La negación de Time Warp

 

A dos semanas de cumplirse cinco años de las muertes de sus hijos durante la fiesta electrónica Time Warp, sus familiares recibieron una noticia alentadora. El 31 de marzo pasado, la sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, tras el regreso del camarista Eduardo Farah, confirmó la contraprueba toxicológica ordenada a fines de 2016 para determinar las causas de muerte de los cinco jóvenes. La jueza María Eugenia Capuchetti pretendía cerrar la investigación y elevarla a juicio oral bajo la tesis de que a los pibes “los mató la droga” y no la negligencia de la propia organización del evento, el magro dispositivo sanitario y el silencio de los inspectores porteños.

 

 

El peritaje en cuestión viene a reemplazar un estudio de detección de sustancias defectuoso, que estuvo a cargo de la bioquímica y farmacéutica Ana María Perkins del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Acusada y sobreseída del delito de falso testimonio, se jubiló de inmediato. En su informe, Perkins había sumado al análisis de sangre (con rastros de MDMA, principal componente del éxtasis), la presencia de otras drogas en cabello y orina como cannabis, nicotina, cocaína y ketamina.

“Cuando pedimos el allanamiento al laboratorio, las personas que trabajaban ahí admitieron que no se habían usado las drogas testigo al analizar las muestras. Lo encontrado en el pelo resultaba sólo un dato cualitativo, que no permite establecer ni siquiera cuándo fue consumido. Tampoco las muertes pueden explicarse sólo por el uso de MDMA. Tiene que haber factores externos o una cuantificación de la sustancia que implique una dosis letal”, explica una fuente letrada de las querellas.

El estudio firmado por Perkins fue el insumo clave utilizado por el médico forense Roberto Cohen, quien concluyó una generalización: “Se trataría de muertes violentas producto de la intoxicación por drogas de abuso”. Esta tesis del policonsumo prevalece hasta hoy como explicación de lo ocurrido, pese a que el juez anterior de la causa, Sebastián Casanello, había insistido por escrito y por teléfono en que se realizasen correctamente los exámenes toxicológicos. Como toda respuesta recibió que el aparato para hacer el análisis se había roto.

La propia Corte Suprema compró en 2019 un cromatógrafo japonés de punta para resolver el pedido de Casanello. Luego de superar algunos problemas de instalación eléctrica y de entrenamiento y capacitación para usarlo, el primero de marzo pasado el Cuerpo Médico Forense informó a Capuchetti que estaban listos para la contraprueba. La magistrada rechazó el estudio por “inconducente”.

La jueza ya había ordenado la producción de un informe con la Policía Científica de la provincia de Buenos Aires, obviando la contraprueba toxicológica. Los familiares califican al hecho de engaño. Cuando una perito de parte llegó a La Plata, le informaron que las nuevas conclusiones estaban escritas, pero no se habían hecho los nuevos estudios de laboratorio ordenados en 2016. “Nunca se llevaron las muestras de sangre a La Plata, lo que demuestra que no hubo intenciones de hacerla”, advierte la fuente letrada antes consultada.

La científica de la Bonarense hizo una lectura de la autopsia objetada, confirmándola y agregando que los cinco jóvenes tenían una patología previa, que no apareció en ninguna de las historias clínicas: la hipertrofia cardíaca (sus corazones pesaban más de los habitual). El cuadro también puede deberse al esfuerzo realizado por el corazón de quien atraviesa una insuficiencia renal y un edema pulmonar para salir del shock, según cuestionan desde las querellas, que firmaron en disconformidad.

A fines de 2019, la jueza Capuchetti utilizó este informe que le encargó a la Bonaerense para justificar el sobreseimiento de Nahuel Chumbita, a cargo del operativo sanitario de la empresa SEC Socorrismo, contratada por la organizadora oficial del evento Dell Producciones. También lo mencionó al año siguiente para sobreseer a Víctor Stinfale y Walter Santángelo, que pasaron de ser sindicados como los verdaderos dueños de la fiesta a dos simples aguateros.

