LA NAVIDAD DE PAPÁ LARRETA
La Legislatura cerró el año con regalos para el sector inmobiliario
El jueves 10 de diciembre, día internacional de los Derechos Humanos y día de la Democracia en la Argentina, la Legislatura porteña cerró el año con una sesión maratónica, como es la costumbre parlamentaria de “La Casa”, dedicada a sancionar leyes para favorecer a los negocios inmobiliarios y profundizar la especulación con el suelo.
En la última sesión del año pasado, el 5 de diciembre de 2019, se votó la enajenación de inmuebles del GCBA (Ley 6287), se aprobó la concesión de uso y explotación de predios ubicados debajo de las autopistas Perito Moreno y Presidente Arturo Frondizi, el otorgamiento de permiso de uso a título precario y gratuito del predio en Avenida Figueroa Alcorta 7250 al Club Atlético Obras Sanitarias de la Nación (Ley 6291), la venta de playones ferroviarios (Ley 6290) y de la totalidad del predio de Costa Salguero en la Costanera Norte (Ley 6289). Estos dos últimos proyectos ingresaron al mediodía y a la medianoche se votaron. Los legisladores que levantaron las manos no llegaron ni a leerlos. Es la fe porteña en el monarca inmobiliario Rodríguez Larreta.
Este año, sin la presión del cambio de integración del cuerpo legislativo, los proyectos de ley al menos tuvieron tratamiento en una o dos reuniones de las respectivas comisiones. Esto no quita el tratamiento express. Dos reuniones para aprobar la modificación cuasi integral del Código de Edificación no serían lo adecuado.
Los presentes para el sector inmobiliario transcurren en el eje privatista de la gestión. Más aportes públicos para “inversiones privadas”, exenciones fiscales, convenios urbanísticos, incremento de la capacidad constructiva.
Estos proyectos se aprobaron con el voto de los bloques del PRO, Coalición Cívica, UCR-Evolución (Lousteau), Socialismo (Roy Cortina), luego del tratamiento del Presupuesto 2021. El oficialismo dejó en claro que toma de rehén a la ciudadanía porteña porque el Congreso Nacional ha ratificado la quita de los montos de coparticipación. Con posterioridad a la defensa acalorada del federalismo y la autonomía de la ciudad, pasaron a votar la sujeción de las políticas urbanas al sector inmobiliario concentrado.
Nueva regulación para los paraísos fiscales porteños
Tres proyectos de ley se aprobaron para otorgar una nueva regulación a los Distritos Audiovisual y de las Artes, de Diseño y Tecnológico.
La política de creación de distritos, que comenzó en 2008 con el Tecnológico (Ley 2972 modificada por Ley 5927) tiene el supuesto objetivo de generar desarrollo a través de la instalación de empresas en sectores de la zona sur, a partir de beneficios e incentivos financieros que el Estado brinda. Con posterioridad se aprobó el Distrito Audiovisual (Ley 3876/2011), el Distrito de las Artes (Ley 4353/2012), el Distrito del Diseño (Ley 4761/2013, modificada por la Ley 4910) y el Distrito del Deporte (Ley 5235/2014).
Entre los beneficios que ya se ofrecen en los distintos distritos se encuentran exenciones del pago de impuesto a los Ingresos Brutos, del ABL, impuesto a los Sellos, Derecho de Delineación y Construcciones, y subsidios para la obtención de certificaciones de calidad, entre otros. Estas exenciones en general van de los 10 a los 15 años.
Los nuevos proyectos de ley presentados por el legislador Martín Ocampo (UCR/Evolución- Lousteau) tienden, en palabras de su autor, a facilitar aún más la obtención de beneficios impositivos por parte de las empresas.
¿Cuáles son los nuevos beneficios? Exención total del impuesto a los Ingresos Brutos. Se crea la figura del crédito fiscal transferible, que consiste en el otorgamiento de un monto equivalente al 50% del valor correspondiente a las inversiones destinadas por la empresa a su radicación dentro del área geográfica del distrito. Este monto se otorga como crédito fiscal de IIBB con la posibilidad de transferirlo (venderlo) a cualquier contribuyente.
No sólo se lleva al 100% la exención del impuesto a los IIBB hasta el 2035 sino que también el GCBA financiará el 50% de la inversión de las empresas a través del otorgamiento de este crédito fiscal. Para el caso concreto del Distrito Audiovisual y de las Artes, el monto puede llegar hasta el 80% de lo invertido en infraestructura si son actividades artísticas promovidas.
La presentación de estos tres proyectos se hace sin realizar ningún balance en profundidad de la política de distritos, que ya tiene 12 años en la Ciudad y de la cual disfrutan menos de 700 empresas de la casi 137.000 que hay en la Ciudad (en distritos como el de Diseño sólo hay 43 empresas instaladas). No se han transparentado intencionalmente los montos que el GCBA resigna en materia impositiva desde el inicio de los distritos, en algunos casos hace más de diez años. Tampoco existe distinción entre grandes, pequeñas y medianas empresas.
