La ilegalidad del ataque a Télam

Avalancha de presentaciones contra los despidos en la agencia

 

Más de cincuenta organizaciones de abogados, juristas, periodistas, comunicadores y académicos, de la Argentina y del mundo, se presentaron ya ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que estudia el expediente judicial sobre los despidos en Télam; y ofrecieron sus aportes, argumentos y recomendaciones, cada uno con sus apreciaciones sobre la ausencia de legalidad y legitimidad del plan de ajuste de la agencia del Estado argentino.
Uno de los "Amicus Curiae" (figura de "amigos del tribunal") lo promovió el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), con tres argumentos que apoyan la reincorporación de los despedidos: 1) el deber del Estado de proteger el derecho al trabajo, 2) el principio de no discriminación y 3) los efectos negativos del desmantelamiento de Télam para la vigencia del derecho a la comunicación en el país.

Según el CELS, la Constitución Nacional, los tratados internacionales, la jurisprudencia del máximo tribunal nacional y las interpretaciones realizadas por los órganos internacionales dan cuenta de que el/la trabajador/a y su derecho al trabajo son objetos de preferente protección. La protección frente al despido arbitrario es expresión de estos lineamientos. Y el procedimiento preventivo de crisis y las obligaciones que debe cumplimentar tanto el empleador como la autoridad pública son mecanismos de resguardo concretos que apuntan a esa necesaria protección.

Al mismo tiempo, el respeto del principio de igualdad y la prohibición de la discriminación son fundamentales para el goce y ejercicio del derecho al trabajo y son de nodal importancia en las relaciones laborales, en las que trabajador y empleador se encuentran en una situación estructural de desigualdad. Una gran parte de los trabajadores despedidos de Télam han sido víctimas de prácticas discriminatorias, toda vez que los propios directivos de la empresa han expresado su intención de realizar una “limpieza ideológica”, aduciendo que la empresa estaría llena de “militantes”. Y, aunque la empresa argumenta que los despedidos son de “más de cinco” sindicatos, lo cierto es que, de los 354 despidos, 120 no tenían afiliación sindical formal y 226 se encontraban afiliados a solo dos sindicatos: Sipreba y Sitrapren, sindicatos que mantuvieron una serie de conflictos con la actual administración de Télam y, en general, con la dirección del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos.

En tercer lugar, los despidos de las/os trabajadoras/es de Télam tienen una relevancia colectiva y nacional por sus consecuencias negativas para el ejercicio del derecho a la comunicación y la diversidad cultural. Desde la notificación de los despidos Télam dejó de publicar, atendiendo al promedio de trabajo de 2017: 15.324 cables informativos, 2.025 informes de video, 1.125 boletines de radio. Además, 12.000.000 de unidades fotográficas no están disponibles. Junto con esta falta de actividad generalizada como consecuencia del conflicto desatado por la dirección de la empresa, la “reestructuración general” promovida por la dirección del Sistema Federal de Medios Públicos ha generado una agencia centralizada, menos plural y con menos generación de contenidos federales. Las fuentes de consulta y provisión de información se redujeron, situación que tiene como consecuencia la re-centralización de la producción de información en los grandes centros urbanos como el gran Buenos Aires y Córdoba, al tiempo que se invisibilizan las realidades del resto de las provincias del país.

 

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