LA LEALTAD POR LOS BUITRES

 

“Ya no es más el país de Ricachón y sus amigos. Y a vos Mauricio, te digo… por más bombas de humo que tires, vos sabés que tus decisiones les cagaron la vida a las próximas dos generaciones de argentinos. Hacete cargo, querido”. Maradona tenía, entre sus enormes virtudes, grises y oscuridades, la destreza de dar en el blanco. Hace un mes y medio le gritaba al ex Presidente su responsabilidad por el desfalco de la Argentina. “Vamos a ganar esta batalla injusta contra los Fondos Buitre”, sostenía en 2014. Ese partido no se ganó. Sin embargo, volvía a dar en el blanco. Bajo las condiciones de extorsión que imperaban, no había que pagarles a los especuladores. Dos reflexiones separadas por el tiempo que cabe en seis años.

Apenas asumió Macri en diciembre de 2015 sus funcionarios negociaron el pago al contado para los bonistas encolumnados detrás de Paul Singer y Nicola Stock, entre otros Fondos Buitres. Para marzo de 2016 el Congreso de la Nación ya había aprobado un endeudamiento por 12.500 millones de dólares –que se convirtieron en 16.500 millones al momento de la emisión– para dar inicio a un nuevo ciclo de endeudamiento externo cuyo resultado fue lo que muy bien describió Maradona hace pocas semanas.

Durante aquellas jornadas de macrismo explícito, Jorge Cholvis, Aristides Corti y Eduardo Barcesat, integrantes del Instituto Arturo Sampay, presentaban una denuncia por ese pago al contado, al que calificaron de inconstitucional. Los encargados de investigarlo fueron el juez Sebastián Casanello y el fiscal Federico Delgado. En paralelo había otro expediente que ponía la lupa en el rol que habían tenido determinados funcionarios en ese pago y el posible conflicto de intereses.

El pasado 3 de octubre Casanello unificó ambos expedientes y avanzó sobre el tramo de los funcionarios que jugaron en dos lados del mostrador al mismo tiempo. Tal es el caso de Santiago Bausili, ex secretario de Finanzas, quien será indagado el próximo 9 de diciembre por haber negociado la emisión de deuda con el Deutsche Bank, su empleador hasta el 31 de enero de 2016.

Sobre Luis Caputo, el juez ordenó darle participación a la Procuración de Investigaciones Administrativas para dilucidar si también incurrió en un conflicto de interés por su vínculo con Axis-Deutsche Bank. Para el fiscal Delgado no hay dudas sobre la actuación ilegal del “Messi de las finanzas”.

 

Punto de partida

Es marzo de 2016 Macri anuncia en la apertura de las Sesiones Ordinarias que se les pagará a los Fondos Buitres todo lo que reclamaban. Claudicación al contado. A los pocos días ingresa un proyecto de ley por la Cámara de Diputados y en menos de dos semanas obtiene la media sanción por 165 votos afirmativos contra 85 negativos.

La Alianza Cambiemos es acompañada por el Partido Socialista, el Frente Cívico por Santiago, el Frente Cívico y Social de Catamarca y el Frente Renovador de Sergio Massa. Los votos negativos llegan desde el Frente para la Victoria, el Frente de Izquierda, Proyecto Sur, Partido Solidario, Forja, y Cultura, Educación y Trabajo, entre otros.

La consecuencia de esta negociación es un acuerdo celebrado bajo extorsión que convalida una ganancia exorbitante a favor de estos Fondos Buitre, señala Axel Kiciloff con precisión quirúrgica durante la sesión en Diputados. La oferta que realizó el Poder Ejecutivo ad referéndum del Congreso implicaría pagarles a algunos holdouts 150% del capital, insiste el por entonces legislador nacional. Esta transacción implica, a su vez, un negocio gigantesco para los bancos que colocarán los títulos, concluye.

