La independencia de Tucumán
¿Qué está pasando en la provincia de Tucumán con la adhesión a la Ley Micaela?
La provincia de Tucumán es una de las jurisdicciones que más resistencia presenta a adaptar su legislación a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y salud sexual y reproductiva. No tiene ley de paridad, lleva 18 años de mora en la adhesión a la ley de salud sexual y procreación responsable, no aplica el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y la Educación Sexual Integral (ESI) se implementa de manera segmentada y desigual. Por todo esto no es sorpresivo que sea la única provincia del país que no haya adherido aún a la Ley Micaela, de capacitación en materia de género a quienes se desempeñan en la función pública, y que haya sido frenada la adhesión prevista para esta semana. No es sorpresivo pero sí escandaloso.
El proyecto de adhesión a la Ley Micaela obtuvo dictamen de mayoría de la Comisión de Mujer, que encabeza la peronista Marta Najar, en el mes de febrero. Desde entonces comenzaron a tejerse estrategias para frenar el avance de la norma, desde sectores que pueden caracterizarse como antiderechos*. Se trata de legisladores de la oposición provincial al gobernador Juan Manzur, y también miembros de su propia tropa.
Pero el derrotero se aceleró recién a principios de mayo, cuando la legisladora de Fuerza Republicana Nadima Pecci presentó un proyecto de ley que se opone a la adhesión a la ley. La iniciativa, firmada también por el bussismo y el macrismo, describe la norma como parte de la ideología de género, un sintagma engañoso que allí donde hay un avance de derechos sexuales y reproductivos y una reparación de la desigualdad histórica de género ve una amenaza a los valores más tradicionales: dios, familia y propiedad. Según la misma Pecci “la Ley Micaela prioriza el adoctrinamiento ideológico por sobre la real protección a las mujeres”. Su compañero de fuerza política, Ricardo Bussi, hizo parva de declaraciones públicas en el mismo sentido, entre ellas un tuit: “La Ley Micaela tiene orientación ideológica ultra feminista y abiertamente abortista”.
El tratamiento del proyecto para adherir a la norma nacional, que lleva el nombre de Micaela García, la joven entrerriana víctima de femicidio en 2017, estaba pautado para este jueves 14 de mayo. Al observar los índices y estadísticas de la provincia se vuelve evidente la necesidad de una ley que capacite en el abordaje de las problemáticas de género y las violencias machistas a todxs lxs miembrxs de los tres poderes del Estado. En lo que va de 2020 hubo al menos 8 femicidios y, según los últimos números, en 2017 hubo 4.231 embarazos de adolescentes entre 15 y 19 años. Sin embargo, la obstaculización de la ley tuvo un nuevo capítulo este martes, cuando el radical Raúl Albarracín presentó un proyecto que transforma la Ley Micaela hasta volverla irreconocible, con el aval y la firma del presidente subrogante de la Legislatura provincial, el ex ministro de Gobierno y Justicia de Manzur, Regino Amado. El proyecto de Albarracín incorpora la objeción de conciencia (un punto reclamado como salvoconducto también en el marco de la ley de interrupción voluntaria del embarazo), establece que las capacitaciones las pueden dar entidades privadas y elimina de la tipología de violencias a la obstétrica. El proyecto fue acompañado por firmas oficialistas, radicales, macristas. Sobre el cierre de la semana los peronistas Amado y su compañera de bancada Sandra Mendoza retiraron su firma.
El presidente de la Legislatura provincial y vicegobernador, Osvaldo Jaldo, se pronunció hace una semana para sentar su posición: “se está viendo si se hace una adhesión o si se adecúa a la realidad tucumana”, dijo. En cambio, el Gobernador apareció recién en la tarde del miércoles 13 con un tuit: “Somos conscientes de la grave situación de violencia e inequidad de género que se vive en toda la Argentina, y que se ha acrecentado en estos tiempos inéditos que nos atraviesan. Como gobernador quiero expresar todo mi apoyo para que Tucumán adhiera a la Ley Micaela”. La divergencia de posiciones es notable al interior del Gobierno.
