¿La libertad avanza?

 

Quienes llegaron al Poder Ejecutivo Nacional el 10 de diciembre de 2023 lo hicieron en base a muchas promesas, que fueron incumpliendo una por una, salvo quizás una mencionada al pasar en los últimos tiempos de la campaña: que habría sufrimiento para el pueblo. Entre las promesas incumplidas, se destaca la de libertad. Como en el pasado tuvimos un Presidente que de tanto mirarse en el espejo veía mafias en todos lados, hoy tenemos a un déspota que proyecta su reflejo de restricción de libertades en quienes mejor las ejercen cuando están en riesgo derechos fundamentales.

Para que exista libertad dentro de una sociedad deben existir ciertas condiciones que la hagan posible: por un lado derechos, especialmente para quienes están en situaciones desfavorables o desventajosas; por otro lado limitaciones, esencialmente a quienes tienen poder o fuerza para avanzar sobre los derechos de las personas. Sin libertad no hay ejercicio de derechos posible para las mayorías. El Estado, en cumplimiento de la Constitución Nacional, debe asegurar la libertad del pueblo, poniendo límites a quienes pueden amenazar esas libertades por su poder económico, mediático o político.

El gobierno actual desde el inicio se dedicó a quitar derechos al pueblo trabajador y remover los límites a los pocos sectores privilegiados con mucho poder; dos ejemplos evidentes de esto son el DNU 70/23 y el proyecto de ley conocido como “ómnibus”, pero no son los únicos.

Entre los intentos de quita de derechos, uno de los más brutales y contrarios a la Constitución Nacional es el que busca demoler los derechos laborales individuales y colectivos por medio de un DNU. Frente a esa acción del gobierno, uno de los poderes de la República, el Poder Judicial, y más específicamente una de sus reparticiones más emparentada con la justicia social, el fuero del trabajo, le puso claros límites al PEN en defensa de los derechos del pueblo trabajador. Frente a las acciones presentadas por las organizaciones de trabajadores/as (la CGT, la CTA y algunos sindicatos), las juezas y los jueces del trabajo reaccionaron rápidamente durante el mes de enero, suspendiendo primero en forma cautelar la aplicación del DNU, para declararlo inconstitucional algunos días después.

No faltaron quienes criticaron la falta de neutralidad del fuero del trabajo, reproche ya muy repetido en nuestra historia, demostrando el total desconocimiento de la historia y objetivos de dicho fuero (algo tratado en Reforma judicial y justicia social). Lo que hicieron los integrantes del fuero del trabajo que tomaron la decisión de frenar y luego declarar inconstitucional la reforma laboral regresiva y desprotectoria que el gobierno quiere imponer por DNU fue hacer honor al rol que se les ha asignado: juezas y jueces especializados, imparciales pero no neutrales. Además, algo no menor, defendieron la vigencia de la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos que la integran, especialmente el artículo 14 bis, pero no sólo ese.

La conducta del fuero del trabajo es la opuesta a la de la Corte Nacional, que ante los planteos que llegaron a su conocimiento y los pedidos de resolución decidió no habilitar la feria y tomarse vacaciones durante todo el mes de enero. Es probable que esté haciendo uso de su tiempismo (ha llegado a resolver 15 años después de recibir una causa, para declarar la inconstitucionalidad de una norma y resucitar otra derogada), midiendo el humor social (y sus manifestaciones) y especulando políticamente en beneficio de sus integrantes (y sus aspiraciones).

Tanto el DNU como el proyecto de ley Ómnibus (su primera versión, a la que siguieron podas y agregados realizados entre gallos y medianoche) buscan limitar y si es posible impedir totalmente libertades fundamentales, como son la de reunión, manifestación y asociación en general, y su reflejo en la libertad sindical en particular. El mismo camino transita el denominado “protocolo” de Patricia Bullrich y las pretendidas multas millonarias que quieren cobrar a los colectivos que se manifiestan, esto último convirtiéndose el PEN en un poder que legisla y juzga aplicando condenas. Los avances del PEN son violaciones graves a la Constitución Nacional que muestran una clara orientación del gobierno nacional: la restricción de libertades fundamentales y la búsqueda del ejercicio de la suma del poder público.

El presidente de la desprestigiada Corte Nacional que hoy tenemos en nuestro país (ver La Corte del cambio), con cita del mismo tribunal pero en tiempos en que bregaba por la justicia social como la Justicia en su máxima expresión, reconoce en uno de sus votos la existencia de “tres libertades ‘esenciales del Estado constitucional vigente en la República’: de reunión, de expresión y de asociación (‘Asociación Lucha por la Identidad Travesti Transexual c/ Inspección General de Justicia’, Fallos: 329:5266), cuya limitación afecta a una cuarta, la libertad sindical”. Al momento de decidir sobre el contenido del DNU la Corte debería tener presentes estas reflexiones; aunque en el último tiempo nos tiene acostumbrados al ejercicio de una amnesia selectiva combinada con un marxismo grouchiano de cambio de principios.

