La huella de Acindar
La causa Coronda y los metalúrgicos de Villa Constitución
El jueves último fue el turno de la querella para alegar en la causa que juzga la responsabilidad de tres comandantes de Gendarmería que se sucedieron en la dirección del penal de Coronda (foto principal) en la época de la dictadura militar de 1976.
Octavio Zirone, Juan Ángel Domínguez y Adolfo Kushidonchi fueron, en ese orden, los máximos responsables de la política de destrucción psíquica y física de los más de mil presos políticos que pasaron por esa cárcel desde 1975 hasta 1979. Zirone murió en 2014 y Domínguez y Kushidonchi están imputados, a punto de ser condenados.
El régimen implementado por la Gendarmería al hacerse cargo del penal se está ventilando en el juicio mediante el testimonio directo de alrededor de 80 víctimas y familiares, que durante varias audiencias dieron cuenta de sus padecimientos.
La aplicación sistemática de técnicas de aislamiento externo e interno junto a los castigos físicos, prohibiciones de todo tipo, requisas permanentes, vejámenes a los familiares que los visitaban — particularmente a las mujeres— e incomunicación postal, fueron partes de un plan sistemático que en este caso se aplicó en Coronda.
De los 1.100 detenidos políticos que pasaron por esa mazmorra entre 1975 y 1979, alrededor del 15% fueron obreros metalúrgicos de Villa Constitución.
Guillermo Munné y Lucila Puyol, abogados de H.I.J.O.S. Santa Fe en representación de la querella, alegaron durante tres horas ante el tribunal, detallando cómo fue la tortura sistemática a la que fueron sometidos los detenidos políticos de entonces.
Aceptados como querellantes, a través de la asociación civil “El periscopio”, creada hace 15 años cuando editaron su experiencia colectiva en un libro llamado Del otro lado de la mirilla. En el juicio, más de setenta de ellos aportaron dramáticos testimonio de los padecimientos colectivos, tan fuertes como la resistencia que opusieron.
El alegato que expusieron ante el tribunal puso en palabras el testimonio de las víctimas en una lógica que permite comprender que se trató de un plan sistemático de aislamiento externo en relación a sus familiares, e interno respecto a sus compañeros. Los tormentos físicos mediante la aplicación de torturas y golpes, la conexión con los campos de concentración clandestinos, a los que varios presos fueron remitidos luego de ser “blanqueados” en el circuito legal, la muerte de tres compañeros por falta de atención médica, como sucedió con Luis Hormaeche, Juan Carlos Voisard y Raúl San Martin. El fusilamiento de Daniel Gorosito, trasladado al servicio de información de Rosario y ejecutado por la patota de Feced.
El pedido de condena a prisión perpetua para Dominguez y Kushidonchi, (Zirone murió hace 4 años), es solo el comienzo de la reparación de las víctimas. Luego vendrán los sobrevivientes de aquella patota de penitenciarios.
Los tres directores de aquella cárcel eran comandantes de Gendarmería como lo era el jefe de policía de Rosario, Agustin Feced, aplicaron el plan represivo del terrorismo de estado con escrupulosa creatividad.
A este régimen especial fueron sometidos alrededor de 150 trabajadores metalúrgicos de Villa Constitución, (la mayoría pertenecían a la empresa Acindar), detenidos entre marzo de 1975 y luego golpe de 1976. Su delito fue haber tomado la fábrica para exigir elecciones limpias para la comisión directiva de esa seccional de la UOM y realizar una huelga de 2 meses exigiendo la libertad de los dirigentes detenidos el 20 de marzo de 1975. Este juicio prueba claramente como para el poder real vigente en la Argentina, el movimiento obrero era el componente central de lo que definían como el oponente subversivo.
El terrorismo de Estado apuntaba al corazón del movimiento obrero, en particular a los sindicatos locales, comisiones internos y cuerpos de delegados. Aquellos trabajadores sindicalizados que reclamaban sus derechos más elementales fueron sometidos a tormentos. Ni una sola reivindicación económica demandaban; ni siquiera el pago de los jornales caídos: apenas la libertad de los compañeros detenidos sin ninguna causa penal y la devolución del sindicato. La respuesta en tiempos de Isabel Perón y José López Rega la dio el líder radical Ricardo Balbín, al acuñar el concepto de guerrilla fabril.
Las historias trágicas se resignifican siempre con el tiempo. El 6 de diciembre de 1982, ya terminando la dictadura, la CGT encabezada por Saúl Ubaldini lanzó un paro nacional. La intervención del sindicato metalúrgico eludió la convocatoria.
En la fábrica Acindar sucedió lo menos pensado: en el cambio de turno de las 14, el secretario general Alberto Piccinini, recientemente liberado, se paró a la entrada de la planta y detuvo al primer micro que transportaba a los obreros del turno tarde, los arengó y bajaron todos para detener los otros micros de la caravana. Cuando llegó la policía ya era tarde, la asamblea había resuelto acatar el paro. Meses más tarde el sindicato fue recuperado mediante una elección democrática por más del 85% de los votos.
La dictadura pasó, los sobrevivientes van sanando sus heridas en forma colectiva, y el movimiento obrero recompuesto y renovado evoca una vez más su propia historia de lucha. Queda siempre pendiente la misma pregunta al poder real en Argentina: para que sirvió tanto terrorismo contra el movimiento obrero.
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