La necesidad y el derecho

 

La acuciante realidad que se nos impone, producto de la pandemia Covid-19, escapa a una mera problemática sanitaria. La velocidad y el potencial riesgo que significa una propagación descontrolada del virus lleva a los Estados de la región y el mundo a tomar medidas de contención y mitigación. Pocas veces ha quedado tan en evidencia la esencial función que cumplen los Estados para garantizar la vida y la salud de los pueblos. El Covid-19 se ha llevado, al día de la fecha, más de 700.000 vidas en el mundo.

Aquellos países que no han tomado medidas de aislamiento preventivo en una etapa temprana, como Brasil o Estados Unidos, recibieron un mayor embate de la enfermedad, teniendo hoy un gran número de muertes. Sin el acompañamiento del Estado, la efectivización de medidas preventivas por parte de la población resulta imposible o deriva en graves consecuencias. Recientemente el ex Presidente de Brasil, Lula Da Silva, calificó de genocidio la situación de su país ante la pandemia. Más allá de demostrarse la intencionalidad de aniquilamiento de un sector de la población (un trabajo pendiente al terminar la pandemia), por acción u omisión, las consecuencias son las mismas, son las comunidades de menores recursos las que, sin ayuda del Estado, reciben el mayor impacto.

Por ejemplo, la ocupación ilegal de tierras en la Amazonía ha crecido en los últimos tiempos debido a la imposibilidad de los pobladores indígenas de vigilar los territorios en un contexto de aislamiento. Por este motivo la Secretaría Especial de Salud Indígena de Brasil y la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) reclaman un plan de emergencia para garantizar la protección de los territorios. Un escenario similar se repite en otros países:

• Perú, donde la AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana) denunció al gobierno de etnocidio frente a la Organización de Naciones Unidas;
• Chile, y su creciente racismo: hace pocos días en la Araucania grupos de civiles se sumaron a los carabineros con el fin de reprimir una protesta mapuche, y
• Bolivia, con constantes denuncias de hostigamiento por parte de civiles y del gobierno de facto.

En nuestro país, en este momento de intensa propagación del virus, con sus consecuencias por todxs conocidas, aumento de personas que enferman y que mueren, estamos ante un contexto en el cual la posibilidad de realizar un aislamiento preventivo, es decir, de quedarse en casa, se convierte en una necesidad, y por lo tanto un derecho, para proteger la vida y la salud.

Considerando que ambos constituyen derechos humanos esenciales, es necesario un compromiso por parte de la población para realizar el aislamiento y un compromiso por parte del Estado para garantizar que sea posible para todos y todas, desplegando un amplio dispositivo de protección a la población en situación de mayor vulnerabilidad, a lxs trabajadorxs y a lxs distintxs sectores de la sociedad que requieran asistencia. Allí donde esto no ocurrió, como en la Villa 31 en CABA, las consecuencias fueron trágicas.

Las pandemias fueron motor de cambios y reestructuraciones, por ejemplo, la epidemia de fiebre amarilla ocurrida en Buenos Aires en 1871 dejó un total aproximado de 14.000 muertos y, a causa de la misma, se generó un sistema de cloacas previamente inexistente en la ciudad. Una de las características que está teniendo la respuesta al Covid es el aumento de los sistemas de registro de información, vitales para monitorear y responder frente a la pandemia. Estos sistemas brindan una oportunidad para dar cuenta de las desigualdades pre-existentes, generar registro y dar testimonio del incumplimiento a los derechos humanos básicos que sufren los pueblos. Con la información sistematizada y clara en mano es más difícil obviar u ocultar responsabilidades por parte de los Estados. El desafío es colocar el respeto irrestricto por los Derechos Humanos en el centro de todas las políticas públicas como forma de dar respuesta a las inequidades que desnudó la pandemia.

Los Organismos de Derechos Humanos de nuestro país han demostrado maestría en el uso de herramientas de registro y sistematización de denuncias. Queda un arduo trabajo por delante, pero la oportunidad no es menor. Reformulando una frase de una de las más grandes referentes políticas de nuestro país: donde se evidencia una necesidad, nace un derecho.

 

 

 

* Miembros de IRDH (Iniciativa por el Resguardo de los Derechos Humanos) COVID-19 CABA

 

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