"La ley no está conmigo"

 

El viernes 12 de octubre cerca de las 10 de la mañana un pelotón de diez policías entró al territorio de la familia Corvalán, en el paraje Suncho Pampa, a 260 kilómetros de la capital de Santiago del Estero. Las imágenes que circularon desde entonces muestran la intervención de un oficial de Justicia, una presencia que legalizaba una orden de desalojo a favor del empresario Néstor Quesada. Aquellas imágenes mostraron en primer plano a don Héctor Reyes Corvalán, el morador de ese espacio, dueño del territorio por derecho de posesión, que permanecía sólo con una botella de combustible en la mano a modo de gesto de resistencia.

—¡Este hombre hace lo quiere! —se llega a oír en las imágenes. Y Corvalán habla de Quesada—: La ley no está conmigo. Ya llevo siete años así. Tanta amenaza.

—Usted está ocupando el lote dos —le dice el oficial de Justicia.

—Ya llevo más de treinta años aquí y pago las boletas de este lote. Y la Cámara de Diputados lo ha declarado zona cultural, o lugar cultural. ¡Y de nada sirve!

De nada sirve, dice con el corazón en las manos cuando se escucha el disparo que terminó conmoviendo a quienes todavía escuchan estos gritos en este país. Al disparo le siguieron las llamas. Y el cuerpo incendiado de Corvalán.

-—Ellos utilizan a la gendarmería y a la policía para que hagan estragos con el campesino —decía pocos minutos antes—: nosotros no tenemos ley. Por mas que vengan los peritos y vean hace cuántos años está esto, ¡de nada me sirve! Ni me sirve a mí, ni a cualquier campesino.

 

 

Don Corvalán es parte de la Mesa Parroquial de Tierras de Nueva Esperanza desde 2012, cuando Quesada comenzó a hostigar a la familia para que abandone una porción de 270 hectáreas sobre las que poseen derechos consignados por certificados de nacimiento, marcaciones sobre animales, cementerio y documentos firmados por un escribano. Son cinco familias las propietarias de ese lugar y viven de la cría de animales, vacas, chanchos y de la producción de carbón, según consignó un informe elaborado en el mes de septiembre por la Dirección de Relaciones Institucionales de la Jefatura de Gabinete de la Provincia, un espacio creado por el estado provincial para intervenir en conflictos de tierra como parte de un acuerdo entre las organizaciones sociales y el gobierno.

Hoy Corvalán se debate entre la vida y la muerte en un hospital de Tucumán. Los policías lo sacaron de su casa quemado y lo trasladaron esposado al centro de salud de Nueva Esperanza. Sólo después que la médica de guardia les ordenó trasladarlo a Tucumán, aceptaron sacarle las esposas y llevarlo luego de hacerla firmar un papel como responsable.

Las organizaciones sociales como el MOCASE y la Mesa de Tierras de la Pastoral de Santiago del Estero movilizan desde entonces para exigir una respuesta del Estado. Y las denuncias marcan un triángulo de responsabilidades articulado territorialmente entre empresarios, Poder Judicial y Policía. Esa dinámica suele comenzar con una denuncia de los empresarios en la Justicia, continúa con una sentencia y finaliza con una orden de desalojo de la que participa un oficial de Justicia y la Policía. Ahora hay otras 20 sentencias cerradas que anticipan una bomba de tiempo. Por un lado, hay causas que discuten la propiedad de tierras de 5.000 hectáreas con moradores centenarios a los que la Justicia les reconoce 60 hectáreas por familia y cuando apelan les reconocen apenas 2 o 4 hectáreas, es decir el tamaño de una casa. Ese caso es sólo un ejemplo de lo que aparece como desalojos encubiertos y una sentencia a la muerte de familias que necesitan el espacio del territorio más amplio para sobrevivir. Pero por otro lado, esas articulaciones parecen estar horadando la autoridad de los mecanismos institucionales del Ejecutivo que hasta ahora frenaban o morigeraban al menos la intervención de la Policía. Ahora no lo lograron.

"Héctor está gravísimo en el centro de salud de Tucumán, y aquí los policías me dicen que si ellos hacen un procedimiento así, ya estarían presos", explicó la hermana de Corvalán. "En el tiempo que mi hermano llegó a Tucumán y lo ponen en terapia, Quesada arrasó con toda la casa, cortó el alambre, largó las vacas de las que vivimos, quemó el carbón. Llevaron, o les habrá regalado a los matones que andan con él, diez rollos de alambre, motor, grupo electrógeno, motosierra, todo. Pasó la máquina para borrar que mi hermano vivía ahí, no sé por qué tanta saña, hace más de treinta años que trabajaba y vivía y antes lo hacía mi padre".

 

El lote de los Corvalán

El Cohete a la Luna accedió a documentación que muestra el camino que llevó al escenario del 12 de octubre: una serie de informes que circularon durante el último año entre la Jefatura de Gobierno de Santiago del Estero, el Juzgado de Instrucción y la División Conflicto de Tierras de la División General de Asuntos Rurales de la Policía. Los documentos son importantes porque ponen en escena la composición de estos grupos de matones, como los llamó la hermana de Corvalán: un esquema en el que participan hombres a sueldo del empresario pero también un policía de la zona.