 

 

Sr. Reventa

"Desde las 22 hasta las 3 fue una fiesta. Nos pudimos encontrar con mis amigos ya que había señal de celular. Cuestión que pudimos ir a los dos escenarios, era bastante prolijo y no había tanta gente. Pero después empezó a caer muchísima gente, el lugar explotaba. No se podía llegar a ningún escenario. La temperatura empezó a subir, hacía como cuarenta grados. No se podía estar", aseguró uno de los testigos de identidad reservada a la Procuraduría de Narcocriminalidad. Otro agregó: “A las 4 no había agua en las barras, ya no se podía comprar”.

“Vi personas descompuestas y me descompuse yo también. La mayoría estaban en el patio común, ya que salían a respirar y tratar de no morirse. Era mucha gente descompuesta y la verdad que no había gente de seguridad asistiéndolos. La propia gente se tenía que acercar a los puntos de asistencia o buscar por ahí a los de Seguridad, ya que era difícil encontrarlos fácilmente”, comentó otro asistente. Al parecer, el personal de prevención estaba para cuidar las barras y los accesos.

La primera versión mediática apuntó a la circulación de una pastilla conocida como “Superman”, más potente que el éxtasis, que habría envenenado a las víctimas. Por entonces el abogado Fernando Burlando, defensor de Adrián Conci, titular de Dell Producciones, aseguró que esos “cinco jóvenes no fueron a buscar la muerte pero la encontraron por la droga” y responsabilizó al “narcotráfico”. Descartó que la falta de acceso al agua y el exceso de público tuvieran algo que ver.

Esa noche alguna gente se coló, pero el grupo de chat de quienes organizaban la fiesta estaba al tanto de la cantidad de personas que pasó por molinetes y se lo preguntaban a cada a rato a la empresa prestadora. A las 3 había 10.521 ingresos; una hora después eran 18.003 y finalmente, a las 5, llegaron a 20.219. La fiesta había sido habilitada para 13.000 personas, contaba con dos ambulancias y dos puestos sanitarios con sólo 6 profesionales de la salud.

Esa noche llovió y el personal de prevención cerró las puertas de los pabellones porque entraba agua. Así anuló una fuente de ventilación importantísima. “Era una caja de aluminio toda cerrada”, dijo un asistente y testigo de identidad reservada.

“En esa habilitación hay un problema. Se dice que era un baile con venta de alcohol pero adentro se ofrecían drogas ilegales libremente y todo el tiempo. Los organizadores lo sabían, pero el dispositivo sanitario no tomó en cuenta este consumo”, explica una fuente judicial que intervino en el expediente. “Los organizadores y los inspectores porteños tenían posición de garante. Tenían agencia, como se dice en el lenguaje judicial. Podrían haber parado la fiesta”, agrega.

En el análisis societario hecho por Casanello, Stinfale y Santángelo aparecen como los verdaderos promotores de la fiesta y Conci como un empleado más. De hecho, este último tenía un celular y una casilla de mail que pertenecen a la empresa Energy Group del que Santágelo es propietario y Stinfale “un mero asesor de marketing” ironizó el magistrado, cuando los procesó y les dictó prisión preventiva en mayo de 2016 por comercialización de estupefacientes y abandono de personas seguido de muerte, entre otros delitos.

“Nos hallamos ante un grupo de personas que tenía como finalidad la comercialización de estupefacientes porque a ella estaba atado el éxito de su negocio”, sostuvo Casanello por entonces. El negocio era la sed. En la fiesta se vendía agua marca Block, fabricada por Energy Group y floja de papeles. El propio Stinfale explicó que en los primeros tiempos de la movida electrónica se vendía un 30 por ciento de agua y un 70 de Speed (la bebida energizante que también fabrica el grupo) pero que la proporción se invirtió.

