maniobras y especulaciones privadas.

El proceso de recomposición de reservas, para alejar las expectativas y especulaciones devaluatorias, recién ha comenzado, y si bien se logró incrementar en 5.000 millones de dólares las reservas netas durante el mes de septiembre, con el mecanismo del dólar-soja, falta aún mucho para consolidar una situación estable. En los próximos meses la liquidación de divisas por parte del sector agrario cae, por razones estacionales, y además se está observando un fenómeno de sequía que puede reducir las esperadas ventas de trigo para fin de año.

Entre tanto, mientras el gobierno se está esforzando en regular la salida de divisas por importaciones –en las que se mezclan maniobras ilegales de empresarios que buscan obtener dólares oficiales “baratos” con necesidades reales de traer insumos para que no se afecte la producción local—, se demora la definición de un mecanismo para la utilización de divisas para turismo y compras en el exterior, y en especial los gastos externos disparados por el mundial de Qatar, para que no generen mermas adicionales de las escasas divisas en poder del Banco Central.

En ese sentido, está claro que la debilidad discursiva y argumentativa del gobierno no logra transmitir a la sociedad la necesidad de establecer prioridades y criterios socialmente racionales para administrar las divisas, al menos hasta que se cuente con una mayor abundancia de dólares que ingresen por exportaciones incrementadas. Si se estableciera con firmeza ese criterio en el ámbito público, se ampliarían los márgenes de maniobra oficial para imponer restricciones tanto al gasto superfluo o suntuario de divisas, como controles y castigos más severos a la acción delincuencial de sectores que le roban al Estado con el comercio exterior.

 

 

Con la rienda corta

Si bien la gira de Massa por Estados Unidos fue considerada “exitosa”, no volvió con las alforjas repletas de billetes verdes, en una cantidad tal que le permitiera al ministerio de Economía dar vuelta la página de la pulseada cambiaria, para volcarse con más solidez al abordaje del grave problema inflacionario.

Las reservas no salieron aún de la zona de emergencia, a pesar de que se liquidaron 15 millones de toneladas de soja que estaban retenidas en silobolsas. Y se desconoce qué se hará para seguirlas fortaleciendo. Si de Occidente vino lo poquito que vino, o sea, que no llegó una contribución seria para resolver el tema, ¿no habría que mirar hacia Asia?

Al mismo tiempo, los financistas globales mantienen sobre nuestro país un diagnóstico sumamente severo que se refleja en el altísimo índice de riesgo país, colocado en 2.700 puntos, que es un nivel correspondiente a un país que no puede pagar su deuda externa.

Se combina una presión estructural de los financistas para que nos desbarranquemos hacia un ajuste salvaje –es lo que piden para que baje el “riesgo país”—, con una situación internacional amenazante de recesión, que está siendo provocada por la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ese importantísimo organismo cree erróneamente que puede combatir la inflación actual con una medida unidimensional: incrementar la tasa de interés cuantas veces haga falta hasta que el alza de los precios internacionales comience a languidecer. Juega con fuego, ya que el hemisferio occidental está super-endeudado tanto en los niveles estatales, como en las grandes empresas y en las familias, con lo que arriesga a generar una catarata de incumplimientos financieros globales, tanto porque las deuda acumuladas se vuelven impagables, como por la caída de la actividad y las ventas que reducen los ingresos de todos.

En esa volteada, y gracias estrictamente a la acción gubernamental del macrismo y su endeudamiento delirante con los grandes fondos de inversión y el Fondo Monetario Internacional, la Argentina se encuentra en una situación financiera especialmente endeble. Pero no es la única, ni es la principal que puede sufrir en este clima internacional recesivo. Y en nuestro caso, extorsivo: BlackRock, fondo norteamericano que es uno de los mayores acreedores privados de nuestro país, ha colocado influyentes funcionarios en la actual gestión Biden.

El Presupuesto Nacional 2023 parece reflejar ese escenario declinante que se está esperando para la economía mundial el año próximo. Una previsión de crecimiento del 2% para nuestro país es muy baja, dados los problemas sociales que sufrimos y el potencial de expansión productiva que tenemos en casi todas las áreas.