Tal es el tira y afloje que en la tarde del jueves 14 de mayo el mismo Jaldo anunció en una videollamada pública con el padre de Micaela, Néstor García, que “a partir del jueves que viene, toda la República Argentina tendrá la Ley Micaela”.
Desde organizaciones de derechos humanos, feministas y políticas hubo pronunciamientos en la medida que la situación cobró alcance nacional. En apariencia el trabajo de visibilización surtió el efecto deseado: la promesa de que Tucumán adherirá a la Ley Micaela sin modificaciones provino de los dos más altos cargos del ejecutivo. Sin embargo, la presión activista continúa y junto con la campaña en redes sociales #LeyMicaelaParaTucumán #SinModificaciones circuló un video en el que Jaldo manifiesta públicamente en un espacio evangélico que "no nos vamos a adherir a ninguna ley nacional que tenga que ver con la ideología de género".
A MANZUR Y JALDO le decimos: con nuestros derechos no se negocia. #LeyMicaelaParaTucumán #SinModificaciones pic.twitter.com/MylR5LWLSg
— #LeyMicaelaParaTucuman (@NiunamenosTuc) May 15, 2020
Andhes (Abogados y abogadas del Noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales) emitió un comunicado en el que expresan su posición: “Al adherir a la normativa, la provincia honra sus principios constitucionales, puesto que se trata de una acción que promueve medidas de acción positiva y la remoción de los obstáculos para garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato, el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Provincial, la Constitución Nacional, y por los Tratados Internacionales vigentes sobre Derechos Humanos, tal como prevé su artículo 24. Lejos de ir en detrimento de la autonomía provincial, adherir a la Ley Micaela es asumir un rol protagónico en el esquema federal previsto por nuestra jerarquía normativa”.
Desde Ni Una Menos Tucumán promovieron un comunicado en el que exigen “que la Legislatura adhiera a la Ley Nº 27499, los derechos son progresivos, debemos avanzar, tal como ya lo hicieron todas las demás provincias del país. Exigimos estar a la altura de lo que representa la realidad que vivimos con la violencia de género en sus distintas formas en nuestra provincia” y reclaman que la ley sea votada “sin demoras y sin modificaciones”. La posición es acompañada por decenas de organizaciones, referentes e instituciones públicas y privadas. La Universidad Nacional de Tucuman, por caso, aprobó la adhesión a al ley Micaela por unanimidad en 2019.
El femicidio de Micaela García era evitable. A Micaela la violaron y la mataron en la madrugada del 1ro de abril de 2017. El 31 de marzo el papá de una joven fue a denunciar en la Comisaría de Gualeguay que Sebastián Wagner (hoy cumpliendo condena por el femicidio de Micaela) había intentado abusar de su hija. En ese momento, Wagner estaba con libertad condicional por dos violaciones previas. Según Néstor “Yuyo” García, padre de la joven militante, “ese policía que recibió la denuncia le dijo a ese papá venga el lunes porque no está la jueza. Si ese policía se hubiese capacitado según la Ley Micaela tal vez hubiese actuado de manera diferente y si Sebastián Wagner estuviera viviendo en el domicilio declarado, esa noche la hubiera pasado en la comisaría. Entonces no se la hubiese encontrado a Micaela caminando por las calles de Gualeguay”. Al mes siguiente de su asesinato, el proyecto de ley de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado o “Ley Micaela” llegó al Congreso. En 2018 fue aprobada por ambas cámaras. Tucumán es la única provincia que aun no la adoptó como propia.
Tucumán, la provincia que busca independencia antiderechos es a la vez la misma que ostenta un movimiento feminista organizado y potente, como pudo conocerse en el acompañamiento de Belén, la joven presa por sufrir un aborto espontáneo y Lucía, la niña obligada a gestar.
*Llamamos antiderechos a la posición política que busca eliminar todas las políticas de género del Estado, en particular lo relativo a derechos sexuales y reproductivos, derecho a la identidad de género y educación sexual.
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