La macro y el virus

 

El gobierno argentino ha resuelto enfrentar el impacto del Covid-19 decretando el aislamiento de todas aquellas personas que no están relacionadas con un conjunto de actividades definidas como esenciales. Las imágenes que llegan desde Italia, España, Estados Unidos y más recientemente desde Ecuador dan cuenta de la pertinencia de esta medida y en el futuro se podrá estimar la cantidad de vidas humanas salvadas por esa decisión.

Durante el período que dure la cuarentena, toda actividad definida como no esencial se verá fuertemente disminuida o no podrá ser llevada a cabo en absoluto. A su vez, al tratarse de un fenómeno a escala global, la pandemia tendrá consecuencias severas sobre el comercio y los flujos de capitales internacionales. Esto supone una serie de alteraciones en el funcionamiento de la macroeconomía que modifican el tipo de restricciones y herramientas con las que contaba la política pública hasta el mes de febrero de este año.

En primer lugar, es muy probable que el déficit crónico de divisas con el cual opera habitualmente la economía argentina se vea relajado en el corto plazo. La experiencia reciente nos muestra que ante una caída en el nivel de actividad se genera una mejora en la balanza comercial como consecuencia de la disminución de las importaciones. Esto sucedió en 2014, 2016, 2018 y 2019. Sin embargo, en la actualidad, ese impacto recesivo presenta un sesgo relativamente mayor hacia actividades muy demandantes de dólares. A modo de ejemplo piénsese en la industria automotriz, la de electrodomésticos o la de maquinarias y equipos. A su vez, también se verá reducida sensiblemente la pérdida de divisas generada por el turismo internacional, el cual había registrado un egreso neto superior a los U$S 5.000 millones durante 2019.

Adicionalmente, la economía global presenta una reversión de los flujos de capitales hacia los países en desarrollo, la cual es más severa aún que la observada durante la crisis de 2008-2009. La persistencia de este “vuelo a la calidad” tendrá impactos profundos sobre la sustentabilidad macroeconómica de aquellos países que han podido financiar déficits crecientes de cuenta corriente durante la última década mediante el ingreso de capitales externos. El propio FMI, a través de su directora gerente Kristalina Georgieva, reconoce la necesidad de renegociar la deuda externa de los países en desarrollo. Este escenario podría generar incentivos a los acreedores de la Argentina para lograr un acuerdo que le permita al gobierno concentrar sus esfuerzos en el Covid-19 y posteriormente en la recuperación de la economía.

Finalmente, el otro factor determinante sobre la demanda de divisas tiene que ver con su utilización como instrumento de ahorro por parte de los residentes locales. La normativa actual restringe severamente el acceso a las divisas en el mercado único y libre de cambios para este fin. Sin embargo, a través de los bonos soberanos nominados en dólares es posible adquirir todos los dólares requeridos al tipo de cambio implícito entre la cotización en pesos y en dólares de esos bonos. Si el gobierno tiene como objetivo mantener ese tipo de cambio implícito dentro de determinados parámetros, deberá intervenir en el mercado de bonos afectando las reservas internacionales. Como veremos más adelante, el impacto de la cuarentena y las políticas que deberá llevar adelante el gobierno nacional tienen efectos contrapuestos sobre la evolución del tipo de cambio paralelo.

 

 

Un modelo con dos sectores

En principio se podría pensar el funcionamiento de la economía argentina durante la cuarentena como un modelo de dos sectores. Un sector productor de bienes y servicios esenciales y un sector productor de bienes y servicios no esenciales [1].

Para facilitar el argumento podemos suponer que el primero mantiene el nivel de producción y retribución a los factores de la producción. Es decir que los empresarios y trabajadores de ese sector mantienen el nivel de ingresos previo al inicio de la cuarentena. A su vez suponemos que el sector no esencial detiene totalmente su producción. Esto quiere decir que los trabajadores y empresarios de este sector deberán procurar la obtención de los bienes y servicios esenciales que requieran sin contar con los ingresos generados por su producción habitual.

Dada la heterogeneidad de la composición del sector no esencial, que puede ir desde grandes empresas multinacionales hasta trabajadores informales que conforman sus ingresos habituales a través de subsidios estatales y actividades ocasionales de baja productividad (changas), la asistencia por parte del Estado debe abarcar una multiplicidad de situaciones, cada una de las cuales requiere un tratamiento particular. Sin embargo, como norma general la política de ingresos durante la cuarentena debiera tener dos objetivos principales. Por un lado tratar de garantizar que toda la población acceda a los bienes y servicios esenciales y en segundo lugar minimizar todo lo posible el deterioro del aparato productivo a partir del cierre de empresas y el despido de trabajadores. Esto último permitirá una recuperación más rápida de la economía en el futuro, una vez que se haya podido contener el peligro que hoy supone el contagio masivo del virus.