Una contundente manifestación de las libertades fundamentales que contiene nuestra Constitución Nacional, a los fines de asegurar la existencia de un Estado de Derecho, pudo verse el 24 de enero pasado. A la marcha, motivada en el paro y convocatoria a movilizar de la CGT, se sumaron masivamente otros colectivos y personas; el protocolo quedó guardado en un cajón y no se conoce que haya habido intentos de cobro de multas millonarias a quienes participaron. Luego de esa manifestación, que se dio en forma masiva y pacífica en varios puntos del país, el avance autoritario del gobierno no pudo conservar la velocidad que venía demostrando.

La mayoría del pueblo vio con buenos ojos la convocatoria y la imagen de la CGT mejoró; hasta el embajador de Estados Unidos vio con buenos ojos la acción de la CGT en relación a la democracia, frente a la caída que viene experimentando la imagen del gobierno y el apoyo a sus medidas. El proyecto de ley Ómnibus, que se había dicho desde el PEN que no sería modificado ni negociado, empezó a sufrir modificaciones y recortes. Las resoluciones en contra del DNU empezaron a multiplicarse en el Poder Judicial, mientras que el Senado logró convocar para tratar su validez, aunque en una actitud nada republicana la Vicepresidenta que lo encabeza no convocó a sesionar.

Se puede estar más o menos de acuerdo con algunos dirigentes sindicales, lo que no se puede es pretender que por las conductas de las personas se eliminen o debiliten las instituciones, es decir, los sindicatos. Lo dicho vale también para las instituciones de la República. Se pueden ensayar modificaciones, pero nunca recortando libertades ni generando condiciones de menor o nula democracia, sino todo lo contrario.

Al ver las características de la manifestación popular del 24 de enero y sus consecuencias, se entiende por qué el gobierno busca impedir el ejercicio de las libertades centrales. Durante las manifestaciones que se sucedieron posteriormente durante tres días, mientras se trataba en la Cámara de Diputados la aprobación en general de lo que quedó del proyecto de ley Ómnibus, hubo una fuerte represión ordenada por el gobierno, con un particular ensañamiento con los trabajadores de prensa.

Las libertades fundamentales hacen tambalear los planes autoritarios del gobierno y su respuesta es impedirlas con violencia. A mayor masividad y organización en las manifestaciones populares, se limita proporcionalmente la violencia del gobierno, pudiendo llegar a anularla.

Es cardinal que no perdamos de vista que hay un tema central entre los objetivos del PEN: la suma del poder público. De esa manera busca la forma de acelerar y profundizar el recorte de derechos, librándose de los límites que le imponen otros poderes. Como bien señala el amigo y colega Jorge Elizondo (ver Ni guerra ni dictadura): la delegación de facultades que se busca, por su amplitud y extensión, implica conferir al Presidente de la Nación facultades extraordinarias equivalentes a la suma del poder público, violando el artículo 29 de la Constitución Nacional, que sujeta a quienes lo formulen, consientan o firmen a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la Patria. Los legisladores de ambas Cámaras deberán tomar nota, fundamentalmente los que siempre se presentan como defensores de la República, siendo responsables de sus actos.

La libertad es la que se expresa en el ejercicio de derechos humanos fundamentales, no en la quita de límites a los poderes que amenazan esos derechos. Cuando la libertad avanza frente al autoritarismo, este último se ve obligado a retroceder y, a mayor avance de la primera, a retirarse. Es la expresión del pueblo, reunido junto a sus asociaciones más representativas, empezando por las que representan al pueblo trabajador, el que pondrá límites al autoritarismo para recuperar, conservar y ampliar derechos.

A pesar de que quieran impedirlo como en los ‘70, los ‘90 y la segunda mitad de la década pasada, todavía hoy la libertad avanza: la del pueblo organizado en defensa de sus derechos y la justicia social.

Estas reflexiones se escriben cuando sigue el tratamiento del proyecto de ley Ómnibus en la Cámara de Diputados, mientras se impide que la Cámara de Senadores haga lo propio con el DNU. Estamos en un tiempo de cambios acelerados, marchas y contramarchas; en función de las acciones (o inacciones) de los tres poderes del Estado en los próximos días, es deseable que de avanzar el proyecto autoritario se vea nuevamente y con más frecuencia la respuesta masiva y organizada del pueblo en defensa de su libertad.

 

 

 

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