La mazmorra de la Federal

El Tribunal Oral Federal (TOF) 6 condenó el lunes pasado a seis represores que actuaron en el centro clandestino que funcionó en la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal Argentina (PFA), también conocida como Coordinación Federal. Las condenas oscilaron entre la prisión perpetua y los siete años.

Entre los condenados estuvo Carlos Enrique Gallone, que recibió una pena de 25 años. Gallone pasó a encarnar una de las caras más hipócritas de la represión cuando quedó retratado, vistiendo uniforme y empujando hacia su pecho a una madre que lloraba en Plaza de Mayo. Ya había sido condenado a prisión perpetua por la Masacre de Fátima, cuando sacaron a un grupo de 30 detenidos-desaparecidos para ser dinamitados.

Rafael Oscar Romero y Juan Manuel Grosso fueron condenados a siete años de prisión, mienras que Fausto José Mingorance recibió una pena de diez años. Raúl Guglielminetti, agente de inteligencia, y Eduardo Comesaña, que también operaron en Coordinación Federal, fueron condenados a prisión perpetua por la llamada masacre de la calle Lavardén, cuando asesinaron a cuatro personas que estaban secuestradas, pero fraguaron la escena para simular un enfrentamiento armado.

 

La masacre

Las víctimas de la masacre de la calle Lavardén fueron el médico Norberto Gómez y su compañera, Ana Teresa del Valle Aguilar, que era estudiante de Ingeniería; la estudiante de Letras y empleada de la Municipalidad de Lanús Elena Kalaidjian y Julio Enzo Panebianco, que era trabajador de la Dirección General de Impuestos (DGI).

A los cuatro los llevaron en la noche del 17 de marzo de 1977 a la zona de Parque Patricios, a la calle Lavardén y Los Patos. Los fusilaron, les colocaron armas y pusieron dos de los cuerpos dentro de un Citröen que habían robado a otro secuestrado. Lo único que no fraguaron fueron los nombres de Guglielminetti y de Comesaña en el acta policial, lo que permitió identificarlos.

 

Los otros casos

En el juicio se examinó la responsabilidad de los represores en 67 casos. Como detalló la fiscal federal Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, quince de las víctimas aún siguen desaparecidas.

Uno de los tramos del proceso contempló los secuestros del 1 de junio de 1976, llevados a cabo por hombres que dependían del área Sumarios – a cargo de Gallone. La mayoría de los secuestrados esa noche eran empleados del Poder Judicial y cercanos al gremio. De hecho, una de las víctimas de la llamada noche de los judiciales fue Julio Piumato, dirigente de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN).

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) patrocinó a Fátima Cabrera por su secuestro y el de su compañero Patrick Rice, ocurridos el 11 de octubre de 1976 en Villa Soldati. Antes de ser trasladados a la Superintendencia, estuvieron cautivos en el centro clandestino conocido como Garage Azopardo.

Ramos pidió ampliar la imputación para que contemplase la violencia sexual que se desplegó también en el centro clandestino que funcionó en la calle Moreno, frente al Departamento central de la PFA. “Los delitos sexuales eran sistemáticos en Coordinación Federal y formaron parte de la cotidianeidad del centro – dijo la fiscal--. Los guardias se sentían libres de desplegar todo tipo de perversiones y agredir sexualmente a las detenidas, sabiendo que no iban a sufrir ningún castigo por parte de las autoridades del centro”.

 

Más procesamientos

El juez federal Daniel Rafecas, que instruye la causa por crímenes en el Primer Cuerpo de Ejército, dictó nuevos procesamientos el viernes.

Por un lado, procesó a seis oficiales de la Fuerza Aérea por su responsabilidad en las actividades represivas en la denominada subzona 16, en el oeste del conurbano bonaerense.

Entre los aeronáuticos procesados están Alejandro Noel Lazo, Juan Carlos Herrera y José Juan Zyska, acusados por crímenes en la Mansión Seré y en la Brigada Aérea del Palomar.  A Ernesto Rafael Lynch lo procesó por crímenes cometidos en la Brigada Aérea de Moreno y como responsable de las llamadas “Tres Marías”, las camionetas que salían a secuestrar personas por la zona. Julio César Leston y Arturo Rafael Giménez fueron acusados por delitos en la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA) y en la Comisaría de Castelar.

En su resolución, Rafecas dio por probado que tres brigadas aéreas, Palomar, Morón y Moreno, funcionaron como centros clandestinos, así como otras seis comisarías de la zona.

Además, el juez procesó a cuatro integrantes del Ejército por crímenes en la comisaría de Ramos Mejía. Entre los acusados están Rodolfo Enrique Gómez, Roberto Obdulio Gómez, Francisco Rodolfo Novotny y el médico Norberto Bianco, ex jefe de la maternidad clandestina de Campo de Mayo. Bianco también se apropió del hijo de Norma Tato y Jorge Casariego, Pablo.

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