Mientras el GCBA se declara en Emergencia y presenta un Presupuesto 2021 de ajuste impositivo que recae sobre los sectores medios y bajos (impuesto al uso de las tarjetas de crédito), continúa una política de beneficios descabellados a empresas.
Un dato político importante: estas leyes no fueron remitidas por el Jefe de Gobierno como sucedió con las anteriores leyes sobre Distritos sino que fueron presentadas por el Bloque de UCR Evolución. Parte del acuerdo político entre Larreta y Lousteau es la entrega de mayor poder a Evolución en el Ministerio de Desarrollo Económico de quien depende la política de Distritos de exenciones impositivas en la ciudad.
Estos proyectos de ley deberían cumplir con el procedimiento de doble lectura por constituir excepciones a regímenes legales (art. 89 de la Constitución porteña) pero fueron aprobados inconstitucionalmente en una única sanción, sin ofrecer la posibilidad de la participación ciudadana a través de la audiencia pública que establece el artículo 90.
Amnistía Inmobiliaria, con Ahora 12 incluido
Se votó el proyecto de ley 2763-J-2020 que tiene por objeto crear el Régimen Especial de Regularización de Construcciones y Obras llevadas a cabo en contravención al Código de Edificación y al Código Urbanístico por el plazo de 6 meses, con posibilidad de prórroga por única vez e idéntico plazo.
A menos de dos años de la implementación del Código Urbanístico, Rodríguez Larreta impulsa una amnistía inmobiliaria para aquellos que no respetaron las normas básicas de planificación de la ciudad. La legalización de las ilegalidades (regularización) se realiza pagando un monto de dinero en 12 cuotas sin intereses. Un Ahora 12 para los negocios inmobiliarios ilegales.
La normativa vigente permite regularizar aquellas construcciones antirreglamentarias al Código de Edificación que no superen los cien metros cuadrados. Esta limitación desaparece en la nueva normativa. Es evidente que el GCBA no está pensando únicamente en pequeñas obras sino en la legalización de grandes emprendimientos inmobiliarios.
El proyecto no tiene en cuenta ninguna cuestión ambiental o social al legalizar obras que no respetan la planificación de la ciudad. La planificación urbana es una cuestión ambiental por antonomasia. Esto implica una grave regresión. Actualmente las obras que violan el Código Urbanístico deben demolerse en cumplimiento del principio de recomposición en materia ambiental. El jefe de gobierno destruye este principio. La violación al derecho a un ambiente sano se soslaya pagando una multa. Se reconoce expresamente que el poder económico inmobiliario es el que planifica la ciudad incluso violando las normas de planificación.
Convenios Urbanísticos a medida
Se votaron dos convenios urbanísticos firmados por el gobierno porteño: el primero con la empresa KoolHaas S.A. y el segundo con las empresas Arkinver S.A. y Kilómetros S.A. (Sastrería Militar). Estas empresas compraron tierras públicas nacionales durante la gestión de Mauricio Macri con una determinada capacidad constructiva. Ahora conveniaron con Rodríguez Larreta para que les autorice más altura y metros cuadrados a cambio de hacer obras en espacios verdes y dar unos cuantos millones de dólares en compensación al muy redituable negocio que están solicitando.
Una clara muestra de que el Estado vende barato y mal. En un caso, la compensación que hará la empresa es dejar espacio para una nueva plaza, cuando ese predio fue originariamente del Estado. Originariamente se había desafectado por ser considerado “innecesario” para el Estado.
En el caso de Sastrería Militar, el propio GCBA afirma que los cambios morfológicos y de incremento de capacidad constructiva van a generar un aumento del valor de los predios de 47,7 millones de dólares. De esta cantidad, el GCBA sólo recibirá como contraprestación 21,9 millones de dólares (18 millones es el valor del terreno que vendió el Estado y ahora recupera). Estas empresas en un día ganaron 25 millones de dólares tan sólo porque más de 30 legisladores levantaron la mano. Un claro ejemplo de cómo se entiende la meritocracia en el país.
Actualización del Código a pedido de desarrolladores inmobiliarios
La Fundación Rumbos es bastante clara en lo que implica esta actualización del Código de Edificación: “El Gobierno de CABA y los legisladores oficialistas y sus aliados adecuan el Código a los intereses de los grandes capitales (inmobiliarios, financieros, tecnológicos) tanto en lo que atañe a nuevas obras como a las materializadas a lo largo de los últimos años. En el lenguaje empleado, todo tiende a ser homogeneizado: una misma cosa sirve para todo. Desaparecen los usuarios específicos, los destinatarios, que para la arquitectura debieran ser centrales (…) El Código deja de ser prescriptivo y todo se relativiza dejándolo a interpretación de la Autoridad de Aplicación como subsidiaria a la interpretación de los grandes capitales, en base a Reglamentos Técnicos concebidos sin la participación de usuarios, especialistas”.
Mientras la mayoría de la población porteña sufre la crisis habitacional, sanitaria, económica y ambiental, un grupo pequeño celebrará, junto a sector político que nos gobierna, un fin de año exitoso.
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