La historia no puede repetirse

 

En su mensaje al Congreso del 1° de marzo con motivo de la apertura de las sesiones ordinarias, el Presidente Alberto Fernández ha anunciado que el gobierno promoverá querella penal contra los responsables políticos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

En nuestro artículo La herencia odiosa afirmamos que el gobierno macrista siguió el mismo camino de la dictadura cívico-militar, de los gobiernos de Menem y De la Rúa (Plan Brady y Megacanje), y que luego de un endeudamiento privado sin límites, recurrió al FMI, dejando una deuda de 44.500 millones de dólares, el préstamo más elevado otorgado en su historia por dicho organismo.

Al negociar y firmar dicho acuerdo, el entonces Presidente, sus ministros y funcionarios no han cumplido con ninguno de los requisitos de validez de un acto jurídico: ni la competencia del órgano que lo dispuso, ni el procedimiento adecuado, ni la razonabilidad del contenido.

 

Burla al Congreso e incumplimiento de requisitos administrativos

El acuerdo con el FMI fue firmado exclusivamente por el Poder Ejecutivo, sin intervención alguna del Congreso de la Nación. El artículo 75 de la Constitución Nacional establece que “corresponde al Congreso: …4) Contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación… 7) Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación… 22) Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede”.

El Congreso fue sistemáticamente apartado del procedimiento de negociación y aprobación del acuerdo. El argumento utilizado por los legisladores macristas –entre ellos Federico Pinedo y Eduardo Amadeo– para justificar el accionar del Ejecutivo, el secretismo de las negociaciones y la decisión de no dar intervención alguna al Congreso fue que el Poder Ejecutivo “ya había sido autorizado” porque en el Presupuesto 2018 votado por el Congreso se lo facultaba para tomar nuevos créditos.

El senador peronista José Mayans –por entonces presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa– afirmó por el contrario que el aval del Congreso debía existir: “Cuando hay un compromiso hay que meterlo en el Presupuesto nacional. Si hablamos de un nuevo crédito hay nuevos plazos e intereses. El Presidente debe mandarlo al Parlamento (…) Cuando en septiembre manden el Presupuesto 2019, ¿cómo entra ahí el préstamo del FMI? La ley es clara (…) El Fondo pedirá alguna reforma previsional, de la AUH, los planes sociales. Las metas irán por ese lado y los argentinos tenemos que saber de que se trata”.[1]

De poco valieron los reclamos de la oposición peronista de que el gobierno explicara el acuerdo que buscaba alcanzar con el FMI ante la Bicameral del Seguimiento de la Deuda; y que el entonces Ministro de Finanzas, Luis Caputo –el mismo del endeudamiento por 100 años– concurriera a la Comisión para exponer los alcances del acuerdo. La respuesta del macrismo y sus aliados circunstanciales fue no dar quorum a estas reuniones y otras promovidas por el bloque del Frente para la Victoria, reafirmando que la negociación era una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional.

Es preciso recordar que la Constitución no acuerda al Poder Ejecutivo facultades exclusivas para la negociación y aprobación de acuerdos con organizaciones internacionales como el FMI.

Pero el gobierno de Cambiemos ni siquiera cumplió con las normas administrativas vigentes, puesto que no hubo un dictamen jurídico previo a la firma de la Carta de Intención y los Memorándums de Política Económica y Financiera de Entendimiento Técnico. Se realizó un dictamen jurídico posterior a dicha firma, en el que se trató de justificar las supuestas facultades del ex Ministerio de Hacienda y el Poder Ejecutivo para suscribir y cursar misivas al organismo.

 

Falta de razonabilidad del acto jurídico

Tampoco se ha cumplido con el requisito de razonabilidad del acto jurídico, pues tanto el endeudamiento con los acreedores privados como el contraído con el Fondo Monetario Internacional no respondieron a necesidades o exigencias de planes de desarrollo y/o mejoramiento de la infraestructura o explotación de los recursos del país, ni para paliar el déficit fiscal.

El Banco Central de la República Argentina ha elevado a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a la Oficina Anticorrupción toda la documentación vinculada al acuerdo, y ha pedido una auditoría a los fines de evaluar las responsabilidades de los funcionarios que actuaron en la realización del acuerdo y determinar el perjuicio ocasionado al patrimonio nacional.

