La lección de los/as alumnos/as

 

Resulta que ahora los estudiantes dan cátedra a los docentes y a quienes dirigen la facultad y esa clase no es solo de derecho, en el tradicional sentido, sino que abarca también las consideraciones éticas acerca del marco de vigencia del derecho y de la democracia.

Así, cuando el año pasado las noticias de los medios de comunicación revelaron las relaciones entre jueces, funcionarios del Poder Ejecutivo y medios de comunicación, que resultaban suficientemente graves institucionalmente para alarmar a quienes enseñamos el Derecho, un sector de profesores reclamamos al Departamento de Derecho Penal y al decano de la Facultad que se evaluaran las consecuencias de la actitud de quienes como docentes habían actuado irregularmente. Pero nada se logró, y vemos que recién a fines del mes de marzo de 2023, los profesores han cesado de hecho, pero a consecuencia de la actitud de les estudiantes.

En tal sentido, y como integrantes del ámbito académico, habíamos presentado en noviembre del año pasado dos notas: una al director del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UBA, doctor Villar, y otra ante el decano de esa casa de altos estudios, doctor Vergara. En estas solicitamos que tanto el mencionado Departamento como el Decanato de la Facultad se expidieran con relación a los hechos de público conocimiento que involucraban a profesores regulares y que podrían encuadrar en las disposiciones reglamentarias del Código de la Universidad de Buenos Aires y del Estatuto Universitario, en relación con la posible falta de ética académica, indignidad moral o inconducta notoria a que hacen referencia dichas disposiciones. En particular, nos referimos al profesor adjunto regular Julián Ercolini, actual director de la carrera de Especialización en Administración de Justicia y profesor adjunto regular del Departamento de Derecho Penal y Criminología.

Consideramos que una falta de integridad ética resultaba totalmente incompatible con los fines de nuestra universidad pública y generaba una profunda preocupación por las consecuencias que podría traer aparejada en la formación ética de los estudiantes —de grado y posgrado— vulnerando no solo los principios universitarios, sino también el contenido de lo que enseñamos desde el Departamento de Derecho Penal y Criminología como base misma del Derecho Penal y Procesal Penal.

Planteamos que las noticias públicas sobre sus inconductas trascendían el ámbito exclusivamente jurisdiccional y merecían por parte de la comunidad académica de la Universidad de Buenos Aires y, particularmente, de nuestra Facultad su rechazo rotundo, pues alteraban el normal funcionamiento de las instituciones democráticas y degradaban la República. A la vez, estimábamos que la tarea primordial de la enseñanza del Derecho no era solo el conocimiento de lo que disponen las leyes, sino que también implicaba ser modelo de conducta ética y pedagógica que asegurase el fortalecimiento de una comunidad democrática. ​

Recordábamos que la Universidad de Buenos Aires es una comunidad de profesores, alumnos y graduados, que procura la formación integral y armónica de sus componentes e infunde en ellos el espíritu de rectitud moral y de responsabilidad cívica (Estatuto Universitario: Bases III), por lo que esta situación no debía pasar inadvertida. Por tales motivos, solicitamos que se promoviera la redacción de una declaración de la Facultad, como asimismo que se evaluara, en el marco del Estatuto Universitario, la responsabilidad académica de los docentes y, respecto de Ercolini, perteneciente al Departamento de Derecho Penal, se le solicitara que pidiera licencia en su cargo o bien que renunciara a este.

Pero, como destacábamos al principio, los que enseñaron en estas circunstancias cuál era el marco de principios jurídicos y éticos fueron les alumnes, quienes, ante la falta de respuesta al pedido de juicio académico, decidieron hacer explícito su repudio. Así, lograron que los estudiantes no se inscribieran en las comisiones que estaban a cargo de cada uno de los cuestionados docentes, por lo cual tuvieron que dar de baja su dictado. Es decir que la exclusión de las tres materias ha sido el resultado de una condena decidida por les alumnes en el marco de debates presenciales y virtuales en relación con el perfil de los docentes. Como se consignó en El Cohete, “los estudiantes de Derecho de la UBA lapidaron simbólicamente a Borinsky, Ercolini y Plee” y los profesores resultaron “corridos por los alumnos”.

El gobierno tripartito nos garantiza una enseñanza completa y la vigencia del Estado de derecho, en fin, de la democracia.

 

 

 

 

 

* Lucila Larrandart es profesora consulta de la Facultad de Derecho y Premio Azucena Villaflor 2021 por su actuación en defensa de los DDHH.

 

 

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