¿Mala madre?

 

María Ramona Ovando quería aprender a leer y a escribir. Cuando salió de la cárcel de Villa Lanús, después de pasar veinte meses detenida por un crimen que no existió, lo único que buscaba era dejar de ser analfabeta para defenderse por sus propios medios. La jueza de Familia Margarita Potschka se lo prohibió, diciéndole que ella no podía andar por las calles de noche con sus hijxs menores para ir a la escuela nocturna. Desde hace casi una década que esta mujer de 46 años, madre de doce hijxs, sufre la persecución y el hostigamiento del poder judicial de Misiones, en el noreste argentino. Una vigilancia constante y silenciosa sobre su maternidad, su vida y la de su familia.

Entre abril de 2011 y fines de 2012 María Ovando estuvo presa porque su hija Carolina, de tres años, murió por desnutrición y la culparon a ella por no haber evitado esa muerte. En ese momento María vivía en la extrema pobreza en una precaria vivienda en la zona rural de Colonia Mado, no recibía ninguna ayuda estatal y no tenía trabajo formal: aún estando embarazada picaba piedras en una cantera para el gobierno local. En noviembre de 2012 el Tribunal Penal N° 1 de Eldorado la absolvió, después de que el movimiento feminista y las organizaciones de derechos humanos nacionalizaran su historia. Ese año el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans se hizo en la ciudad de Posadas y el pedido de libertad para María Ovando se volvió una causa nacional.

Ahora enfrenta un nuevo juicio: la acusan de no haber evitado el abuso sexual de dos de sus hijas. El debate oral, que comenzará el 21 de septiembre, estará a cargo del Tribunal Penal de Eldorado, el mismo que la absolvió por la muerte de su hija. Otros dos jóvenes serán juzgados por el “abuso sexual” de las hijas de María.

“A María la acusan por no cumplir con su deber de madre y no hay pruebas en su contra. Misiones tiene el índice más alto de abusos intrafamiliares y las madres no son procesadas como María. ¿Cómo haces para evitar que abusen de tus hijas si vos no sabés que está pasando?”, explicó a LatFem Roxana Rivas, abogada del Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género, el mismo que la defendió hace nueve años hoy vuelve a empujar la búsqueda de justicia para ella.

María está acusada (otra vez) de un tipo específico criminal que recae sobre las mujeres: la mala madre. Se la juzga por no haber impedido un hecho del cual además no se tiene precisiones respecto de cómo ni cuándo ocurrió. Hay un modelo imposible de maternidad patriarcal que plantea un desempeño ideal que, en la mayoría de los casos, no coincide con los recursos económicos, sociales y culturales que tienen la mayoría de las madres, como María.

La causa judicial está caratulada como “abuso sexual con acceso carnal ”. Dos hombres, amigos de su familia, están detenidos de manera preventiva desde hace cinco años en la Unidad Penal III de Eldorado. Para el Poder Judicial, María Ovando fue “facilitadora o encubridora” de los abusos. La denuncia penal que dio lugar a que se inicie la instrucción de la causa fue realizada en 2015 por la abuela y bisabuela paterna de las niñas, quien reclamó la tenencia y guarda de ellas. Las nenas en ese momento tenían 5 y 9 años.

Aunque hay sospechas de que el perpetrador de los abusos fue el abuelo paterno que estaba a cargo de ellas, nunca se investigó esta hipótesis y la sospecha se posó sobre el entorno de María. “Es grave la situación de María y de las niñas. La Justicia perdió la oportunidad de investigar quienes fueron sus abusadores”, agregó su abogada.

“Hay una fuerte presión para que abandonemos el proceso civil. Es un disciplinamiento para María, para nosotras y para todas las personas que quieren reclamarle al Estado”, dijo a LatFem la abogada de la mujer.

Después de que la absolvieran en 2012, Roxana Rivas y el equipo que defiende a María iniciaron una causa civil por daños y perjuicios por el tiempo que pasó presa de manera injusta. El ritmo de la causa penal por abuso sexual contra las niñas parece avanzar al compás de los avances de la causa civil, como si se tratara, como dice la abogada, de un castigo.

María tiene doce hijxs. El tiempo que estuvo presa algunxs quedaron al cuidado de su madre y otrxs de personas que se hicieron pasar por sus abuelxs paternxs, pero que nunca pudieron acreditar el vínculo.

Desde su absolución —y a pesar de ello— María jamás fue liberada de la mirada y vigilancia del sistema judicial de Misiones: el hostigamiento fue constante y sistemático. Y desde entonces pelea por la tenencia de sus hijxs.

“María naturalizó que debiera comparecer cada mes o cada dos semanas junto a sus hijos ante la jueza Margarita Potschka, quien no la notificaba por cédula u oficio sino le enviaba la policía temprano a la mañana para ser llevados sin muchas explicaciones ante ella. También y sin ningún derecho ni facultad que le permitiera la llevaban ante los médicos del hospital local para que los controlara. Nunca observó en este tiempo ningún signo de abuso en las niñas”, dicen sus abogadxs en un escrito.

María no aprendió a leer y a escribir pero tiene un equipo que la acompaña y la defiende. No está sola: el movimiento feminista y las organizaciones de derechos humanos de Misiones se preparan para que su nombre vuelva a ser una causa nacional y se revierta esta acusación injusta que pesa en su contra.

 

 

 

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