La ilógica de una sentencia anunciada

Prácticamente cada 10 minutos llega un tren de la línea del Ferrocarril Sarmiento a la estación Once desde la localidad provinciana de Moreno. Aunque no tengamos información completa, en base a datos actuales se puede estimar que en 2012 llegaban al menos 100 formaciones por día. Dada la menor frecuencia de los fines de semana, por mes arribaban como mínimo 2000 trenes, y 24.000 por año. El jueves 2 de febrero de 2012, un tren de esa línea llegó a la estación Once a 25 Km/h, algo más del doble que la máxima velocidad permitida. Chocó contra los paragolpes del final de rieles, con la consecuencia de 51 muertos y 789 heridos.

En un año, un accidente muy grave de un tren en 24.000 viajes no parece, a primera vista al menos, causada por un estado calamitoso del conjunto del material ferroviario. Incluso la incidencia estadística de accidentes se minimiza mucho más, si se amplía el tiempo de contrastación.

Otro elemento que choca contra la inteligencia de cualquier persona que observe el hecho desde una posición no interesada es que hubo condenas judiciales tanto para los responsables del supuesto desquicio mecánico de los trenes como para el conductor de la unidad, ya que se consideró probado que desactivó mecanismos de seguridad, no aplicó los frenos ni hizo sonar la bocina como señal de alerta. De modo que, aun sin profundizar en la propia causa judicial, cabría la conclusión de que si el motorman Marcos Córdoba hubiera frenado a tiempo, nada hubiera ocurrido.

Esta última hipótesis quizás se hubiera fortalecido si en el juicio oral se hubiese escuchado la voz de quien era un testigo clave de la causa: Leonardo Ariel Andrada. Era el maquinista que entregó el tren a Marcos Córdoba en la estación Castelar, en perfecto funcionamiento, tal como declaró en la etapa de instrucción ante el juez Bonadío. Pero Andrada no pudo llegar con vida al juicio oral, porque el 9 de febrero de 2013 lo asesinaron de cuatro balazos en la espalda. Sólo se llevaron su teléfono celular y dejaron sin tocar el dinero que tenía en sus bolsillos. Mientras lo velaban, dos anónimos impunes ingresaron a su vivienda y revolvieron todo sin llevarse un solo objeto. Fuentes judiciales y gremiales hablaron de “robo” como causal del asesinato.

De siete peritos que intervinieron en la causa, seis dictaminaron que los frenos del tren estaban en perfectas condiciones de funcionamiento, y que simplemente no fueron accionados por el conductor. Sólo uno, Juan Brito, opinó que el sistema de frenos estaba en condiciones deficientes. Hace muy pocos días, ante otra instancia judicial, Brito admitió dudas y errores en sus cálculos originales. Pero el perito dubitativo no fue acusado de falso testimonio, sino que sólo sometieron a ese apriete a los otros seis peritos. Aunque de nada valió que la Justicia los sobreseyera: el veredicto de la causa, cual crónica de una muerte anunciada, ya estaba definido antes de empezar el juicio: había que rechazar esos peritajes y condenar a funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner.

Donde faltaron pruebas y fundamentos, sobraron palabras altisonantes: empresarios y ex funcionarios que administraron los trenes metropolitanos conformaron una “empresa criminal” que llevó al servicio a un “deplorable estado de mantenimiento que afectaba las condiciones de seguridad”. La condena se extendió incluso a Ricardo Jaime, un ex Secretario de Transporte que hacía cuatro años que ya no estaba en funciones, sometido a una causa previa por corrupción.

La graduación de condenas por “estrago culposo” y otras figuras penales estableció la mayor carga a los empresarios de la empresa concesionaria. Entre 21 condenas, Sergio Claudio Cirigliano de TBA recibió 9 años, mientras que a los funcionarios y al Secretario de Transporte Sergio Pablo Schiavi se les dio 8 y 6 al ex Secretario Ricardo Jaime. Y tres años y seis meses al motorman. Sin embargo, luego de dos años la Cámara de Casación Penal decidió invertir las responsabilidades. Ahora el mayor culpable es Jaime con 8 años de condena, siguiéndolo Cirigliano con 7 y Schiavi con 6. Página 12 del 11 de mayo de 2018 informa que "los magistrados también confirmaron la condena de Marcos Córdoba, el maquinista de la formación, que quedó en tres años y seis meses". Según el escrito, los jueces consideraron que “hubo una colaboración necesaria de los funcionarios, que deliberadamente incumplieron con su deber”, lo que los llevó a la conclusión de que ese suceso fue “constitutivo del delito de administración fraudulenta”.

Para confirmar el carácter político que asumió la causa, además de los elementos antes mencionados, basta con repasar los nombres de jueces y camaristas intervinientes, así como de la formidable maquinaria mediática puesta en acción alrededor de la misma. El grupo Clarín, que hoy silencia el reclamo de los familiares de las 44 víctimas del ARA San Juan, no mezquinó tapas ni programas televisivos para “demostrar” que lo de Once no fue un accidente, ni producto de un error humano, sino fruto de la corrupción kirchnerista. Así produjo una condena mediática a la que se acoplaron la mayor parte de los familiares de las víctimas, aunque no todos, con un discurso que fue tomando un fuerte tono reivindicativo y popular, y que se presentaba como una compensación a su dolor. El propio Paolo Menghini, padre de Lucas, el joven que fue encontrado muerto dentro del tren dos días después de la tragedia, llegó a sumarse en forma poco disimulada a la campaña electoral del macrismo en 2015. El dolor merece siempre respeto, pero otra cosa es su manipulación política y mediática.

Tal como había sucedido con la tragedia de Cromagnon, fue Mauricio Macri el que se llevó la tajada política más grande. Análisis aparte merecen las actitudes de quienes callaron o se identificaron con los acusadores para tratar de recoger algunas migajas menores. Hoy la causa ha subido de nivel con la pretensión de condenar al ex Ministro Julio De Vido, y si se pudiera a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y aquí terminamos de entender que la tragedia de Once, aunque no fuera premeditada, pasó a ser junto con la causa Nisman y la de Lázaro Baez, una parte de la estrategia continental del Imperio, con la que se persigue, se difama y se trata de proscribir a los líderes de los movimientos populares de América Latina.

 

 

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