La impunidad del poder

 

En cualquier sociedad democrática, un intento de magnicidio conmueve sus cimientos, más allá de las naturales disputas que, precisamente, son consecuencia de un pluralismo que es patrimonio común de la convivencia política.

Este no fue el caso del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, porque vino precedido de una extensa saga que focalizó sobre su figura campañas de odio y estigmatización, de muy pocos precedentes en la historia argentina, y que tuvo como principal motor a un potente entramado partidario, medios hegemónicos y con la activa participación de jerarquías judiciales que, por su persistencia y perversidad, rompieron el pacto democrático que fundamos en 1983. 

De todos modos, este escenario puede resultar una explicación plausible, pero insuficiente, porque deja librada a la interpretación el origen del intento de asesinato a razones de carácter abstractas. 

En realidad, la pretensión de sacar violentamente de la escena política nacional la influencia de Cristina Fernández de Kirchner se parece, cada vez más, a una decisión deliberada y planificada, que nada tiene que ver con falsas teorías conspirativas o alucinaciones paranoicas. Todo lo contrario. 

El atentado estuvo precedido por el encadenamiento de hechos que corrían en paralelo con una causa judicial en su contra, sobre cuyo resultado, el bloque opositor depositaba una enorme expectativa para obtener su condena. Desde el mes de junio del 2022, se produce la irrupción, en la escena política y mediática, de un grupo con características neonazis que, curiosamente, comienza a actuar intensamente sólo en el territorio de CABA, protagonizando hechos que fueron creando —y justificando— el ejercicio de la violencia física sobre dirigentes del movimiento popular argentino y, particularmente, sobre la figura de Cristina Kirchner. Se congregaron para el ejercicio de escraches que fueron desde poner bolsas mortuorias en las rejas de la Casa de Gobierno, arrojar antorchas hacia su interior desde la Plaza de Mayo, reclamar frente al Instituto Patria, donde tiene una de sus oficinas la ex Presidenta, que fuera colgada en una plaza pública y hasta atacar el auto del actual Ministro de Economía, Sergio Massa, el día que ingresaba a la Casa de Gobierno para jurar su cargo. Por supuesto, todos estos hechos tenían una amplia cobertura mediática. Pero lo llamativo es que este ejercicio violento contó con zona liberada por parte de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. 

En paralelo, y a pocos días de materializarse el atentado, un diputado de la Nación presentaba dos proyectos más que llamativos. En uno de ellos, practicando una rara virtud adivinatoria, adelantaba que la Vicepresidenta podía formar parte de un montaje que, con un atentado contra su vida, pretendía despegarla de causas judiciales. Y en el otro, a veinticuatro horas de la pretensión magnicida, pedía un detalle de la logística de seguridad que la rodeaba. 

Luego del hecho aberrante del 1 de septiembre, aparecieron y se patentizaron múltiples indicios, pruebas y evidencias que han conectado entre sí a estos protagonistas y a todos ellos con el grupo ejecutor. 

Posteriormente, se agregó la indolencia judicial para profundizar y extender las responsabilidades sobre el intento de asesinato. Lo grave y revelador de hasta qué punto se perforó el pacto democrático es que, cumpliéndose un año del atentado, la presidenta en aquel entonces de la principal fuerza de oposición y actual candidata a ocupar la más alta magistratura de la República, no pudo o no quiso repudiar la pretensión asesina. Este es el hecho objetivo. 

Después se podrá especular sobre si esta reticencia fue producto de que esta figura pública siempre ha estado, a lo largo de su carrera política, más cómoda con la violencia que con la democracia o si tuvo algún conocimiento previo sobre los actores y sus intenciones, que la obligaban a limitar un rechazo que debió surgirle espontáneamente.

También en las horas posteriores a lo que pudo ser una tragedia, que se sumara a las que ya nos tocó vivir como sociedad en el pasado, hubo medios de comunicación que no pudieron ocultar que su revanchismo no conoce de límites. El título de una nota de Clarín, llevado a su tapa, que rezaba “La bala que no salió, pero el fallo que sí saldrá”, es la expresión escalofriante y vengativa que prima sobre cualquier otro razonamiento. Pero lo que más impacta, porque no sólo deja en la indefensión a la víctima, en este caso, Cristina Fernández de Kirchner, sino a 45 millones de argentinos, es que el Poder Judicial en su más alta jerarquía, en lugar de poner en juego sus mayores esfuerzos y herramientas para desentrañar quiénes integran la red de complicidades, quiénes inspiraron, promovieron o instigaron este intento, que pudo sumirnos, como sociedad, en un baño de sangre entre hermanos, decidieron dejar de lado una implacable investigación y, por el contrario, tomaron el camino que han seguido tantas otras causas en los Tribunales de Comodoro Py que es aletargarla y desmembrarla para que, una vez más, la impunidad de los poderosos sea la regla.

 

 

 

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