LA INTROMISIÓN

 

El reconocido historiador mexicano Carlos Marichal prologó la Historia Crítica del FMI, escrita por Oscar Ugarteche. El texto de Marichal merece ser citado por su correspondencia con el proceso de endeudamiento cuyo despliegue se produjo por las políticas elaboradas y compartidas por el gobierno de Juntos por el Cambio y el FMI, que desembocaron en las posteriores negociaciones que hoy atraviesan instancias decisivas. Dice Marichal: “Desde sus estatutos originales, el FMI tiene entre sus objetivos principales contribuir a mantener la estabilidad financiera a escala internacional, lo cual implica supervisar la banca y las finanzas internacionales con objeto de anticipar serios problemas financieros a los países miembros. Pero —¡oh sorpresa!— en el caso de los países en desarrollo y, en particular, de Latinoamérica, y de manera reiterada, el FMI ni ha previsto ni anunciado los peligros de crisis inminentes, pese a que ha tenido y tiene todas las informaciones para hacer sonar las alarmas. Al contrario, con frecuencia ha sido testigo mudo de aquellas peligrosas coyunturas mientras se estaban gestando las crisis, para luego ingresar como bombero al rescate, cuando ya era tarde para evitar la catástrofe. Las razones son manifiestas: el FMI no adquiere más poder si prevé y disuade las crisis. En cambio, después de que explotan las crisis el FMI asume el papel de bombero de fuegos financieros, lo cual aumenta su poder enormemente, en cuanto organiza rescates e impone sus puntos de vista, así como sus estrategias y requerimientos, a los gobiernos deudores en problemas”.

Este texto que tiene más de ocho años explicita que el desvío de sus funciones estatutarias es una regla permanente del FMI, para priorizar otros objetivos como imponer enfoques, políticas y exigencias. En el caso del actual endeudamiento argentino, en pos de lograr esas metas impertinentes a su carácter de organismo multilateral el medio que utilizó fue la intromisión directa en los asuntos internos colocando un préstamo de dimensión inusitada, que más que duplicó el máximo que el país podía recibir, con el objetivo de apoyar la reelección de una fuerza que le resultaba confiable para imponer las reformas que el Fondo propiciaba, o de no tener éxito en ese propósito condicionar mediante el sobreendeudamiento los grados de libertad para realizar política económica, y no sólo económica sino otros aspectos de la vida institucional y la política exterior del país. Para lograrlo salteó requerimientos de orden legal y de procedimientos administrativos, entre ellos la independencia del BCRA, que el organismo multilateral pregona como dogma religioso. El cuadro que abre esta nota refleja lo invertido para lograr su torcido objetivo. También permite presumir que la preocupación actual del acreedor multilateral no es sólo cobrar, sino hacerlo obteniendo la mayor intensidad posible de lo pretendido cuando se dio el préstamo. Y hacerlo con La daga en el cuello, preciso título con que Horacio Verbitsky definió las condiciones actuales de las negociaciones. Argentina debe el 61% de las acreencias del FMI.

Lo expuesto demuestra que es equivocado presentar al Fondo Monetario Internacional como un ente mundial, expresando que Argentina está negociando con el mundo, con todos los países del orbe cuando se sienta con el FMI. La conducta y lógica del FMI tienen una típica impronta imperial. Cuando el país se sienta a negociar con ese organismo, lo hace con el Imperio, no con el mundo. El FMI tiene su régimen estatutario para garantizar la hegemonía de los Estados Unidos en las decisiones. La superpotencia ostenta un porcentaje de votos que le garantizan el poder de veto, de modo que las resoluciones que se adopten deben contar con su aprobación. En este enfoque resulta de relevancia la afirmación de Máximo Kirchner, cuando en su comunicado del 31 de enero caracterizó que “el FMI demuestra que lo importante no son las razones, ya que sólo se trata de fuerza. Quizás su nombre debiera ser Fuerza Monetaria Internacional”. Esta reflexión no es de orden secundario sino central para comprender el carácter de las negociaciones con ese organismo. Cuando las sostiene un país periférico no son de orden cooperativo sino que se caracterizan por la desigualdad de fuerzas y por intereses de carácter antagónico, si es que la fuerza gobernante en éste se propone la independencia económica. Perón señala en La Hora de los Pueblos que el FMI fue el instrumento necesario para consolidar el área del dólar, y en el mismo libro de fines de los '60 afirma que “este Fondo creado, según decían, para estabilizar y consolidar las monedas del 'mundo libre' no ha hecho sino envilecerlas en la mayor medida. Mientras tanto los Estados Unidos se encargaban, a través de sus empresas y capitales, de apropiarse de las fuentes de riqueza en todos los países donde los tontos o los cipayos le daban lugar”.

La conducta permanente del acreedor, el nivel de la deuda, las motivaciones con que fue otorgada, resultan suficientes para comprender que el FMI va por reformas estructurales en la  economía argentina y no sólo por un ordenamiento económico que le provea el recobro de sus acreencias.