De acuerdo al protocolo, cuando la Policía recibe una orden de desalojo de la Justicia para aportar efectivos, debe hacer una consulta a la Dirección de Relaciones Institucionales de la Jefatura de Gabinete, el organismo encargado del conflictos de tierra. En este caso, dan cuenta de ese recorrido y resumen lo sucedido en el lote entre 2012 y 2018.

El primer papel es un pedido del Comisario Gustavo Cárdenas de Asuntos Rurales a la Dirección del gobierno que está a cargo de Pedro Orieta, abogado en los juicios de lesa humanidad, encargado del organismo desde 2011, luego del crimen de Cristian Ferreyra, baleado por dos hombres cuando intentaba defender su territorio.

En la nota, Cárdenas pide información y antecedentes sobre la situación del lote de Suncho Pampa porque la Justicia le solicitó personal para el desalojo. El pedido es de agosto de 2018. Allí menciona la intervención de un oficial de Justicia llamado Luis Rodolfo Scillia, el mismo que estuvo el 12 de octubre en el territorio. Y enmarca la causa dentro de un expediente tramitado en el juzgado de primera instancia en lo civil y comercial de Tercera Nominación, a cargo María Cecilia Paskevicius, la misma jueza que estuvo detrás de ese mismo operativo, y que el MOCASE denuncia como una de las magistradas que en reiteradas oportunidades emitió ordenes judiciales contra los derechos de los campesinos.

Cárdenas pidió los antecedentes y además quiso saber "si es oportuno llevar a cabo este procedimiento".

La Provincia respondió: "Nos constituimos en la localidad de Suncho Pampa, en el Departamento de Pellegrini, a solicitud de las familias del lugar en fecha 17 de septiembre de 2012", recuerda el informe. Ya en ese momento, mantuvieron una reunión con los moradores del lote: Héctor Reyes Corvalán, Juan Rafael Corvalán, Héctor Fabián Aguilera y Juan Carlos Cáceres. Y la familia les contó que tenía conflictos con el empresario Néstor Quesada, y que los conflictos comenzaron el 1 de agosto de 2012, cuando el encargado entró al campo con otras 20 personas.

El encargado era Rafael Dip,  una persona que residía en la localidad de El Mojón. Según la familia y el informe, aquel 1° de agosto de 2012, el encargado y el resto de los hombres irrumpieron en el lugar, quemaron leñas, rollos de quebracho blanco, mataron animales y dañaron todo lo que estaba a su paso. Avanzaron con maquinarias y levantaron un campamento para instalarse dentro del lote que los Corvalán reclamaban como propio. A continuación, realizaron una picada alrededor, es decir, una marca sobre la superficie de unas 270 hectáreas. Y dijeron que actuaban por órdenes de Quesada.

 

 

En esas circunstancias, la familia asentó una denuncia en la comisaría de El Mojón.

Veinte días más tarde, la familia logró sacar la casilla con la gente del empresario y a todas las personas que pernoctaban en ella. Pero los mandaderos volvieron a armar un campamento y a instalar una casilla a 40 metros, afuera del alambrado.

Ante la consulta del comisario, la Dirección explicó que a partir del 10 de septiembre de 2018, los problemas volvieron a acrecentarse. Quesada comenzó a llevar personas y a instalarse nuevamente en el lote. Y los pobladores comenzaron a recibir amenazas. Les dijeron que iban a ser expulsados sí o sí, a cualquier costo, porque ese campo era de Quesada.

El jueves 13 de septiembre a las cuatro de la mañana hubo otra invasión. El lote estaba al cuidado de cinco personas: Juan y Pedro Corvalán, Ramón y Mirta Díaz y María Rosa Frías, la esposa de Héctor Reyes Corvalán. En ese contexto, "los empleados de Quesada ingresaron nuevamente haciendo disparos, amenazando de muerte a todos y de violación a las mujeres que allí se encontraban, según relatan las familias". También, tiraron las camas donde dormían, tiraron y rompieron cosas.

Ante este hecho, continúa el informe, la angustia por la situación y el temor por las amenazas, los Corvalán, los Díaz y María Rosa Frías se internaron rápidamente monte adentro y se dispersaron. La familia escuchó que los empleados de Quesada llamaron aparentemente al encargado Dip, quien habría llegado al lugar con su hermano.

Ahí aparece el dato. Según el informe, el hermano del encargado es Daniel Dip, integrante de la Policía de Santiago. A las 6 de la mañana, los Dip se adentraron en el monte, persiguieron a la gente y continuaron con las amenazas.

A las 10.30 de la mañana, las familias intentaron presentar la denuncia ante la Comisaría de El Mojón pero resultó en vano: a las 11.30, la Policía detuvo a Pedro Corvalán y Ramón Díaz, por orden de la jueza Rosa Falco, que recién los liberó días más tarde.