Antes de asumir formalmente como subsecretario de finanzas (y luego secretario), Bausili mantuvo reuniones en Nueva York con inversores en bonos argentinos, distintos abogados, el representante de la Corte de Nueva York y la Task Force Argentina (la fuerza de choque comandada por Nicola Stock, ex titular del Banco Central italiano).

Los bancos designados fueron el Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan y Santander como coordinadores globales, y BBVA, CITI y UBS como colocadores. La emisión inicial fue de 16.500 millones de dólares.

La votación en el Senado ocurre el 31 de marzo con el resultado previsible de 56 a 16. En una de las reuniones de bloque previas a la sanción, Germán Garavano –ex ministro de Justicia y Derechos Humanos– concurre al Palacio para dar apoyo jurídico al endeudamiento. De repente suenan las alarmas. Un rumor. El tándem Casanello-Delgado había solicitado el secuestro de toda la documentación vinculada a las negociaciones de la deuda. El macrismo les tiene pavor (¿lo seguirán padeciendo?). Garavano actúa rápido y le solicita a su asesor Manuel Izura que vaya al juzgado para averiguar qué sucedía.

Izura –quien también es investigado por la Oficina Anticorrupción en otro expediente por conflicto de interés– constata que no se trata de un allanamiento sino de una orden de presentación. El juzgado recibe una copia certificada de todo lo vinculado al pago a los Buitres y el rol de cada funcionario involucrado. La sesión se consuma. Pero al mismo tiempo comienza un proceso de investigación que para el fiscal Delgado concluye el 3 de diciembre de 2018 con un pedido de indagatoria a Caputo y Bausili, que se concretará dos años después.

 

 

Algunos funcionarios públicos tenían compromisos específicos con algunos de los bancos que llevaron adelante la operación. En otros casos aprovecharon la ventaja derivada de su posición estratégica en el sector público y tomaron decisiones de inversión personales en base a información que conseguían a partir del conocimiento de las políticas que ellos mismos iban a adoptar, escribe Delgado.

Casi 24 meses después, y luego de dos informes de la Oficina Anticorrupción que detallan el rol de Bausili (y Caputo) en ambos lados del mostrador, Casanello avanzará con su indagatoria.

 

El alemán

“Estimado, a los efectos de la liquidación de los acuerdos firmados en principio, anticipamos que recibirá el pago directamente de Deutsche Bank. Para tal fin, solicitan la siguiente información para procesar el próximo acuerdo de transacción. Si hubiera alguna solicitud de información de seguimiento, se comunicarán directamente con usted. Lo mejor, Santiago Bausili”.

El ex funcionario del área de Finanzas le envío este correo al abogado Jorge Moreira, que actuaba en representación de algunos bonistas, el 23 de marzo de 2016. El Senado todavía no había convertido en ley el endeudamiento para los Fondos Buitres.

Bausili fue nombrado como subsecretario de Financiamiento el 26 de enero de 2016, mientras que su desvinculación del Deutsche Bank quedó formalizada el 31 de aquel mes. Más allá de la superposición de cargos, lo más llamativo es que antes de asumir formalmente en Finanzas mantuvo reuniones en Nueva York con inversores en bonos argentinos, abogados, el representante de la Corte de Nueva York y la Task Force Argentina. ¿En representación del Estado argentino (gestión Macri), los Buitres o el Deutsche Bank? “Son lo mismo”, podrían exclamar desde el ala izquierda del Congreso.

Ya como funcionario, Bausili mantuvo al menos otros cinco encuentros con representantes del Deutsche, tal como consta en el Registro Único de Audiencias de Gestión de Intereses del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.

Lo relevante es que las biografías laborales de los imputados incidieron objetivamente en el ejercicio de la función pública. Por ello su lealtad, que debía estar sólo guiada por los intereses generales del Estado, se vio dividida. Y como resultado, ganaron los bancos citados y se incrementaron sus patrimonios personales”, sostuvo Delgado en su dictamen de 2018. Además, Bausili siguió cobrando una retribución económica del Deutsche.

