La letra chica con el Fondo

 

El año que está por finalizar golpeó a la Argentina con dos pandemias, la del coronavirus y la crisis económica que dejó la Alianza Cambiemos con un espeso trasfondo de endeudamiento serial y fuga de capitales que se retroalimentó entre sí. El ingreso de divisas por deuda pública, privada e inversiones especulativas totalizó los 100.000 millones de dólares en el período 2016-2019. De ese total, 86.200 millones se fugaron.

Una primera etapa de ese drenaje de divisas se cubrió con la deuda emitida por el Tesoro nacional y a partir de abril de 2018, con los dólares que ingresaron del FMI, organismo supranacional que incumplió varias veces su propio estatuto para garantizarle a Macri cierto aire para las elecciones que finalmente perdió en primera vuelta. Un aire demasiado caro.

La pandemia sigue azotando al mundo, incluso con la aparición de nuevas cepas. El historiador Sergio Wischñevsky recordó que la crisis de la gripe influenza de 1918 causó cerca de 50 millones de muertos y duró dos años. “Así que pensar que tenemos otro año de pandemia por delante no es nada descabellado”, sostuvo. La diferencia que marcaría otro clima de época es el esfuerzo colectivo para crear una vacuna en tiempo récord, cuyas primeras dosis ya están en la Argentina. La otra pandemia también está en vías de resolución, con la negociación de la letra chica para reestructurar el yunque que dejó Macri con el FMI.

Los mismos sectores que durante septiembre y octubre presionaron con una corrida cambiaria y provocaron la disparada de la brecha entre el tipo de cambio oficial y las distintas versiones paralelas – especialmente fondos especulativos que ingresaron durante el macrismo – son los mismos que pedían un acuerdo acelerado con el FMI, que para ellos debía estar firmado sí o sí en diciembre. Esa nunca fue la idea del Gobierno nacional, indican desde el Poder Ejecutivo. La hoja de ruta para el acuerdo con el organismo sigue siendo marzo/abril del próximo año, días más, días menos.

Contexto

El Gobierno de Macri eliminó todas las regulaciones sobre la cuenta capital y habilitó la fuga de capitales. Entre 2016 y abril de 2018, se fugaron 41.100 millones de dólares, el 70 por ciento de los dólares financieros que ingresaron. En la segunda etapa se fueron del sistema 45.100 millones de dólares, casi el mismo importe que desembolsó el FMI (44.000 millones).

El organismo, bajo la conducción de Christine Lagarde (de quién Macri pidió enamorarse) incumplió varias veces su propia burocracia ya que a medida que liberaba las transferencias, quedaba claro que el dinero serviría solamente para sostener el tipo de cambio, contener una nueva devaluación –que terminó ocurriendo luego de las PASO- y financiar la fuga de capitales. Desde agosto de 2019 hasta diciembre, el Banco Central perdió 24.000 millones de dólares en reservas.

“Que el FMI esté en Argentina es una circunstancia. No queremos que el organismo esté en Argentina. Pero está porque se tomó un préstamo récord de 57.000 millones de dólares, de los cuales se desembolsaron 45.000 millones y no resultaron en nada que le implique a Argentina una mayor capacidad productiva. Nosotros tenemos que resolver el problema con responsabilidad”, sostuvo Guzmán durante un reportaje reciente.

Problemas cognitivos

“No nos metimos en la histeria de que el programa tenía que cerrarse en diciembre. No era algo que surgiera desde el Gobierno. Ahí había una sumatoria de dos factores. Por un lado, la creencia de que el problema con el tipo de cambio y la disparada con el paralelo se solucionaba exclusivamente con un acuerdo con el FMI y el otro factor era creer que porque estuviera el FMI, no habría tensión cambiaria. El problema con el tipo de cambio y la cuenta capital tiene una lógica en sí misma”, sintetiza uno de los funcionarios que sigue de cerca la letra chica del acuerdo.

Durante 2020 hubo presiones desde varios frentes. Por un lado, los fondos de inversión que quedaron atrapados a partir de 2019, cuando Cambiemos reinstaló las regulaciones sobre la cuenta capital luego de haberles permitido hacer lo que quisieran.

El Gobierno de Alberto Fernández venía monitoreando el comportamiento de estos grupos desde abril. También hubo que sortear las presiones sobre el tipo de cambio de muchos importadores que adelantaron – supuestamente – compras a pesar de la recesión, sumado a que no estaba ordenada la deuda comercial. Entre enero y agosto de este año, el egreso de divisas para el pago de importaciones creció un 174 por ciento en el sector agropecuario en comparación con el mismo período del año pasado, y un 56 por ciento en el sector automotriz.

