La justicia en una loma negra

 

La causa en que se investiga si hubo articulación entre el aparato represivo de la dictadura y la cementera Loma Negra, entonces propiedad de la familia Fortabat, no registra avances. Después de varios pedidos de la fiscalía, en octubre del año pasado, el juez finalmente citó a un único acusado a prestar declaración indagatoria. Tenía que hacerlo la semana pasada, pero no sucedió porque el magistrado postergó la cita para octubre. Todo un récord de un año entre ser convocado a indagatoria y hacer efectivo ese acto.

Olavarría es la ciudad del cemento. Desde que Loma Negra se instaló allá en 1926, la empresa fue un eje rector de la vida de la ciudad. Hay calles, escuelas e incluso barrios que llevan el nombre de la cementera o de la familia que la tuvo dentro de su patrimonio hasta 2005. En 2012, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata que juzgó el secuestro, la tortura y la muerte del abogado laboralista Carlos Moreno, ordenó que se pusiera la lupa sobre la compañía. Pero, desde entonces, progreso hubo poco.

 

Historia de una postergación

La causa está delegada desde el comienzo en la fiscalía. Olavarría tuvo su momento de atención en agosto de 2014, cuando apareció el nieto de Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, y se empezó a mirar con detenimiento cómo las garras del terrorismo de Estado se habían estirado hasta esa ciudad ubicada en el centro de la provincia de Buenos Aires.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un mes después arrancó el juicio por los crímenes en el centro clandestino de detención conocido como Monte Peloni. Allí estuvo entre los principales acusados el general Ignacio Aníbal Verdura, a cargo del Regimiento de Caballería de Olavarría en los primeros años de la dictadura y amigo del fallecido estanciero Carlos Aguilar, sindicado como quien medió entre los torturadores de La Cacha y el matrimonio que crió al nieto de Carlotto.

En simultáneo, la causa por Loma Negra empezó a moverse. El fiscal Walter Romero pidió en abril de 2015 que se indagara a 19 personas. El juez, Martín Bava, decidió remitir el expediente a la Corte Suprema para que hiciera un informe pericial. Volvió en marzo de 2016, cuando ya estaba Mauricio Macri en el gobierno.

En diciembre de 2017, la fiscalía insistió con el pedido. Ante el silencio del juez, el fiscal renovó el reclamo en octubre de 2018. Recién entonces el magistrado contestó que no tenía posibilidad de dedicarse a esa causa porque estaba dedicado a la causa FMP 8865/2016, en la que también se investiga la represión en Olavarría pero que se inició cuatro años después de la de Loma Negra.

En septiembre del año pasado la fiscalía hizo un pedido de pronto despacho. Bava contestó que ya sabía por qué no podía avanzar con la causa de Loma Negra. En respuesta a un recurso de queja que presentó el ministerio público ante la Cámara de Mar del Plata, el juez accedió a citar a un único imputado de los 19 que habían pedido tres años antes.

Se llama Enrique Vázquez y fue responsable de una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) de Azul, donde estuvieron detenidos seis trabajadores de la cementera en 1976. La citación para Vázquez salió el 11 de octubre del año pasado. No se realizó con premura porque el juez explicó que sólo tenía un secretario y un prosecretario dedicados a las causas de lesa humanidad. Así que a Vázquez recién lo esperaban en Azul para el 27 de junio de este año, pero no tuvo que presentarse porque el juez volvió a postergar su comparecencia hasta el 16 de octubre de este año a las 11 de la mañana.

 

Los casos

La causa que se abrió en 2012 investiga dos hechos. Por un lado, la vinculación de la empresa con la muerte del abogado Moreno, ocurrida después de varios días de tortura y cautiverio en mayo de 1977. Ese hecho ya fue juzgado, y las condenas fueron confirmadas en 2013 por Casación. Por otro, la detención y malos tratos contra seis trabajadores de la cementera, que estuvieron bajo la órbita de Vázquez.

El 20 de julio de 1976, Andrés Staldeker, Eustorgio Rodolfo Arenzo, Walter Ignacio Peralta, Manuel Antúnez, Antonio Álvarez y José Ricciardi fueron detenidos por orden del comisario de Olavarría, Alberto Balquinta. El arresto, que fue hecho con camiones del Ejército, obedecía a una denuncia que había presentado días antes el jefe de personal de Loma Negra.

Cinco días antes, Ernesto Cladera había ido a tocar la puerta del capitán José Luis Álvarez, interventor del ministerio de Trabajo en Olavarría. Se quejaba porque un grupo de obreros había suspendido las tareas durante una hora y media mientras le reclamaban a él y a dos capataces que los dejaran hacer una tarea con unas nuevas bolsas y las máquinas de la empresa durante la tarde, que hacía menos frío.

La denuncia quedó radicada por violar la ley 21.261 –suspensión del derecho a huelga– y la ley de seguridad nacional 20.840. Álvarez le mandó las actuaciones a Verdura el mismo 15 de julio. Verdura recién le envió el expediente al comisario Balquinta el 19. Al día siguiente mandaron los camiones y detuvieron a los trabajadores. La mitad terminó detenida en la subcomisaría de Loma Negra y el resto en la comisaría de Olavarría.

El 23 de julio los mandaron a todos a la Unidad VII del SPB de Azul. Era la unidad reservada para “extremistas”. El juez José Andrés Meza les dictó la falta de mérito el 29 de julio y los mandó a sus casas. Volvieron a trabajar a Loma Negra, pese a las protestas del jefe de personal.

A casi 42 años de sus detenciones, nadie dio explicaciones sobre los lazos entre la cementera y las fuerzas represivas de Olavarría.

 

 

 

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