La Justicia después del virus

 

El Covid-19 impone una agenda diaria por su solapada acechanza de crecimiento geométrico, diseminada sobremanera por vectores humanos asintomáticos, que se desplazan por un mundo conectado como nunca antes.

Poco es posible opinar aún desde la perspectiva socio-política. Desde el cercano pasado hasta el presente, se destacan el despliegue colosal de China, cerrando una ciudad de doce millones de habitantes y dominando el brote a tres meses de aparecido y tras setenta días de estricta cuarentena; el éxito de quienes tomaron esa enseñanza, privilegiando la vida, con enorme esfuerzo, como la Argentina; el fracaso ominoso de Estados Unidos que con su líder al frente subestimó con burlas el peligro y ahora reacciona achacando a la OMS lo que es su ineficiencia por un sistema de salud privado, desorganizado y sin cobertura para los más débiles.

Hacia el futuro la incertidumbre es acorde a la supina ignorancia sobre el desarrollo de los acontecimientos y pululan los opinólogos, de buena fe y sin ella. Se ve al capitalismo de la economía real que no opina, sino que responde a su esencia y procura ganancias tensando su tecnología para encontrar la vacuna que dé ganancias a la industria farmacéutica, una de las más poderosas del sistema. Sí lo hacen politólogos que observan el mundo y se preguntan si Estados Unidos logrará mantener su hegemonía. Desliza temores Henry Kissinger en el Wall Street Journal del 3 de abril; los rusos publican el 13 siguiente que la hegemonía será tripartita: Estados Unidos, China y Rusia. En sus publicaciones China ignora el tema, sólo informa sobre su retoma del crecimiento y la ayuda que está prestando a decenas de países en la lucha contra la pandemia.

En la Argentina casi la totalidad de la población se ha alineado tras la política oficial y cumple una cuarentena dura, privilegiando la salvación de vidas por sobre los inevitables altos costos para la economía. La oposición moderada acompaña y sólo el núcleo neoliberal se opone, con el apoyo de los grandes poderes económicos y sus socios y voceros, los medios de comunicación de mayor llegada masiva. Ya parece que no les preocupa tanto cuanto puedan estar dejando de ganar ahora o luego, sino la posibilidad de perder la hegemonía del discurso neoliberal que lograron imponer como sentido común, con temor ante la evidencia de la necesidad de un Estado fuerte, democrático, solidario, que está sobrellevando la crisis del modo que, nadie lo ignora, jamás podría haberlo abordado la economía de mercado, su religión.

Aunque la economía no puede ser ni es desatendida, quiero apuntar aquí a una cuestión que parece más alejada aún del acoso diario del Covid-19, pero devendrá crucial.

El Poder Ejecutivo bien asume todo el peso de la coyuntura. El Poder Legislativo, con ineludibles restricciones de funcionamiento, debe a pesar de ellas —cuando menos— sancionar una ley tributaria que permita financiar al Estado con impuestos a las fortunas más grandes. ¿Y el Poder Judicial? Por ahora, nada hace ni se le puede pedir que haga, salvo urgencias individuales. Sería conducente excepción que la CSJN acepte el pedido de la Presidenta del Senado de una declaración de certeza sobre la constitucionalidad de una ley que sea discutida y votada electrónicamente.

Pero cuando se termine o se minimice la pandemia, las cuestiones que se judicializarán son inimaginables. Reclamos por perjuicios ocasionados por medidas sanitarias que se alegarán innecesarias o exageradas, la validez de cláusulas contractuales incumplidas, los reclamos de distintos eslabones de las cadenas de producción entre sí y contra el poder público en todos sus niveles, los reclamos de distintos sectores privados y públicos ante el Estado nacional y, junto con miríada de otros objetos de demanda, nuestra historia reciente impide descartar que se plantee la inconstitucionalidad de algunos DNU del Poder Ejecutivo dictados en esta emergencia mundial, con las diversas vías que usarán los poderosos a través de cautelares y demandas por daños y perjuicios que –no cabe duda— sus servicios de grandes bufetes ya están preparando con destino a bloquear las iniciativas legislativas y las decisiones de la comisión bicameral ratificando los decretos de necesidad y urgencia del PEN.

Baste recordar cómo el accionar del Poder Judicial hizo imposible aplicar la organización democrática de los medios de difusión, o la democratización del servicio de Justicia, ambas cuestiones esenciales para la democracia y la república sancionadas por leyes del Congreso que contaban con alto consenso social y popular, para avizorar el brote de una caudalosa corriente de obstáculos, supuestamente jurídicos.

Sobre el papel que jugarán los grandes medios de difusión presentando al público esos litigios no habrá sorpresas, pues ya hoy se lee y ve al grupo Clarín intentando erosionar la política en momentos que debe conducir la lucha contra la muerte masiva, mientras que en La Nación se sostiene que la crisis sanitaria y económica producida por la pandemia ha puesto en crisis… ¡el Estado social de derecho! Explica: por su protección a los trabajadores y empleados, regulaciones al comercio y la amplia intervención estatal en las relaciones laborales y la economía.

Las pretensiones contra todas las medidas dirigidas a una política solidaria, en una economía que procure atender a los más débiles desde el coto a las ganancias del poder real, caerán en los despachos de los magistrados que componen el Poder Judicial que tenemos. Y ya sabemos lo que tenemos. Básicamente una corporación conservadora con larga historia –toda— de servicio objetivo y muchas veces también subjetivo a los poderes efectivos de la riqueza, antes sólo oligárquica, ahora también del gran capital económico y financiero nacional e internacional. Salvo sólidas y valientes excepciones, sea dicho.

Las consecuencias políticas e institucionales de esta crisis son impredecibles. Pero en Argentina sólo caben, en trazo grueso, dos posibilidades. Una, que no ocurran cambios importantes y entonces, por los caminos que sean, la predación capitalista más rápido que lento se hará un festín. Otra, que se afiance un sentido común que incorpore la solidaridad y participación colectivas sosteniendo un Estado fuerte al servicio democrático de las mayorías populares. Pero, en esta deriva, ¿cómo remover las intransigentes obstrucciones del Poder Judicial, aquel de lejano sustento electivo popular pero que unge sin discusión admisible cuál es la ley y cuál no?

Deberán estrujarse las viabilidades legales dado que no es factible por ahora el mejor remedio, una reforma constitucional. Ante el hecho indiscutido de terminar con el reducto de jueces federales penales, creemos que en el plano legal un desarrollo político, social y de movilización eficaz pondrá al alcance otras dos reformas con aptitudes de trascendencia para el objetivo democrático. Una sería la modificación del número y organización de la Corte Suprema, con cantidad de ministros necesaria para dividirla en salas especializadas que atiendan las ramas fundamentales del derecho. Otra, la que reorganice el Consejo de la Magistratura, llave de la elección de los nuevos jueces y la remoción de los malos. De máxima, que sus miembros sean elegidos por votación popular coincidentes con las de medio término; de mínima, que su integración sea tal que resulte representativa mayoritariamente de todo el espectro social y no sólo del mínimo y elitista sector forense, como en los hechos ocurre ahora. Es cuestión factible, más aún, es la que constitucional y legalmente corresponde. Pero es tema a presentar luego de aceptada la necesidad el propósito preliminar que acabamos de plantear.

 

 

 

* Ex Juez de Cámara en lo Penal Nacional, miembro de CD de Justicia Legítima

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