A esta altura nadie podía desconocer, como se afirma en un tramo de la autopsia y confirmaron varios expertos en el expediente, que el consumo de éxtasis combinado con una actividad física como bailar eleva la temperatura corporal, puede provocar un “golpe de calor” y deshidratación. La mayoría de las personas que se acercaron a declarar bajo identidad reservada comentaron que ni bien entraron compraron varios tickets de botellas de agua como precaución, aunque no consiguieron retirarlas todas.

Aquella noche, al parecer, hasta el agua estaba revendida.

 

 

Morir en carpa

Laura Orellano no busca venganza ni cree que las cárceles argentinas vayan a resocializar a las personas responsables por la muerte de su hijo Nicolás Becerra, de 25 años. Quiere que se sepa la verdad, por más dura que sea, y que esto sirva para terminar con las irregularidades y la brutalidad detrás del negocio de las fiestas electrónicas. “Van a seguir existiendo”, razona. En los últimos años se informó y actualizó sobre la temática. Pidió ser querellante cuando notó que no se investigaba el dispositivo sanitario contratado. Su hijo no llegó al hospital. Al igual que Francisco Bertotti, murió en la “salita” de la fiesta. O lo mataron ahí. No está claro aún.

Según consta en el sobreseimiento del socorrista Chumbita, para la Policía Científica de la bonaerense “ante los cuadros de emergencia que se sucedieron”, todo el personal médico actuó “con buen criterio en función de la sintomatología presentada por las víctimas, ya que (…) no estaban en condiciones de comunicarles a los profesionales qué habían ingerido”. Luego se señala que a los jóvenes los trataron “como a toda emergencia”: observación de vía área, oxigenoterapia, haloperidol para cuadro de EPM (excitación psicomotriz), adrenalina y atropina para reanimación.

Orellano y su marido son médicxs. Se conocieron cursando en la Universidad Nacional de Córdoba. “Hice una residencia en medicina general. Mi marido es internista, terapista, neumólogo… Los dos tenemos mucha formación en emergencia, también una de mis hijas, que es médica”. “Lo que se hizo fue un espanto”, califica. Eran muy pocos profesionales para la cantidad de público, por más buena voluntad que pusieran “no tenían capacitación ni elementos básicos de trabajo”.

En los exámenes toxicológicos de los cinco fallecidos figuran una serie de drogas utilizadas por médicxs del dispositivo sanitario, del SAME y de los hospitales, adonde sólo llegaron vivos dos de los cinco fallecidos. Un tercero, Martín Bazano, murió prácticamente al llegar al Hospital Fernández. “Se nota qué chicos fueron atendidos por el SAME, porque en los estudios figura lo que les pusieron para intentar reanimarlos y relajarlos (adrenalina y midazolam), pero ni Nicolás ni Francisco Bertotti tenían estas drogas. Sólo tenían haloperidol, que está contraindicado para estos casos”.

En el fallo que sobresee a Chumbita, lxs peritos bonaerenses refuerzan el desempeño del personal médico al asegurar “que hasta la fecha en que ocurrieron los hechos no existían protocolos de recomendaciones de asistencia en cuadros de intoxicación como el que presentaron las víctimas”. Citan como único material el valioso aporte hecho luego de lo ocurrido en Time Warp por cinco sociedades científicas locales titulado “Recomendaciones Intersocietarias para cuadros de Toxicidad Aguda por Drogas de Diseño. Urgencias en la rave”.

Orellano señala que en el propio expediente se describe el protocolo que utiliza el SAME en los cuadros EPM. Se indica como relajantes al lorazepam o al diazepam y se cointraindican los neurolépticos del grupo al que pertenece el haloperidol, en casos en que la temperatura corporal esté aumentada. “Lamentablemente no hay ningún registro de la temperatura en Francisco y Nicolás, pero en el resto de los pacientes del SAME se registró que era elevada”, explica. Tenían hipertermia, uno de los síntomas del síndrome serotoninérgico causado por el consumo de éxtasis y agravado por la deshidratación, el calor y la falta de ventilación.