 

 

 

Fondo opaco y sin códigos

En su nota Te estamos mirando, Verbitsky hace una serie de citas del libro de Juan Carlos Torre Diario de una temporada en el quinto piso, de las cuales resulta relevante transcribir la siguiente: “Los funcionarios del Fondo van a hablar de filosofía económica, pero básicamente lo que quieren ver es la cuenta fiscal, la cuenta exterior y la cuenta monetaria. (…) A todo eso el Fondo le agrega además política de salarios, política de devaluación, etc., pero en verdad con esas tres cuentas las otras políticas están implícitas, ya que al poner una hipótesis de déficit fiscal ya está definiendo los salarios públicos, y en buena medida, el resto de los salarios”.

Esta reflexión resulta determinante para hacer una evaluación del estado al que llegaron las negociaciones con el FMI. El Presidente Fernández sostuvo una posición dura frente al organismo cuando ganó las PASO y manifestó en un comunicado: “Quienes han generado esta crisis, el gobierno y el FMI, tienen la responsabilidad de poner fin y revertir la catástrofe social que hoy atraviesa a una porción cada vez mayor de la sociedad argentina. Para ello deberían arbitrar todos y cada uno de los medios y las políticas necesarias”. La posición inicial fue de dureza. El camino posterior incluyó una acción legal contra funcionarios del gobierno anterior. Sin embargo, la actitud confrontativa del gobierno disminuyó cuando el FMI se lavó la cara e instaló que con el relevo de Christine Lagarde y la entrada de Kristalina Georgieva el organismo iniciaría un cambio hacia posiciones más flexibles y menos ortodoxas. Durante los años 2020 y 2021 la Argentina sirvió puntualmente todos los vencimientos de capital e intereses con el FMI y con los demás organismos multilaterales por los que sangraron las reservas, nutridas por abultados saldos de la balanza comercial. En el segundo de esos años se verificó una fuerte suba de las importaciones que se tradujo en un atemperamiento de ese saldo positivo. Durante todo el período se atendió el servicio de deudas privadas, aunque avanzado el mismo, se instrumentaron límites porcentuales a las divisas vendidas a tal fin, obligando a refinanciar parte de los vencimientos a los privados que se habían endeudado en dólares.

 

 

 

 

Lo cierto es que cuando las reservas disponibles para atender los servicios de la deuda se agotaron, se anunció un acuerdo que tiene fundamentalmente objetivos de reducción del déficit fiscal, de austeridad monetaria, nivel de acumulación de reservas y nivel de gasto público. Son las variables que, según los funcionarios de Alfonsín, el FMI entendía que ajustan el resto de la economía. El preacuerdo expuesto compromete una reducción déficit de 3 a 2.5% del PBI el primer año (2022), de 2.5% del PBI a 1.9% el segundo y a 0.9% el tercero. Las metas de financiamiento monetario al Tesoro son más duras aun, prevén un ajuste para el primer año del 3.7% del PBI al 1%, el segundo un descenso hasta el 0.6% y el tercero su eliminación. En cuanto a la inflación se reconoce formalmente su carácter multicausal y se mantendrán las políticas de ingresos (que incluyen los acuerdos de precios). Sin embargo el apretón monetario de la reducción del financiamiento del déficit, sugiere que el FMI sigue fiel a su mirada monetarista. Las diferencias entre la reducción del déficit y las de la del financiamiento del Tesoro llevarán a éste a financiarse en los mercados de capitales y financiero, elevando la tasa de interés, que se propone sean positivas. De todos modos las reducciones son más severas aun de lo que los números muestran. Un editorial del conservador The Economist del 5 de febrero dice que Máximo Kirchner tiene razón cuando sostiene que el acuerdo es más duro que lo que el gobierno sugiere y arguye que sin el impuesto a las grandes fortunas y el temporario nivel alto en los precios de los commodities que el país exporta, el déficit del 2021 hubiera sido del 4.5%.

Este “entendimiento” significa la participación del FMI en la definición de la política económica, expresa la imposición del organismo de un recorte a la independencia económica de la Argentina. El gobierno no ha podido evitar esa intromisión que era uno de sus objetivos. Se ha logrado impedir que la refinanciación incluya condicionalidades estructurales como cambios en el régimen previsional y en la legislación laboral, pero se debe advertir que el cumplimiento de las reducciones del déficit puede amenazar el nivel de las jubilaciones y los salarios públicos.

 

 

 

 

 

La puja distributiva en el escenario de la deuda

El rediseño del sistema de subsidios tarifarios por segmentación es insuficiente para las reducciones del déficit que se proponen. Existe una necesidad urgente de realizar una reforma tributaria que reimplante con carácter de permanente el impuesto a las grandes fortunas y medidas impositivas que hagan recaer sobre las espaldas de quienes fugaron las divisas con los fondos que el FMI prestó con ese destino, de modo de evitar que sean los sectores populares quienes soporten los costos del ajuste. Otros impuestos como el de bienes personales y ganancias deberían readecuarse aumentando la presión de los mismos para financiar los pagos de deuda. Un impuesto a las ganancias extraordinarias podría ser una alternativa a explorar. Esto implica confrontar con otro poder que el financiero internacional, al que representa el FMI, los grupos concentrados locales y la derecha política que articula con ellos, quienes no estarán dispuestos a consensuar estos criterios e intentarán descargar los costos sobre los sectores populares.

