La isla mediterránea

 

La fiscalía de la ciudad de Cosquín solicitó la elevación a juicio contra un grupo de defensores y defensoras ambientales que increparon al intendente Gabriel Musso por autorizar el permiso de uso de suelo para el corredor bioceánico Coquimbo-Porto Alegre de manera inconsulta y antidemocrática. Se trata de una obra faraónica promocionada por el gobierno de Juan Schiaretti, perteneciente al COSIPLAN del IIRSA, cuyo financiamiento en dólares es otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF) con garantía del Estado Nacional, que además entrega los dólares necesarios para honrar dichos compromisos a valor oficial del Banco Nación.

“No estamos hablando de una persona que no podía hacer nada, que se veía desprotegida. Tiene todo el poder del mundo para hacer cordones policiales, impedir que la gente pase o desalojarla, cosa que en definitiva hizo”, explicó el abogado René Amsler, defensor de los manifestantes. “Ahora bien, eso no significa que estas personas hayan cometido un delito. Lo que pretende la fiscal es transformar esto en un delito, ese es el sentido de la requisitoria. Es una doble apuesta a la persecución y al acallamiento de las voces que pretenden manifestarse en contra de aquello que todos los ciudadanos estamos viendo que no queremos. Queremos un ambiente sano, no estos veranos insoportables de calor. Las obras de esta naturaleza son la causa directa de que esto esté pasando”, añadió en Radio Panamericana de Huerta Grande.

La fiscal de instrucción Paula Kelm considera que hubo un delito contra la integridad del intendente por parte de los ambientalistas que protestaron ante una decisión absolutamente inconsulta, promovida por el poder provincial y autorizada por Musso, quien, sin respuestas, no apeló más que sonrojarse.

 

 

La obra en cuestión es de las más cartelizadas de Córdoba, a través de las empresa Caminos de las Sierras S.A., que le otorga la adjudicación de los 42 kilómetros de ruta a un valor de 100 millones de dólares a las empresas de las campañas de siempre: SACDE, ROGGIO y CHEDIAC.

 

 

A pesar del financiamiento electoral en dólares arrastrado por la Autovía de Punilla y de la campaña por el cemento del gobernador Schiaretti, lo cierto es que el intendente Musso fue derrotado en las elecciones municipales del pasado 4 de junio pasado. Por apenas 75 votos se impuso el espacio kirchnerista que lidera el médico Raúl Cardinalli, delfín del ex senador Carlos Caserio en la región, a quien secundó en su fórmula Rodolfo Milani, sobrino del ex jefe del Ejército.

 

 

Lo que a Schiaretti le sirve para proyectarse a nivel nacional, en el interior le juega en contra. En el resto de la localidades del Valle de Punilla –tanto en Bialet Massé como en Valle Hermoso– los candidatos del gobernador fueron derrotados por Juntos por el Cambio, que en Villa Carlos Paz promociona para la intendencia la notable figura del médico ambientalista Emilio Iosa, un instagramer que desde las redes sociales alcanza fama nacional examinando el agua de Córdoba y pidiendo a los gobiernos provincial y nacional la inmediata remediación del lago San Roque. Se trata del tanque más importante que tiene la ciudad de Córdoba, diezmado hoy por la obra pública que destruye las fuentes de agua.

 

 

Mientras tanto, Schiaretti anuncia el inicio de obras del acueducto biprovincial para llevar agua del Río Paraná a Córdoba y así resolver los problemas de crecimiento y provisión en la ciudad capital, gracias al financiamiento de los petrodólares del fondo de Abu Dhabi, con el que se podría desregular el crecimiento de la segunda ciudad más grande del país hasta niveles nunca vistos. Con la tranquilidad de que los dólares para la obra pública nunca se restringen, al privilegiado cambio oficial, Schiaretti –a través de su empresa Caminos de las Sierras S.A.– tiene el privilegio de diseñar el futuro ambiental y el desarrollo industrial del centro del país.

 

 

El ex gobernador Eduardo Angeloz bautizó a la provincia mediterránea como “La Isla”. José Manuel De la Sota fue más allá y acuño el término “cordobesismo”. Ambos se referían a la realidad desconocida e inalcanzable de los sucesos que ocurren de las trincheras provinciales hacia adentro. El aislamiento provincial implica para Schiaretti la posibilidad de lanzarse a la escena nacional gracias a la falta de información en Buenos Aires sobre lo que realmente ocurre en Córdoba. Cuenta además con la obsecuencia de un gobierno nacional que todo le autoriza y que le permite, con el rédito de la obra pública que recibe, promover la candidatura de un espacio que compite a nivel país contra su propio candidato en la esfera provincial. Y en tal caso, prometer la quita de las retenciones al campo, con las que también se financian las obras que inaugura y con las que hace campaña. Esto hace posible también que su candidato a gobernador, Martín Llaryora, analice esta extraña situación y afirme que “son tiempos de coaliciones”. Todo gracias al cartel de la obra pública provincial y los dólares que le giran desde el Banco Central.

Mientras tanto, los defensores ambientales procesados del Valle de Punilla escuchan decir en los pasillos judiciales que deberían reclamarle por la obra del corredor bioceánico que tanto los afecta al Presidente Alberto Fernández, quien pedía a gritos por su financiamiento, y que el gobierno de la provincia solo cumple con el deber de ejecutar. Ahora será el gobierno nacional el que deberá proveer los dólares y además emitir dictamen por la causa internacional abierta ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por el pueblo Kamiare-Comechingón, por violación al convenio 169 de este organismo, en la obra de ejecución del corredor bioceánico. Ya se ha sido designado un tribunal ad-hoc y fueron notificadas las partes en conflicto: el Estado argentino, por un lado, y las comunidades indígenas pre-existentes de la provincia de Córdoba, por el otro.

 

 

 

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