LA MUERTE ADMINISTRADA

 

En 1961 el sociólogo Charles Fritz, basado en estudios acerca de la Segunda Guerra, aporta una valiosa definición de desastre: “Evento, concentrado en el tiempo y en el espacio, en el cual una sociedad, o una subdivisión de la sociedad, relativamente autosuficiente, sufre un daño severo e incurre en las pérdidas de sus miembros y pertenencias físicas, cuya estructura social se ve interrumpida e impedido el cumplimiento de todas o algunas de las funciones esenciales de la sociedad”.

Debido a la pandemia producida por la propagación del Covid-19, el mundo se enfrenta a una situación de desastre en los términos de Fritz. El ordenamiento de las prácticas sociales y productivas esenciales se encuentra distorsionado produciendo una tensión seguida de una reorganización veloz adaptativa a la coyuntura (en los casos donde el diagnóstico es adecuado).

Los hábitos y estructuras adquiridas son los pilares de la construcción de la “nueva normalidad” alcanzada mediante un proceso de acostumbramiento o normalización de la realidad. Lejos de ser dirigido desde una centralidad, dicho proceso y su producto final dependen de una gran cantidad de factores y de una dialéctica entre los distintos sectores de la sociedad. Es así como, en la síntesis de dicho proceso, los intereses de los distintos actores poseen diferente importancia adquirida según las estructuras previas al desastre.

Los países del mundo han afrontado la pandemia mediante distintas estrategias. En algunos casos, como Reino Unido, Brasil y Estados Unidos, los gobiernos decidieron prácticamente no tomar medidas preventivas. Esto produjo resultados claros. Al día de la fecha estos países poseen una gran cantidad de personas que adquirieron la enfermedad y centenares de miles de muertes causadas por el Covid-19.  A pesar de que desde la centralidad del gobierno se haya hasta motivado el descuido y las prácticas que favorecen la propagación del virus ha habido por parte de las comunidades, gobiernos locales y trabajadorxs, casos en los cuales se generaron medidas voluntarias de aislamiento preventivo.

Un ejemplo de interés es el caso del Reino Unido, donde ante la saturación del sistema sanitario, el miedo provocó que miles de personas no acudieran al trabajo y se aislaran de forma preventiva. Dicha respuesta social se encuentra supeditada a las posibilidades económicas con las cuales cuentan los ciudadanos para realizar el aislamiento.

Una situación similar se observó en la ciudad de Nueva York, donde la cantidad de muertes en algunas comunidades (ejemplo, latinos) duplicó a la de otras de mayores ingresos (ejemplo, blancos). Sabemos que el virus no selecciona a quién infectar, sino que son las condiciones desiguales las que hacen que algunos se puedan aislar y otros no y que, en definitiva, algunas comunidades tengan más casos y más muertes. Esto motorizó que, en algunos países como Perú, se realicen denuncias frente a la Organización de Naciones Unidas, calificando a la gestión de la pandemia como un etnocidio o genocidio.

Situaciones de catástrofe o desastre como la que estamos atravesando producen un “barajar y dar de nuevo” reordenando las prioridades. Más allá de las definiciones de los gobiernos, existe una dialéctica entre los actores de las comunidades que deriva en un nuevo sistema de prioridades (o síntesis). Este proceso ha servido en algunos países para acelerar las contradicciones exponiendo conflictos latentes en la sociedad (por ejemplo la ola de racismo en Estados Unidos). En este punto es interesante ver cómo países como el Reino Unido, Estados Unidos y Brasil han tolerado el altísimo número de muertes. La solución encontrada por estos fue la de normalizar la muerte y dicho proceso fue posible, hipotetizamos, debido a que en cierta medida no alteró la norma preexistente a la pandemia. De alguna forma mueren los que tienen que morir en un contexto de muerte administrada. Para las derechas que gobiernan esos países los que deben morir son los ancianos, los humildes, los trabajadores. En definitiva, en palabras de Frantz Fanon, los condenados de la tierra.

Hoy nuestro país se encuentra con un fuerte incremento de casos y muertes diarias por Covid-19. Algunos distritos piden más aperturas de sectores económicos e inclusive una vuelta a escuelas cyber aquellos alumnxs que no tengan acceso a medios digitales para las clases virtuales. La solución que se encuentra, en vez de otorgar las herramientas y recursos para que tengan acceso, es exponer a los mismos a contagiarse y contagiar a sus familias. Esto, como nos podemos imaginar, derivaría en un escenario de mayor cantidad de contagios y mortalidad en los sectores más humildes.

Entonces la muerte administrada poblacional se convierte en la muerte administrada de cada persona, ese trágico momento de decidir para quién es el respirador ya es un hecho en nuestra Patria. Jujuy es el ejemplo.

Así es como se comienza a discutir la nueva normalidad: exponiendo los valores y alimentando un proceso dialéctico que derivará en el dictado de nuevas normas sociales. Es imperioso que todos los militantes de la justicia social, los derechos humanos, lxs trabajadores de la cultura,  los gremios, los empresarios, la comunidad científica y actores del poder político se involucren y sumerjan en esta discusión que trasciende la coyuntura para que prime la solidaridad por sobre el individualismo.

En nuestro informe anterior de la IRDH decíamos: “¿Cuál es el número de muertes que la sociedad argentina esta dispuesta aceptar?” Hoy le ponemos número a la pregunta: ¿10.000 (cercana a la cifra de esta semana), 20.000, 30.000, 40.000? ¿Cuál es nuestro limite, como sociedad que vivió un genocidio?

El Presidente de la Nación Alberto Fernández nos tranquiliza diciendo que “tiene puesto el dedo en el botón rojo” para parar todo porque lo más importante es la salud y la vida de todos y todas nosotras.

 

 

 

* Iniciativa por el Resguardo de los Derechos Humanos

Medica Nefróloga Pediatra. Militante de Derechos Humanos

Biólogo, Profesor de la Universidad Nacional de José C Paz

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