El haloperidol es un antipsicótico potente que baja la frecuencia cardíaca. “El médico que atendió a estos dos jóvenes estaba solo en la carpa, porque sus colegas se habían ido en las ambulancias con otros pacientes graves. No pidió derivación inmediata mientras estaban vivos y podía recuperarlos. Consideró que estaban reaccionando y, en realidad, se estaban muriendo”, reconstruyó Orellano. “Es imposible que un solo médico pueda manejar esta situación y más aún si carece de elementos para una intubación o hacer un electrocardiograma”.

Al revisar el currículum del personal sanitario, esta médica cordobesa encontró una explicación posible al uso de haloperidol: la mayoría de las seis médicxs que estuvieron en la carpa tenía experiencia en atención psiquiátrica y este medicamento se usa en crisis psicóticas. “Sólo una médica tenía formación comprobable en emergentología, por lo menos en los últimos cinco años”, asegura.

 

 

Justicia devaluada

El devenir judicial de esta causa incluye escenas lamentables, como el intento de la jueza actual de sobreseer parcialmente a la cara visible del evento, Adrián Conci. También situaciones desopilantes, como las protagonizadas por algunos prefectos que no querían devolver la “bolsa feliz” con lo incautado en la entrada y que a la fiesta la vieron de afuera, inspectores porteños que nada vieron y proveedores que pagaban facturas de los supuestos organizadores.

De las cinco familias, dos querellan con abogados de la Defensoría del Pueblo porteña y otras dos lo hacen por separado (los familiares de Bruno Boni y Martín Bazano). El apartamiento de la jueza Capuchetti fue solicitado sin éxito. “Un caso de doble vara. A Casanello lo apartan por hacer las cosas bien y a esta jueza la sostienen, pese a las irregularidades que cometió”, afirma Daniel Gilibert, tío de Francisco Bertotti y abogado querellante. La causa principal tiene 80 cuerpos, además de actuaciones complementarias y otros incidentes. El fiscal es Ramiro González.

Hay 25 integrantes de Prefectura Naval Argentina procesados por “dejar de promover la persecución penal” y por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esta última conducta también se les reprocha a tres inspectores, el coordinador y el titular de la Gerencia Operativa de Eventos Masivos del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por el lado de la organización del evento, quedaron procesadas cinco personas por facilitación de lugar para consumir drogas y homicidio culposo y lesiones por negligencia.

En el terreno político, ningún dirigente porteño asumió responsabilidades. Incluso, como señala Mónica Domínguez, la mamá de Francisco, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires continuó usando el predio de Costa Salguero para actos de campaña y festejar sus triunfos partidarios. El entonces filointendente de Mar del Plata de aquellos años, Carlos Arroyo, quiso prohibir las fiestas electrónicas por decreto. El macrismo porteño bloqueó la posibilidad de establecer una comisión investigadora sobre el rol de “autoridades, funcionarios y empleados del Gobierno de la Ciudad” en la Legislatura Porteña.

 

 

Reducción de riesgos y daños

Desde el plano social, surgieron nuevas iniciativas para profundizar la política de reducción de riesgos y daños en el consumo de drogas, estrategia incluida en la Ley Nacional de Salud Mental. Por ejemplo, desde algunos dispositivos territoriales de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (SEDRONAR) o desde el Proyecto de Atención en Fiestas (PAF!) de la Asociación Intercambios, con dispositivos dentro de algunos eventos. También tomaron mayor relevancia foros de usuarixs de drogas ilegalizadas, como Argenpills.org. Los dispositivos dentro de festivales electrónicos hoy entregan información, preservativos, golosinas, fruta y agua. Aún no se testean sustancias como éxtasis, cocaína o ketamina, como ocurre en Uruguay, Colombia, México y algunos países europeos. Además de dar cierta seguridad a las personas que consumen, permiten monitorear nuevas drogas y advertir sobre la circulación de sustancias que puedan generar un daño irreversible. Los dispositivos también aumentan el control sobre este tipo de eventos.

Seguir negando el consumo tiene consecuencias letales. En gran parte, aún permite habilitar lugares inadecuados y prácticas comerciales predatorias.

 

 

 

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