El informe “Mercado de cambios, deuda y formación de Activos 2015-2019 del Banco Central”, elaborado en marzo de 2020 a pedido del Presidente de la Nación, determina que “entre mayo de 2018 y hasta que fueron establecidos los controles cambiarios más estrictos en octubre de 2019, del total pautado con el Fondo Monetario Internacional llegaron a desembolsarse cerca de 44.500 millones de dólares. Estos fondos junto a las reservas internacionales, abastecieron una fuga de capitales del sector privado que alcanzó 45.100 millones de dólares”.

A la luz de los hechos innegables que se describen sucintamente, debe concluirse que el acto de contratación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional se halla viciado de nulidad. Es además un acto inconstitucional y delictivo.

El análisis del acuerdo y los informes del Banco Central servirán de base a la investigación penal.

 

La complicidad del Fondo

Creemos que las “desprolijidades administrativas” en que incurrieran los responsables de la negociación y aprobación del acuerdo no son una casualidad. Han actuado con la misma impunidad con que lo hicieron otros ministros de Economía y funcionarios en el pasado al firmar otras actas de sometimiento al FMI, en particular los de la última dictadura y los gobiernos de Menem y la Alianza.

Imaginaron que habría un Reich neoliberal que duraría al menos veinte años y que su adhesión incondicional a la economía de mercado garantizaría la afluencia permanente de divisas para alimentar la continuidad de una política de endeudamiento y especulación. El Estado era sólo un medio, una herramienta para el logro de sus objetivos políticos de largo alcance.

De hecho, el accionar “desprolijo” del régimen neoliberal coincidió con una conducta no menos irregular del FMI, que también valoró la urgencia del otorgamiento del crédito para salvar a aquel y asegurar su reelección.

No puede extrañarnos la conducta del FMI, y el hecho de que haya violado sus propias normas.

El artículo VI del Convenio Constitutivo del FMI aprobado por la República Argentina por Ley 21.648 dice textualmente: “Salvo en el caso previsto en la Sección 2 de este Artículo, ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin. Si después de haber sido requerido a ese efecto el país miembro no aplicara las medidas de control pertinentes, el Fondo podrá declararlo inhabilitado para utilizar los recursos generales del Fondo”.

Los medios de prensa nos informan que el Fondo ha iniciado una auditoría interna sobre el otorgamiento del crédito más importante de su historia. Fue un acuerdo stand by de “acceso excepcional” equivalente a alrededor de un 1.110 % de la cuota de nuestro país en el FMI. Uno de los criterios que exige el organismo es que la deuda externa del país miembro tenga una alta probabilidad de ser sustentable, no pudiendo ignorarse el sobreendeudamiento y el default técnico en que se encontraba el gobierno macrista.

Pero nada importó a las autoridades del FMI que se violara su propio Estatuto: el crédito fue otorgado en beneficio del gobierno que había aplicado rigurosamente las recetas neoliberales que el Fondo impone a todos los países que se encuentran en su órbita y que debía ganar las elecciones convocadas para agosto del 2019. Los fondos fueron destinados por el gobierno macrista a la fuga de divisas en beneficio de fondos especulativos del capital financiero, pero esa utilización de los recursos generales “para hacer frente a una salida considerable o continua de capital” ni siquiera fue observada por el organismo.

Vale la pena recordar que desde su creación en Bretton Woods, el organismo tuvo como objetivo ordenar el mundo de post guerra conforme a los intereses de Estados Unidos: “Se tomó el cuidado más extremo, a la hora de delinear las reglas del FMI, para que Estados Unidos y Gran Bretaña dispusiesen conjuntamente de una mayoría de votos en las decisiones de la institución”; y que “el ingreso posterior de los países capitalistas dependientes del Tercer Mundo, cada uno de ellos con una cuota mínima asignada por la dirección del Fondo, no significó que el organismo se democratizara ni siquiera parcialmente. Por el contrario, el ingreso al FMI equivalía a una rendición, a una renuncia a la soberanía política e independencia económica”.[2]

El FMI no ha cambiado en cuanto a sus objetivos y estructura. Como lo corrobora Mauricio Claver Carone, ex director para Asuntos Hemisféricos del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, ex director del FMI, y actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el presidente Donald Trump impuso el otorgamiento del préstamo a fin de que Macri ganara las elecciones, ya que lo consideraba un aliado estratégico. Los intereses políticos de Estados Unidos prevalecieron sobre algunas opiniones de gobiernos europeos, e impusieron el otorgamiento del crédito más elevado de la historia del organismo al gobierno de Macri.