La clave para avanzar en el llamado a indagatoria radicó en los dos informes enviados por la Oficina Anticorrupción –organismo que no duda en calificar esa citación como un gran antecedente para los múltiples casos de conflicto de interés que se investigan– y en la unificación del expediente que había recaído originalmente en el juzgado de Bonadío.

Bausili ejerció una excusación selectiva en cada emisión de deuda. Por eso fue clave que se unificaran los dos expedientes; en el trámite que llevaba adelante el fallecido juez se investigaba la emisión de deuda de 2017, donde Bausili también introdujo al Deutsche Bank pero sin excusarse. Todo tiene que ver con todo.

El conflicto de interés fue tan alevoso que la propia Laura Alonso consignó el 1° de noviembre de 2019, a través de una resolución, la violación a la ley de ética pública por parte del ex funcionario. “Ello por cuanto intervino en actuaciones vinculadas a su ex empleador Deutsche Bank, en particular en el expediente que determinó el dictado de la Resolución RESOL-2017-5-APN-MF, la cual –principalmente– dispuso la emisión de instrumentos de deuda pública y designó a BBVA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., HSBC Securities (USA) Inc., JP Morgan Securities Llc. y Santander Investment Securities Inc. como “Colocadores Conjuntos”, aclaró el organismo.

El delito de negociaciones incompatibles con la función pública resulta destacado para la lucha contra la corrupción que se puede generar desde el propio ámbito de la administración. Es que, en definitiva, esta clase de prácticas termina desnaturalizando al Estado, concluye Delgado en su dictamen de hace casi dos años.

“Está probado y resuelto el conflicto de intereses privados y públicos: estaban superpuestos en un modo masivo y a la vista de todos. Este caso es uno de aquellos que resultaron muy costosos, en perjuicio económico y en daño social para el país”, sostuvo Luis Villanueva, subsecretario de Integridad y Transparencia de la OA.

 

¿Messi?

La situación procesal de Toto Caputo –a quien Macri apodó “el Messi de las finanzas”– todavía no está definida. Casanello le solicitó a la Procuración de Investigaciones Administrativas colaboración. Sin embargo, para el fiscal Delgado el delito de negociaciones incompatibles ya estaría probado como para llamarlo a indagatoria.

Caputo compartió la conducción de la empresa Axis Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión junto a Carlos Hernán Planas por lo menos hasta el 4 de diciembre de 2015. “En este caso, el dato revelador consiste en que el Sr. Planas y el Sr. Caputo compartieron funciones laborales en el Deutsche Bank, ergo se conocían por su paso laboral y compartieron un fondo de inversión hasta pocos días antes de que asumiera en un cargo como representante del Estado Argentino”, precisó el fiscal.

El segundo punto por el cual el ex ministro de Finanzas debería ser llamado a indagatoria, según la instrucción de Delgado, versa sobre las constancias de la causa que investigó la presunta simultaneidad de Caputo en las firmas Axis Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión y en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, “por inversiones realizadas entre las mismas, donde también intervino Deutsche Bank”.

Caputo, en tanto funcionario público, también dividió su lealtad entre los intereses públicos y privados, según Delgado. Pero para el juez todavía no está clara esta interseccionalidad.

 

Matriz de corrupción

El macrismo se caracterizó por ser un conflicto de interés permanente. Esa fue su matriz de corrupción, un cruce ininterrumpido de negocios entre empresarios devenidos funcionarios públicos con la estructura del Estado nacional a la que pertenecían, tal como describió El Cohete en su edición del 8 de noviembre.

“En la causa se presentó espontáneamente Hernán Arbizu para declarar que el 85% de los títulos de los Fondos Buitres estaban en Argentina y que había que empezar a investigar a (Alfonso) Prat Gay y el resto de los funcionarios de economía. El planteo de fondo es que la toma de deuda que se hizo fue inconstitucional. La Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda podría haber hecho algo pero sólo juntó la información que le mandábamos nosotros. En hora buena la primera indagatoria”, concluyó el abogado Eduardo Barcesat ante una consulta de El Cohete.

 

 

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