Se ha discutido bastante sobre las características de este presupuesto, y sobre los supuestos que incluye, entre ellos un 60% de inflación y un déficit fiscal del 1,9%. Debe decirse que no son metas imposibles de lograr. Pero nuevamente se puede caer en el error del ministro Guzmán, de olvidarse del comportamiento autónomo de los actores realmente existentes, y confiar en que si desde el Estado se dan las “señales” macroeconómicas adecuadas, el sector privado se comportará racionalmente, y dejará de realizar algunas prácticas predatorias incorporadas hace décadas en su accionar.

Debe considerarse al Presupuesto presentado como un ejercicio teórico, en el que se expresan deseos, que son bastante pobres en función de acercarse a un realismo que tampoco es tal.

Ojalá que se estén pensando acciones más contundentes que el famoso “sistema de señales”, porque no se podrá bajar la inflación al 60% con ruegos, recortes presupuestarios y restricciones a la emisión monetaria. Eso dañará seguramente la actividad económica, reforzando los problemas sociales graves que ya tenemos, sin ninguna garantía de que afecte en forma significativa a la máquina de remarcación de precios, que no se detuvo ni en la pandemia, ni en otras situaciones de recesión brutal, como en 1990 o en 2002.

 

 

 

Enigmas de la gestión Massa

La inacción en materia inflacionaria se parece cada vez más a un estado de negación oficial, o de abierta impotencia que continuará desgastando al gobierno.

El dato del incremento de la indigencia, que abarca en la actualidad a 2.600.000 compatriotas, refleja tanto la erosión provocada por la inflación, como su concentración en productos de primera necesidad. Esa inflación alta y persistente es la que empuja sistemáticamente a la baja al salario real de trabajadores formales e informales, y que crea condiciones para una mayor conflictividad social. La paralización de la producción en el sector del neumático expresa tajantemente la divergencia entre las tasas de rentabilidad exorbitantes pretendidas por las empresas, y las necesidades de los trabajadores de proteger sus salarios.

Al mismo tiempo, y en aras de que los ahorros de la población no se vuelquen hacia el dólar, las autoridades han subido fuertemente la tasa de interés que paga el Estado por su deuda interna. Preocupa ver los enormes vencimientos que afronta el gobierno de una deuda que se reproduce al compás de esa elevada tasa de interés. La tasa, a su vez, sube empujada tanto por la necesidad de neutralizar la presión cambiaria como por la persistencia inflacionaria que le pone un piso a la tasa oficial. Algo hay que hacer para romper esa espiralización explosiva.

No es cierto que si se contienen los precios la presión sobre el dólar se vaya a frenar inmediatamente, pero sería sin duda una contribución importante para alejar el fantasma del retraso cambiario. Tampoco es cierto que si frenara el ascenso continuo del dólar los precios dejarían de subir: no suben sólo por el dólar, como lo muestra la actual ola inflacionaria global que impacta en nuestro país.

La particularidad argentina es que no sólo los movimientos reales del dólar oficial actúan como impulso admisible al alza de la inflación, y no sólo los movimientos del dólar paralelo son buena excusa para la inflación, sino que los movimientos imaginarios del dólar en el futuro –que muchas veces no ocurren—, pero que surgen de las fantasías, rumores y cuentos chinos que circulan en el mundo financiero y empresarial argentino, hacen subir realmente los precios.

No cabe duda que el actual gobierno viene mostrando inhibiciones políticas severas para explicar cómo es la situación real, por qué problemas pasan las reservas, los precios y las cuestiones fiscales y monetarias. No alcanza la excusa de que la oposición va a decirle de todo al gobierno y se va a oponer a todo lo que éste intente hacer. Si se le regala la opinión pública a la oposición, si no se combate discursiva e ideológicamente, no se puede gobernar. Entonces se termina adoptando, en cuotas, el programa económico de la derecha.