Si como decía Jacques Attali, ex presidente del Banco de Reconstrucción Europeo, “el mercado sin Estado es mercado negro”, los acuerdos con el FMI pretendieron consolidar en la Argentina un mercado negro sin límites, sin control de cambios ni control del comercio exterior.

Cuando las hordas fascistas-bolsonaristas encabezadas por Patricia Bullrich, los que colgaron bolsas mortuorias y enarbolaron horcas frente a la Casa de Gobierno durante el aquelarre del sábado 27 de febrero, hablan de la “propiedad privada”, reivindican un perpetuo mercado negro en beneficio de los especuladores, los formadores de precios, los contrabandistas de cereales, los grupos del poder económico concentrado y en perjuicio de los trabajadores y el pueblo, y un régimen autoritario que lo imponga.

Los políticos y voceros mediáticos de la oposición no sólo defienden la impunidad de los responsables del endeudamiento y el acuerdo con el FMI, sino que señalan la “inconveniencia” de promover esta querella cuando se halla en marcha una negociación con dicho organismo. La derecha quiere que se arribe a un acuerdo de facilidades extendidas que imponga reformas regresivas de la legislación laboral y previsional –como ocurriera con Grecia– y condiciones de pago que hagan imposible la reconstrucción y la independencia económica de nuestro país.

 

Final abierto

Debe destacarse que por primera vez en nuestra historia, un gobierno promueve una querella penal contra los responsables de los acuerdos con el FMI.

Nos vienen a la memoria la denuncia de Alejandro Olmos y la sentencia del juez federal Jorge Ballestero, que demostraron la ilegalidad de la deuda externa, probaron más de 470 delitos, entre ellos la toma de deuda por parte de empresas públicas y el desvío de dichos fondos, que contribuyeron al endeudamiento de las mismas y su posterior privatización, y la estatización de la deuda privada en 1982 (obra de un joven Domingo Cavallo, haciendo sus primeras armas al frente del Banco Central de la dictadura). La sentencia calificó a la deuda externa como ilegítima y fraudulenta, pero declaró prescriptos los delitos. Se envió copia de la sentencia al Congreso de la Nación a los fines de que cumpliera con sus atribuciones constitucionales. En consecuencia, nunca hubo condenas contra Martínez de Hoz y demás responsables de haberla contraído.[3]

Creemos que la historia no puede repetirse.

Los grupos económicos, la derecha y los sectores reaccionarios de la corporación judicial pretenden que nada cambie, que el Poder Judicial de la Argentina oligárquica y dictatorial continúe en vigencia en la Argentina democrática de hoy.

Así como se han juzgado y se continúan juzgando los crímenes cometidos por las clases dominantes contra los trabajadores y el pueblo y sus responsables militares y civiles, deberán sentarse en el banquillo de los acusados quienes causaron en el corto período de cuatro años la mayor catástrofe económica y social de la historia del país.

Para ello deberá enfrentarse a la justicia del law fare, que es la principal base de sustentación del privilegio de las minorías poseedoras. En contradicción con la misma, surgieron nuevas corrientes por una justicia democrática, pero lo nuevo no se ha desarrollado todavía lo suficiente como para destruir y reemplazar totalmente lo viejo, que –sin poder disimular su decadencia– resiste violentamente todo cambio democrático.

 

 

[1] “Argentina vuelve al FMI, pero ¿necesita pasar por el Congreso?” Perfil, 10-5-2018.

[2] Michael Hudson, “Super Imperialismo. La Estrategia Económica del Imperio Norteamericano, Ed. Dopesa, Barcelona, 1973.

[3] Causa N° 14.467, Sentencia del 13 de julio de 2000, “Olmos ,Alejandro s/ Denuncia”-Expediente 7.723/98, Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 2 de la Capital Federal, a cargo de Jorge Ballesteros, Secretaría 4.

 

 

 

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