La Navidad en Comodoro Py

 

 

“El sistema no castiga a sus hombres: los premia. No encarcela a sus verdugos: los mantiene”.

“Quién mató a Rosendo”. Rodolfo Walsh.

 

El jueves 28 varios miles de personas marcharon hacia los tribunales de Comodoro Py, bajo el lema “Por una Navidad sin presos políticos”. Desde el comienzo de este espacio se han señalado usos, abusos y la necesidad de que haya sentencias que pongan fin a la bruma. Sin embargo, hay que tener cuidado para usar la categoría de presos políticos porque la historia argentina está atravesada por las arbitrariedades del poder; sobre todo durante el terrorismo de Estado. Es verdad que hubo y hay prisiones preventivas injustas, pero ello no es sinónimo de presos políticos.

De todas maneras, es probable que el motivo de la convocatoria se convierta en algo real. Impacta la velocidad con la que un sector de la justicia federal "desenrolla la madeja" que confeccionó durante los últimos cuatro años en los que gobernó Cambiemos.

El ex ministro de Planificación Julio De Vido, más allá de su culpabilidad o inocencia, se convirtió en un emblema judicial. De hecho, en torno a su figura se creó la Doctrina Irurzun e inauguró una práctica desconocida en nuestra historia constitucional por las condiciones en que se produjo su desafuero por la Cámara de Diputados, anclado solamente en decisiones de la primera instancia judicial; esto es, sin sentencias que destruyan el estado jurídico de inocencia de todo ciudadano.

De Vido ya obtuvo un arresto domiciliario por parte del Tribunal Oral Federal 1 que tiene la causa Río Turbio y se ilusiona con una decisión similar del tribunal a cargo de Cuadernos.

A la par, el miércoles la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, concurrió como imputada ante el juez Luis Rodríguez, acusada de encubrir al ex ministro Juan José Aranguren quien, a su vez, está imputado de haber favorecido a Shell desde su cartera. Después de cuatro años, la Justicia advirtió que esos hechos podrían ser anómalos. ¿Se repetirá la historia?

No lo sabemos. Pero es evidente que, como siempre, la transición de un gobierno a otro alteró la forma en que los jueces ven los hechos y aplican el derecho. Es como que se reescriben las historias de los últimos años. Los protagonistas son los mismos pero sus roles cambian. Lo que antes era prueba irrefutable de golpe se transformó en indicio, lo que antes era un riesgo procesal se convirtió en un derecho constitucional.

En fin, nada nuevo... aunque las semillas que germinan en el Estado rompen las estructuras institucionales desde adentro y poco a poco amenazan la democracia sin que nadie reaccione.

De hecho, mañana la Vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner debería declarar ante el juicio denominado Obra Pública. Se trata de otro expediente sospechado por propios y extraños, pero que tenía una oportunidad de torcer esa sospecha. En efecto, desde mayo de este año la Corte Suprema tiene en sus manos la posibilidad de tomar el toro por las astas.

Esto significa que los supremos podrían distinguir la paja del trigo y explicar de manera clara, precisa y consistente si efectivamente en los tribunales federales se aplicó mal la ley los últimos años. Y, en tal caso, determinar quiénes lo hicieron, cómo lo hicieron y qué sanción les cabe por ello. O, por el contrario, afirmar que los procesos son legales y que deben terminar en un período de tiempo rápido para determinar quienes son culpables y quienes son inocentes.

Pero la Corte no tiene plazos legales para emitir sentencias. El problema es que el paso del tiempo, especialidad de la Justicia argentina, es garantía de olvido.

 

 

 

* Publicado en #DosJusticias

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