La huelga telefónica de 1957

 

Ese lunes se cumplía el segundo aniversario del alzamiento golpista. Los diarios estaban llenos de panegíricos a la autotitulada “Revolución Libertadora”, la dictadura encabezada por la dupla Aramburu-Rojas que quería seguir mostrándose tan dura e inconmovible como el primer día. Al anochecer de ese 16 de septiembre un comunicado informó que las Fuerzas Armadas se harían cargo de la custodia de todas las oficinas y edificios telefónicos “con el fin de asegurar la normal prestación de los servicios y, a la vez, garantizar la libertad de trabajo”. Con esa decisión se pretendía quebrar la lucha que los trabajadores telefónicos venían desarrollando desde hacía tres semanas.

Al atardecer del martes 17 fuerzas del Ejército ocuparon la repetidora de Adrogué y apresaron a todos los que cumplían la medida de fuerza en el lugar. Luego se conocieron las detenciones masivas, en lugares de trabajo o domicilios, de delegados, colaboradores y afiliados activos sin ninguna discriminación. Las primeras cifras indicaban que 170 trabajadores habían sido privados de su libertad. Por eso el Secretariado Nacional emplazó al Poder Ejecutivo para que dejara en libertad a los detenidos o en caso contrario se declararía la huelga general por tiempo indeterminado a partir de las 8 horas del día siguiente. La respuesta gubernamental fue suspender la personería gremial de FOETRA y reprimir las concentraciones públicas de los telefónicos.

 

 

 

 

 

Comienzo del conflicto

El 8 de julio de 1957 el Secretariado Nacional de FOETRA se dirigió a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, a la Compañía Argentina de Teléfonos y a Siemens Argentina solicitando un aumento de emergencia de 700 pesos para todo el personal “teniendo en cuenta el incesante aumento del costo de vida, los bajos salarios percibidos y la congelación, por el término de un año, de los mismos”.

Ante las dilaciones y evasivas se convocó a un Congreso extraordinario; fue ese sexto Congreso el que resolvió intimar a las empresas el 13 de agosto. La resolución 8 expresaba que “el decreto 824/57 y su reglamentario, el 825/57 del mes de enero, era una medida arbitraria del poder estatal que violaba el derecho de la clase trabajadora a tener un nivel de vida digno; que la pretensión de contener la inflación congelando por un año más los salarios era una medida capitalista, ya que no se congelaban los precios ni los gastos excesivos del propio Estado”; por eso el Congreso resolvió desconocer ambos decretos, continuar la lucha por un salario acorde al costo de vida y actuar en forma solidaria con el movimiento obrero para conseguir la derogación de esas disposiciones gubernamentales.

Otra resolución del mismo día, la 12, emplazó a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones y a las empresas privadas para reincorporar a los casi 400 cesantes por razones políticas, y a que se anularan las separaciones del cargo, los traslados y otras sanciones.

Al no obtener respuestas, el Secretariado Nacional remitió el siguiente telegrama a las empresas: “Cumplido el plazo fijado por el sexto Congreso intimamos a conceder aumento de emergencia y dar solución a la situación del personal sancionado arbitrariamente, antes de las 0 hora del día martes 27 de agosto. Comunicamos paros progresivos en hora inmediata al vencimiento del plazo señalado. Colaciónese”. Así comenzó el conflicto de mayor importancia en la historia del gremio telefónico.

Durante tres semanas se realizaron paros progresivos en todo el país. La empresa y el gobierno usaron todas las artimañas para tratar de quebrar la lucha. Cuando esas medidas resultaron infructuosas se ordenó el desalojo de los telefónicos que hacían paro en el lugar de trabajo. Para sorpresa del gobierno los desalojados se convirtieron en manifestantes dispersos por toda la ciudad. Fue entonces cuando Aramburu presidió una reunión donde se analizó el desarrollo del conflicto. “Asistieron a las deliberaciones el Vicepresidente Rojas, los ministros de Comunicaciones, Trabajo y Previsión e Interior, los titulares de las carteras de Ejército, Marina y Aeronáutica y miembros de los servicios de Coordinación policial”. Después de esa reunión se decidió la militarización de los trabajadores y se suspendió la personería gremial de FOETRA.

