LA LUCHA POLÍTICA POR EL NUNCA MÁS

 

Cerca de setenta mil personas se aglomeraban en Plaza de Mayo aquel último día del otoño de 1984 en una Argentina que aún denominaba “lucha subversiva” al genocidio y “proceso” a la dictadura terrorista. Convocado bajo la consigna “Después de la verdad, ahora la Justicia”, el acto en la Plaza apoyaba la entrega del informe Nunca Más realizado por la Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) al flamante Presidente radical Raúl Alfonsín. Al mismo tiempo, con la movilización se procuraba poner en evidencia la necesidad de llevar a juicio al conjunto de los represores.

Convertido en libro por la Editorial Universitaria de Buenos Aires (Eudeba) hacia fines de ese mismo año, cuatro décadas más tarde lleva vendidos unos seiscientos cincuenta mil ejemplares, traducido a múltiples idiomas, incorporado a la currícula educativa, difundido incluso en fascículos ilustrados por el artista plástico León Ferrari, pero, por sobre todo, considerado prueba válida y relevante en el Juicio a las Juntas Militares y causas que le siguieron, hasta la fecha. Cuando las leyes de impunidad detuvieron los procesos judiciales, el Nunca Más resultó la herramienta idónea a fin de disponer de los juicios por la verdad y, en otro orden, impulsar los estudios sobre la historia reciente.

 

 

Piedra fundamental de las políticas de la memoria, el Informe de la Conadep fue cuestionado en su periodización, restringido a la última dictadura eclesiástico-cívico-militar, o bien que no habían comprendido otras circunstancias. La Masacre de Capilla del Rosario, el Operativo Independencia en Tucumán, la complicidad empresaria en crímenes de lesa humanidad; y posteriores, como las desapariciones en democracia. Al mismo tiempo, la Comisión encargada de la investigación, recopilación de datos y edición del Informe, desde un principio fue sacudida por controversias. La primera resultó el prólogo atribuido a Ernesto Sábato (el Thomas Mann de Santos Lugares, lo llamaba Rodolfo Walsh), donde se planteaba en forma desembozada una teoría de los dos demonios. Al reeditarse en 2002, ex integrantes de la Conadep y militantes radicales que hoy en día son aliados del gobierno de Javier Milei, protestaron a tal efecto, denunciando que se había quitado la firma del escritor en el prólogo, cuando éste nunca había llevado rúbrica. Absurda operación de presunta sustracción y adición, desde la primera, las sucesivas ediciones siguieron siendo fuente de controversias; a veces saludables, otras saboteadoras. Según las contingencias políticas mutan con los años, “las luchas por la memoria no asumen un sentido lineal y progresivo, sino que dependen de contextos políticos variables en función de las relaciones de fuerzas”.

Tales pugnas en la construcción política son las que releva el sociólogo Emilio Crenzel en su Historia política del Nunca Más, cuya cuarta edición —debidamente revisada, luego de la anterior, hace diez años— llega a las librerías dotada de datos complementarios y una firme toma de posición: “El más grave y radical de estos cuestionamientos lo constituye hoy la negación y/o justificación de los crímenes de lesa humanidad en boca de la conducción del Estado. Ese peligro se ve acentuado por la creciente distancia temporal de los hechos, lo que promueve la indiferencia —sobre todo en las nuevas generaciones—, las urgencias de un presente signado por la pérdida de la capacidad de ejercicio efectivo de los derechos y en el que se erigen voces que, con apoyo popular, cuestionan la propia condición de sujeto de derecho”.

 

 

En este marco, el autor propone para su investigación el retrato de las diferentes “memorias emblemáticas” hegemónicas en distintos momentos que integraron “ciertos principios generales de la democracia política, los postulados del gobierno de Alfonsín para juzgar la violencia política y la narrativa humanitaria forjada durante la dictadura para denunciar sus crímenes”. Al girar su tesis sobre tales líneas de trabajo, privilegia las posiciones ideológicas por sobre los nombres, sin desatenderlos. En esta tesitura, inicialmente los radicales en el gobierno proponían que los militares se depurasen a si mismos mediante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, medida destinada al fracaso. Por su parte, los legisladores ligados a los organismos de Derechos Humanos oponían una comisión bicameral investigadora. La solución de compromiso, a iniciativa del Ejecutivo, fue la “comisión de personalidades”, a la postre encabezada por Sábato, por otra parte adherente a la “despolitización”, el objetivo oficial de una justicia limitada. El autor de El túnel se ratificó como la figura indicada al haber “modificado su postura favorable a la dictadura cuando ésta comenzó a dar signos de agotamiento y los márgenes de disenso público se ampliaron”. Al respecto, sentenció, respecto a los crímenes de lesa humanidad: “Esto no es un problema político, como se suele argüir, esto es un problema ético y religioso. Personalmente creo que ha sido el reinado del demonio sobre la tierra”.

La labor inicial de recibir las denuncias resultó la primera complicación “con la renuncia, tras una jornada de labor, de los empleados del Ministerio del Interior (…) quienes no soportaron la tarea de escuchar, durante horas, testimonios desgarradores”. Circunstancia que otorgó un nuevo lugar a los organismos de DDHH, capacitados por su experiencia previa a lidiar con el dolor. No solo con ello: los militares obstaculizaban la investigación y los servicios de inteligencia incluían a la Conadep en el legajo “delincuencia subversiva”, siguiendo de cerca sus pasos. Incidía en tales dificultades la anuencia oficial, encabezada por el ministro del Interior Antonio Tróccoli, quien “retomó el discurso castrense al postular a la violencia guerrillera como antecedente de la violencia del Estado, y al identificar a la ‘subversión’ como extraña y externa a la sociedad argentina”.

El informe final fue producto de una división del trabajo coordinada por Gerardo Taratuto, dejando el prólogo a cargo de Sábato, con el dilema de la nómina de represores y los alcances de la posterior acción judicial revoloteando entre líneas. Satisfacción y desazón cundieron entre los miembros de la Conadep: para los radicales “la Conadep resultó útil a la estrategia del gobierno ‘al atender las necesidades de las víctimas y aplacar a los grupos de derechos humanos’”. Para estos últimos, recalca Crenzel, el informe de prensa “caracterizaba las desapariciones como crímenes de lesa humanidad, desestimaba la teoría de los excesos y contradecía el objetivo oficial de inculpar solo a las cúpulas militares”, poniendo fin a la estrategia oficial de “autodepuración” de las Fuerzas Armadas.

El análisis del documento realizado por el autor en momento alguno escatima observaciones críticas, alude a las omisiones y complicidades protagonizadas por la Iglesia Católica, el empresariado, la prensa adicta y el Poder Judicial. Consideraciones dignas de un debate que conserva su vigencia a través del tiempo, se reactualizan hoy ante el embate de una oleada negacionista capaz de, no solo percudir los tránsitos en la memoria, asimismo de poner en riesgo la democracia misma. En este aspecto, y en la siempre imprescindible difusión de aquellos sangrientos eventos, la reedición de La Historia política del Nunca Más fortalece y actualiza al propio informe de la Conadep, al tiempo que convoca a la continua profundización de esa, la lucha por todas las luchas.

 

 

 

FICHA TÉCNICA

La historia política del Nunca Más

Emilio Crenzel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buenos Aires 2024

280 páginas

 

 

 

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