La justicia en el espejo de Brasil
El gobierno diseña un sistema judicial que sea una herramienta para los privilegiados
Preguntado Macri por la detención de Lula, expresó: "Acá no tenemos más que decir que respetamos el funcionamiento institucional de Brasil". Y después: "Soñamos con que, con el correr del tiempo, designando jueces mejores por parte del Consejo de la Magistratura, haciendo algunas reformas que se están encarando en el plan Justicia 2020, lograremos tener cada vez un sistema judicial más sólido, independiente, creíble y confiable". Esto es, que llegaríamos a tener una respetable justicia como la brasileña.
Si se leen los objetivos del Plan Justicia 2020 –ver página web del Ministerio de Justicia— se comprobará que comprenden una seguidilla de formulaciones hipócritas que llaman a la risa o el llanto. El acceso para los sectores más vulnerables dependerá de la incorporación de tecnología (¿?); declama mayor protección a las víctimas y boicotea la vigencia del código ya sancionado en la anterior administración que las atendería de modo ejemplar y avanzado sobre toda otra legislación; los derechos humanos no serían el eje de todo el sistema sino “un punto de encuentro” para la solución de conflictos; las políticas de prevención contra la violencia institucional y estándares para las fuerzas de seguridad cuya formulación anuncia ya se pusieron en acción con la “doctrina Chocobar” impulsada por el propio Presidente, según la cual matar por la espalda es un detalle; anuncia que la relación con los pueblos originarios no se basará en el asistencialismo, lo que se confirma con los desalojos de sus tierras ancestrales para extender los cultivos de soja (en el Norte) o aumentar los campos de pastoreos ovinos (en el Sur); también propone que “es necesario asegurar la autonomía de los jueces, fiscales y defensores, que deben realizar sus tareas sin presiones políticas ni de otro tipo”, mientras el Presidente denuesta a jueces por el contenido de sus fallos, dictamina cuáles deben ser determinadas doctrinas, amenaza a quienes no las siguen, impulsa una feroz campaña hasta lograr que la impecable procuradora general de la nación renuncie, expulsa al procurador del tesoro porque no opinó a favor de su familia en un juicio que tiene contra el Estado; sus mandaderos y el Presidente de la Corte Suprema consuman una maniobra ilegal –con modalidades de trampa mafiosa— en el Consejo de la Magistratura, para lograr una mayoría que le permita excluir de las ternas de elección de jueces a quien no sea dócil a las líneas políticas del gobierno, y así también removió a un camarista penal desobediente, generando presión sobre la mayoría del resto. Todo lo cual hace risible el Plan cuando postula “evitar que los procesos de designación y remoción de jueces se politicen” porque, efectivamente, no se politizan, sólo se cumple con la voluntad del Poder Ejecutivo.
En cuanto al Consejo de la Magistratura, es recomendable leer (también en la página web del Ministerio de Justicia) el proyecto de modificación que envió el Presidente. No sólo mantiene su carácter elitista, ajeno a todo olor a representación de la sociedad, sino que empeora su composición con el único propósito de avanzar más aún —si fuera imaginable— en la estructura del poder judicial como herramienta útil de los privilegios, ignorante de la sociedad argentina en su conjunto. Si se pone a la luz de la realidad la conformación ideológica de esa ínfima porción de argentinos universitarios de una única disciplina —dueños del diseño del último baluarte legal de los privilegios del sistema—, veremos que siendo dieciséis sus consejeros integrantes (cuatro jueces, seis legisladores o sus representantes, cuatro abogados, un agente del PEN y un doctor en derecho elegido por las universidades), las cuentas dan que entre diez y quince serían conservadores en sentido literal de postura socio política, y que entre trece y dieciséis –prácticamente todos— pertenecerían a la corporación forense.
No sueña el Presidente. A toda hora cumple su rol de cara visible de la efectiva destrucción del estado democrático de derecho.
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