 

 

La huelga

En un extenso comunicado, decían los trabajadores en huelga: “Al gremio telefónico le ha tocado ser el primero en salir a esta lucha, pero nadie desconoce que el problema es general. Creemos que debe pensarse mucho antes de continuarse con la política de detener la inflación en base a la miseria de la clase trabajadora. De nada sirve sanear la economía del país sin tener en cuenta que el precio a pagar es el hambre de los que en realidad producen”.

La dictadura siguió endureciendo su posición y el 4 de octubre se realizaron una serie de reuniones en la Casa de Gobierno. Los nombres y los cargos de varios de los participantes, que hoy pueden resultar hoy desconocidos, en ese momento causaban inquietud. Ofició de dueño de casa el general Aramburu, a su lado se situó el contralmirante Isaac Rojas. Rodeando la mesa se ubicaron el jefe del estado mayor del Ejército, general Luis Leguizamón Martínez; el jefe del estado mayor naval, contralmirante Jorge Perrén; el jefe del estado mayor de la Fuerza Aérea, comodoro Anselmo Simois; el secretario de Informaciones del Estado, general Juan Constantino Quaranta; el interventor de la Confederación General del Trabajo, capitán de navío Alberto Patrón Laplacette, y el presidente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones , capitán de navío Ramón Casanova. Simultáneamente, en el Ministerio del Interior estuvieron el subjefe de la Policía Federal y el jefe de coordinación policial.

Después de las 18 se realizó otra reunión en Casa de Gobierno en la que, junto a Aramburu y Rojas, estuvieron los jefes de las fuerzas armadas, de la Policía Federal, de la Policía de la provincia de Buenos Aires, el interventor federal en la provincia, el secretario de Informaciones del Estado, el director de Coordinación Federal y el jefes de los servicios de inteligencia del gobierno.

Cerca de la medianoche se informó de la implantación del estado de sitio en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Ya para entonces se habían producido alrededor de 200 detenciones y la cuarta parte eran trabajadores telefónicos. La firmeza de los trabajadores frente a la ferocidad del régimen despertó nuevas simpatías en el movimiento obrero y ocurrió algo que hubiese sido impensado unos días antes. Los dos grandes nucleamientos en que había quedado partido el Congreso Normalizador de la CGT decidieron ponerse de acuerdo para gestionar una entrevista conjunta con el general Aramburu.

 

 

 

 

 

Cita con Aramburu

La reunión con las 62 Organizaciones y los 32 Gremios se realizó en Casa de Gobierno el jueves 10 de octubre y cada sector concurrió con diez representantes. Por entonces no eran muchas las mujeres destacadas en la actividad sindical: hubo una sola figura femenina en la delegación que llegó a la Casa Rosada, lo hizo en representación de los telefónicos y, aunque fue contabilizada como parte de los 32, se aclaró que contaba con el respaldo de los dos nucleamientos.

Aramburu se sentó en la cabecera de la gran mesa del Salón de Acuerdos. A su derecha se ubicó el coronel Peralta; el ministro de trabajo, Tristán Guevara y los representantes de los 32 Gremios: Norma Ciorciari, de FOETRA; Martín Ibáñez, de la Unión Ferroviaria; Armando March, de Empleados de Comercio; Braulio Núñez, de FONIVA; Riego Rivas, de FATI; Gustavo Suárez, de Municipales; Augusto Guibourg, de Bancarios; Roberto Canoniero, de Locutores; Tobías García, de Papeleros y Héctor J. Ares, del Personal Civil de la Nación.

A la izquierda se colocaron el jefe de la Casa militar; el ministro de industria y comercio, Julio César Cueto Rúa, y los representantes de las 62 Organizaciones: Juan Carlos loholaberry, Textil; Pedro Conde Magdaleno, de Panaderos; José Miguel Zárate, de Construcción; Artemio Agustín Patiño, del Tanino; Vicente Mareschi, de Madereros; Héctor Dente, de Metalúrgicos; Manuel Carullas, de Unión Tranviaria Automotor; Alberto Lema, de Luz y Fuerza; Jorge Álvarez, de Sanidad y Eleuterio Cardozo, de la Carne.