Las primeras medidas se tomaron en septiembre. Entre ellas, se les prohibió a los Fondos extranjeros operar a través del Contado con Liquidación. Sin embargo, siguieron haciéndolo a través de inversores locales y los Agentes de Liquidación y Compensación nucleados en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA). Algunos elefantes que dejaron pasar desde la Comisión Nacional de Valores (CNV), caracterizada por varios como “market friendly”. Mónica Erpen, vicepresidente de la CNV, llegó al Gobierno desde el Instituto Argentino de Mercado de Capitales, entidad que se convertiría en sociedad anónima para integrarse a BYMA. A su vez, Ramiro Tosi, subsecretario de Financiamiento, también tiene su carnet de pertenencia en BYMA

La situación cambió cuando volvieron a ajustarse los controles sobre el mercado de capitales y se les ofreció a esos Fondos internacionales una “alternativa” para salir del país (bonos atados al dólar) sin generar corridas.

En definitiva, no se necesitó del Fondo para hacerlo.

“Es la lógica del mundo financiero donde sus principales jugadores piden un sello de garantía. Pero eso tiene que ver con el problema cognitivo del sistema derivado de su propia lógica de funcionamiento”, agregaron desde Economía. Una manera de explicar por qué ese sector del establishment quería ver una suerte de abrazo de oso con el Fondo.

No tan distintos

Argentina representa el 33 por ciento del total de los créditos otorgados por la institución, muy lejos de Egipto, el segundo deudor en importancia (12,2%). Para mejorar los plazos de vencimiento con el organismo, Guzmán eligió avanzar con un Programa de Facilidades Extendidas. Los principales 15 países que tienen vigente un programa de estas características --Grecia, Ucrania, Ecuador, Angola o Nigeria, entre otros--, debieron incluir la frase “ajustes estructurales”. ¿Por qué será diferente en Argentina?

“Hay una inconsistencia macroeconómica que hay que solucionar, esto por un lado. Aunque sabemos que lo monetario no determina (exclusivamente) la inflación. Tampoco se puede seguir con una emisión permanente. Si vemos otros programas, como el de Ecuador, la verdad que no hay un sendero fiscal más exigente del que hablamos para Argentina. Entonces la pregunta es, ¿realmente Argentina está negociando algo diferente? En todo caso, el programa en Ecuador podría ser más exigente porque existe una decisión soberana de mantener, por el momento, la dolarización”, responden desde Economía.

El déficit primario de este año cerrará cerca de los 7 puntos del PBI, mientras que lo presupuestado para el año próximo sería de 4,5 por ciento. Ese nivel de déficit es lo que se está negociando con el staff técnico del Fondo, encabezado por Julie Kozack, como así también los andariveles para su financiamiento monetario, estimado en un 60 por ciento. La propuesta que surja de la letra chica debería incluirse en un programa plurianual (sendero de convergencia de equilibrio) que Guzmán se comprometió a enviar al Congreso dentro de 90 días, aproximadamente. Un horizonte podría ser llevar el déficit a un 3,5 por ciento en el mediano plazo.

La geopolítica también debería jugar su rol en la negociación. Así como Trump fue clave para financiar la campaña de Macri –en contraposición a lo que sostenía el staff técnico del organismo-, la nueva gestión norteamericana, con Joe Biden a la cabeza, también tendrá su peso específico.

La designación de una keynesiana pragmática como Janet Yellen al frente de la Secretaría del Tesoro y la buena sintonía con Guzmán podría ser una señal de entendimiento. Aunque sería mejor no esperar una “bala de plata en una negociación tan compleja como esta”, señalan quienes siguen de cerca este proceso.

 

Buitres disfrazados

Otro tema que se discutirá en el Congreso es la ratio de deuda sobre el PBI, algo de interés específico para los Fondos especulativos que tienen que cobrar de la Argentina. “Es bastante difícil legislar sobre un tema que es tanto político como económico pero donde no hay un número mágico”, había analizado un ex funcionario de Economía ante la consulta del Cohete.

Los bonistas privados también ejercerán presión para ver cuál será el límite que podría fijarse para el pago de servicios de la deuda. “El ajuste lo estamos haciendo dejando de pagar intereses de la deuda que otros tomaron y nosotros decidimos postergar esos pagos para privilegiar inversiones en obra pública. Durante 2020 debían destinarse 7 mil millones de dólares para el pago de intereses de la deuda, pero nosotros preferimos usar esos recursos para sobrellevar la pandemia”, sostuvo Alberto Fernández, en noviembre, durante la inauguración de obras en la provincia de Buenos Aires.