El gobierno estaría preparando medidas de apoyo adicionales a los sectores más vulnerables, y es oportuno y sensato que lo haga, así como programas para estimular la producción de pequeños y medianos productores y de economías regionales. Es urgente que se avance con estas acciones paliativas, pero al mismo tiempo debería buscar encarar los problemas que están en la base de la actual emergencia.

No se espera que Sergio Massa “combata al capital”, pero que sí sea capaz de una mayor audacia de la que permiten los editoriales reaccionarios del diario La Nación, como reflejo del establishment neoliberal argentino. Si se ciñe a ese cepo mental que hasta ahora ha limitado hasta el grotesco las posibilidades políticas del gobierno de Alberto Fernández, tiene el fracaso garantizado.

 

 

 

El gran tema prohibido para el debate público

Luego de que la Vicepresidenta Cristina Kirchner pusiera el foco público en el incremento de la indigencia y en su relación con el precio de los alimentos, el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, hizo una serie de consideraciones públicas de sumo interés.

Damos la bienvenida a estos señalamientos, porque en El Cohete observamos que, producto de la corrida cambiaria ocurrida en los últimos meses, que precipitó la salida de Martín Guzmán y de Silvina Batakis, las remarcaciones de precios tuvieron un comportamiento caprichoso, abusivo y aleatorio, que en definitiva redundaron en un golpe inflacionario que no tuvo ningún sustento en los otros precios de la economía, ni en el dólar, ni en los salarios, ni en otros costos empresariales. Esa acción masivamente realizada y repetida, tuvo un resultado esperable: el aumento del margen de ganancia empresarial a costa del nivel de vida de la mayoría de la población.

Rubinstein escribió que “desde el gobierno actuaremos para mejorar el sistema cambiario, cuyo desorden facilitó la suba de márgenes brutos empresariales exageradamente”.

Bienvenido que desde el Ministerio de Economía de la Nación se mencione que en el componente del precio final existe algo que se llama “margen bruto”, dato económico fundamental absolutamente sustraído de la mirada pública. Y bienvenido que indirectamente se admita que ese margen bruto no es un valor que surge del “perfecto funcionamiento de mercados competitivos”, sino de la más completa arbitrariedad de los tomadores de decisiones, en base a sus fantasías o deseos sobre a dónde se va a ir finalmente el dólar.

Es notable que sea Rubinstein, conocido por su trayectoria ortodoxa, quien mencione al “margen bruto”, mientras que buena parte del espectro político y económico oficial no se atreve a tomar el tema y problematizarlo. Para la derecha, en cambio, la respuesta es sencilla: la culpa de los problemas económicos la tienen los sectores que no tienen ninguna incidencia en la economía.

En relación a la inflación, el funcionario sostuvo que “atacando los factores de inercia inflacionaria y procurando una razonable caída de márgenes empresariales se podrá lograr que la inflación real se acerque a la teórica”. Aquí hay que aclarar que Rubinstein piensa que la inflación en el 2023 podría ser del 40% según la emisión monetaria prevista por el gobierno –aquí se ve su limitada impronta teórica ortodoxa— pero que será la inercia inflacionaria la que llevará a la inflación más alto de lo que su teoría dice que debería ser. Y señala, implícitamente, que el nivel de precios actual y futuro es más alto de lo que corresponde, por efecto de los márgenes de rentabilidad empresariales.

No es posible exagerar la importancia de este reconocimiento: tenemos precios desorbitados, tenemos niveles de carencias innecesarias en amplios sectores de la población, tenemos crecimiento de la indigencia injustificable, tenemos gasto público social más alto de lo que se requeriría, porque hay márgenes de ganancia privada desorbitados, con los cuales nadie se mete porque han sido absolutamente invisibilizados en el debate público. Son sagrados, y está prohibido hablar de ellos.

En la Argentina dominada por un establishment sin proyecto nacional, se discute el costo salarial, el costo impositivo, el costo energético, el gasto social, pero no se discute ni el costo financiero –la rentabilidad de los bancos—, ni los márgenes de rentabilidad inconcebibles de otras fracciones importantes del sector privado.

