La larga sombra neoliberal

 

La normalidad que surgió con la pandemia del Covid-19 está reconfigurando condiciones del complejo alimentario industrial a escala global. La pesca marítima, segmento altamente concentrado, está discutiendo mejores condiciones de acumulación de capital y de poder en la Argentina, motivo de fondo de la necesidad del gobierno provincial de Chubut de modificar la ley de pesca local. El gobierno de Mariano Arcioni pidió que la Legislatura sesione en dos oportunidades esta semana. Algunas fuentes estiman que intentarán aprobar el proyecto de reforma ingresado en diciembre del año pasado; otras, que no cuenta con consensos locales para imponerlo.

En el primer trimestre del año, la participación de la pesca en el Producto Interno Bruto (PIB) creció 6,5% respecto al mismo período del año pasado, según datos del INDEC. La Argentina es el vigesimosegundo productor mundial de pescado (FAO, 2016) y vigesimosexto exportador. Las reglas del juego están fijadas en una ley nacional que se sancionó en 1997, como parte de las reformas neoliberales ejecutadas por la administración menemista. La “revolución productiva” creó el Sistema de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (SCITC), un régimen de privatización del recurso pesquero que ya se había impuesto en Islandia, Noruega, Inglaterra, Irlanda, Holanda, Nueva Zelanda, Australia, Indonesia, Filipinas, Malasia, Canadá, Estados Unidos y Chile. De todos modos, la apertura del mercado de matriz neoliberal comenzó en 1994 con la aplicación del Acuerdo Sobre las Relaciones en Materia de Pesca entre la República Argentina y la Comunidad Económica Europea.

 

 

Hasta ahora, cinco especies están bajo el régimen específico de cuotas: polaca (desde 2009), merluza negra (2009), merluza de cola (2009), merluza común (2009) y vieira patagónica (2014). “Este sistema de cuotas se basa en la determinación de un límite de captura para cada especie, área y año, denominado “captura máxima permisible”. En general, el límite se fija considerando la evaluación del estado de los recursos y la estimación de la captura biológicamente aceptable, resultado de la aplicación de modelos complejos. Determinada la cuota global de captura, se la divide en cuotas individuales transferibles, que son una porción de la misma. La distribución inicial puede ser uno de los aspectos del sistema que produce mayor conflicto entre los usuarios del recurso, cuando no se respetan los principios de equidad y transparencia”, detalla una investigación sobre la cuestión.

El langostino, estrella de la exportación después de dos crisis ecológicas de la merluza (1999 y 2007), no está cuotificado. Los actores económicos que lideran la captura y la exportación del langostino –que se concentra en el Golfo San Jorge, en aguas bajo jurisdicción de Chubut–, serían los verdaderos interesados en promover la ley local que firmó Arcioni. Pero el acceso a su cuotificación no se desprende de la simple lectura del proyecto. El sistema de cuotas está previsto en la sección segunda de la ley nacional que establece las Cuotas Individuales de Captura (CIC), fijadas por la autoridad de aplicación según la disponibilidad de biomasa. Lo que puede parecer una protección al recurso natural favorece la concentración de los capitales, advirtió un abogado especializado en los derechos que se juegan y se cruzan en las aguas marítimas, un espacio territorial poco debatido.

 

El espectro de la merluza

La merluza común, especie más explotada en la Argentina y declarada en emergencia en 1999, logró en 2013 y 2014 una recuperación considerable de su biomasa, aunque todavía no ha alcanzado su condición óptima, según las expectativas del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), de acuerdo a un informe emitido por la Auditoría General de la Nación (AGN) en 2015. Sin embargo, son dos informes previos del mismo organismo público los que merecen revisarse en esta coyuntura: una auditoría de 2008 a la Subsecretaría de Pesca de la Nación y el seguimiento de la misma situación dos años después. Esa auditoría advirtió la falta de controles rápidos y eficientes entre 2006 y 2009 por parte de la Subsecretaría de Pesca de la Nación.

Mar del Plata fue el epicentro de la captura y devastación del langostino. Los capitales privados, con algunos recambios y más concentrados, mudaron su interés al sur. Ahora, Rawson es el principal puerto del país para la descarga y exportación de la especie, según surge de la estadística del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. La exportación de productos congelados sin incorporación de valor agregado local repercutió directamente en la desocupación y el poder de algunos sindicatos. En Rawson, la tasa de desocupación trepó del 7% en 2015 al 11,8% registrado en el segundo trimestre de 2018, convirtiéndose en la más elevada del país. Otro modo de medir el impacto es el valor de la estiba, el más caro de la Argentina, según la prensa.

 

 

“En Chubut, empresas argentinas y españolas (Puerto Rawson, Cabo Vírgenes, Barano, Greciamar, Fyrsa, Veraz, Achernar, Ian Fish, Protesur, Ecoprom, Mar del Chubut, Pereira, Nedar, Kaleu Kaleu, Poseidón, IPP, Argenova, Harengus, Alpesca, Consemar y Neptuno) fueron eximidas por el gobierno provincial del pago del canon de captura, del impuesto a los Ingresos Brutos y otros tributos provinciales y municipales. Por añadidura, estas empresas recibieron fondos del REPRO, del Fondo Anticíclico Provincial y del Programa de Recupero del Sector Pesquero del Chubut, así como fueron beneficiadas por la desregulación del precio del servicio de transporte, subsidios a los impuestos del consumo de agua, financiación para el pago de impuestos provinciales y nacionales e incluso auxilio público para pagar salarios en épocas de crisis o escasez de materia prima”, detalla Sebastián Gómez Lende, investigador del CONICET con varios trabajos publicados sobre pesca marítima.

 

Verde

Durante el desarrollismo de los '60, el motor político de los organismos financieros internacionales lo representaban los alimentos para combatir el hambre. Ahora, lo constituyen la sustentabilidad medioambiental y el cambio climático.

La manifestación local del conflicto global por los bienes de la naturaleza en el Atlántico Sur se conoce en la costa chubutense, donde se acumulan casos de transferencia de recursos públicos a los capitales de la pesca en nombre de la defensa de las fuentes de trabajo. En 2015, la española Argenova recibió subsidios del gobierno chubutense para pagar los salarios que adeudaba a sus 40 obreros. Esa política de Estado explica que la reforma tributaria de 2017 haya beneficiado a las empresas pesqueras con la reducción escalonada y futura eliminación del impuesto nacional a los Ingresos Brutos: 1,5% en 2018, 0,75% en 2019 y 0% en 2020.

 

 

En 2014, la firma argentina Alpesca pasó a manos de la corporación chino-estadounidense Red Chambers Group. Los vínculos locales aparecen de tanto en tanto en la prensa, olvidándose que es resultado del Acuerdo de Cooperación sobre Pesca con China, el cual habilitó el ingreso a la zona económico exclusiva (ZEE) argentina de 20 barcos para la captura del calamar. En términos geopolíticos y económicos, este acuerdo ha sido aún más gravoso que el régimen charter de la década del '90. Por dos motivos: por un lado, autorizó el ingreso de embarcaciones extranjeras que no debían asociarse a armadores argentinos, sino a empresas pesqueras chinas ya radicadas en el país; y por el otro, otorgó a los buques ingresantes plazos mucho más holgados para la explotación del recurso, entre 10 y 30 años, contra los 3 años prorrogables que rigieron durante el modelo neoliberal”.

Estas semanas previas a las elecciones se verá si Arcioni puede responder a las exigencias no sólo de los capitales, sino de las expectativas del gobierno nacional, que necesita las divisas que genera el sector.

 

 

 

 

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