El gobierno ha ido implementando una batería de medidas para tratar de alcanzar estos objetivos de una forma eficaz pero también atendiendo a las distintas capacidades de sobrellevar la crisis en el sector privado. Para las personas de menores recursos que no trabajan en relación de dependencia formal se han ido ampliando los subsidios y beneficios existentes y se incorporaron otros como el ingreso familiar de emergencia. Adicionalmente se han dispuesto repartos de alimentos en barrios populares mientras dure la pandemia.

También se han destinado una serie de acciones tendientes a morigerar los efectos de la crisis en las empresas del sector no esencial cuyos ejes son la postergación de cargas tributarias, el pago de una parte de los salarios de los trabajadores y el otorgamiento de créditos a bajas tasas de interés. La política implementada reconoce explícitamente la diferencia de capacidades con las que cuenta cada una de las firmas para hacer frente al pago de salarios en esta coyuntura. La asistencia estatal debiera resultar inversamente proporcional a esa capacidad.

Va de suyo que el esfuerzo fiscal que significan este conjunto de políticas no podrá ser financiado mediante un incremento de los impuestos. De hecho, lo esperable es una abrupta caída de los recursos tributarios. Por ese motivo la asistencia deberá ser financiada mayormente mediante un incremento de la emisión primaria por parte del Banco Central, y en menor medida a través del financiamiento del sistema bancario. Habida cuenta de la imposibilidad de gastar una parte de los ingresos en los bienes y servicios no esenciales, una porción de ese flujo monetario adicional se canalizará hacia la adquisición de divisas en el mercado blue o a través del mercado de bonos, presionando sobre el tipo de cambio informal. Contrariamente, una parte del sector productor de bienes y servicios no esenciales deberá reducir sus tenencias financieras para afrontar los gastos corrientes o el pago de salarios. Una parte de esas tenencias está constituida por activos nominados en dólares (billetes o depósitos). Si se modificara la normativa actual que obliga a un tiempo de “parking” para vender los títulos, se generaría un incentivo para la venta de los dólares en cuentas a la vista generando el efecto inverso al señalado anteriormente. Eventualmente se podría pensar en una modificación transitoria del “parking” mientras dure la cuarentena.

La intensidad de cada uno de estos efectos sobre el tipo de cambio paralelo determinará el sentido del movimiento de su precio. Si prima el efecto alcista el gobierno deberá utilizar una parte de las reservas o vender títulos de deuda nominados en dólares, a través del algún organismo del sector público, si pretende mantener estabilizado este precio. Contrariamente, si prima el efecto bajista el BCRA podría aprovechar para hacerse de reservas o para recomprar una parte de su deuda pagándola en moneda doméstica.

 

 

Mercado y Controles

En general las objeciones sobre los controles de precios en un mercado competitivo tienen que ver con la distorsión en las señales que esos precios trasmiten a los productores o potenciales productores de esos bienes y servicios. Esas señales indicarían cuales serían los productos más demandados en el mercado y cuales aquellos en donde existe una oferta excedente. De esta forma los productores, siguiendo esas señales, deciden sus planes de producción de la forma más eficiente desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto. Sin embargo, la existencia de un mercado competitivo supone información perfecta de sus participantes y la posibilidad de que todo aquel que quiera ofertar o demandar pueda hacerlo. Nada de eso se parece a la situación de una sociedad en cuarentena donde la mayoría de la población solo puede salir de su casa únicamente para comprar en la farmacia o el supermercado más próximo a su domicilio.

Los dos motores que empujan el fenómeno inflacionario en la Argentina son la devaluación del tipo de cambio oficial y la puja distributiva entre asalariados y empresarios. Ambos factores parecen estar relativamente controlados en este momento, por lo tanto, el Estado tiene un papel central en el control de precios de los productos definidos como esenciales, habida cuenta de que no parecieran existir factores de costos que impulsen los incrementos de precios observados recientemente y además, como se señaló más arriba, durante la cuarentena no están plenamente vigentes las funciones que cumple el mercado en la asignación de los recursos productivos. La ausencia de controles podría erosionar la efectividad de la política pública ya que los precios que maximizan el beneficio de los oferentes se encuentran por arriba (y en algunos casos muy por arriba)  de aquellos que existirían si el mercado funcionara plenamente. Si se permite la plena libertad de asignación de precios en una situación tan particular como la actual, las asistencias brindadas por el Estado perderían poder de compra afectando el impacto estimado oportunamente por las autoridades.

La Argentina y el mundo están atravesando una situación excepcional. Las recomendaciones del paradigma neoliberal que en tiempos normales presentan inconsistencias hoy se muestran absurdas, como reconocen implícita o explícitamente los distintos gobiernos del mundo. La capacidad de los Estados para reorganizar adecuadamente los sistemas de salud y la economía en general durante la pandemia resultará determinante para la mitigación del impacto que causará la emergencia del Covid-19. Seguramente, una vez superada esta crisis, todos los países deberán tomar nota de lo acontecido. Será una oportunidad histórica para repensar el funcionamiento del capitalismo en la actualidad.

[1] El Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) publicará el Documento Técnico  “Macroeconomía en Cuarentena” donde se desarrolla un modelo de dos sectores para analizar la dinámica macroeconómica de la Argentina durante la cuarentena.

 

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