La lógica de la confrontación es inevitable en la situación en que el Frente de Todos asumió el gobierno. Esa lógica debió haber conducido a forzar un acuerdo demorando pagos cuando el país tenía reservas como para que una actitud de ese carácter no generara la posibilidad de un desorden económico mayúsculo. Se eligió una conducta de buen comportamiento que el FMI no merecía y que ha demostrado malos resultados. Mientras Argentina pagaba, ellos jugaban a la discusión de la reducción de los sobrecargos, que se terminó cuando el país había debilitado notablemente su posición de reservas.

Ahora lo que se anunció como una reestructuración de deuda resulta una refinanciación con revisiones trimestrales, donde el FMI desembolsaría “pari passu” los fondos para que se le pague la deuda que vaya venciendo con el organismo durante los primeros dos años y medio. Luego vendrá un crédito de facilidades extendidas cuyas condicionalidades no se resuelven ahora… Pero durante estos primeros dos años y medio cada tres meses se estaría frente a la posibilidad de un default. La historia de esta negociación no merece que se piense en un FMI concesivo que otorgará waivers frente a incumplimiento de metas. Tal como Verbitsky también señala en La daga al cuello, “si el default es inevitable, porque está en la esencia de la relación con el Fondo a menos que el país se someta a cualquier humillación, queda por decidir quién tendrá la iniciativa y en qué momento ocurrirá”.

También el cumplimento de las metas resultaría muy complicado. El Frente de Todos tiene una deuda de recomposición salarial y de ingresos fijos. Muchos de los cuales impactan sobre el nivel del gasto y del déficit. El retraso de los salarios con relación a 2015 es de más del 20%. La distribución del ingreso también debería ser repuesta a un nivel similar al que tenía en ese año.

Por otra parte, es necesario evitar que la urgencia impulse una política de crecimiento tirada por las exportaciones, y menos aún impulsada por aquellas que se apoyen como sector dinámico en las ventas externas de recursos naturales que tengan ventajas absolutas. Una parte de la heterodoxia parece haber descubierto un rumbo de este carácter, como una salida que debe ser debatido y rechazado. Existen también quienes niegan la fuga de capitales cuando durante los últimos treinta años más de 500.000 millones de dólares se han perdido por ese fenómeno. Es un riesgo que la definición del rumbo estratégico quede establecido por la urgencia de cumplir con los pagos al FMI. Resulta clave la reflexión de Magdalena Rua en su artículo En Fuga, cuando afirma: "El fomento de las exportaciones es un camino positivo, siempre y cuando se favorezca la diversificación productiva y el impulso de las exportaciones no sea el único objetivo de la política económica por el cual todos los incentivos se centren en dicho sector. Debe tenerse en cuenta que ese sector está compuesto en gran medida por grandes empresas agroexportadoras, mineras, de energía y petroleras, históricamente privilegiadas y beneficiadas por un sistema impositivo regresivo en la Argentina, en ciertos casos, con ventajas absolutas de costos, y ahora con precios internacionales favorables. A la vez que, particularmente en la Argentina, algunas de las más grandes empresas de nuestro país periférico y dependiente se forjaron al calor de una sangrienta dictadura cívico militar, y/o fueron producto de la "patria contratista" el "lobby empresaria" de dudosa legitimidad, privatizaciones a precios viles, entre muchos otros mecanismos de 'no competencia'”. A su vez, lo acontecido requiere de reformas que acentúen la intervención del Estado en la economía. Especialmente en el control del comercio exterior.

El ataque a la fuga de capitales, la recomposición de los ingresos populares y un cambio en la estructura productiva son objetivos irrenunciables de un gobierno democrático, nacional y popular. Ese cambio en la estructura productiva debe incluir entre otros objetivos los emprendimientos de una cadena productiva del litio, otra del hidrógeno, el desarrollo de la industria de motocicletas, de la del equipamiento del petróleo y el gas, de la industria nuclear local y para la exportación, del equipamiento para centrales hidráulicas, de la construcción de calderas, de tuberías de acero (ejemplos de lo que se podría encarar hoy como camino para el desarrollo del país para el ingeniero Eduardo Dvorkin). No puede admitirse que un acuerdo de pago al FMI preceda estas prioridades y construya un diseño de país sobre la base de exportaciones fáciles. Tampoco que postergue la recomposición de los ingresos populares. Todavía se está a tiempo de asumir una actitud de mayor firmeza retomando la negociación en función de evitar que el acuerdo se convierta en un limitante al crecimiento sostenido que tuvo la economía en el último año. Es necesario evitar medidas que impidan, tras objetivos de una supuesta estabilización destinada a afrontar compromisos externos inasumibles, que los componentes más dinámicos de la demanda agregada (el consumo interno y el gasto público) se vean limitados por políticas de austeridad.

 

 

 

 

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