El proyecto de sostenibilidad de la deuda (que obliga a establecer un límite para el endeudamiento en moneda norteamericana) ya tiene media sanción del Senado y forma parte del temario para las extraordinarias.

Esos mismos actores económicos que presionaban por un acuerdo acelerado con el Fondo, que contribuyeron al incremento de la brecha cambiaria y que patalean cuando desde el Gobierno se habla de fijar límites al pago de los intereses que detentan, también cuentan con lobistas internos disfrazados de ONG que juegan su propio partido.

La organización Será Justicia, presidida por Raúl Daniel Aguirre Saravia y María Eugenia Talerico (ex número 2 de la UIF durante el macrismo), presentó una “denuncia” ante el FMI y organismos internacionales para que el Fondo le exija al país “cláusulas anticorrupción” dentro del acuerdo que se está negociando.

El tema es que eso parece perorata: el organismo suele incluir este tipo de cláusulas (de bastante sentido común a esta altura) en sus programas, como ocurre en Ucrania o mismo en Ecuador. Desde la UIF indicaron que la Argentina ya tiene un plexo normativo anticorrupción, se cumplen con los protocolos del GAFI y que el propio macrismo sancionó una ley de responsabilidad penal para personas jurídicas.

“Una ley bastante endeble. Que Talerico pida ahora más leyes anticorrupción ¿querrá decir que lo que hizo Cambiemos no sirvió para nada?”, ironizaron desde el organismo que debe luchar contra el lavado de activos.

Efectivo

Otro tema que forma parte de la negociación es si habrá o no un desembolso de dinero como parte del acuerdo. “Eso se verá en la dinámica de cómo pueda encajar en la narrativa y la necesidad real”, explicaron. Traducción: está por verse.

¿Se necesita dinero en efectivo del Fondo? Desde la Fundación de Investigación para el Desarrollo (FIDE) creen que no.

“Nosotros vemos que la situación externa no apremia, los precios de la soja van a ayudar a compensar la caída de los rindes, y el balance comercial va a ser superavitario para un crecimiento de rebote del 5,5 por ciento. Y analizando el costado de la cuenta comercial, más los controles cambiarios y la reestructuración de la deuda de las provincias y privados, no creo que necesitemos dinero fresco del Fondo. Es verdad que hay una presión para hacerlo. Pero no sería conveniente porque ahí creo que el Fondo tendría más argumentos para mayores exigencias, como en el caso de Ecuador (donde tuvo que acordar medidas contra la corrupción)”, explicó a este periodista Nicolás Zeolla, economista jefe de la FIDE.

En noviembre de 2020, las exportaciones alcanzaron los 4.385 millones de dólares y las importaciones, 4.114 millones. El intercambio comercial (exportaciones más importaciones) disminuyó un 8,6 por ciento en relación con igual período del año anterior, aunque el saldo comercial del mes pasado registró un superávit de 271 millones de dólares.

Entre enero y noviembre de este año, hubo exportaciones por 50.996 millones de dólares e importaciones por 38.499 millones. Es decir, un saldo comercial superavitario de 12.497 millones.

En lo que va del corriente año, el Gobierno Nacional llevó a cabo 39 licitaciones para canalizar la liquidez a instrumentos de deuda pública y continuar con cierto fortalecimiento del mercado de deuda local.

Entre enero y noviembre de 2020, el Tesoro Nacional emitió 2,1 billones de pesos en letras y bonos soberanos. Desde abril, el financiamiento neto en pesos obtenido a través de nuevas emisiones superó los 430.000 millones de pesos. Asimismo, se realizaron 6 canjes de instrumentos en pesos por un total de 1 billón de pesos. Estas operaciones permitieron reducir un 10 por ciento el stock de deuda en moneda extranjera respecto al cierre de 2019.

Sintonía fina

La negociación con el Fondo también tiene una gran parte de sintonía fina que va por fuera de las variables macroeconómicas. No sólo el tema de la actualización de las tarifas de los servicios públicos y el desafío de que los sectores más vulnerables no tengan que pagar incrementos superiores a los dos dígitos, sino temas de promoción laboral y social que son de interés del Gobierno.

“No sería raro que haya una fuerte presencia o menciones a varias políticas de (Daniel) Arroyo en la letra chica del acuerdo, que son las que se suelen impulsar desde los organismos multilaterales”, indicaron a este periodista. Otro tema de interés para el Gobierno tiene que ver con incentivos concretos para mejorar el mercado de trabajo, en cantidad y calidad del empleo, objetivos que también están en discusión por estas horas pre 2021.

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