En el comienzo de la reunión el primero en hablar fue Armando March, dirigente de Empleados de Comercio y de los 32 Gremios: “Existe un gremio que se debate en una huelga prolongada a la que todos le prestamos nuestro solidario apoyo, gremio que viene representado en esta circunstancia por la única compañera, la señorita Norma Ciorciari, a invitación de los dos sectores que hoy están aquí presentes. Este hecho de que ninguno podamos atribuirnos a esa organización de justificada combatividad, está diciendo que cuando la clase trabajadora tiene necesidades todos ponemos el hombro para tratar de que las dificultades existentes sean superadas”.

El segundo en intervenir fue Eleuterio Cardozo, dirigente de la Federación de la Carne y de las 62 Organizaciones. Reseñó los cinco puntos que llevaban a la reunión: “Aumento general de sueldos, libertad de los presos sindicales y levantamiento del estado de sitio, derogación del decreto 824 de congelamiento de salarios, derogación del decreto 10.596 que limita el derecho de huelga, inmediata solución de los conflictos de telefónicos, telegrafistas, FONIVA y demás gremios”.

Norma Ciorciari agradeció la solidaridad de los dos nucleamientos a la lucha de los Telefónicos frente a las empresas que querían modificar la jornada de trabajo: “Las 35 horas que sostienen y defienden los telefónicos es una conquista y no un capricho de un funcionario; es una conquista que llevó a los telefónicos 20 años de lucha por su condición de trabajo insalubre (...) Nosotros queremos que se nos respete y que no se diga que la conquista de las 35 horas es una herencia de ningún funcionario. Es una conquista legítimamente recuperada por el gremio telefónico (...) No estamos contra nadie, queremos colaborar con la Nación, ponemos nuestro esfuerzo con los conocimientos que tenemos en materia telefónica. Lo que no queremos es que en esta circunstancia se trate de colocar de rodillas a un gremio que vive de pie”.

 

 

 

Rendir por hambre

Una dictadura que ya antes de triunfar había sembrado el terror bombardeando Buenos Aires no retrocedía ante argumentos razonables. La negativa gubernamental no se modificó, el espionaje realizado a los trabajadores había comprobado su situación angustiosa y esperaba que el hambre terminara de doblegar la resistencia. Aramburu se fingió indignado cuando ese espionaje le fue denunciado en la cara, lo que no podía imaginar era que el conflicto se extendería todavía un mes más.

En una solicitada publicada por FOETRA y dirigida “a la opinión pública y a los hermanos trabajadores” el gremio rechazó las imposiciones patronales para reintegrarse al trabajo: “Constituye una nueva tentativa para quebrantar a un gremio que por su valentía, entereza y espíritu de lucha ha escrito una página honrosa en la historia de las luchas sociales de la clase trabajadora argentina”. Y concluyó afirmando que las medidas empleadas para ahogar el reclamo popular “son una solución transitoria y desgraciada” que “lejos de establecer la paz social será semilla que germinará en luchas más crudas y violentas”.

 

 

 

La solidaridad de todo el movimiento obrero con los telefónicos había ido creciendo desde el 27 de agosto, cuando comenzó el conflicto, y se incrementó todavía más a partir del 18 de septiembre, cuando se inició la huelga. Seguramente el punto más alto de ese apoyo fraternal se manifestó con la gestión conjunta de los dos nucleamientos que mantenían posiciones tan disímiles. Las muestras de apoyo continuaron hasta el 7 de noviembre cuando los telefónicos volvieron al trabajo.

Fue un regreso amargo pero digno; la dictadura tuvo que comprometerse públicamente a no tomar ningún tipo de represalia contra los trabajadores. Después de 72 días de conflicto el servicio se encontraba desquiciado, de los aproximadamente 700.000 abonados que existían por entonces, la tercera parte se encontraba sin servicio. La Empresa habló de 134.000 incomunicados en el distrito 1 (que correspondía a Capital Federal y Gran Buenos Aires) y 772 los cables dañados. A eso debían agregarse unos 100.000 incomunicados más en el resto del país.

 

 

 

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