Y continúa Rubinstein: “La culpa del desorden cambiario no la tienen las empresas, aunque haya abusos normativos y corrupción”. Esta es la forma que tiene el viceministro de exculpar al sector privado y volver a castigar al Estado por ser responsable de la madre del problema, que sería el desorden cambiario.

Aquí debemos realizar dos consideraciones. En primer lugar, que el desorden cambiario argentino tiene que ver con el desastre provocado por el macrismo, que dejó sin reservas al país, pero también con la fuga constante de capitales, el contrabando, la subfacturación de exportaciones y en general la incapacidad del Estado para controlar el sector externo de la economía.

Es insólito e increíble que un país con los recursos de la Argentina pase por las actuales dificultades, que no devienen de su estructura productiva sino del comportamiento predatorio de sus actores económicos y de la incapacidad estatal para enderezar estas prácticas.

La segunda reflexión es: ¿cuál es el costo para la sociedad de “los abusos normativos y de la corrupción”? Uno de los misterios no plenamente aclarados sobre el devenir económico de la actual gestión, es cómo del superávit comercial de 30.000 millones de dólares registrado en los dos primeros años de gobierno, prácticamente no quedó nada en las reservas del Banco Central. ¿Cuánto “abuso normativo y corrupción” hubo? Si fueron, hipotéticamente, 10.000 millones de dólares los que se perdieron por abuso normativo y corrupción, serían más que los 7.000 millones que se lograron hacer ingresar a la economía con la medida del “dólar-soja” de septiembre. El costo del abuso normativo y corrupción sería el doble de lo que aumentaron en este mes las reservas del Banco Central. Recordemos que para lograr que los privados vendieran esos dólares, el gobierno debió tomar una medida excepcional e injusta, con un alto costo fiscal, para recomponer la situación.

Nuevamente refiriéndose al alto nivel de precios, el viceministro señaló que “la Argentina tiene algunos de los sectores de la economía muy concentrados, que terminan impactando en las cadenas de valor de una manera casi dramática en términos de inflación”. No esperamos que el actual gobierno avance mucho más que en declaraciones descriptivas, pero hay que valorar que se clarifiquen públicamente causas nunca mencionadas de la inflación. Que no se abordan porque es hablar del poder económico real, no del almacenero.

 

 

 

Normalidad argentina

Y para completar la cita, Rubinstein reconoció: “Hay algo que sí está adelantado (en relación a otras variables económicas) que son los márgenes brutos empresariales. Hay que buscar la manera de ser más eficientes y que los márgenes empresariales vuelvan a la normalidad”.

La normalidad, otro gran tema argentino. ¿Qué será la normalidad? ¿Qué será la normalidad económica? ¿Qué será la normalidad para los márgenes de ganancia monopólicos u oligopólicos? Pareciera que Rubinstein reconoce que en el último salto especulativo cambiario hubo una fuerte expansión del margen. Ese sería el nivel anormal. Y que debería volver a su nivel previo.

Pero, ¿eran los niveles previos razonables, “normales”? Cuando la Secretaría de Comercio, en años previos, les requirió a las grandes empresas información para determinar la razonabilidad de los márgenes de rentabilidad y de las remarcaciones de precios, no la pudo obtener. Se niegan a brindar esa información, precisamente porque no son márgenes correspondientes a un mercado de libre competencia, al cual dicen adherir.

El país está a ciegas en relación a estos márgenes, que están en estrecha relación con toda la distribución del ingreso regresiva que sufrimos en el país.

Tenemos que discutir qué cosa consideramos “normal” y qué cosa no lo es. En las últimas décadas, se fue imponiendo la idea de que lo normal son las hiper-rentabilidades empresariales sin límites, los salarios bajos y a la baja, y la existencia constante de hambre entre las gentes más postergadas. Todo observado por un Estado en el mejor de los casos impotente, que deja que los desequilibrios se acumulen.

Sólo puede cambiar el país una fuerza política que no acepte esa normalidad, que la rechace visceralmente, y que sea capaz de plantear una nueva normalidad, en la que tengan un lugar confortable 47 millones de personas.

 

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