Según consigna el informe, como si hiciera falta, los moradores explicaron que nunca intentaron vender el campo en cuestión. Ni arreglaron con nadie. Y nunca firmaron nada. Que cuentan en su haber con una constatación de posesión firmada por un escribano hace mas de 20 años, y que tampoco recibieron nunca una denuncia. El campo esta cerrado completamente con alambre. Y ellos viven de la cría de animales, vacas, chanchos y de la producción de carbón.

Como se dijo, el informe del gobierno caracterizó la situación para enmarcar el conflicto como respuesta al pedido de la Policía. Pero el procedimiento se hizo igual.

"Habrán visto ustedes el video", explica ahora Rolando Gómez Vélez, abogado de la familia. "Poniéndome en el lugar de don Corvalán, hay que decir que él está podrido de recibir órdenes de la Justicia, imagínese que tan podrido tiene que estar que decidió él mismo llevarse a esa instancia".

Gómez Vélez no sabe nada de la historia de Quesada, pero sabe tres cosas: que es un empresario cordobés de mucha plata, que contrata gente en los parajes a los que obliga a ejercer la violencia bajo presión y que esa práctica responde a un problema estructural. "Antes las transferencias de tierras se hacían a través de escribanías y cualquiera podía vender un territorio con gente adentro. Hoy las trasferencias tienen otros procedimientos. Hace falta una inspección en el terreno, inspección de peritos agrimensores para constatar quiénes están adentro, de manera que si yo estoy comprando un terreno sabiendo que hay gente adentro, estoy comprando mal. Cuando le han vendido el terreno a Quesada, supuestamente le dijeron que estaba libre de personas, pero eso no era así".

Cuando existe orden de desalojo, los desalojados pueden ser apelados pero técnicamente no se frenan porque la apelación no los suspenden. Eso ocurrió en este caso. Aún así, Gómez Valdez denuncia varios aspectos irregulares: "Acá primero no estaban dadas las condiciones para el desalojo porque no había personal idóneo, preparado para atender una situación con fuego. Pero además, dispararon, y ¿por qué dispararon? No entiendo por qué. Y luego que la persona se ha quemado, le pusieron las esposas y no lo querían largar. Fue la médica la que ordenó a la Policía que lo suelte y lo derivó a otro lugar".

El cura Sergio Lamberti es uno de los sacerdotes que trabaja desde épocas del juarismo en la Pastoral de Tierras. "La lectura que hacemos desde la Iglesia es que esto es un hecho de violencia que no es aislado, y tiene como raíz una violencia estructural que es el inequitativo acceso a la tierra", dice. "Estamos diciendo que acá hubo un abuso de poder y de autoridad policial, judicial y empresarial que puso en riesgo la vida del campesino Corvalán. Con eso, lo que queremos decir es que nos somos ni jueces ni fiscales para investigar un veredicto. Lo que decimos y exigimos es que la Justicia investigue imparcialmente este hecho".

El MOCASE exige la inmediata detención del Oficial de Justicia Luis Scillia. Y denunciaron el modo de actuación de las fuerzas públicas "siempre resguardando a los empresarios y vulnerando la vida de las personas". La familia impulsará una causa por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abandono de persona y lesiones contra el oficial de Justicia, la policía, Quesada y las personas a quienes nombran como sus operarios porque luego de la quema destruyeron todo lo que había en el lugar: derribaron el rancho, quemaron los cercos y soltaron alrededor de 200 animales.

—¿Por qué hicieron eso si en ningún momento la orden de desalojo decía destruir las cosas, sacar, retirar? —pregunta el abogado—. ¡Nada de eso! Sólo decía recuperar la posesión de los Quesada. Y a los animales hoy todavía no los están encontrando.

 

La Policía y el Estado

"Estamos preocupados por las decisiones judiciales", dice Pedro Orieta a El Cohete a la Luna. "Y es más, en su momento presentamos un amicus curiae por el caso de las quince familias a las que les dieron entre 2 y 4 hectáreas, porque entendemos que eso es un desalojo encubierto y en medio del monte es una condena a muerte. Allí estamos intentando articular con la universidades nacionales de Buenos Aires, Tucumán y  Santiago del Estero para presentar en la causa un informe detallado sobre servicios ecosistémicos, modos de vida de las comunidades campesinas y la responsabilidad internacional del Estado en la vulneración de derechos territoriales.

—¿Qué pasa cuando las organizaciones denuncian una articulación de empresas, Poder Judicial y también la Policía que depende del gobierno provincial pero sin embargo parece no responderle?

—Tenemos una Policía que viene de la dictadura, y del juarismo. En el año 2008, Gerardo Zamora tuvo un auto-acuartelamiento por parte de la policía que en ese momento empieza a mostrar su fuerza. Creo que forma parte de eso, que responde a ciertos acuerdos que ellos mismos tienen en las zonas. No me consta por eso no lo puedo denunciar formalmente, pero sí me llama la atención que en este último tiempo haya habido casos como estos.

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